Guía para difundir y promover el modelo de reducción de daños y riesgos frente al aborto provocado en condiciones de riesgo

La IPPF lucha por garantizar el acceso a los servicios de atención integral del aborto, como parte de un paquete integrado de salud sexual y reproductiva. Este manual fue desarrollado a fin de brindar apoyo a las clínicas de las Asociaciones Miembros, para que estén en condiciones de prestar servicios de aborto y de anticoncepción de alta calidad. El manual amplia el conjunto de herramientas que actualmente utiliza la IPPF para evaluar la calidad de la atención. Dichas herramientas se basan en los valores fundamentales de la Federación: defender los derechos de las usuarias y respaldar las necesidades de los prestadores. El presente manual incluye una serie de guías y herramientas para establecer y administrar clínicas, monitorear la calidad de la atención que estas brindan y evaluar su desempeño.

Aborto terapéutico: El camino recorrido por el acceso a un derecho 2007-2011

En el Perú, el aborto terapéutico es legal desde 1924, en que fue incorporado en el Código Penal y se mantiene hasta la actualidad como la única forma de interrupción del embarazo permitida en nuestro país. Sin embargo el acceso a esta práctica en los servicios públicos de salud no ha sido fácil para las mujeres debido a la inexistencia de un protocolo o guía práctica clínica para la atención en casos de aborto terapéutico que la sustente. Las normas, guías y protocolos del Ministerio de Salud sobre salud sexual y reproductiva vigentes no aluden a la atención del aborto terapéutico. Este vacío limita el derecho de las mujeres peruanas a acceder a un servicio que puede salvar su vida y preservar su salud integral, y por otro lado, corta la posibilidad de que las y los profesionales de la salud cuenten con estándares mínimos que sustenten su actuación. Por la penalización que pesa sobre el aborto en general, la inexistencia de normas claras y la insuficiente información sobre la legalidad del aborto terapéutico, las y los profesionales de la salud suelen negarse a recibir estos últimos casos, ya que temen ser sancionados. Y cuando atienden una interrupción legal del embarazo, muchas veces optan por no reportarla como tal, lo que genera un subregistro que minimiza u oculta esta situación que vulnera profundamente los derechos de las mujeres y afecta el adecuado desempeño de los médicos y médicas. El desarrollo que tuvo el caso de KL, adolescente de 17 años a quien el 2001 se le negó la interrupción legal del embarazo que solicitaba por gestar un feto anencefálico, ha contribuido sin duda a visibilizar la problemática que genera la ausencia de un protocolo nacional para la atención del aborto terapéutico.