85 resultados para Responsabilidad social de los negocios


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El presente trabajo tiene como finalidad considerar la orientación del siglo XXI en Venezuela como una disciplina con un alto compromiso social. Como programa, debe, hoy día, redefinirse con el objeto de impulsar propuestas conducentes a la inclusión de todas aquellas personas, que tradicionalmente han sido excluidas por su raza, etnia, género y/o discapacidad física y que como praxis social esté dirigida a la facilitación de los procesos de desarrollo humano en las dimensiones del Ser, Convivir, Servir, Conocer y Hacer, en el contexto personal, familiar y comunitario a lo largo del continuo del ciclo vital. L as competencias adquiridas a través de los procesos de orientación, son determinantes para proporcionar los medios a las ciudadanas y los ciudadanos para gestionar su propio desarrollo y el de su comunidad Se plantea la necesidad de un cambio de paradigma que deje atrás la clásica postura de un orientador que ayuda al orientado, desde el que conoce, el que tiene experiencia. Se sugiere más bien una relación de orientación intersubjetiva. Por otra parte, se habla de la necesidad de fortalecer el capital social de los espacios que contextualizan el proceso orientador. Se explican además, los alcances del Sistema Nacional de Orientación.

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En este trabajo nos proponemos hacer una aproximación a las prácticas de Responsabilidad Social Empresaria (el adelante, RSE) llevadas adelante en Argentina por las grandes empresas suscriptas al Pacto Global (ONU) para el período 2008-2009. Fundamentalmente, nos interesa dar cuenta de la naturaleza de la intervención de las empresas en lo social. Para esto en primer lugar revisaremos el concepto de RSE, incluyendo las diferentes visiones acerca del mismo, y pensaremos el rol del Pacto Global como marco de referencia institucional de estas prácticas. En una segunda instancia, haremos una aproximación a las modalidades que adopta la RSE en Argentina analizando, entre otras cosas, las áreas de intervención, los tipos de contribución y las alianzas con otros actores (tales como ONGs, fundaciones, universidades y sector público entre otros)

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Desde el final de la dictadura franquista muy notable es el número de novelas cuya temática ha seguido circunscribiéndose a la Guerra Civil y sus consecuencias. La continuidad del tema -que arranca en pleno conflicto- no sólo obedece a que aún vivan muchos de quienes padecieron los años de la posguerra, sino también a que es un tema axial de nuestro devenir y, por extensión, del siglo XX. En nuestra literatura, ocuparse de la guerra continúa siendo más compromiso que evasión y, sobre todo, es sentido de la responsabilidad de los escritores hacia nuestra sociedad. En el caso de la novela histórica, ésta ha recuperado pasajes ausentes en el discurso historiográfico hegemónico que nos ha sido transmitido, como demuestra, a modo de paradigma, una excelente novela de la que nos ocupamos aquí: Mala gente que camina (2006), de Benjamín Prado, que aborda y desvela, entre otros, el asunto de los niños rojos robados por el franquismo.

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Este artículo se propone analizar el modo a través del cual en la empresa de cosméticos Avon se articulan explotación sexuada del trabajo con responsabilidad social empresaria, para configurar una estrategia de valorización singular. Adentrándose en los mundos de las revendedoras y las operarias de Avon -la mayor empresa multinacional dedicada a la producción y venta de cosméticos a través del sistema de "venta directa"- se indaga cómo la empresa capitaliza en su beneficio las ventajas de la utilización de fuerza de trabajo femenina. Si bien las políticas empresarias de Avon se presentan como inconexas entre sí, pueden ser leídas como una estrategia de valorización particular, pasible de ser desagregada analíticamente en dos elementos que se encuentran articulados. El primero, que denominamos explotación sexuada del trabajo, consiste en la utilización intensiva de fuerza de trabajo femenina tanto para la producción (en la fábrica) como para la comercialización de los productos (a través del sistema de venta directa). El segundo se basa en la implementación de políticas de RSE como elemento crucial de la valorización, tanto en la esfera productiva como en la esfera de la comercialización.

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En este trabajo nos proponemos hacer una aproximación a las prácticas de Responsabilidad Social Empresaria (el adelante, RSE) llevadas adelante en Argentina por las grandes empresas suscriptas al Pacto Global (ONU) para el período 2008-2009. Fundamentalmente, nos interesa dar cuenta de la naturaleza de la intervención de las empresas en lo social. Para esto en primer lugar revisaremos el concepto de RSE, incluyendo las diferentes visiones acerca del mismo, y pensaremos el rol del Pacto Global como marco de referencia institucional de estas prácticas. En una segunda instancia, haremos una aproximación a las modalidades que adopta la RSE en Argentina analizando, entre otras cosas, las áreas de intervención, los tipos de contribución y las alianzas con otros actores (tales como ONGs, fundaciones, universidades y sector público entre otros)

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Este trabajo analiza el vínculo entre los procesos de elaboración de políticas públicas y la dinámica emergente de las prácticas de Responsabilidad Social Empresaria [RSE] en nuestro país. Para ello toma como caso de estudio el Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil y Responsabilidad Empresaria, puesto en marcha en el año 2008 por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y se nutre de dos fuentes de datos: información documental -elaborada por el propio Estado y las empresas- y una serie de entrevistas a informantes clave, tanto del sector estatal y del sector privado como de expertos en la materia. En base a un análisis crítico de la bibliografía relevante sobre este cruce de campos [el de las políticas públicas y el de la RSE], el trabajo argumenta que la potencial eficacia de los programas estatales de fortalecimiento de la RSE dependen no sólo de los 'contenidos' específicos sino también de la 'forma' en que se elaboran las políticas públicas. En tal sentido, procesos de elaboración de políticas que respondan a criterios de estabilidad, adaptabilidad, coherencia, calidad de la implementación, orientación hacia el interés público y eficiencia [BID, 2006], tendrán mayores capacidades de superar una serie de obstáculos observados por los actores entrevistados ['recelos', 'desconocimiento' o 'desconfianza'] en la relación entre el Estado y los actores de la sociedad civil. Para ello, será necesario que las políticas incorporen como insumos para su elaboración un preciso análisis de las dimensiones ético-culturales, sociales, gerenciales, económicas y políticas [Lozano, 1999] en el que se desenvuelve el nuevo contexto de la RSE

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El presente trabajo tiene como finalidad considerar la orientación del siglo XXI en Venezuela como una disciplina con un alto compromiso social. Como programa, debe, hoy día, redefinirse con el objeto de impulsar propuestas conducentes a la inclusión de todas aquellas personas, que tradicionalmente han sido excluidas por su raza, etnia, género y/o discapacidad física y que como praxis social esté dirigida a la facilitación de los procesos de desarrollo humano en las dimensiones del Ser, Convivir, Servir, Conocer y Hacer, en el contexto personal, familiar y comunitario a lo largo del continuo del ciclo vital. L as competencias adquiridas a través de los procesos de orientación, son determinantes para proporcionar los medios a las ciudadanas y los ciudadanos para gestionar su propio desarrollo y el de su comunidad Se plantea la necesidad de un cambio de paradigma que deje atrás la clásica postura de un orientador que ayuda al orientado, desde el que conoce, el que tiene experiencia. Se sugiere más bien una relación de orientación intersubjetiva. Por otra parte, se habla de la necesidad de fortalecer el capital social de los espacios que contextualizan el proceso orientador. Se explican además, los alcances del Sistema Nacional de Orientación.

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La ponencia propone un diseño de política pública para los jóvenes que dejan percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuando los beneficiarios cumplen la mayoría de edad. Al finalizar dicha cobertura, los jóvenes inician una etapa en la que deben emprender diferentes caminos laborales, educativos y familiares, pudiendo desconocer las posibilidades de apoyo y herramientas que las organizaciones estatales e intermedias les ofrecen. En este sentido, proponemos desde un enfoque estratégico, la implementación de un Programa Provincial que brinde a los jóvenes, la preparación necesaria para las elecciones que caracterizan el ingreso a la nueva etapa de inserción social que experimentarán. Esta preparación se materializará a través del conocimiento de las distintas posibilidades laborales y educativas con las que cuentan los jóvenes, y en el acompañamiento necesario para hacer efectivo el acceso a las alternativas, según "mundos de vida" y trayectorias singulares de los sujetos. Desde una perspectiva constructiva y sociohistórica, los jóvenes irán adquiriendo autonomía de manera progresiva para el pleno ejercicio de la ciudadanía, a través de un tipo de acompañamiento definido como tutorial

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El presente trabajo indaga acerca de la construcción de la identidad social de los trabajadores del Sector informal Urbano. Para ello, utilizando las herramientas metodológicas de la teoría del análisis del discurso, tomaremos el caso de las Ferias Populares de la ciudad de Córdoba y su reflejo en el medio gráfico de mayor difusión del lugar, el diario 'La Voz del Interior', durante el período comprendido entre el mes de abril de 2011 y el mes de abril de 2012, para adentrarnos en la construcción de sentido, imaginarios, ideas y representaciones que se reflejan en dicho medio, como parte de un discurso social hegemónico, determinante para la construcción de una identidad social de los feriantes en particular y del sector informal en general

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Cada período histórico se construye según las pujas persistentes entre los diferentes actores sociales, éstas moldean contextos sociales, políticos y económicos particulares. Simultáneamente, la gubernamentalidad adquiere las especificidades necesarias y suficientes para conducir las conductas dentro de los marcos que establece el orden social dominante. En este sentido, con la apertura democrática Argentina desde diciembre de 1983, los diferentes gobiernos se abocaron a la tarea del control social sobre los díscolos por medio de la legalidad como estrategia de reafirmar la vocación democrática, de sostener la restauración institucional y de minimizar cualquier riesgo de desviación de los sujetos y de la protesta social. Nos valemos de la noción de archivo como estrategia para el análisis de las Leyes Antiterroristas prescriptas por los Gobiernos post dictatoriales. Entendida como el conjunto de discursos efectivamente pronunciados, que continua funcionando yque se transforma a través de la historia, esta herramienta permite establecer sus múltiples relaciones y hallar sus regularidades. Trabajamos a partir del Decreto Nacional 83/89 firmado por el Dr. Raúl Alfonsín, luego del asalto al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 "General Belgrano" con asiento en La Tablada por parte de militantes de Movimiento Todos Por La Patria en enero de 1989, continuando con el Decreto Nacional 327/89, atravesamos las distintas leyes que los sucesivos Gobiernos instauraron hasta llegar al proyecto de Ley del 13 octubre de 2011 firmado por el Dr. Julio Alak, Ministro de Justicia, y el Dr. Aníbal Fernández,Jefe de Gabinete. Haciendo uso de la legalidad institucional el orden social se prepara para contener las protestas sociales que genera este modelo económico cada vez más inequitativo -a pesar de los buenos discursos-

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La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es el primer tratado internacional que considera los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. El hecho de aceptar las obligaciones que de ella emanan, implica para los gobiernos nacionales el compromiso de proteger y asegurar esos derechos, implementando las políticas necesarias. Es así que en Argentina se sancionó la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, reemplazando la Ley 10903 ('Ley Agote'), cuyos lineamientos principales eran opuestos a la Convención. Esta modificación generó un impacto tal que se puede hablar de un cambio de paradigma, conociéndose como el pasaje de la Situación Irregular a la Protección Integral. El presente trabajo se desarrolla en el marco del proyecto en curso 'Identificación de factores asociados a la reintervención en problemáticas asistenciales de jóvenes II', que lleva adelante el Grupo de Investigación GIPJURI de Psicología Jurídica, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El objetivo principal de este informe se centra en pesquisar qué representaciones sociales giran en torno a los Centros de Protección de los Derechos de los Niños (CPDeN) del partido de General Pueyrredón. Para definir el término representación social se tomó a Moscovici, quien las define como constructos cognitivos compartidos en la interacción social cotidiana, que le permiten al individuo interpretar y construir lo real, es decir, le proporcionan a los sujetos un entendimiento del sentido común respecto de sus experiencias en el mundo. Así como también a Denise Jodelet, para quien son una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de conocimiento social, que se origina en la vida diaria, en el transcurso de las comunicaciones entre los individuos. Estos Centros de Protección son unidades técnico operativas con una o más sedes, creadas por la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y la Ley Provincial 13.298 de la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, que desempeñan las funciones de facilitar que el niño que tenga amenazados o violados sus derechos, pueda acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad. (nota: ley 13298) Para el logro de dicho objetivo se recabó información mediante entrevistas semiestructuradas, administradas a quienes desempeñan su labor en instituciones que trabajan conjuntamente con los Centros pertenecientes al Partido de General Pueyrredón, en lo que respecta a la detección de derechos vulnerados y su posible restitución. Con tal propósito, los temas a indagar fueron los siguientes: el conocimiento que los entrevistados poseen en relación a la nueva ley de promoción y protección de los derechos del niño, indagando aspectos tales como: qué son los CPDeN, quiénes lo componen, de qué estructura del estado dependen, qué función cumplen; las problemáticas que reciben, instituciones con las que se relacionan, eficacia de la estructura y eficiencia de las intervenciones. Este trabajo constituye una primera aproximación de un proyecto en curso. A través de este sondeo de opinión se intentara realizar una descripción de las representaciones sociales respecto de los CPDeN que circulan actualmente en las instituciones que fueron entrevistadas hasta el momento. Objetivos: -Realizar una descripción de las representaciones sociales que circulan en torno a los Centros de Protección de los Derechos del Niño (C.P.De.N) del Partido de General Pueyrredón. -Plantear hipótesis sobre el posible impacto que los centros promueven en la comunidad. -Metodología: El estudio será de tipo descriptivo exploratorio. La técnica a implementar será una entrevista semi-estructurada en base a un protocolo diseñado por el grupo de investigación. -Población: Profesionales de diversas áreas que trabajan en instituciones de orden público y que articulan con los CPDeN de la ciudad de Mar del Plata. -Muestra: La muestra seleccionada para el actual trabajo consta de un total de 27 profesionales que se encuentran trabajando en instituciones de orden público y que poseen vinculación con los C.P.De.N, entre los cuales figuran: trabajadores sociales, psicólogos, docentes, Lic. En Cs.de la educación, psicopedagogos, fonoaudiólogo, terapista ocupacional, médicos. Fueron consultadas un total de 19 Instituciones educativas: 6 escuelas primarias, 1 escuela secundaria, 2 jardines de infantes y un total de 3 instituciones que brindan servicios de salud (H.I.G.A., IREMI, salas primarias de salud). La selección de la muestra fue realizada bajo los siguientes requisitos a cumplir por los entrevistados: mantener actualmente una articulación con el centro de protección y un mínimo de 5 años o más de experiencia, en el área de trabajo que articula con los CPDeN permitiendo así un mayor nivel de aproximación a la realidad