5 resultados para Políticas de control social


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La transición a la democracia iniciada en Paraguay en 1989 abrió lentamente lo que el régimen stroesnista (1954 – 1989) había oclusado largamente: la lucha política por el poder con reglas democráticas y lógica inclusiva, a pesar de la persistencia de viejos ardides autoritarios que se habían vuelto pauta cultural en la que se socializaron varias generaciones. En este trabajo nos propusimos conocer la articulación pasado/presente en un contexto de cambio socio-histórico en las pautas de cultura política de una sociedad determinada, enfocando el análisis en la experiencia de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay CVJ (203 – 208) en tanto organismo emblemático tanto, del cambio político en general como, de las condiciones de instalación de un régimen democrático en el Cono Sur. La pertinencia teórica de esta investigación antropológica se sustenta en nuestro enfoque comprensivo que tiene a la complejidad y la analogía como dimensiones de la perspectiva analítica. Su relevancia social puede ubicarse en la contribución que con ela pretendemos hacer al análisis crítico de los organismos que, como sociedad global, creamos y recreamos para abordar la problemática de la memoria, la verdad y la justicia cuando de crímenes de Estado se trata. En este sentido, la pregunta subyacente en esta investigación se realiza desde un planteo teleológico, cuya finalidad no es solo construir una respuesta verdadera, en términos positvistas, sino contribuir a la creación de un conocimiento científico que permita revisar aquelos aspectos disfuncionales de los procesos de verdad y justicia transicional. Partimos de la hipótesis general de que existe una doble relación dialéctica: entre la función que cumple una Comisión de Verdad y la capacidad de resistencia del sistema político que se intenta abandonar por un lado y; entre dicha comisión y las condiciones generales del sistema político, social y económico que permite su instalación y funcionamiento durante la transición democrática. A lo largo de este trabajo hemos analizado en profundidad las características que adquirió la CVJ en comparación con otras 43 comisiones de verdad que funcionaron en distintos puntos del planeta, en el supuesto de que el funcionamiento y la dinámica de una organización revelan las condiciones generales del sistema democrático en que se inserta. Aribamos a la conclusión de que la reconcilación social tiene como pre-condición tres movimientos complementarios: la reparación del silencio mediante la revelación pública de la violencia de Estado; la reparación material y simbólica a las víctimas (desagravio individual, familar y colectivo) como política de Estado en el nuevo contrato democrático, y; una clara búsqueda de Justicia que alcance a todos los niveles de responsabildad de los perpetradores de los Hechos Violatorios a los Derechos Humanos.

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En este artículo abordamos la relación entre las instituciones a partir de las cuales se materializan las políticas y el quehacer profesional de los trabajadores sociales. En función de lo cual se realiza en primer término un recorrido por las diferentes dimensiones constitutivas de las instituciones y en segunda instancia, se exponen las discusiones vinculadas a la intervención planteadas por distintos autores del campo del Trabajo Social presentes en la formación profesional. El propósito se centra en dar cuenta de los elementos que intervienen en la intersección entre instituciones – políticas sociales y quehacer, ámbito en el cual se construye la actuación profesional.

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Entendiendo que es necesario hacer un análisis cualitativo de distintos tipos de emprendimientos asociativos, y que en la región de la que forma parte la provincia de Misiones adquieren características distintivas, partimos del debate conceptual sobre los criterios para analizar el campo de la economía social. En un contexto de reactivación y crecimiento económico, se reabre un necesario debate sobre los mecanismos de redistribución que puedan hacer frente a problemas estructurales de pobreza y desocupación que persisten en niveles que afectan a amplios sectores de la población. En el debate abierto en torno a la reestructuración de las políticas sociales y al rol del Estado en la regulación del mercado, es fundamental el lugar de iniciativas económicas alternativas, que buscan satisfacer necesidades sociales, tanto de sus participantes directos como de la comunidad local, privilegiando estrategias asociativas, cooperativas y solidarias. Estas estrategias asociativas, no se pueden sustentar como iniciativas voluntaristas y aisladas, sino que se construyen día a día en las relaciones de cooperación y conflicto al interior y entre organizaciones de la economía social También indagaremos sobre las políticas públicas de educación cooperativa, prestando especial atención a los mecanismos de reproducción de las concepciones y de las prácticas cooperativas.

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Las políticas sociales actuales cuentan con la participación activa de la población antes considerada objeto u objetivo de los planes y programas. Configurando un nuevo modelo que busca apartarse de las viejas prácticas asistencialistas y dar lugar a las denominadas políticas de inclusión social, que aparecen como alternativas ante la falta de empleo, la precarización laboral y las dificultades de inserción en el mercado de trabajo formal. Uno de los programas que tuvo surgimiento luego de la crisis generalizada de 2001 fue el programa de microcréditos, Banco Popular de la Buena Fe. El cual tiene sus cimientos en la Economía Social y Solidaria y el protagonismo creciente de las organizaciones de la sociedad civil. El Banco Popular de la Buena Fe es uno de los programas con mayor alcance a nivel nacional, y este artículo lleva a la reflexión de si se trata de una mera política social o si estamos ante la presencia de una incipiente política de empleo.

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En el Marco del Convenio de Cooperación, N° 375/12, suscripto entre la Universidad Nacional de Misiones, el Ministerio de Educación de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el presente proyecto pretende conocer y analizar los cambios y/o continuidades que se estarían produciendo en las aulas, instituciones, sujetos y comunidades de las provincias de Entre Ríos, Formosa y Misiones, a partir de la implementación del Programa Conectar Igualdad. Programa que resulta ser uno de los principales pilares y referentes significativos de un nuevo perfil de política educativa, por parte de un estado nacional que asume su centralidad y responsabilidad como garante del derecho a la educación y la inclusión social, educativa y digital. Cuyo fin, en última instancia, es la revalorización de la escuela pública, a partir de la promoción de la inclusión digital y el mejoramiento de la calidad de la educación, garantizando el acceso y uso de las TIC’s en los procesos de enseñanza-aprendizaje.