6 resultados para Protección social

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El presente artículo aborda la política de protección social en Chile como una política pública, inaugurada por los gobiernos posrégimen militar, que busca cambiar el paradigma, desde la tradicional visión asistencialista coyuntural por parte del Estado, a una perspectiva que persigue reducir las vulnerabilidades de manera sustentable y con una fuerte participación social en la elaboración de las políticas basado en tres pilares: equidad, integración y cohesión social.

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En este trabajo nos hemos propuesto como objetivo general aportar a la comprensión de la recepción de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) en los discursos sociales hegemónicos, en la percepción subjetiva de los derecho-habientes de la misma y el impacto de ésta en sus trayectorias socioeconómicas de vida. A partir de los relatos de las receptoras, analizamos la experiencia y valoraciones que poseen sobre la medida, la utilización del ingreso percibido y el direccionamiento de sus gastos cotidianos. Asimismo, buscamos identificar en qué medida existe la presencia del discurso dominante en los receptores de la AUH.

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Este trabajo plantea la siguiente problemática: “el insuficiente impacto de la acción profesional del trabajador social en las instituciones competentes de Mendoza para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescente a través de la aplicación de las medidas de protección, se da tanto por la falta de coherencia teórica –práctica como por la desarticulación y fragmentación interinstitucional." En función de esto y de las inquietudes éticas profesionales acerca de cómo se concibe a la infancia, se cree que es importante analizar cómo los trabajadores sociales en Mendoza asumen y llevan a cabo la intervención a través de las medidas de protección. Los resultados y aportes de esta tesis pretenden contribuir al debate actual, teniendo como pilares la criticidad, lo ético- político y por sobre de todo la justicia social.

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En el presente proyecto de tesis pretendemos explicar de forma clara y precisa las políticas de protección social en salud dentro de los niveles subnacionales de la Argentina, poniendo especial énfasis en la provincia de Mendoza. Es por ello, que se analiza la implementación del Programa Sumar –Programa Nacional de Desarrollo de Seguros Públicos de Salud. El trabajo pretende describir cuáles son los componentes, actores, responsabilidades, ejecutores y controladores que conforman el Programa Nacional de Desarrollo de Seguros Públicos de Salud- Programa Sumar y a su vez, analizar cómo contribuye su implementación a la mejora en la calidad de la cobertura de la salud de la ciudadanía mendocina.

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La crisis vivida a finales de 2001, marcó el fracaso del modelo neoliberal implementado durante más de una década en nuestro país. A partir de allí comenzaron a reestructurarse las políticas públicas, iniciando una época de grandes cambios. En lo que constituye al objeto de estudio, es relevante mencionar la sanción de la Ley Nacional de Educación N° 26.206 en el año 2006, que instauró a la educación como un derecho personal y social, en el cual el Estado pasó a ser el principal responsable de brindar “una educación integral, permanente y de calidad, gratuidad y equidad". Dicha Ley, junto a la implementación de la Asignación Universal por Hijo, entraron en vigencia en el año 2010. Estas dos políticas forman parte de un cuerpo de medidas que tienen como principal objetivo mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestro país, al generar cambios tanto en la política de protección social como en la educativa. El tema central que aborda esta investigación es la Asignación Universal por Hijo (AUH)1 y su incidencia en el ámbito educativo. Esta medida, sancionada a través del Decreto N°1602 del año 2009, establece un subsistema no contributivo en el marco de la Ley N° 24714 de Asignaciones Familiares, ampliando la cobertura de la misma a los menores de 18 años, cuyos padres se encuentren desempleados, sean monotributistas sociales, trabajadores del servicio doméstico o del mercado informal. Incorporando, de esta manera, a un sector de la población que antes quedaba relegado. Actualmente, consiste en un pago mensual de $460 por cada hijo menor de 18 años (hasta un máximo de 5), y $1500 a cada persona discapacitada.

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La Asignación Universal por hijo para la Protección Social se enmarca en una nueva concepción de política social que sustenta sus fundamentos en la ley 24.714 que establece el “Régimen de Asignaciones Familiares" y la ley 26.061 que tiene por objeto la “Protección integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes." Dicha perspectiva posiciona a la AUH en el marco de las políticas de inclusión social reconociendo a los destinatarios de la misma como sujetos de derechos.