206 resultados para CONCRIPCION MILITAR
Resumo:
En el período comprendido entre 1976 y 1983, se estima que una cantidad superior a 500 mujeres fueron secuestradas en estado de gravidez, es decir que éste sería el número aproximado de niños nacidos en cautiverio durante el periodo mencionado, de los cuales una gran cantidad fueron apropiados (Duhalde, 1993). Siguiendo los desarrollos de Daniel Feierstein, podemos decir que la apropiación de niños formó parte de una práctica social genocida. Tomamos la definición que la precisa como '(...) aquella tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento de una fracción relevante (sea por su número o por los efectos de sus prácticas) de dicha sociedad y del uso del terror, producto del aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios' (Feierstein et al, 2011: 83). Es decir que la peculiaridad de la figura de genocidio reside en que se propone tanto la destrucción de un grupo como tal (y no sólo de los individuos que lo conforman) como la supresión de su dimensión identitaria. El problema de la apropiación de niños durante la última dictadura militar ha sido estudiado por distintos autores desde diversas perspectivas teóricas. Su particularidad reside en que se trató de una práctica sistemática de sustracción de los hijos de los desaparecidos llevada a cabo por el Estado. A su vez, esta práctica fue acompañada por la sustitución de la identidad de los hijos de los desaparecidos, sostenida por el ocultamiento deliberado del verdadero origen de los niños apropiados. La restitución la comprendemos como un proceso en el que se conjugan aspectos psicológicos, sociales y jurídicos. Centramos nuestro interés en la restitución identitaria, situándola como un punto de ruptura que marca un antes y un después, a partir del cual se resignifica toda la historia subjetiva previa y se elabora una nueva visión sobre el futuro. Partimos entonces de la hipótesis de que el tomar conocimiento de la apropiación y de la existencia de una historia de vida radicalmente diferente de la conocida debe constituir un acontecimiento que introduce modificaciones tan enormes como bruscas, conmoviendo los cimientos de la construcción identitaria
Resumo:
Del larguísimo conflicto armado interno guatemalteco (1962-1996) sólo un breve período de tiempo concentra los índices más altos de violencia política desplegados por las fuerzas represivas estatales. Este período de tiempo corresponde al gobierno de un militar democráticamente electo (Fernando Romeo Lucas García, 1978-1982) y a las dictaduras encabezadas por José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1985). A nuestro juicio, la comparación de las experiencias represivas latinoamericanas (1964-1990) nos puede dar claves para identificar variables independientes que sirvan para explicar patrones o acontecimientos comunes o contrastantes. Para poder hacerlas comparables hemos utilizado una unidad equivalente, el concepto de dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, como concepto históricamente referido y diferenciado de otras experiencias dictatoriales. Nuestra hipótesis general es que durante el período 1982-1985 se constituyó en Guatemala una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas fundacional de características notablemente similares a las vistas en el Cono Sur. El objetivo de este artículo en particular es principalmente pedagógico: mostrar algunas de las características similares de esa última dictadura militar guatemalteca (1982-1985) en lo que respecta a las formas de legitimación. Trabajaremos algunas poquísimas dimensiones como la legitimidad de origen, la forma de organización del ejercicio del poder político y la legitimidad de ejercicio
Resumo:
El trabajo reconstruye el proceso de equipamiento institucional de la campaña sur de Mendoza durante el proceso revolucionario. Focaliza la atención en la trama de funcionarios designados para la villa de San Carlos y el Valle de Uco, con el objetivo de mostrar las articulaciones entre justicia de proximidad, gobierno político-militar y construcción de la legitimidad. La hipótesis es que las propias características de un espacio de frontera se complejizaron en el contexto de guerra, atravesaron la territorialización de este ámbito de la jurisdicción mendocina al hacer que la solución de la cuestión de la distancia tuviera un rol clave en las estrategias para gobernarlo
Resumo:
La dictadura uruguaya (1973-1985) se caracterizó, en el contexto del Plan Cóndor, por una amplia red de espacios represivos y por su variedad tipológica, pues fue el país del mundo con la ratio más alta de presos políticos. Encontramos cárceles, cárceles políticas -establecimientos militares de reclusión en la terminología militar-, centros de detención y centros clandestinos de detención. Precisamente el Establecimiento Militar de Reclusión (EMR) No 2 (cárcel política de mujeres de Punta Rieles) se situó en un barrio periférico de Montevideo, de tradición obrera y tremendamente castigado desde la dictadura hasta momentos actuales. Esta cárcel política no sólo tuvo consecuencias en las reclusas sino que profundizó la estigmatización de un barrio que se estaba empobreciendo a gran velocidad. A partir del año 2000 comenzó un proceso colectivo por parte de las ex-presas y de los vecinos para reconvertir aquellos edificios en un lugar de memoria y en un centro social para el barrio. Este proceso se vio frustrado en el año 2011 al decidir el gobierno del Frente Amplio volver a utilizar el antiguo edificio como cárcel. Recientemente se ha instalado una "Marca de la Memoria" en el lugar. Este caso ejemplifica perfectamente el triunfo de un tipo de memoria en Uruguay, la de la marca-monumento, que separa pasado y presente, sobre la de la marca-proyecto, que articula las luchas políticas pasadas como fundamento e inspiración de las presentes
Resumo:
El presente artículo analiza la conflictividad política en La Rioja a partir del "movimiento de pueblo", encabezado por Javier Villafañe en abril de 1816, y que buscaba reemplazar al Gobernador Ramón Brizuela y Doria. Estos sucesos, que tuvieron lugar en simultáneo al inicio de las sesiones del Congreso de Tucumán, estuvieron vinculados a la expansión de las ideas federales y autonomistas en el interior de las Provincias Unidas y a las disputas que se produjeron en torno a la organización política del nuevo estado y en torno quien debía asumir la conducción del proceso revolucionario. Nos aproximamos a esta cuestión a partir del análisis de la documentación que generó la comisión del teniente coronel Alejandro Heredia, designado para restablecer el orden en La Rioja, pero también, a partir del análisis de las intervenciones de las autoridades centrales y del gobernador de Córdoba. Para eso, hemos trabajado con material existente en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba y diversa documentación editada referida al Congreso de Tucumán
Resumo:
La dictadura uruguaya (1973-1985) se caracterizó, en el contexto del Plan Cóndor, por una amplia red de espacios represivos y por su variedad tipológica, pues fue el país del mundo con la ratio más alta de presos políticos. Encontramos cárceles, cárceles políticas -establecimientos militares de reclusión en la terminología militar-, centros de detención y centros clandestinos de detención. Precisamente el Establecimiento Militar de Reclusión (EMR) No 2 (cárcel política de mujeres de Punta Rieles) se situó en un barrio periférico de Montevideo, de tradición obrera y tremendamente castigado desde la dictadura hasta momentos actuales. Esta cárcel política no sólo tuvo consecuencias en las reclusas sino que profundizó la estigmatización de un barrio que se estaba empobreciendo a gran velocidad. A partir del año 2000 comenzó un proceso colectivo por parte de las ex-presas y de los vecinos para reconvertir aquellos edificios en un lugar de memoria y en un centro social para el barrio. Este proceso se vio frustrado en el año 2011 al decidir el gobierno del Frente Amplio volver a utilizar el antiguo edificio como cárcel. Recientemente se ha instalado una "Marca de la Memoria" en el lugar. Este caso ejemplifica perfectamente el triunfo de un tipo de memoria en Uruguay, la de la marca-monumento, que separa pasado y presente, sobre la de la marca-proyecto, que articula las luchas políticas pasadas como fundamento e inspiración de las presentes
Resumo:
El presente artículo analiza la conflictividad política en La Rioja a partir del "movimiento de pueblo", encabezado por Javier Villafañe en abril de 1816, y que buscaba reemplazar al Gobernador Ramón Brizuela y Doria. Estos sucesos, que tuvieron lugar en simultáneo al inicio de las sesiones del Congreso de Tucumán, estuvieron vinculados a la expansión de las ideas federales y autonomistas en el interior de las Provincias Unidas y a las disputas que se produjeron en torno a la organización política del nuevo estado y en torno quien debía asumir la conducción del proceso revolucionario. Nos aproximamos a esta cuestión a partir del análisis de la documentación que generó la comisión del teniente coronel Alejandro Heredia, designado para restablecer el orden en La Rioja, pero también, a partir del análisis de las intervenciones de las autoridades centrales y del gobernador de Córdoba. Para eso, hemos trabajado con material existente en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba y diversa documentación editada referida al Congreso de Tucumán
Resumo:
Fil: Moreno, José Eduardo. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.
