Selenized garlic: a future prospect or already a current functional food?

In the last years, functional foods have awakened consumer, scientific and business interest. A commonly found vegetable in such kind of foods includes garlic (Allium sativum). By its ability for selenium (Se) bio-accumulation, garlic can turn into an attractive option of selenized food. Selenium is an essential micronutrient for many organisms including plants, animals, and humans. It is an important trace element due to its antioxidant properties and plays a main role in prevention of cancer and cardiovascular diseases. Nowadays, there is an increasing interest in the study of Se speciation due to the different roles that each species manifests in toxicological and nutrition fields. However, Se exhibits a narrow interval between toxicity and essentiality, which is puzzling toxicologists and alarming nutritionists and legislators. In the present review, an overview on the development of selenized garlic studies and its potential implementation in Argentine production is exposed. The development of novel foods with added value such us selenized garlic could be an attractive alternative for local market. Moreover, it becomes a good offering for factory owners, considering that Mendoza represents about 85% of total garlic production in the country.

La reforma de la Constitución de Mendoza

En todas las constituciones provinciales desde la de 1854 hasta la actual de 1916, con sus reformas y enmiendas, los municipios mendocinos, sin excepción, se han regido por una única ley orgánica de municipalidades dictada por la provincia en el año 1934, la ley N° 1079. A partir de las reformas neoliberales que se llevaron a cabo en los años 90, el municipio cobró un protagonismo especial en la resolución diaria de varios conflictos locales. El vecino, comenzó a observar al municipio como la institución más cercana con la que contaba para poder plantear sus necesidades y obtener respuestas satisfactorias. Sin embargo, esa demanda de la sociedad para con sus autoridades locales no se ha visto acompañada por una normativa actualizada y moderna que le permita a los municipios hacer frente a ese flujo de demandas y problemas con los que se encuentran diariamente. Varios son los estudios que se han llevado a cabo sobre la temática planteada, todos desde una óptica histórico-jurídica. Sin embargo, es opinión del autor del presente proyecto que las razones que no han hecho posible la concreción de un aspecto tan importante para la vida institucional y social de nuestra provincia –ya sea por medio de una reforma total o parcial o bien a través de la reforma de un solo artículo- no responden a cuestiones jurídicas o históricas, sino que resultan ser exclusivamente políticas. En otras palabras, sin una decisión política que involucre a todos los protagonistas políticos de nuestro sistema republicano y federal –gobernadores, legisladores, intendentes, concejales, expertos en la materia, etc.- y que conlleve un convencimiento de la ciudadanía mendocina, va a ser imposible introducir una reforma a nuestra constitución que instaure definitivamente la autonomía municipal. Al referir al término “políticas" se toma como referencia una perspectiva weberiana, en la cual al mencionar que un “factor es político", o que una decisión tiene “condicionamientos políticos", se quiere decir que “lo que define a ese factor, o las condiciones de esa decisión, dependen inmediatamente de los intereses que giran alrededor del reparto, de la conservación o del traspaso del poder". Determinar esos factores o esos condicionamientos será el objetivo de esta tesis.

Coparticipación federal de impuestos en la República Argentina

La República Argentina, a casi 20 años de la reforma de la Constitución Nacional, se encuentra sin ley de coparticipación federal que permita distribuir los recursos provenientes de la tributación entre los estados provinciales. Es un tema que los legisladores, gobernadores y presidentes de los últimos 17 años no han debatido y acordado seriamente, lo que implica no solo un perjuicio económico y financiero para las jurisdicciones provinciales, sino una debilitación del sistema federal que la Constitución consagra como forma de gobierno.