2 resultados para Generación de empleo

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En el presente trabajo de investigación se tratará el fideicomiso inmobiliario como herramienta jurídica e instrumento de financiación, aplicado a la construcción de un edificio. El negocio inmobiliario es una de las actividades económicas más importantes en el país, ya que actúa como motor del crecimiento de la economía y de la generación de empleo. Pero es necesario destacar que el emprendimiento de un proyecto inmobiliario lleva implícito grandes desafíos para quienes lo realizan. Frente a esta situación se deben buscar nuevas estrategias en las que confluyan los diversos intereses y necesidades que se presentan en el desarrollo de este tipo de negocios. El fideicomiso inmobiliario es una de las mejores opciones a considerar. A pesar de que existen distintas formas o medios para canalizar fondos con el objeto de realizar un emprendimiento de este tipo, la idea de realizar un trabajo sobre fideicomiso inmobiliario surge en parte, debido a que en los últimos años el fideicomiso se ha convertido en la herramienta jurídica más utilizada para inversiones en el rubro inmobiliario y de la construcción. Existen numerosos edificios, complejos comerciales o de viviendas, barrios cerrados, urbanizaciones y loteos que se desarrollan sobre la base de esta figura legal; y cada vez esta tendencia va en crecimiento por sus importantes ventajas respecto de otras estructuras contractuales tradicionalmente utilizadas para encaminar este tipo de negocios. Se puede decir, que el fideicomiso es hoy quizá la herramienta jurídica más adecuada para la canalización segura de negocios inmobiliarios. De hecho, la Ley 24.441 que en sus primeros 26 artículos regula íntegramente la materia, se denomina "Ley de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción", apuntando justamente al fomento de la actividad de la construcción a partir del fideicomiso como herramienta alternativa de financiamiento de obra, y como vehículo para la securitización de créditos. En general, el fideicomiso es una valiosa herramienta legal, de suma maleabilidad, para la conducción segura de los más variados negocios. Y en particular, el fideicomiso inmobiliario es una opción transparente y segura, pues a través de clausulas estipuladas con antelación, se pueden determinar todos los aspectos del proyecto, incluyendo: dónde y cómo se deben invertir los recursos, las condiciones, deberes y derechos de cada parte, los contratos de obra, auditorias, comercialización y venta de las unidades, etc. Otra razón por la cual la figura del fideicomiso resulta atractiva, es porque éste crea una excepción al concepto de patrimonio universal como garantía de obligaciones. Por consiguiente, esta particularidad brinda mayor tranquilidad a todos los actores de un proyecto inmobiliario.

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La propuesta de este trabajo consiste en investigar los efectos nocivos que provocó la promoción industrial en Mendoza y los que podría ocasionar en caso de extensión de la misma a partir del Decreto 699/10, éste pretende extender los beneficios de la promoción. La ley 22.021 reconocía dos hechos que justificaban la promoción: el desempleo y emigración, por una parte, y la brecha de desarrollo, por otra. A lo largo del desarrollo se muestra que estos hechos ya han desaparecido. La generación de empleo fue una de las razones que motivó el régimen de promoción, a lo largo del mismo se observa un aumento sustancial en la cantidad de puestos ocupados en las provincias promocionadas: Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis, por lo que se habría cumplido con uno de los objetivos que dio origen al régimen pero a costa de un crecimiento muy dispar en comparación con las otras provincias de Argentina, por lo que no se justifica la implementación de un nuevo régimen de promoción que las incluya, dada las características actuales, debido a que a nivel desocupación hay otras provincias que se encuentran con tasas más elevadas. Otro de los efectos que produce el régimen de promoción es una ineficiencia en la localización de las industrias provocando la migración de empresas a provincias beneficiadas por el régimen. A la provincia de Mendoza le ha costado 1.000 millones de pesos durante el período 1992-2011 las pérdidas económicas que surgen como consecuencia de los puestos de trabajos no creados y las rentas del capital no generadas por la inexistencia de inversiones en la Provincia.