El derecho fundamental de acceso a la información pública

Tanto en Italia como en España las personas han reivindicado que el ordenamiento jurídico reconozca un verdadero derecho de todos a acceder a la información pública de manera libre. En parte, esto ha sido así por la desafección de los ciudadanos con el sistema político que los ha llevado a reivindicar un rol más preponderante en los procesos de toma de decisiones públicas y a exigir una mayor eficiencia en la lucha contra la corrupción en el sector público. Con el libre acceso a la información pública se favorecen ambas cosas, ya que la información que posee el sector público resulta valiosísima para que los ciudadanos puedan enjuiciar de manera crítica «cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones» -apartado I del preámbulo de la LTAIBG-. Tradicionalmente, el derecho a acceder a los documentos públicos ha sido una cuestión vinculada al procedimiento administrativo y su ejercicio quedaba circunscrito a ser parte en el procedimiento. Este derecho ha sido el modelo seguido para la creación del derecho de acceso a la información público, aunque nace desvinculado del procedimiento administrativo en la medida en que tiene un fundamento democrático del que carece el derecho de acceso en el procedimiento administrativo. En esta tesis doctoral estudiamos las normas que han hecho posible que en Italia y España se cree este nuevo derecho político en el siglo XXI y su fundamento democrático. Concretamente, en Italia han sido el Decreto Legislativo 33/2013 y el Decreto Legislativo 97/2016 y en España la LTAIBG, las normas que han configurado este nuevo derecho.

Sovereign wealth funds and state immunity

The study sheds light on the application of the rule of state immunity to sovereign wealth funds (SWFs). SWFs are Janus-faced investment vehicles established by their parent states to invest public resources in financial markets, with the aim of increasing long-term returns and pursuing macroeconomic goals. The ultimate purpose of the study is to assess if the hybrid nature of SWFs results in changes to the rule of state immunity when applied to them, and whether a generally accepted standard in this regard can be deduced from state practice. The research is conducted through a comparative analysis. It is based on the provisions of the UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property (UNCSI), as well as on six domestic jurisdictions (US, UK, France, Germany, Italy and China) among those that have contributed most significantly to the international debate on state immunity and which host the largest amount of SWF investments.