4 resultados para Publicaciones de libre acceso
em RepoCLACAI - Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro
Resumo:
Presentado en la Conferencia BIREDIAL. Bibliotecas y Repositorios Digitales: Gestión del conocimiento, acceso abierto y visibilidad latinoamericana. Bogotá, 9 al 11 de Mayo 2011.
Resumo:
Presentado en IV Reunión de investigación sobre embarazo no deseado y aborto inseguro. Desafíos de salud pública en América Latina y el Caribe México, D.F., octubre 18 al 20, 2011
Resumo:
Desde sus inicios, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) viene abogando por la implementación de una guía práctica clínica o protocolo para la atención de mujeres que necesitan y solicitan un aborto terapéutico, el único legal en el Perú. Para el Centro, es trascendental que las mujeres cuyos embarazos constituyen un riesgo para su vida o salud accedan al servicio de aborto terapéutico para evitar el efecto adverso en el caso de acudir a servicios de aborto clandestino e inseguro en perjuicio de sus vidas. Siendo las mujeres de escasos recursos económicos las que en su mayoría concurren a los centros de salud del Estado, este ente se encuentra obligado a regular su acceso para así garantizar derechos de una parte de la población que históricamente es excluida.
Resumo:
En el Perú, el aborto terapéutico es legal desde 1924, en que fue incorporado en el Código Penal y se mantiene hasta la actualidad como la única forma de interrupción del embarazo permitida en nuestro país. Sin embargo el acceso a esta práctica en los servicios públicos de salud no ha sido fácil para las mujeres debido a la inexistencia de un protocolo o guía práctica clínica para la atención en casos de aborto terapéutico que la sustente. Las normas, guías y protocolos del Ministerio de Salud sobre salud sexual y reproductiva vigentes no aluden a la atención del aborto terapéutico. Este vacío limita el derecho de las mujeres peruanas a acceder a un servicio que puede salvar su vida y preservar su salud integral, y por otro lado, corta la posibilidad de que las y los profesionales de la salud cuenten con estándares mínimos que sustenten su actuación. Por la penalización que pesa sobre el aborto en general, la inexistencia de normas claras y la insuficiente información sobre la legalidad del aborto terapéutico, las y los profesionales de la salud suelen negarse a recibir estos últimos casos, ya que temen ser sancionados. Y cuando atienden una interrupción legal del embarazo, muchas veces optan por no reportarla como tal, lo que genera un subregistro que minimiza u oculta esta situación que vulnera profundamente los derechos de las mujeres y afecta el adecuado desempeño de los médicos y médicas. El desarrollo que tuvo el caso de KL, adolescente de 17 años a quien el 2001 se le negó la interrupción legal del embarazo que solicitaba por gestar un feto anencefálico, ha contribuido sin duda a visibilizar la problemática que genera la ausencia de un protocolo nacional para la atención del aborto terapéutico.