Declaración pública por el derecho a la salud de las mujeres por la interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas en Chile

MILES–Chile en este 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, hace un llamado urgente a la sociedad chilena como un imperativo humanitario velar por la salud de las mujeres. No se trata de imponer sino de que las mujeres y sus más cercanos tengan la posibilidad de optar frente a circunstancias tan difíciles como un problema grave de salud, una inviabilidad fetal y en caso de violación

Proyecto de Ley. Interrupción legal de embarazo por razones terapéuticas.

Este proyecto tiene por objeto mejorar la actual situación de las mujeres chilenas, a quienes se castiga penalmente por interrumpir su embarazo, en cualquier circunstancia, sin que se medien excepciones justificadas para su realización. Es por ello que, como ciudadanas y ciudadanos, consideramos indispensable la legalización de la interrupción del embarazo, con tres causales específicas: Patologías relevantes de la mujer que hagan peligrar su vida y salud; Malformaciones fetales congénitas incompatibles con la vida extrauterina; Por agresión sexual.

Lo que cuentan las mujeres. Vivencias y trayectorias terapéuticas de usuarias de los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Montevideo, Cerro Largo y Paysandú.

En el último año, Uruguay se ha posicionado a la vanguardia garantizando ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, al aprobar una ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). A más de un año del inicio de la implementación de estos servicios, este reporte presenta los hallazgos de una investigación realizada por Médicos del Mundo Francia en Uruguay, que pretende relevar las vivencias y las trayectorias de las mujeres usuarias de los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) y la prestación de IVE que se brinda a través de este servicio.

El aborto terapéutico en el Perú

El aborto está penalizado en nuestro país, con excepción del que se practica por razones terapéuticas. Sin embargo, la desproporción entre el número de abortos que se producen –el último estudio estimado de Delicia Ferrando habla de 410,000 al año1[2]-, aquellos que son denunciados y, los que terminan en procesos judiciales, revela que si bien la práctica del aborto es ilegal, la sociedad, con su silencio, parece ampararla y de esa manera, tolerar la muerte de miles de mujeres por esa causa. Desde el Derecho Penal y los estudios de criminología se puede afirmar que las leyes penalizadoras no han cumplido con su finalidad de prevención específica ni general2, es decir, la amenaza de una posible sanción no ha logrado inhibir la práctica del aborto, sino más bien, se ha convertido en una forma de ejercer violencia contra las mujeres en múltiples planos. Ello se manifiesta en el incremento de las muertes maternas y en los altos costos que la atención de abortos incompletos y de los problemas derivados de su práctica clandestina representan para los servicios de salud. En este sentido, es válido y pertinente considerar al aborto como un problema de salud pública.