16 resultados para Agenda de gobierno

em Memoria Académica - FaHCE, UNLP - Argentina


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El trabajo que se presenta se referencia en una serie de propuestas de ordenamiento territorial desarrolladas de manera conjunta entre municipios de la provincia de San Juan, Argentina y la Universidad Nacional de San Juan. Se trata de propuestas que abordan múltiples desafíos, los que no por recurrentes minimizan su complejidad. Por el contrario señalan la transición hacia la construcción de territorios más sostenibles en este contexto particular, enfrentan el desafío que supone la disputa por el suelo urbano, las tensiones derivadas del avance de la urbanización y la expectativa de valorización inmobiliaria por parte de sectores del periurbano. Se propone una transformación del propio territorio, sostenida en la construcción de capacidades locales, en el afianzamiento de redes, y en la concienciación sobre las propias capacidades. Los resultados alcanzados desde lo 'tangible' refieren a propuestas orientadas en tres direcciones principales: reestructuración espacial y funcional, reestructuración socio-productiva y gestión integrada de recursos patrimoniales. Más allá de estos resultados, vinculados al diseño de estrategias de ocupación y manejo sustentable del territorio se destacan diversas construcciones, como el reconocimiento e incorporación de nuevos actores, el fortalecimiento de lazos entre actores locales y externos a la comunidad: Universidad, Gobierno provincial, Municipios; la continuidad de proyectos, la socialización de resultados con otros municipios, los proyectos en marcha. En este sentido, actualmente se trabaja en la construcción del Plan para el Area Metropolitana de San Juan, en una conjunción de voluntades políticas, sociales y técnicas, involucrando a seis municipios de la provincia. Indudablemente, se trata de procesos que requieren complementariamente o simultáneamente de aquellos 'microprocesos' a escala de las comunidades, que se transformen en 'micrologros', en una estrategia que integre procesos 'top down' y 'bottom up'. Éste es un camino que se comienza a recorrer. Concluyendo, se valora especialmente, el rol dinamizador que los procesos desarrollados han provocado en el entorno local, generando nuevas propuestas, atrayendo programas y acciones concretas hacia el territorio. Se comienza a transitar de una manera sostenida, la incorporación del tema planificación en la agenda de gobierno, la construcción de microprocesos en distintas comunidades, y la Universidad recuperando su rol, no sólo como consultor de referencia en estas temáticas, sino esencialmente como 'caja de resonancia' de las necesidades y deseabilidades de esta comunidad. En síntesis, se espera que estos procesos de transición alcancen la necesaria escala de transformación

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En el año 2005, se promulga la ley provincial No 13.298 de Promoción y Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. A partir de la misma surge una nueva concepción enmarcada en el Paradigma de la 'Protección Integral' de derechos, estrechamente vinculada al impacto que tuvo a nivel local la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN). La Ley No 13.298 crea, en la provincia de Buenos Aires, el Sistema de Promoción y Protección Integral de niños, niñas y adolescentes (SPID). El objetivo de este trabajo es analizar el proceso que llevó a la adecuación, en materia legislativa, de la Argentina a la CIDN y a partir de la misma, a la conformación de uno de los órganos del SPID: el Consejo Local de Promoción y Protección de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de La Plata a fines del año 2009. Este trabajo se propone indagar en torno al compromiso comunitario y la participación de organizaciones de la sociedad civil, en vínculo con el Estado

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La problemática de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en la actualidad, encuentra respuesta en la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), la cual determina cómo debe tratarse la basura desde que se genera, se transporta y cuál debe ser su destino final. Esta política reconoce la recuperación de residuos como fundamental para una correcta gestión de la basura, y en este sentido, los Recuperadores Urbanos son quienes realizan esta tarea y reinsertan los residuos en el sistema productivo. En el presente trabajo se analiza cómo se construyen las relaciones entre las Cooperativas de Recuperadores Urbanos (CRU) y el Estado provincial, en la implementación de la política de Gestión diferenciada de RSU de grandes generadores (GG) de la provincia de Buenos Aires entre el año 2013 y 2014. Para esto nos basamos en la perspectiva de análisis de las políticas públicas, centrándonos en la fase de la implementación de la misma, pero necesariamente recorriendo la construcción del tema en la agenda de gobierno y los posicionamientos de los distintos actores sociales. En la provincia de Buenos Aires, particularmente en el Area Metropolitana y el Gran La Plata, los residuos se entierran en los rellenos sanitarios de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). La saturación de estos rellenos sanitarios en el año 2012, generó que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) implemente una política de Gestión diferenciada de RSU para los GG, con el objetivo de reducir los residuos que se entierran en la CEAMSE. Esta política implementada por el Organismo, tiene la particularidad de incluir a las Cooperativas bajo la figura de "Destino Sustentables", dando la posibilidad de que cobren el servicio de tratamiento de los residuos. Pero esta inclusión de las CRU trajo aparejada una gran cantidad de problemáticas debido al desconocimiento del OPDS de la heterogeneidad y diversidad de realidades en las que se encuentran las Cooperativas en la actualidad. En este contexto, se generó un espacio de participación entre las CRU y el OPDS denominado "Mesa de Trabajo", en donde centramos nuestro análisis

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En el año 2005, se promulga la ley provincial No 13.298 de Promoción y Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. A partir de la misma surge una nueva concepción enmarcada en el Paradigma de la 'Protección Integral' de derechos, estrechamente vinculada al impacto que tuvo a nivel local la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN). La Ley No 13.298 crea, en la provincia de Buenos Aires, el Sistema de Promoción y Protección Integral de niños, niñas y adolescentes (SPID). El objetivo de este trabajo es analizar el proceso que llevó a la adecuación, en materia legislativa, de la Argentina a la CIDN y a partir de la misma, a la conformación de uno de los órganos del SPID: el Consejo Local de Promoción y Protección de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de La Plata a fines del año 2009. Este trabajo se propone indagar en torno al compromiso comunitario y la participación de organizaciones de la sociedad civil, en vínculo con el Estado

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La problemática de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en la actualidad, encuentra respuesta en la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), la cual determina cómo debe tratarse la basura desde que se genera, se transporta y cuál debe ser su destino final. Esta política reconoce la recuperación de residuos como fundamental para una correcta gestión de la basura, y en este sentido, los Recuperadores Urbanos son quienes realizan esta tarea y reinsertan los residuos en el sistema productivo. En el presente trabajo se analiza cómo se construyen las relaciones entre las Cooperativas de Recuperadores Urbanos (CRU) y el Estado provincial, en la implementación de la política de Gestión diferenciada de RSU de grandes generadores (GG) de la provincia de Buenos Aires entre el año 2013 y 2014. Para esto nos basamos en la perspectiva de análisis de las políticas públicas, centrándonos en la fase de la implementación de la misma, pero necesariamente recorriendo la construcción del tema en la agenda de gobierno y los posicionamientos de los distintos actores sociales. En la provincia de Buenos Aires, particularmente en el Area Metropolitana y el Gran La Plata, los residuos se entierran en los rellenos sanitarios de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). La saturación de estos rellenos sanitarios en el año 2012, generó que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) implemente una política de Gestión diferenciada de RSU para los GG, con el objetivo de reducir los residuos que se entierran en la CEAMSE. Esta política implementada por el Organismo, tiene la particularidad de incluir a las Cooperativas bajo la figura de "Destino Sustentables", dando la posibilidad de que cobren el servicio de tratamiento de los residuos. Pero esta inclusión de las CRU trajo aparejada una gran cantidad de problemáticas debido al desconocimiento del OPDS de la heterogeneidad y diversidad de realidades en las que se encuentran las Cooperativas en la actualidad. En este contexto, se generó un espacio de participación entre las CRU y el OPDS denominado "Mesa de Trabajo", en donde centramos nuestro análisis

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El trabajo que se presenta se referencia en una serie de propuestas de ordenamiento territorial desarrolladas de manera conjunta entre municipios de la provincia de San Juan, Argentina y la Universidad Nacional de San Juan. Se trata de propuestas que abordan múltiples desafíos, los que no por recurrentes minimizan su complejidad. Por el contrario señalan la transición hacia la construcción de territorios más sostenibles en este contexto particular, enfrentan el desafío que supone la disputa por el suelo urbano, las tensiones derivadas del avance de la urbanización y la expectativa de valorización inmobiliaria por parte de sectores del periurbano. Se propone una transformación del propio territorio, sostenida en la construcción de capacidades locales, en el afianzamiento de redes, y en la concienciación sobre las propias capacidades. Los resultados alcanzados desde lo 'tangible' refieren a propuestas orientadas en tres direcciones principales: reestructuración espacial y funcional, reestructuración socio-productiva y gestión integrada de recursos patrimoniales. Más allá de estos resultados, vinculados al diseño de estrategias de ocupación y manejo sustentable del territorio se destacan diversas construcciones, como el reconocimiento e incorporación de nuevos actores, el fortalecimiento de lazos entre actores locales y externos a la comunidad: Universidad, Gobierno provincial, Municipios; la continuidad de proyectos, la socialización de resultados con otros municipios, los proyectos en marcha. En este sentido, actualmente se trabaja en la construcción del Plan para el Area Metropolitana de San Juan, en una conjunción de voluntades políticas, sociales y técnicas, involucrando a seis municipios de la provincia. Indudablemente, se trata de procesos que requieren complementariamente o simultáneamente de aquellos 'microprocesos' a escala de las comunidades, que se transformen en 'micrologros', en una estrategia que integre procesos 'top down' y 'bottom up'. Éste es un camino que se comienza a recorrer. Concluyendo, se valora especialmente, el rol dinamizador que los procesos desarrollados han provocado en el entorno local, generando nuevas propuestas, atrayendo programas y acciones concretas hacia el territorio. Se comienza a transitar de una manera sostenida, la incorporación del tema planificación en la agenda de gobierno, la construcción de microprocesos en distintas comunidades, y la Universidad recuperando su rol, no sólo como consultor de referencia en estas temáticas, sino esencialmente como 'caja de resonancia' de las necesidades y deseabilidades de esta comunidad. En síntesis, se espera que estos procesos de transición alcancen la necesaria escala de transformación

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En el año 2005, se promulga la ley provincial No 13.298 de Promoción y Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. A partir de la misma surge una nueva concepción enmarcada en el Paradigma de la 'Protección Integral' de derechos, estrechamente vinculada al impacto que tuvo a nivel local la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN). La Ley No 13.298 crea, en la provincia de Buenos Aires, el Sistema de Promoción y Protección Integral de niños, niñas y adolescentes (SPID). El objetivo de este trabajo es analizar el proceso que llevó a la adecuación, en materia legislativa, de la Argentina a la CIDN y a partir de la misma, a la conformación de uno de los órganos del SPID: el Consejo Local de Promoción y Protección de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de La Plata a fines del año 2009. Este trabajo se propone indagar en torno al compromiso comunitario y la participación de organizaciones de la sociedad civil, en vínculo con el Estado

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Desde el retorno de la democracia, la problemática del 'control civil?'dominó la agenda política de la defensa en Argentina. Así, durante más dos décadas (1983-2005) la política sectorial estuvo dirigida fundamentalmente a reducir el poder de las Fuerzas Armadas y a morigerar su influencia en el sistema político. Sin embargo, pese a los enormes y evidentes logros alcanzados en esta materia, los aspectos estratégico-militares de la jurisdicción fueron continuamente desatendidos. El planeamiento estratégico de la defensa quedó delegado por default en manos de los propios uniformados y las instituciones castrenses continuaron operando bajo criterios doctrinarios desactualizados y tributarios de otro tiempo histórico. Por esta razón, la instauración en el año 2007 del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (CPDN) significó un salto cualitativo en los desafíos de la jurisdicción. Por primera vez desde 1983, la responsabilidad de elaborar y supervisar el planeamiento estratégico de la defensa dede ser una promesa incumplida y quedó encomendada, en su totalidad, en manos de la conducción política. En este trabajo analizaremos los antecedentes político-estratégicos que derivaron en la instauración del CPDN y en la adopción del método de planeamiento por capacidades. Nuestra premisa fundamental es que el 'control civil' alcanzado entre 1983 y 2005, y las decisiones de política exterior 'con implicancias en la política de defensa' adoptadas a lo largo de estos años tuvieron un impacto determinante en la inédita resolución de asumir el 'gobierno político' del planeamiento estratégico de la defensa

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En el marco conceptual del análisis de políticas públicas, se identifican los actores del subsistema de gestión del suelo, sus lógicas, sus intereses y sus relaciones conflictivas en el proceso de transformación urbana y conformación del patrón de uso actual de la baja cuenca del río Lujan de los últimos diez años. Los discursos y argumentos de estos grupos de interés inciden en la formación de la agenda, entendida como proceso de agregación de intereses que refleja tanto el orden de prioridad de los problemas sociales como la visión que el gobierno tiene de la situación. El presente trabajo1 rastrea en las manifestaciones escritas y orales asociadas a los distintos actores del área de estudio, como factor que contribuye a explicar por qué ciertos temas se adoptan como problemas públicos y se incorporan a la agenda gubernamental.

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En el marco conceptual del análisis de políticas públicas, se identifican los actores del subsistema de gestión del suelo, sus lógicas, sus intereses y sus relaciones conflictivas en el proceso de transformación urbana y conformación del patrón de uso actual de la baja cuenca del río Lujan de los últimos diez años. Los discursos y argumentos de estos grupos de interés inciden en la formación de la agenda, entendida como proceso de agregación de intereses que refleja tanto el orden de prioridad de los problemas sociales como la visión que el gobierno tiene de la situación. El presente trabajo1 rastrea en las manifestaciones escritas y orales asociadas a los distintos actores del área de estudio, como factor que contribuye a explicar por qué ciertos temas se adoptan como problemas públicos y se incorporan a la agenda gubernamental.

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Desde el retorno de la democracia, la problemática del 'control civil?'dominó la agenda política de la defensa en Argentina. Así, durante más dos décadas (1983-2005) la política sectorial estuvo dirigida fundamentalmente a reducir el poder de las Fuerzas Armadas y a morigerar su influencia en el sistema político. Sin embargo, pese a los enormes y evidentes logros alcanzados en esta materia, los aspectos estratégico-militares de la jurisdicción fueron continuamente desatendidos. El planeamiento estratégico de la defensa quedó delegado por default en manos de los propios uniformados y las instituciones castrenses continuaron operando bajo criterios doctrinarios desactualizados y tributarios de otro tiempo histórico. Por esta razón, la instauración en el año 2007 del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (CPDN) significó un salto cualitativo en los desafíos de la jurisdicción. Por primera vez desde 1983, la responsabilidad de elaborar y supervisar el planeamiento estratégico de la defensa dede ser una promesa incumplida y quedó encomendada, en su totalidad, en manos de la conducción política. En este trabajo analizaremos los antecedentes político-estratégicos que derivaron en la instauración del CPDN y en la adopción del método de planeamiento por capacidades. Nuestra premisa fundamental es que el 'control civil' alcanzado entre 1983 y 2005, y las decisiones de política exterior 'con implicancias en la política de defensa' adoptadas a lo largo de estos años tuvieron un impacto determinante en la inédita resolución de asumir el 'gobierno político' del planeamiento estratégico de la defensa

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En el marco conceptual del análisis de políticas públicas, se identifican los actores del subsistema de gestión del suelo, sus lógicas, sus intereses y sus relaciones conflictivas en el proceso de transformación urbana y conformación del patrón de uso actual de la baja cuenca del río Lujan de los últimos diez años. Los discursos y argumentos de estos grupos de interés inciden en la formación de la agenda, entendida como proceso de agregación de intereses que refleja tanto el orden de prioridad de los problemas sociales como la visión que el gobierno tiene de la situación. El presente trabajo1 rastrea en las manifestaciones escritas y orales asociadas a los distintos actores del área de estudio, como factor que contribuye a explicar por qué ciertos temas se adoptan como problemas públicos y se incorporan a la agenda gubernamental.