160 resultados para Años 80 y 90


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Partiendo de comprender la centralidad que adquiere la adopción, por parte de las estructuras estatales (en este caso las regionales), de la capacidad para penetrar en la sociedad y desarrollar un alto poder operativo a partir de nutrirse de las energías, conocimientos y recursos de esta. Realizamos un estudio sobre la existencia y calidad de esta que denominamos capacidad infraestructural, dentro de oficinas estratégicamente prioritarias del Estado provincial de Santa Fe, durante la década del ?90. Sobre estas oficinas, seleccionadas por encontrarse directamente vinculadas a la producción e implementación de políticas de desarrollo del sistema productivo industrial regional, veremos primero aquellas estrategias de vinculación encaradas por el Estado regional hacia la sociedad, evaluando dentro de los programas que implementa para ello, la existencia de instancias de participación conjunta con los actores territoriales directamente implicados, ya sea dentro de los objetivos originalmente formulados o como resultado de su desarrollo. Luego de esta mirada hacia el actor estatal, consideraremos al enraizamiento desde la visión de los propios actores institucionales y socioeconómicos implicados en las acciones más significativas realizadas por el Estado regional. Allí indagaremos especialmente el modo en que los actores territoriales perciben a los procesos de involucramiento y el impacto de las políticas encaradas, para la creación de condiciones institucionales y económicas favorables, verificando si estos actores reconocen en ellas un mecanismo de participación y actuación conjunta con el Estado

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Los derechos sexuales y reproductivos como temática de debate en la agenda pública de nuestro país cobran visibilidad recién a mediados de la década del '90. La ausencia de políticas en esta materia se debió por un lado, a la férrea oposición de la Iglesia Católica a la regulación de la fecundidad, por otro lado, a la ideología pro natalista que ha primado en el Estado desde su conformación hasta la reinstauración democrática en la década de los '80. El propósito de este trabajo es analizar el proceso en cual el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se definió como política pública, identificando los actores involucrados, sus tomas de posición y estrategias de acción desplegadas en el transcurso de dicho proceso, enfatizando en la acción de los poderes del Estado. Este trabajo es resultado del análisis de diversas fuentes, entre ellas: la Ley Nacional 25673/2002 de Salud Sexual y Procreación Responsable y el decreto que la reglamenta, las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, el documento base del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, material de prensa y bibliográfico sobre la temática. Se concluye, que la ley sancionada es un herramienta válida para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la presión ejercida por la Iglesia sobre el poder político haya logrado limitar los alcances de la misma. La puesta en marcha del Programa ha abierto nuevos interrogantes, nuevos debates y nuevos enfrentamientos entrelos sectores que dentro y fuera del gobierno apoyan el Programa y las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la sociedad

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Partiendo de comprender la centralidad que adquiere la adopción, por parte de las estructuras estatales (en este caso las regionales), de la capacidad para penetrar en la sociedad y desarrollar un alto poder operativo a partir de nutrirse de las energías, conocimientos y recursos de esta. Realizamos un estudio sobre la existencia y calidad de esta que denominamos capacidad infraestructural, dentro de oficinas estratégicamente prioritarias del Estado provincial de Santa Fe, durante la década del ?90. Sobre estas oficinas, seleccionadas por encontrarse directamente vinculadas a la producción e implementación de políticas de desarrollo del sistema productivo industrial regional, veremos primero aquellas estrategias de vinculación encaradas por el Estado regional hacia la sociedad, evaluando dentro de los programas que implementa para ello, la existencia de instancias de participación conjunta con los actores territoriales directamente implicados, ya sea dentro de los objetivos originalmente formulados o como resultado de su desarrollo. Luego de esta mirada hacia el actor estatal, consideraremos al enraizamiento desde la visión de los propios actores institucionales y socioeconómicos implicados en las acciones más significativas realizadas por el Estado regional. Allí indagaremos especialmente el modo en que los actores territoriales perciben a los procesos de involucramiento y el impacto de las políticas encaradas, para la creación de condiciones institucionales y económicas favorables, verificando si estos actores reconocen en ellas un mecanismo de participación y actuación conjunta con el Estado

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Los derechos sexuales y reproductivos como temática de debate en la agenda pública de nuestro país cobran visibilidad recién a mediados de la década del '90. La ausencia de políticas en esta materia se debió por un lado, a la férrea oposición de la Iglesia Católica a la regulación de la fecundidad, por otro lado, a la ideología pro natalista que ha primado en el Estado desde su conformación hasta la reinstauración democrática en la década de los '80. El propósito de este trabajo es analizar el proceso en cual el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se definió como política pública, identificando los actores involucrados, sus tomas de posición y estrategias de acción desplegadas en el transcurso de dicho proceso, enfatizando en la acción de los poderes del Estado. Este trabajo es resultado del análisis de diversas fuentes, entre ellas: la Ley Nacional 25673/2002 de Salud Sexual y Procreación Responsable y el decreto que la reglamenta, las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, el documento base del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, material de prensa y bibliográfico sobre la temática. Se concluye, que la ley sancionada es un herramienta válida para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la presión ejercida por la Iglesia sobre el poder político haya logrado limitar los alcances de la misma. La puesta en marcha del Programa ha abierto nuevos interrogantes, nuevos debates y nuevos enfrentamientos entrelos sectores que dentro y fuera del gobierno apoyan el Programa y las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la sociedad

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Los derechos sexuales y reproductivos como temática de debate en la agenda pública de nuestro país cobran visibilidad recién a mediados de la década del '90. La ausencia de políticas en esta materia se debió por un lado, a la férrea oposición de la Iglesia Católica a la regulación de la fecundidad, por otro lado, a la ideología pro natalista que ha primado en el Estado desde su conformación hasta la reinstauración democrática en la década de los '80. El propósito de este trabajo es analizar el proceso en cual el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se definió como política pública, identificando los actores involucrados, sus tomas de posición y estrategias de acción desplegadas en el transcurso de dicho proceso, enfatizando en la acción de los poderes del Estado. Este trabajo es resultado del análisis de diversas fuentes, entre ellas: la Ley Nacional 25673/2002 de Salud Sexual y Procreación Responsable y el decreto que la reglamenta, las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, el documento base del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, material de prensa y bibliográfico sobre la temática. Se concluye, que la ley sancionada es un herramienta válida para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la presión ejercida por la Iglesia sobre el poder político haya logrado limitar los alcances de la misma. La puesta en marcha del Programa ha abierto nuevos interrogantes, nuevos debates y nuevos enfrentamientos entrelos sectores que dentro y fuera del gobierno apoyan el Programa y las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la sociedad

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Fil: Cuesta, Carolina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET); Argentina.