19 resultados para Ley de víctimas


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La última dictadura militar argentina dejó en el pueblo no sólo miedo sino también una larga lista de desaparecidos. Con el fin de indagar el destino de estas personas, el 15 de diciembre de 1983 se formó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) la cual concluyó su trabajo el 20 de setiembre de 1984 con la elaboración de un informe llamado "Nunca más". En Mendoza se recibieron más de 100 declaraciones, pero fue el testimonio de un ex oficial de la Policía Federal, Delegación Mendoza, la que abre el Legajo Nº 7746. En tal declaración se afirma que la Policía Federal de nuestra provincia realizó numeroso operativos, atentados, secuestros, torturas, asesinatos y robos. "7746 Legajo Conadep" constituye un nuevo elemento para que la Justicia Federal de Mendoza juzgue a los culpables del mayor genocidio de la provincia.

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Fil: Femenía, Francisco. Comisión Interinstitucional de Educación de Posgrado en Medicina

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La lógica del mercado y al cambio de modelo de desarrollo en América Latina, en el intento de poder competir a nivel mundial, ha agudizado las disparidades y el deterioro ambiental. La presión que ejercen las grandes empresas y ciertos grupos con poder, el enquistamiento de una estructura administrativa que puja por mantener esquemas tradicionales ya perimidos y la falta de planificación impiden atender uno de los problemas claves que plantea la economía en el territorio, el de la concentración y los desequilibrios territoriales. Surge entonces el Ordenamiento Territorial como alternativa válida para atenuar estos procesos y dar respuesta a la sociedad. El caso que se presenta pone en el tapete muchos de estos temas que hoy preocupan y puede servir como experiencia transferible y aplicable a otras realidades que buscan consolidar un desarrollo local sustentable. El ante-proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo para la provincia de Mendoza, República Argentina, es un instrumento elaborado en el año 2006 por el sector académico-científico que desde una visión interdisciplinaria incorpora fundamentos técnicos y aportes de los actores sociales involucrados. La metodología aplicada permite consensuar por la sociedad en su conjunto los principios que sustentan la Ley, determinar la aplicación de ciertos instrumentos para efectivizar acciones en el territorio y definir una forma innovadora de hacer política, gestionar y planificar el uso del suelo. La propuesta considera al Ordenamiento Territorial como una política de Estado que debe propiciar condiciones de gobernabilidad. Sus principios y normas priorizan la equidad y el bienestar general por encima de los intereses particulares así como también el respeto de los valores y costumbres de la sociedad. Surge de un proceso participativo y sus principios y fines responden a los problemas actuales. Incorpora una serie de instrumentos debidamente jerarquizados conforme a las competencias jurisdiccionales y existencia de distintas escalas geográficas, como también, instrumentos jurídicos y prácticas administrativas innovadoras que permiten la resolución de conflictos territoriales. Identifica además recursos financieros para implementarla y prioriza el fortalecimiento de los mecanismos de control para un funcionamiento más ágil y eficaz de la gestión pública. Sin embargo existen riesgos vinculados a la voluntad política y el poder económico que pueden impedir que esta utopía se transforme en realidad. Solo la participación social es la que puede lograr vencer los intereses en juego y conseguir la aprobación de la Ley. Si esto se consigue se habrá dado un paso muy importante a ser imitado, sin lugar a dudas, en otros lugares de Argentina y América Latina.

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Nuestro trabajo tiene como objetivo aplicar conceptos de la teoría de los sistemas complejos y herramientas del análisis de redes sociales para describir y analizar el surgimiento y la evolución de una red social conformada por científicos, docentes, graduados y funcionarios públicos de diferentes organismos científicos y académicos, que crearon y participaron de un equipo multidisciplinario que elaboró un informe sobre un proyecto de ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de la provincia de Mendoza en el año 2006. Para la compresión de la evolución del proceso de elaboración del proyecto de ley de ordenamiento territorial y de usos del suelo, organizaremos la estructura del trabajo de la siguiente manera: - Primero aplicaremos aspectos teóricos y metodológicos, basados en la sistematización realizada por Rolando García en su libro “Sistemas Complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria", para realizar el recorte del sistema objeto de estudio. - En segundo lugar utilizaremos la Teoría de Análisis de Redes Sociales para describir la composición y estructura del sistema (nodos y vínculos) en cada momento. La estructura del sistema en cada momento significativo será graficada por medio el Software Ucinet 6 y NetDraw. - Por último, haremos referencia a las dificultades que tuvo el proceso desde el punto de vista de las condicionalidades que generaban los modelos mentales que portaban los participantes.

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La ley 8051 de Ordenamiento Territorial representa una profunda innovación institucional en la provincia de Mendoza. Actualmente esta ley se encuentra en la etapa de su implementación, que está demorada. El objetivo de la investigación es demostrar mediante una metodología cualitativa y hermenéutica cuales serían los obstáculos e inconvenientes que subyacen a esta etapa actual de la ley, ya que hemos encontrado insuficientes respuestas al problema. Mediante la contextualización geopolítica mundial y nacional en la cual se encuentra la estructura productiva mendocina podemos problematizar la implementación de la ley desde una teoría política que directamente aborda la cuestión del conflicto político dentro del Estado de Derecho. Finalmente, los resultados de nuestra investigación indican que la ley 8051 no es una simple ley de orden técnico sin implicancias político-económicas sino más bien lo contrario, la ley 8051 sería para nosotros una práctica contrahegemónica de la comunidad científico-técnica provincial contra la emergencia de la reelaboración en ciernes del neoliberalismo a manos de la elite económica local.

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El año 2009 significó para Argentina un momento de discusiones que provocaron interpelaciones al sistema democrático. Después 26 años de recuperada la democracia, el Estado modificó la dictatorial legislación que regula los servicios de comunicación audiovisuales. Esto implica una ampliación de la democratización del sistema de medios, tanto en las voces presentes, como en los autorizados para su uso y explotación. Esta nueva legislación permite que más y diversos sujetos puedan hacer uso de su derecho a comunicar y obliga a los oligopolios de la comunicación a ceder parte de sus licencias, de ahí las presiones económicas para frenar la nueva norma.

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En base al modelo teórico metodológico de la intencionalidad editorial, que sostiene que el periodismo es objetivo (en tanto remite a fuentes), y parcial (toma de posición), analizamos la cobertura realizada por los diarios Los Andes y UNO sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La hipótesis fue que los diarios locales construyeron, a través de piezas periodísticas, un sentido común que respondió a sus intereses corporativos en detrimento del derecho humano a la comunicación. El análisis consistió en un observatorio de medios que combinó metodología cuantitativa y cualitativa, desde el 27 de agosto al 11 de octubre de 2009.

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La justicia penal adolescente es un sistema de administración judicial que extiende los derechos y garantías del debido proceso a los adolescentes a quienes se acuse de haber participado en la comisión de una infracción a la ley penal. Se podría decir que las finalidades de la justicia penal juvenil, por orden de importancia son: Administrar justicia de forma democrática. Fomentando la responsabilización del adolescente que ha cometido una infracción penal; promoviendo su integración social y favoreciendo la participación de la comunidad en el proceso de reinserción social, mediante la oferta de servicios y programas para el cumplimiento de medidas socio-educativas. Cabe preguntarse ¿Las instituciones correccionales son coadyuvantes en la reinserción de los jóvenes en conflicto con la ley de tal modo que no vuelvan a confrontar con el orden jurídico vigente cuando egresen? La respuesta es muy compleja porque si bien desde la situación de las instituciones el aislamiento que sufre el joven no les da defensas para poder cambiar sus circunstancias de vida a la hora de reingresar a la sociedad y esto lleva a una alta probabilidad de volver a delinquir. Sin embargo las Ciencias Sociales plantean otras alternativa para logran la inserción de los jóvenes, una de ellas, se inclina a la estimulación de la resiliencia. Esta implica: sobreponerse a las dificultades y tener éxito a pesar de estar expuestos a situaciones de alto riesgo; mantener la competencia bajo presión, esto significa adaptarse con éxito y recuperarse de un trauma ajustándose de forma exitosa a los acontecimientos negativos de la vida.

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El presente trabajo pretende analizar las modificaciones de la Ley Penal Tributaria 24.769, a partir de la sanción, en el año 2011, de la Ley 26.735. Así como también la responsabilidad del actuar profesional del contador, conforme lo que establece la ley. Para poder comprender mejor dichas modificaciones, se comienza haciendo referencia a aquellos conceptos propios y básicos del derecho penal. Si bien este contenido es propiamente jurídico, para nuestra profesión de contadores, se considera necesario desarrollarlo para una mejor comprensión del contenido de cada artículo de la Ley Penal Tributaria. Se incluyen conceptos como el de delito; su tipificación en las normas; el dolo o culpa que puede haber en el delito cometido. Así como también principios y garantías que nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional, nos asegura; entre otros temas. Luego se explica cómo fue cronológicamente la modificación de la Ley Penal Tributaria desde la primera ley sancionada hasta la que rige actualmente. Y para entender las modificaciones, se analiza más detenidamente cuatro de los artículos modificados de la ley 24.769. Se procedió de esta manera, para poder darle una mayor explicación a aquellos delitos, que son los que más se suelen presentar. Estos delitos son los de evasión simple y agravada; tanto en lo impositivo como en el aspecto previsional. Por último se hace referencia a la responsabilidad del contador desde este punto de vista penal-tributario. Este tema es muy importante para los contadores, porque muchas veces no asumimos el riesgo que corremos al ejercer nuestra profesión, si la misma no se ejerce con cuidado y profesionalismo. Hay que saber trabajar con buenos papeles de trabajo que respalden nuestra tarea. Puede ocurrir que terminemos siendo cómplices de un delito de manera intencional, o simplemente porque llevamos a cabo la tarea que fue necesaria para cometer el delito, sin tener la intención de hacerlo. Entonces es necesario, que el profesional, tenga presente en su actuar de la existencia de esta ley.

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A lo largo de esta investigación se ha tratado de describir cómo ciertos discursos de verdad que operan en el marco de la ley 22.278/22.803, construyen un nuevo tipo de subjetividad en torno a los adolescentes que ingresan al sistema penal de menores imputados por la comisión de un delito. Describir a grandes rasgos el proceso de formación de ese nuevo tipo de subjetividad y comprender su existencia en el marco de la gubernamentalidad neoliberal ha constituido el principal objetivo. Se pretendió señalar cuáles han sido las condiciones de aparición, de continuidad, de variación de esas prácticas discursivas, para así poder comprender sus condiciones externas de posibilidad.

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Esta investigación no es la primera en lo que hace al modo de construcción de consenso en la gestión del ex presidente Néstor Kirchner y en la de la presidente Cristina Fernández, ya que es un tema muy controvertido que actualmente reúne posturas tanto a favor, como en contra. El objetivo propuesto es detectar y analizar los principales mecanismos de construcción de consenso utilizados en el proceso de sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, y en el de la ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, sancionadas en 2009.

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El presente trabajo se realiza en relación a la problemática de los adolescentes, la violencia y el delito en nuestra sociedad, específicamente interesa abordar una problemática que involucra a adolescentes infractores de la ley insertos en el Programa Unidad de Medidas Alternativas (en adelante U.M.A.) del Valle de Uco de Mendoza. Lo que lleva a trabajar en este tema es poder analizar la problemática del adolescente desde un enfoque distinto, interpretativo e integral. La participación de los jóvenes en hechos delictivos se plantea hoy como un problema de gran connotación social y son muchos los debates que giran en torno a dicha problemática. Los hechos de inseguridad en donde los protagonistas son los adolescentes ocupan un lugar importante en la agenda política y de las políticas públicas. Sin embargo, la vigencia de discursos positivistas y represivos – de corte retributivos, del castigo por el castigo mismo- se ponen a la orden del día, constituyéndose en políticas de estado que poco tienen que ver con solucionar el problema de raíz, menos aún en los contextos rurales. Por otra parte, la motivación a dicho trabajo, se contextualiza en la necesidad de realizar un aporte teórico metodológico a la temática, desarrollando y describiendo a los adolescentes en conflicto con la ley como “un fenómeno social", pertenecientes a familias transgresoras, tradicionales y vulnerables, expuestas a factores de riesgos como inicio temprano en el consumo de drogas, vivir en lugares conflictivos, vulnerabilidad socioeconómica entre otras.

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El presente trabajo tiene el propósito de brindar nuevos elementos a los profesionales contadores para mejorar su desempeño en el ejercicio de su actividad. En este sentido se aborda el ámbito relacionado al procedimiento administrativo tributario nacional enmarcado en la Ley 11.683, y más puntualmente los artículos contenidos en el capítulo sexto: “Intereses, ilícitos y sanciones".