251 resultados para Autoridad militar
Resumo:
El trabajo reconstruye el proceso de equipamiento institucional de la campaña sur de Mendoza durante el proceso revolucionario. Focaliza la atención en la trama de funcionarios designados para la villa de San Carlos y el Valle de Uco, con el objetivo de mostrar las articulaciones entre justicia de proximidad, gobierno político-militar y construcción de la legitimidad. La hipótesis es que las propias características de un espacio de frontera se complejizaron en el contexto de guerra, atravesaron la territorialización de este ámbito de la jurisdicción mendocina al hacer que la solución de la cuestión de la distancia tuviera un rol clave en las estrategias para gobernarlo
Resumo:
El trabajo se propone argumentar porqué se define la frontera bonaerense como un espacio políticamente concertado. Para esto se analizan las acciones defensivas practicadas, para determinar que los recursos materiales constructivos y los efectivos militares de carrera fueron insuficientes para proteger la región. Por el contrario, se demuestra que el servicio en las milicias resultó esencial para proteger el espacio y resultó constituyente de condiciones de vecindad que posibilitaron que algunos vecinos-milicianos pudieran acceder a instancias de autoridad. Poderes locales que se desplazaban desde el ámbito urbano, la villa de Luján, a la campaña, espacios de frontera. Para argumentar esto se exponen los conocimientos arribados sobre el servicio miliciano y la estructura -red- defensiva que se organizó en la jurisdicción de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XVIII.
Resumo:
La dictadura uruguaya (1973-1985) se caracterizó, en el contexto del Plan Cóndor, por una amplia red de espacios represivos y por su variedad tipológica, pues fue el país del mundo con la ratio más alta de presos políticos. Encontramos cárceles, cárceles políticas -establecimientos militares de reclusión en la terminología militar-, centros de detención y centros clandestinos de detención. Precisamente el Establecimiento Militar de Reclusión (EMR) No 2 (cárcel política de mujeres de Punta Rieles) se situó en un barrio periférico de Montevideo, de tradición obrera y tremendamente castigado desde la dictadura hasta momentos actuales. Esta cárcel política no sólo tuvo consecuencias en las reclusas sino que profundizó la estigmatización de un barrio que se estaba empobreciendo a gran velocidad. A partir del año 2000 comenzó un proceso colectivo por parte de las ex-presas y de los vecinos para reconvertir aquellos edificios en un lugar de memoria y en un centro social para el barrio. Este proceso se vio frustrado en el año 2011 al decidir el gobierno del Frente Amplio volver a utilizar el antiguo edificio como cárcel. Recientemente se ha instalado una "Marca de la Memoria" en el lugar. Este caso ejemplifica perfectamente el triunfo de un tipo de memoria en Uruguay, la de la marca-monumento, que separa pasado y presente, sobre la de la marca-proyecto, que articula las luchas políticas pasadas como fundamento e inspiración de las presentes
Resumo:
El presente artículo analiza la conflictividad política en La Rioja a partir del "movimiento de pueblo", encabezado por Javier Villafañe en abril de 1816, y que buscaba reemplazar al Gobernador Ramón Brizuela y Doria. Estos sucesos, que tuvieron lugar en simultáneo al inicio de las sesiones del Congreso de Tucumán, estuvieron vinculados a la expansión de las ideas federales y autonomistas en el interior de las Provincias Unidas y a las disputas que se produjeron en torno a la organización política del nuevo estado y en torno quien debía asumir la conducción del proceso revolucionario. Nos aproximamos a esta cuestión a partir del análisis de la documentación que generó la comisión del teniente coronel Alejandro Heredia, designado para restablecer el orden en La Rioja, pero también, a partir del análisis de las intervenciones de las autoridades centrales y del gobernador de Córdoba. Para eso, hemos trabajado con material existente en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba y diversa documentación editada referida al Congreso de Tucumán
Resumo:
La dictadura uruguaya (1973-1985) se caracterizó, en el contexto del Plan Cóndor, por una amplia red de espacios represivos y por su variedad tipológica, pues fue el país del mundo con la ratio más alta de presos políticos. Encontramos cárceles, cárceles políticas -establecimientos militares de reclusión en la terminología militar-, centros de detención y centros clandestinos de detención. Precisamente el Establecimiento Militar de Reclusión (EMR) No 2 (cárcel política de mujeres de Punta Rieles) se situó en un barrio periférico de Montevideo, de tradición obrera y tremendamente castigado desde la dictadura hasta momentos actuales. Esta cárcel política no sólo tuvo consecuencias en las reclusas sino que profundizó la estigmatización de un barrio que se estaba empobreciendo a gran velocidad. A partir del año 2000 comenzó un proceso colectivo por parte de las ex-presas y de los vecinos para reconvertir aquellos edificios en un lugar de memoria y en un centro social para el barrio. Este proceso se vio frustrado en el año 2011 al decidir el gobierno del Frente Amplio volver a utilizar el antiguo edificio como cárcel. Recientemente se ha instalado una "Marca de la Memoria" en el lugar. Este caso ejemplifica perfectamente el triunfo de un tipo de memoria en Uruguay, la de la marca-monumento, que separa pasado y presente, sobre la de la marca-proyecto, que articula las luchas políticas pasadas como fundamento e inspiración de las presentes
Resumo:
El presente artículo analiza la conflictividad política en La Rioja a partir del "movimiento de pueblo", encabezado por Javier Villafañe en abril de 1816, y que buscaba reemplazar al Gobernador Ramón Brizuela y Doria. Estos sucesos, que tuvieron lugar en simultáneo al inicio de las sesiones del Congreso de Tucumán, estuvieron vinculados a la expansión de las ideas federales y autonomistas en el interior de las Provincias Unidas y a las disputas que se produjeron en torno a la organización política del nuevo estado y en torno quien debía asumir la conducción del proceso revolucionario. Nos aproximamos a esta cuestión a partir del análisis de la documentación que generó la comisión del teniente coronel Alejandro Heredia, designado para restablecer el orden en La Rioja, pero también, a partir del análisis de las intervenciones de las autoridades centrales y del gobernador de Córdoba. Para eso, hemos trabajado con material existente en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba y diversa documentación editada referida al Congreso de Tucumán