12 resultados para Circunscripciones eclesiásticas

em Memoria Académica - FaHCE, UNLP - Argentina


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El libro de Gabriela Dalla-Corte Caballero nos introduce en una problemática que, a pesar de haber demostrado importantes y significativos avances en la historiografía de los últimos años, ha sido poco abordada en el caso del espacio chaqueño santafesino. La autora decide reconstruir la historia de los mocovíes de una de las reducciones indígenas de la zona chaqueña santafesina, que a inicios del siglo XX adquirió el nombre de Colonia Dolores, en un período que comprende desde mediados del siglo XIX, cuando se inicia el proceso de sometimiento de los grupos mocovíes asentados en este espacio, hasta las características de la vida actual de esta población, que conduce a una de sus descendientes (Dora Teresa Salteño) a asumir como la primera mujer mocoví presidenta de la Comuna. Para dar cuenta de la diversidad de temas que atraviesan todos estos años, la autora apela a un enfoque de larga duración, que involucra como estrategia metodológica la incorporación de distintos archivos de carácter provincial y fuentes eclesiásticas correspondientes a la orden franciscana y, por otra parte, las entrevistas personales para acceder a una realidad más próxima

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La incorporación de las tierras comprendidas entre la Cordillera Cantábrica y el Duero a las estructuras políticas del reino astur supondría el inicio de un proceso de jerarquización del espacio político a partir de la paulatina subordinación política de las poblaciones campesinas al poder de comites, imperantes y potestates. En este trabajo se analizarán los marcos territoriales que encuadraron el ejercicio del poder político por parte de magnates laicos e instituciones eclesiásticas en el siglo X, intentando dar cuenta de la génesis, dinámica y naturaleza de estos distritos con el objeto de esbozar una caracterización global del espacio político en el Reino de León

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La carta que presentamos traducida al español fue escrita en el año 1008 por el obispo misionero Bruno de Querfurt. El destinatario era el rey sajón Enrique II (1002-1024), emperador desde el año 1014. El contexto de la epístola está marcado por los vínculos cambiantes entre diversos actores políticos. La dinastía polaca piasta había cooperado con el Imperio desde mediados del siglo x. Por otra parte, los liutizos, una confederación de pueblos eslavos paganos, se habían levantado contra las estructuras eclesiásticas e imperiales en la región del Elba en 983, en el marco de un floreciente paganismo. Sin embargo, al iniciarse el nuevo milenio, el piasta Boleslao el Bravo se había convertido en una amenaza más atemorizadora para el Imperio, debido particularmente a la expansión territorial que encabezaba. Así, el rey Enrique II pactó en el año 1003 en Quedlinburg con los liutizos frente al piasta: se sellaba una alianza entre un rey cristiano y una confederación pagana para hacer frente a otro gobernante cristiano. Bruno de Querfurt, que había dedicado su vida a la misión y recibía apoyo de Boleslao, escribió esta misiva, con el objeto de señalar las contradicciones de la alianza citada arriba

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El libro de Gabriela Dalla-Corte Caballero nos introduce en una problemática que, a pesar de haber demostrado importantes y significativos avances en la historiografía de los últimos años, ha sido poco abordada en el caso del espacio chaqueño santafesino. La autora decide reconstruir la historia de los mocovíes de una de las reducciones indígenas de la zona chaqueña santafesina, que a inicios del siglo XX adquirió el nombre de Colonia Dolores, en un período que comprende desde mediados del siglo XIX, cuando se inicia el proceso de sometimiento de los grupos mocovíes asentados en este espacio, hasta las características de la vida actual de esta población, que conduce a una de sus descendientes (Dora Teresa Salteño) a asumir como la primera mujer mocoví presidenta de la Comuna. Para dar cuenta de la diversidad de temas que atraviesan todos estos años, la autora apela a un enfoque de larga duración, que involucra como estrategia metodológica la incorporación de distintos archivos de carácter provincial y fuentes eclesiásticas correspondientes a la orden franciscana y, por otra parte, las entrevistas personales para acceder a una realidad más próxima

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La incorporación de las tierras comprendidas entre la Cordillera Cantábrica y el Duero a las estructuras políticas del reino astur supondría el inicio de un proceso de jerarquización del espacio político a partir de la paulatina subordinación política de las poblaciones campesinas al poder de comites, imperantes y potestates. En este trabajo se analizarán los marcos territoriales que encuadraron el ejercicio del poder político por parte de magnates laicos e instituciones eclesiásticas en el siglo X, intentando dar cuenta de la génesis, dinámica y naturaleza de estos distritos con el objeto de esbozar una caracterización global del espacio político en el Reino de León

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La carta que presentamos traducida al español fue escrita en el año 1008 por el obispo misionero Bruno de Querfurt. El destinatario era el rey sajón Enrique II (1002-1024), emperador desde el año 1014. El contexto de la epístola está marcado por los vínculos cambiantes entre diversos actores políticos. La dinastía polaca piasta había cooperado con el Imperio desde mediados del siglo x. Por otra parte, los liutizos, una confederación de pueblos eslavos paganos, se habían levantado contra las estructuras eclesiásticas e imperiales en la región del Elba en 983, en el marco de un floreciente paganismo. Sin embargo, al iniciarse el nuevo milenio, el piasta Boleslao el Bravo se había convertido en una amenaza más atemorizadora para el Imperio, debido particularmente a la expansión territorial que encabezaba. Así, el rey Enrique II pactó en el año 1003 en Quedlinburg con los liutizos frente al piasta: se sellaba una alianza entre un rey cristiano y una confederación pagana para hacer frente a otro gobernante cristiano. Bruno de Querfurt, que había dedicado su vida a la misión y recibía apoyo de Boleslao, escribió esta misiva, con el objeto de señalar las contradicciones de la alianza citada arriba

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La carta que presentamos traducida al español fue escrita en el año 1008 por el obispo misionero Bruno de Querfurt. El destinatario era el rey sajón Enrique II (1002-1024), emperador desde el año 1014. El contexto de la epístola está marcado por los vínculos cambiantes entre diversos actores políticos. La dinastía polaca piasta había cooperado con el Imperio desde mediados del siglo x. Por otra parte, los liutizos, una confederación de pueblos eslavos paganos, se habían levantado contra las estructuras eclesiásticas e imperiales en la región del Elba en 983, en el marco de un floreciente paganismo. Sin embargo, al iniciarse el nuevo milenio, el piasta Boleslao el Bravo se había convertido en una amenaza más atemorizadora para el Imperio, debido particularmente a la expansión territorial que encabezaba. Así, el rey Enrique II pactó en el año 1003 en Quedlinburg con los liutizos frente al piasta: se sellaba una alianza entre un rey cristiano y una confederación pagana para hacer frente a otro gobernante cristiano. Bruno de Querfurt, que había dedicado su vida a la misión y recibía apoyo de Boleslao, escribió esta misiva, con el objeto de señalar las contradicciones de la alianza citada arriba

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Los derechos sexuales y reproductivos como temática de debate en la agenda pública de nuestro país cobran visibilidad recién a mediados de la década del '90. La ausencia de políticas en esta materia se debió por un lado, a la férrea oposición de la Iglesia Católica a la regulación de la fecundidad, por otro lado, a la ideología pro natalista que ha primado en el Estado desde su conformación hasta la reinstauración democrática en la década de los '80. El propósito de este trabajo es analizar el proceso en cual el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se definió como política pública, identificando los actores involucrados, sus tomas de posición y estrategias de acción desplegadas en el transcurso de dicho proceso, enfatizando en la acción de los poderes del Estado. Este trabajo es resultado del análisis de diversas fuentes, entre ellas: la Ley Nacional 25673/2002 de Salud Sexual y Procreación Responsable y el decreto que la reglamenta, las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, el documento base del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, material de prensa y bibliográfico sobre la temática. Se concluye, que la ley sancionada es un herramienta válida para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la presión ejercida por la Iglesia sobre el poder político haya logrado limitar los alcances de la misma. La puesta en marcha del Programa ha abierto nuevos interrogantes, nuevos debates y nuevos enfrentamientos entrelos sectores que dentro y fuera del gobierno apoyan el Programa y las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la sociedad

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Los derechos sexuales y reproductivos como temática de debate en la agenda pública de nuestro país cobran visibilidad recién a mediados de la década del '90. La ausencia de políticas en esta materia se debió por un lado, a la férrea oposición de la Iglesia Católica a la regulación de la fecundidad, por otro lado, a la ideología pro natalista que ha primado en el Estado desde su conformación hasta la reinstauración democrática en la década de los '80. El propósito de este trabajo es analizar el proceso en cual el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se definió como política pública, identificando los actores involucrados, sus tomas de posición y estrategias de acción desplegadas en el transcurso de dicho proceso, enfatizando en la acción de los poderes del Estado. Este trabajo es resultado del análisis de diversas fuentes, entre ellas: la Ley Nacional 25673/2002 de Salud Sexual y Procreación Responsable y el decreto que la reglamenta, las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, el documento base del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, material de prensa y bibliográfico sobre la temática. Se concluye, que la ley sancionada es un herramienta válida para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la presión ejercida por la Iglesia sobre el poder político haya logrado limitar los alcances de la misma. La puesta en marcha del Programa ha abierto nuevos interrogantes, nuevos debates y nuevos enfrentamientos entrelos sectores que dentro y fuera del gobierno apoyan el Programa y las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la sociedad

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Los derechos sexuales y reproductivos como temática de debate en la agenda pública de nuestro país cobran visibilidad recién a mediados de la década del '90. La ausencia de políticas en esta materia se debió por un lado, a la férrea oposición de la Iglesia Católica a la regulación de la fecundidad, por otro lado, a la ideología pro natalista que ha primado en el Estado desde su conformación hasta la reinstauración democrática en la década de los '80. El propósito de este trabajo es analizar el proceso en cual el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se definió como política pública, identificando los actores involucrados, sus tomas de posición y estrategias de acción desplegadas en el transcurso de dicho proceso, enfatizando en la acción de los poderes del Estado. Este trabajo es resultado del análisis de diversas fuentes, entre ellas: la Ley Nacional 25673/2002 de Salud Sexual y Procreación Responsable y el decreto que la reglamenta, las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, el documento base del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, material de prensa y bibliográfico sobre la temática. Se concluye, que la ley sancionada es un herramienta válida para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la presión ejercida por la Iglesia sobre el poder político haya logrado limitar los alcances de la misma. La puesta en marcha del Programa ha abierto nuevos interrogantes, nuevos debates y nuevos enfrentamientos entrelos sectores que dentro y fuera del gobierno apoyan el Programa y las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la sociedad