Muerte materna y aborto terapéutico: Violación de derechos

Póster presentado en la Primera Conferencia Latinoamericana Prevención y Atención del Aborto Inseguro. Lima, Perú, 29 y 30 de junio de 2009.

Un derecho negado, una responsabilidad eludida. Comportamiento del Estado Peruano frente al Aborto terapéutico

International Planned Parenhood Federation Región del Hemisferio Occidental

Validez constitucional del aborto terapéutico en el ordenamiento jurídico peruano

Planned Parenthood Federation of America, Inc. International

No a la penalización del aborto terapéutico

Esto es parte de una campaña de videos que busca desafiar la prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua.

Campaña cuentanos tu historia - Aborto terapéutico, resumen final

La campaña 28 de mayo, por la salud de las mujeres, anualmente convoca a entidades que luchan por disminuir la muerte materna a nivel nacional. En el año 2008 la campaña tuvo como objetivo que las mujeres tuvieran un espacio virtual para contar sus historias en torno al aborto y la necesidad de protocolizar el aborto terapéutico en las instituciones de salud.

Espacio Compartido - Aborto Terapéutico

Entrevista con Rossina Guerrero, directora de PROMSEX

Estado peruano indemnizará a joven por no realizar aborto terapéutico

Fuente: A primera hora

Aborto terapéutico, derecho a decidir

Fuente: Punto Final, Frecuencia Latina

Campaña por la despenalización del aborto terapéutico en Chile

CLACAI. Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro

El aborto terapéutico en el Perú

El aborto está penalizado en nuestro país, con excepción del que se practica por razones terapéuticas. Sin embargo, la desproporción entre el número de abortos que se producen –el último estudio estimado de Delicia Ferrando habla de 410,000 al año1[2]-, aquellos que son denunciados y, los que terminan en procesos judiciales, revela que si bien la práctica del aborto es ilegal, la sociedad, con su silencio, parece ampararla y de esa manera, tolerar la muerte de miles de mujeres por esa causa. Desde el Derecho Penal y los estudios de criminología se puede afirmar que las leyes penalizadoras no han cumplido con su finalidad de prevención específica ni general2, es decir, la amenaza de una posible sanción no ha logrado inhibir la práctica del aborto, sino más bien, se ha convertido en una forma de ejercer violencia contra las mujeres en múltiples planos. Ello se manifiesta en el incremento de las muertes maternas y en los altos costos que la atención de abortos incompletos y de los problemas derivados de su práctica clandestina representan para los servicios de salud. En este sentido, es válido y pertinente considerar al aborto como un problema de salud pública.