“Realidad o Utopía" : : ley de ordenamiento territorial

La lógica del mercado y al cambio de modelo de desarrollo en América Latina, en el intento de poder competir a nivel mundial, ha agudizado las disparidades y el deterioro ambiental. La presión que ejercen las grandes empresas y ciertos grupos con poder, el enquistamiento de una estructura administrativa que puja por mantener esquemas tradicionales ya perimidos y la falta de planificación impiden atender uno de los problemas claves que plantea la economía en el territorio, el de la concentración y los desequilibrios territoriales. Surge entonces el Ordenamiento Territorial como alternativa válida para atenuar estos procesos y dar respuesta a la sociedad. El caso que se presenta pone en el tapete muchos de estos temas que hoy preocupan y puede servir como experiencia transferible y aplicable a otras realidades que buscan consolidar un desarrollo local sustentable. El ante-proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo para la provincia de Mendoza, República Argentina, es un instrumento elaborado en el año 2006 por el sector académico-científico que desde una visión interdisciplinaria incorpora fundamentos técnicos y aportes de los actores sociales involucrados. La metodología aplicada permite consensuar por la sociedad en su conjunto los principios que sustentan la Ley, determinar la aplicación de ciertos instrumentos para efectivizar acciones en el territorio y definir una forma innovadora de hacer política, gestionar y planificar el uso del suelo. La propuesta considera al Ordenamiento Territorial como una política de Estado que debe propiciar condiciones de gobernabilidad. Sus principios y normas priorizan la equidad y el bienestar general por encima de los intereses particulares así como también el respeto de los valores y costumbres de la sociedad. Surge de un proceso participativo y sus principios y fines responden a los problemas actuales. Incorpora una serie de instrumentos debidamente jerarquizados conforme a las competencias jurisdiccionales y existencia de distintas escalas geográficas, como también, instrumentos jurídicos y prácticas administrativas innovadoras que permiten la resolución de conflictos territoriales. Identifica además recursos financieros para implementarla y prioriza el fortalecimiento de los mecanismos de control para un funcionamiento más ágil y eficaz de la gestión pública. Sin embargo existen riesgos vinculados a la voluntad política y el poder económico que pueden impedir que esta utopía se transforme en realidad. Solo la participación social es la que puede lograr vencer los intereses en juego y conseguir la aprobación de la Ley. Si esto se consigue se habrá dado un paso muy importante a ser imitado, sin lugar a dudas, en otros lugares de Argentina y América Latina.

Proceso de expansión urbana, actores y desigualdades

Este artículo busca analizar el proceso de expansión urbana de la ciudad de San Carlos de Bariloche, desde un enfoque de la especialidad y la temporalidad, con miras a comprender, desde sus lógicas de crecimiento, el actual contexto de profunda desigualdad urbana. Los distintos actores hegemónicos, los cuales fueron cambiando a lo largo del tiempo, han marcado el pulso de la urbanización, la expansión del ejido municipal y la aprobación de los loteos que contribuyeron a un crecimiento acelerado, descontrolado y especulativo. Entre ellos se destaca el Estado que desde distintas esferas instituciones, jurisdiccionales y funcionales, ostenta con determinado protagonismo su rol doble como agente y árbitro. Este estudio se ha realizado a partir de un profundo rastreo y análisis de fuentes documentales, muchas inéditas, vinculadas al desarrollo urbano barilochense, desde su fundación en 1902 hasta 2010. Así, con rupturas y continuidades, el crecimiento de esta ciudad media da cuenta de la notable importancia del estudio de los factores que definen modelos de desarrollo urbanos para comprender la complejidad del mosaico urbano actual y su posible mejoramiento.

Consentimiento informado

La profesión de odontólogo se ejerce a través de numerosos actos que requieren de la responsabilidad del profesional, relacionado con distintos problemas que ocurren en el quehacer diario en relación a la aprobación por parte del paciente. El consentimiento informado constituye un acto jurídico que debe reunir características propias.