23 resultados para SOCIEDAD CIVIL - PARTICIPACION POLITICA - COLOMBIA - 1994-2006


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Quien calla otorga, es un manual realizado en el marco de los Proyectos de Divulgación Científico – Tecnológica 2012–2013 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), una herramienta que acercamos a las y los operadores socio-sanitarios, a fin de promover prácticas garantizadoras de los derechos humanos. Este material proviene de un largo trayecto de investigación-acción donde desde 2011 hasta la actualidad el equipo responsable ha impulsado una serie de formaciones las cuales fueron un punto de desafío y encuentro donde confluyeron trabajadoras/es de la salud procedentes de distintas formaciones e instituciones, personal de áreas mujer, integrantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la promoción de derechos ciudadanos para las mujeres, personal judicial, entre otros; donde se pudo reflexionar en forma conjunta en torno a la cuestión de la violencia y la aplicación de la perspectiva de género, pues ella nos enfrenta a la tarea ardua de aprender desaprendiendo los gestos arraigados en la costumbre y la construcción de conocimiento en un mundo en el que es rutina naturalizar las asimetrías, las desigualdades, las relaciones de dominación y explotación en razón de la clase, del color de la piel, del género, de la sexualidad, de la edad. Quien calla otorga, en tanto va dirigido a profesionales y personal socio-sanitario, es también una forma de denunciar los silencios, las omisiones, las reproducciones de la violencia que muchas veces se constatan en y desde la intervención social y en salud. Entendemos que desde la función pública se está llamado/a no sólo a respetar, sino a garantizar los derechos humanos y en particular, el acceso a la salud y a la justicia. Para ello es necesario favorecer prácticas que terminen con el sexismo, el machismo, la discriminación por edad, sexualidad, identidad de género, procedencia étnica y clase social de quienes acuden a los servicios de salud. Así, el material que les acercamos contiene herramientas concretas tanto teóricas como reflexiones en torno a los orígenes, funcionamiento y perpetuación de la violencia de género, así como otras orientadas a la práctica tales como indicadores de detección y atención en mujeres, sus hijos e hijas, panel de recursos de atención especializada a violencia contra las mujeres en la provincia de Mendoza, panel explicativo del circuito legal y sus posibilidades, sugerencias terapéuticas, entre otros.

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El tema de investigación de esta tesis consiste en las representaciones de la sexualidad femenina inscriptas en las políticas públicas implementadas por los Estados después de asumir los compromisos correspondientes en las distintas conferencias de las Naciones Unidas. Nos hemos centrado en la descripción y el análisis de las políticas referidas a salud y derechos sexuales y reproductivos en la provincia de Mendoza, procurando realizar un seguimiento histórico que abarca desde el momento de la formación de los organismos encargados de la ejecución de las políticas públicas hacia mujeres hasta el presente. La investigación, elaborada desde un punto de vista teórico de género, implica considerar tanto los procesos que llevaron a los Estados a intervenir en relación con la vida de las mujeres; como la perspectiva de las actoras y los actores sociales y estatales. Históricamente, las mujeres han sido las encargadas del bienestar familiar y sus roles se han delimitado estrechamente vinculados a sus funciones dentro de la familia. Tanto es así, que las mujeres sólo eran incluidas en la planificación social como parte de la unidad familiar y/o como pertenecientes a grupos vulnerables y carenciados o bien en relación con políticas natalistas o antinatalistas, pero nunca atendiendo a las problemáticas resultantes de su condición específica de mujeres. Esta situación comienza a modificarse en las décadas de 1960 y 1970, cuando los organismos internacionales empezaron a intervenir con relación al papel de las mujeres en el desarrollo y a diseñar políticas específicas que las tuvieran como objeto, considerándolas en sus roles de madres, esposas y como agentes económicos al interior de la familia. Simultáneamente emergía en occidente la llamada segunda ola del feminismo, que cuestionaba las jerarquías sexuales existentes e intentaba instalar en la sociedad sus demandas presionando sobre los gobiernos por el reconocimiento de sus derechos.

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La descentralización en el marco de las políticas neoliberales se concibió como una reforma política-administrativa para minimizar el rol del Estado postulando como bastión clave "La participación local". Sin embargo ésta sólo se queda en los ámbitos formales. El caso particular de las políticas de descentralización del riego en la provincia de Mendoza no es una excepción. Lo que nos lleva a analizar su microcosmos y las redes sociales informales que dan cuenca de la desigual participación de los distintos usuarios del agua de riego en las decisiones en torno a este recurso, según sus trayectorias y sus capitales sociales, económicos y culturales.

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El presente artículo analiza desde sus orígenes la conceptualización de la ciudadanía y el impacto de su ejercicio en el ámbito político y social de las sociedades, las respuestas que los Estados modernos han ido dando a las demandas planteadas al constituirse los ciudadanos en actores sociales luchando por sus derechos; los enfoques de diversos autores sobre el contenido de la condición ciudadana tanto en las sociedades modernas como en las actuales y los profundos cambios que la globalización y la cultura posmoderna han producido en la caracterización del ciudadano. Plantea el desarrollo de la ciudadanía en la República Argentina y las distorsiones en su ejercicio producidas por los cambios societales y políticos ocurridos a fines del siglo pasado y principio del presente, a partir de una nueva configuración social marcada por la pobreza y la exclusión; compara los tipos ciudadanos con los modelos societales a que da lugar cada uno y el papel a desempeñar por el Estado ante las demandas como actores sociales que plantea el individuo en los respectivos modelos.

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La Argentina ha transitado un proceso de reconstrucción luego de la enorme crisis estructural que vivió a comienzos de este siglo. Se han producido grandes transformaciones y la construcción de una nueva institucionalidad a través de la recuperación del ejercicio de la política. En este sentido el Estado ha recuperado su rol central en la dirección de un proyecto político que define determinadas condiciones económicas, sociales y culturales para el país. La etapa abierta con la crisis del modelo neoliberal nos invita a reflexionar sobre un nuevo escenario donde, por un lado el Estado recompone su autoridad y prioriza la política pública, y por el otro las organizaciones, habiendo atravesado fuertes años desde la resistencia social, comienzan un camino de participación política desde otros frentes, construyendo articulaciones con la gestión estatal, la política partidaria y diversos actores políticos. Aquí se plantea como central para nuestro interés, el estudio de la relación entre el Estado y las organizaciones sociales, en la búsqueda de nuevas formas de articulación que potencien y enriquezcan las transformaciones construidas en el campo popular.

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El proceso de reconocimiento de nuevos derechos que ha tenido lugar en Argentina en torno a temas centrales de la vida social, como lo son la reproducción y la sexualidad, ha tendido cada vez más a tomar la forma de una disputa entre distintas visiones acerca de los significados “legítimos" respecto al cuerpo y rol de la mujer, el matrimonio, la familia y la vida. La dimensión política de este conflicto se evidencia en los ámbitos de las prácticas, las creencias, los valores y las identidades. En este escenario, las posiciones antagónicas más claras son, por un lado, las ocupadas por los distintos grupos del movimiento de mujeres feministas y de minorías sexuales y, por el otro, las de la jerarquía de la Iglesia Católica y sus agrupaciones de la sociedad civil.

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Al oeste de capital, en la Primera Décima Sección, se localiza un conglomerado de asentamientos y barrios popularmente conocido como La Favorita, cuyos orígenes se remontan a comienzo de los años 80 del siglo pasado. Es el hogar de muchas familias con necesidades básicas insatisfechas, y en forma consecuente, de una multiplicidad de problemáticas sociales propias de las zonas urbano marginales, como la precariedad de viviendas, déficit de obras de infraestructura básica, irregularidad dominial de la tierra, etc.; a los cuales el Programa nacional de Mejoramiento Barrial en sus dos etapas, (de aquí en adelante PROMEBA I y II) ha intentado dar respuesta desde el inicio de su gestión en el año 2004. Además de las organizaciones gubernamentales como comisarías, escuelas, registro civil, centros de salud; existen en la comunidad diversidad de Organizaciones de la Sociedad Civil (de aquí en adelante OSC) de distinta naturaleza: Uniones vecinales, comedores comunitarios, bibliotecas populares, parroquias, etc.; cada una desde su especificidad presta un servicio de cooperación y solidaridad defendiendo los intereses de los vecinos, sea proveyendo un desayuno integral a los más pequeños, asesorando a mujeres víctimas del delito, ofreciendo un lugar para compartir la lectura de bibliografía escolar, tramitando reclamos vecinales ante las autoridades municipales, etc. Toda esta riqueza de esfuerzo y trabajo colectivo expresa una permanente preocupación y voluntad de los sujetos por responder a las diferentes demandas sociales de la zona; pero en definitiva, todas participan de la dinámica barrial. La actuación del PROMEBA I y II ha producido cambios sociales y culturales en las condiciones de vida familiar y comunitaria de la Favorita, tanto positivos como negativos, en ese sentido, algunos han mejorado la calidad de vida de las familias como la provisión de red cloacal y núcleo húmedo, pero otros no, quedándose en la promesa idealizada de estimular la integración social.

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La Asignación Universal por hijo para la Protección Social se enmarca en una nueva concepción de política social que sustenta sus fundamentos en la ley 24.714 que establece el “Régimen de Asignaciones Familiares" y la ley 26.061 que tiene por objeto la “Protección integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes." Dicha perspectiva posiciona a la AUH en el marco de las políticas de inclusión social reconociendo a los destinatarios de la misma como sujetos de derechos.