Sólo con verdad y justicia habrá paz en sus almas...

Tras la extensa investigación de la Conadep, lo narrado por Cirella queda obstruido por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, promulgadas durante el gobierno de Menem. Sólo Cirella cumplió unos años de prisión pero solamente se lo condenó por robo. En Mendoza, los represores siguen libres e impunes.

Situación laboral de menores y mujeres

En nuestro país, el derecho laboral se caracteriza por ser un derecho dinámico y evolutivo, ligado íntimamente con el desarrollo social de un pueblo, una provincia o una nación. Si comparamos las leyes, derechos y herramientas con las que cuenta un trabajador cinco o seis décadas atrás con la actualidad, claramente podemos observar un avance del marco protectorio que no existía anteriormente. Sin embargo, aún quedan puntos por resolver, sobre todo tratándose de sectores más vulnerables como lo son los menores y las mujeres. Para analizar este tema, es fundamental decantar dos aspectos que juegan concomitantemente: por un lado la normativa vigente, ya sean los convenios internacionales, como las leyes locales vigentes desde la Constitución Nacional hasta la Ley de Contrato de Trabajo, incluyendo leyes y resoluciones directamente relacionadas; y por otro lado lo que sucede en la práctica, es decir, el cumplimiento o no del marco teórico citado anteriormente. Este trabajo pretende plantear la existencia de un desfasaje entre estos dos aspectos explicando las causas que lo originan y las consecuencias que acarrea tanto para empleadores como para trabajadores.

Anticoncepción en mujeres usuarias del servicio de atención primaria de la salud

El tema de investigación que abordamos en la presente tesina es las formas y condiciones en que las mujeres utilizan los métodos anticonceptivos en Mendoza a partir de la existencia de leyes y programas que atienden la salud reproductiva. El trabajo se ha enfocado en mujeres en edad reproductiva de un barrio urbano marginal de la Ciudad de Mendoza. Desde el advenimiento de la democracia, en Argentina (diciembre de 1983), la participación, organización y movilización de mujeres y grupos de diversidad sexual en defensa de sus derechos, produjo la visibilidad de las problemáticas de género y salud sexual y reproductiva. Este proceso daría lugar a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, entendidos éstos como parte de los derechos humanos en torno a los cuales el Estado debía legislar y garantizar. Hasta ese momento, lo que había existido eran políticas de planificación familiar o de regulación de la fecundidad tratados en el contexto de las necesidades de la economía o de la dinámica demográfica, con severos controles y restricciones respecto al acceso a los métodos anticonceptivos. Dos conferencias de Naciones Unidas van a funcionar como bisagras en el pasaje de la consideración de las mujeres como variables de políticas de población a sujetas de derecho en material de salud sexual y reproductiva: la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo realizada en El Cairo en 1994 y la IV Conferencia Mundial de la Mujer, en Beijing en 1995. Al incorporar una perspectiva de género al abordaje de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, se puso en el centro de debate a la libre decisión de las mujeres sobre nuestra sexualidad y nuestros cuerpos. Después de décadas de prohibicionismo e indiferencia de los poderes públicos, desde 2002, el Estado argentino comenzó a instrumentar una política pública de alcance nacional sobre la salud reproductiva y procreación responsable y es así que el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) entra en vigencia en mayo de 2003. Este programa nacional vino a reforzar el Programa Provincial de Salud Reproductiva que desde 1998 funciona en la provincia de Mendoza.