185 resultados para CORTE DE JUSTICIA DEL MERCOSUR
Resumo:
Fil: Galar, Santiago. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.
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Desde el año 2009, la Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social (RLATS) y la Articulación Latinoamericana Cultura y Política (ALCP), llevan adelante la campaña "Arte, Cultura, Comunicación y Protagonismo Social", con el objetivo de regionalizar la política "Puntos de Cultura", desarrollada inicialmente por el Ministerio de Cultura de Brasil. Esta campaña marca un activo rol de la Sociedad Civil en la proposición de políticas socio-culturales para el MERCOSUR y en la construcción de una integración regional basada en la participación ciudadana y la promoción de los derechos culturales
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Con la emergencia de la (in)seguridad como preocupación social, aparece una demanda colectiva compleja y cambiante, donde se articulan y entrelazan la demanda por protección/es ligada a la construcción del miedo, con la demanda de justicia o contra-la-impunidad, desarrolladas a partir de determinados "casos" puntuales. Estas demandas colectivas suelen ir acompañadas por ciertas tensiones entre seguridad y democracia y por disputas en torno al status de ciudadano, es decir, por la posesión y ejercicio de derechos. En la presente investigación nos sumergimos en el interior de la provincia de Buenos Aires, puntualmente en la ciudad de Tres Arroyos, para abordar acciones colectivas en reclamo de justicia y seguridad, como fundamento de la demanda de la/s acción/es. Puntualmente, el objetivo es el de deconstruir discursos, prácticas, sentidos e identidades puestos en juego en determinadas coyunturas -que denominamos crisis de inseguridad- en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires en el pasado reciente.
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Fil: Galar, Santiago. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.
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Los conceptos del campo de los DD.HH. presentes en las actuales políticas de educación, dan lugar a las ideas redistribución y el reconocimiento como fundamentos de la justicia educativa. Si bien han intentado enunciar los qué y cómo hacer para expresar esos postulados, el campo de las políticas de la Educación Física y el Deporte -en adelante EFyD- tiene pendiente una respuesta consistente a la exclusión y la desigualdad de oportunidades de los sectores de mayor vulnerabilidad y afectación de sus derechos a una educación integral como variable asumida de los DD.HH., en un claro contexto de exclusión y desigualdad. La garantía de tales derechos como centralidad de la política de estado de la EFyD adeuda su verificación, como la comprobación de la redistribución de bienes estructurales materiales y simbólicos imprescindibles para el accionar de los actores del sector, superando limitaciones de promesas o distribuciones, propias de enfoques centrados en la calidad o en la aparente provisión de insumos deportivos masivos o programas de EFyD y actividad física vinculados al concepto de salud, supuestamente provistos. Se pretende entonces, contribuir al análisis preliminar de las concepciones de justicia presentes en las normativas y políticas de promoción de la Educación Física y los Deportes respecto al propósito de su estado de derecho y de justicia y su relación con el grado de avance en la supresión de injusticias claramente remediables en nuestro entorno
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Esta ponencia se propone presentar brevemente el proyecto que me encuentro desarrollando como parte de mi tesina de grado y esbozar algunos apuntes de aquello que empieza a asomarse luego del análisis de las fuentes secundarias y de las primeras salidas al campo. El objetivo de la investigación es analizar la construcción de una "Marcha por justicia y seguridad" llevada a cabo en la ciudad bonaerense de Azul el 25 de mayo de 2007 desde el punto de vista de la acción colectiva. Se pretende indagar cómo esta acción, que conlleva una impronta de protesta, se articula en un marco más amplio de acciones, prácticas y sentidos que se ponen en juego en la movilización política de distintos sectores y que connotan significados complejos que requieren ser explorados en profundidad.
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En el marco de la pragmática cognitiva, los marcadores discursivos han sido definidos como partículas extraoracionales que orientan al interlocutor sobre el proceso inferencial que le permitirán arribar a un nivel de relevancia óptima en el procesamiento de la información. Si bien existe un consenso extendido en el campo académico sobre esta conceptualización, se ha relevado en forma sistemática la dificultad que acarrean los intentos de construir una categorización exhaustiva y excluyente de estas partículas discursivas, fundamentalmente debido a su clara dependencia contextual y a la multiplicidad de matices que imprimen en el discurso. Teniendo en cuenta los problemas teóricos y metodológicos que encierra este campo de estudios, hemos analizado las apreciaciones espontáneas de estudiantes y profesionales de la Ciudad de La Plata sobre el uso de partículas como "posta", "de una", "ni hablar", "cualquiera", "ni ahí", "ah re" y "corte/corte que". Desde el punto de vista metodológico, los datos fueron recolectados a través de una encuesta escrita, anónima y autoadministrada de preguntas abiertas, y hemos procesado la información obtenida a través de estrategias cualitativas y cuantitativas de investigación. En esta oportunidad, nos abocaremos a presentar una caracterización pragmático discursiva de la partícula "corte/corte que", marcador empleado principalmente por nuestros informantes más jóvenes, que presenta un regular estado de gramaticalización y múltiples funciones pragmáticas y discursivas que problematizan su ubicación en las clasificaciones ?tradicionales?. En forma concomitante, hemos rastreado su empleo como marcador discursivo en "diccionarios" del argot carcelario bonaerense, en letras de "cumbia villera" y en guiones de series televisivas, ámbitos discursivos en los que probablemente se encuentre su origen y principal fuente de difusión socio-cultural
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La sociedad bonaerense del período independiente temprano, no sólo se caracterizó por estar fuertementejerarquizada desde el punto de vista socioeconómico, sinoademás por ser legalmente desigual y altamente punitiva. Los hechos asentados en los expedientes judiciales correspondientes a causas criminales y correccionales presentadas ante el Juzgado del Crimen, muestran claramente -entre otros aspectos- las características de la justicia criminal hispanocriolla: cómo operaba y se administraba la ley vigente, frente a la cual, los sectores bajos de la pirámide social y en particular, los individuos de casta (indios, negros, morenos, etc.), resultaban ser los más desprotegidos y vulnerables. Por lo tanto, en el presente proyecto, nos interesa abordar la inserción social del indígena en las urbes y campañas, y su integración en el mercado laboral de la época, y a partir de este marco y desde esa sociedad que lo incluía, se pretende indagar alindígena frente al delito y dentro de la dinámica del campo judicial, articulando las dimensiones social, económica y jurídica. De esta manera, combinando las fuentes judiciales de 1810 a 1835 con otros documentos del período, se intenta dar cuenta no sólo de los aspectos sociales y económicos de la vida personal y cotidiana del indígena sino además de las particularidades del proceso de juzgamiento y penalización de sus acciones durante el incipiente período independentista.
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El Programa Hábitat consensuado en la Conferencia de las Naciones Unidas realizada en Estambul en 1996 reconoce entre sus principios que los asentamientos humanos equitativos son aquellos donde todos sus habitantes tienen las mismas oportunidades de acceso a la vivienda, la infraestructura, los servicios de salud, los alimentos, el agua, la educación y los espacios abiertos. Considera también que la erradicación de la pobreza es indispensable para la sostenibilidad de los asentamientos humanos y plantea a través de objetivos, una serie de compromisos que deben cumplir los países firmantes. Entre ellos debemos destacar el compromiso de controlar la coherencia y la coordinación de las políticas macroeconómicas con relación a las políticas de vivienda como prioridad social en el marco de los programas de desarrollo nacional y de políticas urbanas. El fin de este compromiso es el de apoyar la movilización de recursos, la generación de empleo, la erradicación de la pobreza y la integración social. Sin embargo podemos observar que los modelos de desarrollo implementados en la mayor parte de los países de latinoamericanos se caracterizan por establecer patrones de concentración de renta y poder, así como procesos acelerados de urbanización que contribuyen a la depredación del ambiente y a la privatización del espacio público, generando empobrecimiento, exclusión y segregación social y espacial. En consecuencia las ciudades están lejos de ofrecer esas condiciones y oportunidades equitativas planteadas en el Programa. El trabajo consiste en la búsqueda de las contradicciones entre los compromisos asumidos en programas globales relacionados al hábitat y los resultados alcanzados en los procesos de transformaciones territoriales ocurridos en los últimos veinte años en el Area Metropolitana
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Fil: Galar, Santiago. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.