La incidencia del acceso a los derechos sexuales y reproductivos sobre la mortalidad materna en Mendoza

Esta investigación, que se ubica en el marco del interés por las consecuencias políticas de la diferencia sexual, ha buscado responder, desde el punto de vista de los estudios de género, a la pregunta por la relación entre la aplicación de acciones políticas y programáticas en el área de la salud sexual y reproductiva y sus efectos sobre lo que la mayor parte de los estudios existentes denomina “mortalidad materna". El estudio se ha circunscripto a la relación entre políticas públicas en el campo de la salud sexual y reproductiva y la razón de mortalidad materna en la provincia de Mendoza en los últimos 15 años. La búsqueda de respuesta ha exigido, por una parte, la realización de un recorrido conceptual, que se ha llevado a cabo apelando a nociones elaboradas desde los estudios feministas y de género y la sociología política y de la salud, en particular los estudios sobre Estado, políticas públicas de salud y ciudadanía y por la otra de un análisis empírico. En función de esa doble dimensión, teórica y empírica, el trabajo ha sido estructurado en cinco capítulos a lo largo de los cuales se ha procurado responder a la pregunta por la relación entre las formas como el Estado ha garantizado en la provincia de Mendoza el acceso a la educación sexual, información confiable y métodos anticonceptivos accesibles y eficaces, la frecuencia de los embarazos inesperados y las causas de muerte de mujeres gestantes.

Incidencia de la Asignación Universal por Hijo en instituciones escolares

La crisis vivida a finales de 2001, marcó el fracaso del modelo neoliberal implementado durante más de una década en nuestro país. A partir de allí comenzaron a reestructurarse las políticas públicas, iniciando una época de grandes cambios. En lo que constituye al objeto de estudio, es relevante mencionar la sanción de la Ley Nacional de Educación N° 26.206 en el año 2006, que instauró a la educación como un derecho personal y social, en el cual el Estado pasó a ser el principal responsable de brindar “una educación integral, permanente y de calidad, gratuidad y equidad". Dicha Ley, junto a la implementación de la Asignación Universal por Hijo, entraron en vigencia en el año 2010. Estas dos políticas forman parte de un cuerpo de medidas que tienen como principal objetivo mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestro país, al generar cambios tanto en la política de protección social como en la educativa. El tema central que aborda esta investigación es la Asignación Universal por Hijo (AUH)1 y su incidencia en el ámbito educativo. Esta medida, sancionada a través del Decreto N°1602 del año 2009, establece un subsistema no contributivo en el marco de la Ley N° 24714 de Asignaciones Familiares, ampliando la cobertura de la misma a los menores de 18 años, cuyos padres se encuentren desempleados, sean monotributistas sociales, trabajadores del servicio doméstico o del mercado informal. Incorporando, de esta manera, a un sector de la población que antes quedaba relegado. Actualmente, consiste en un pago mensual de $460 por cada hijo menor de 18 años (hasta un máximo de 5), y $1500 a cada persona discapacitada.