Entidades financieras como agentes de retención

El agente de retención es el sujeto que, en razón de su función, oficio, actividad o profesión, entra en contacto con una masa de riqueza que adeuda o que debe entregar al contribuyente, de la cual detrae, resta o amputa una parte, con la obligación de ingresarla a las arcas fiscales. Integra la relación tributaria, puesto que el hecho imponible se verifica con respecto al sujeto pasivo de la retención y su función comporta una intermediación en virtud de un mandato legal expreso que los sujeta, incluso, a consecuencias de naturaleza patrimonial y penal en caso de incumplimiento defectuoso de sus deberes. La legislación vigente ha impuesto a las distintas entidades financieras obligaciones en materia impositiva así como la figura de agente de percepción y retención. Esta imposición, ya que no es una opción sino que es una obligación impuesta por ley, implica para sobre quienes recae distintas responsabilidades y obligaciones como son la recaudación, presentación de declaraciones juradas e ingreso al organismo recaudador de los montos retenidos; implica para quienes ha recaído esa obligación mantener un determinada estructura a fin de poder cumplir con la legislación vigente, estructura que en muchos casos puede llegar a representar significativos costos, responsabilidad que si no cumple es sancionado con distintas multas como si fuese responsable por deuda propia, que varían si se trata de incumplimiento de deberes formales o bien por falta de ingreso de tributos. La justificación del tema está dada por la gran importancia en materia económica que implica para los organismos recaudadores, ya que las sumas recaudadas se suponen importantes en materia de ingresos de tributos tanto al Estado nacional como provincial, y así evitar un tema complicado como lo es la evasión impositiva tan criticada en nuestro país, y todo ello debido a una mala cultura tributaria y al mal diseño que poseen los impuestos en nuestro país afectando cada vez más a las clases medias y bajas.

La liquidación de sueldos y el costo oculto en la industria del juicio en la empresa

En la actualidad, como consecuencia de iniciar una relación laboral el empleador debe hacer frente a ciertas obligaciones tales como, dar el alta en la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la Obra Social, efectuar la afiliación al Sindicato, inscripción ante los organismos de la seguridad social, Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), entre otras. El objetivo que se persigue con el cumplimiento de estos deberes es lograr la protección tanto del trabajador como así también del empleador ante eventuales contingencias que puedan surgir, durante el transcurso de la relación laboral o a su finalización. El principal problema se presenta cuando se incumple con estos deberes, ya sea porque se desconoce la ley o porque se la ignora con la intención de reducir costos y obtener así una mayor rentabilidad, generándose como consecuencia, los costos laborales ocultos que deberá afrontar el empleador por no cumplir con la normativa vigente; tales como indemnizaciones, multas y desprestigio. Al mismo tiempo, hay situaciones que también pueden generar elevados costos del mismo tipo y que están ajenas a la voluntad del empleador, como es el caso de los juicios fraudulentos iniciados por los trabajadores como consecuencia de un accidente laboral. El objetivo del presente trabajo se enmarca, en lograr reflejar concretamente los costos implícitos en una relación laboral cuando no se actúa conforme la ley; por otro lado proponer medidas que incentiven la regularización del trabajador, para combatir el empleo en negro y por último, y no por eso menos importante, medir el impacto sufrido en la empresa a causa de juicios fraudulentos impulsados por los empleados.