El maltrato intrafamiliar en la jurisdicción de menores

[ES] El fenómeno del maltrato de hijos hacia padres y otros ascendientes se ha incrementado en los últimos años, como consecuencia de los cambios operados en la familia y en general en los valores que predominan en nuestra sociedad. Las conductas son muy variadas y pueden abarcar desde un insulto ocasional hasta el destrozo del mobiliario, el sometimiento de la voluntad de los progenitores o las agresiones físicas habituales. La respuesta a estas conductas debe ser temprana, siendo recomendable acudir a la ayuda de psicólogos y educadores, así como a los servicios sociales y en especial a los programas de intervención familiar diseñados específicamente para menores infractores. Cuando los hechos constituyen delito es necesario aplicar medidas que se adapten al perfil de estos menores y contemplen terapias proyectadas sobre las relaciones familiares. Entre estas medidas judiciales destaca la de convivencia con grupo educativo. Su efectividad dependerá mucho de la implicación de los mismos padres perjudicados

Marco de referencia de los programas de competencia psicosocioeducativa de justicia juvenil en la comunidad autónoma de Canarias

La necesidad de una especialización de la intervención en justicia juvenil pone de relieve que al intervenir hemos de basarnos en programas y líneas de trabajo contrastadas empíricamente, tal y como nos refleja los trabajos de Spivack y Shure (1974) con el déficit de destrezas interpersonales; Roos, Fabiano y Ewles (1982) en el programa R & R; Segura Morales (1992, 2004) con programas cognitivos de habilidades sociales; Garrido Genovés y López (2005) con el programa de pensamiento prosocial

El centro de día como espacio de intervención en medio abierto con menores infractores

[ES] En el mes de noviembre de 2009 celebramos el veinte aniversario de la CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA de NACIONES UNIDAS [ratificada por España un año después, el 30 de noviembre de 1990]. El artículo 40 de dicha Convención se ocupa también de los menores infractores, estableciendo entre los objetivos de la intervención de la justicia en este ámbito: el fomento en los menores del sentido de la dignidad; el fortalecimiento del respeto del niño/a por los derechos humanos y las libertades de los demás, la reintegración social del niño/a como criterio de actuación, y la asunción por éstos de una función constructiva de la sociedad. Éste y otros marcos legislativos e institucionales abogan decididamente por el tratamiento de los menores infractores en su medio natural, apostando por los profesionales, voluntarios y recursos del entorno social más próximo en la atención a las necesidades que presentan los menores, los jóvenes y sus familias. Pero no es suficiente la mera aplicación de las medidas que aplican los jueces de menores, según regula la Ley Orgánica y el Reglamento vigente en el Estado Español, para obtener los resultados educativos perseguidos: es necesario contar con profesionales especializados y la creación de programas y servicios que den respuesta, desde la intervención socioeducativa, a las dificultades detectadas y al reto de la inserción social.

Algunos modelos de programas de inserción sociolaboral de los jóvenes tutelados en España

[ES] En España, llegar a unos procesos de autonomía adecuados con los chicos y chicas tutelados por las Administraciones autonómicas ha sido una tarea compleja. Primero, porque cuando la mayoría de los menores llegan a los centros ya traen acreditados graves pérdidas tiempo respecto a procesos socializadores como son los estudios (absentismo escolar, repeticiones de curso, fracaso escolar, etc) o los aprendizajes necesarios para la vida (educación familiar inadecuada, cambios continuos de roles por parte de sus adultos responsables, desestructuración familiar, malos tratos, etc.). A ello, se suma el hecho de que algunas instituciones de protección, en ocasiones, les crean pautas de de ependencia debido a una concepción inadecuada de los objetivos con los que ha de trabajar con el joven. Así pues, hasta hace relativamente poco tiempo, a los sistemas de protección españoles se les presentaba un problema bastante grave a la hora generar procesos de autonomía en sus jóvenes tutelados. Para ello, cada comunidad autónoma ha ido diseñado su propio programa de desinstitucionalización de forma que el joven se pueda ir acomodando a procesos normalizadores tanto en su vida laboral como en la personal y social. Estos programas, aunque diferentes entre sí, tienen elementos que los hacen afines y que propician que se puedan unificar en unos pocos modelos de intervención de los que se da cuenta en este artículo.