Comunicado de Prensa: Ante la reciente aprobación del Proyecto sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados

Este logro alcanzado con la aprobación del proyecto de Ley en Diputados redobla nuestro compromiso con la salud de las mujeres y genera nuevos desafíos. Con la certeza de que los profesionales podemos ser agentes de cambio de las políticas públicas y sociales, seguiremos trabajando para continuar avanzando en los derechos sexuales y reproductivos.

Aborto en Uruguay. Debate en cámara de diputados

http://www.mysu.org.uy/IMG/pdf/hoja-informativa-2.pdf

Ley 25.673/02: Créase el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el ámbito del Ministerio de Salud

Serán objetivos de este programa: a) Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia; b) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil; c) Prevenir embarazos no deseados; d) Promover la salud sexual de los adolescentes; e) Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de vih/sida y patologías genital y mamarias; f) Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable; g) Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.

Ley 26.529/09: Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud

http://www.ms.gba.gov.ar/ssps/Residencias/biblio_12/pdf%20Comun/ley_26529_salud_publica.pdf

Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Argentina

La Ley implementa medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y brindar asistencia integral a sus víctimas, desde un abordaje integral y multidisciplinario. Principalmente, tiene por objeto promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; el acceso a la justicia; y la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.