49 resultados para Periodismo en línea
Resumo:
Una mejora del modelo de justicia juvenil para el procedimiento de evaluación del riesgo en los usuarios está basado en el juicio profesional o clínico y en el procedimiento actuarial, quedando patente en el trabajo que presentamos la según opción tal y como ha demostrado Andrews y Bonta (2003) y Garrido (2003). Se presenta la adaptación del YLS/CMI de Andrews y Bonta (2002) a población de justicia juvenil española, concretamente el IGI-J, que ayuda a planificar el PIEM dentro del marco de la justicia penal de menores.
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[ES] El sistema alemán de formación profesional destaca por su alto nivel de calidad. El Curso de Iniciación Profesional constituye un elemento fundamental de este sistema. Se trata de una herramienta muy útil, de cara a la integración social de los jóvenes con dificultades en este ámbito, ya que ofrece la posibilidad de desarrollar una serie de competencias básicas y necesarias para la posterior integración en el mundo laboral y social.
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[ES] En el mes de noviembre de 2009 celebramos el veinte aniversario de la CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA de NACIONES UNIDAS [ratificada por España un año después, el 30 de noviembre de 1990]. El artículo 40 de dicha Convención se ocupa también de los menores infractores, estableciendo entre los objetivos de la intervención de la justicia en este ámbito: el fomento en los menores del sentido de la dignidad; el fortalecimiento del respeto del niño/a por los derechos humanos y las libertades de los demás, la reintegración social del niño/a como criterio de actuación, y la asunción por éstos de una función constructiva de la sociedad. Éste y otros marcos legislativos e institucionales abogan decididamente por el tratamiento de los menores infractores en su medio natural, apostando por los profesionales, voluntarios y recursos del entorno social más próximo en la atención a las necesidades que presentan los menores, los jóvenes y sus familias. Pero no es suficiente la mera aplicación de las medidas que aplican los jueces de menores, según regula la Ley Orgánica y el Reglamento vigente en el Estado Español, para obtener los resultados educativos perseguidos: es necesario contar con profesionales especializados y la creación de programas y servicios que den respuesta, desde la intervención socioeducativa, a las dificultades detectadas y al reto de la inserción social.
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[ES] Bajo una adaptación del Child´s Report of Parent Behavior Inventory (CRPBI) de Schaefer (1965) a población española realizada en diferentes centros educativos de la Comunidad Valenciana presentamos este trabajo. El CRPBI es un instrumento que al igual que el Parental Bonding instrument (PBI) permite evaluar la disciplina familiar que perciben sus hijos, tanto en la relación con el padre, como con su relación con su madre. El estudio se centra en una muestra de 23 menores, todos varones, de los que 17 son Menores con Medidas Judiciales (MMJ) internados en un centro perteneciente a la Comunidad Autónoma Canaria y el resto, 6, son menores en Situación de Riesgo (MR) los cuales residen en un barrio de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Los resultados obtenidos muestran diferencias en las valoraciones que el menor hace sobre la relación con su padre y con su madre y como estos han percibido unas pautas de crianza que están centradas en el control, en la autonomía -entendida como estimulo de la sociabilidad- en el amor y en la hostilidad. Por un lado, de los progenitores de los menores adolescentes con medidas judiciales y por otro lado, de los menores en situación de riesgo ponen de manifiesto en el CRPBI que no hay una concordancia total entre los factores que describen las respuestas acerca de las relaciones con la madre y entre los factores que agrupan las relaciones con el padre, resultado que viene a avalar o a confirmar los resultados de estudios recientes sobre el tema que muestran diferencias en las valoraciones que el hijo hace sobre su relación con el padre y con la madre (Canamás, 2003; Rodrigo, 2004 y Tur, 2003).
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[ES] En España, llegar a unos procesos de autonomía adecuados con los chicos y chicas tutelados por las Administraciones autonómicas ha sido una tarea compleja. Primero, porque cuando la mayoría de los menores llegan a los centros ya traen acreditados graves pérdidas tiempo respecto a procesos socializadores como son los estudios (absentismo escolar, repeticiones de curso, fracaso escolar, etc) o los aprendizajes necesarios para la vida (educación familiar inadecuada, cambios continuos de roles por parte de sus adultos responsables, desestructuración familiar, malos tratos, etc.). A ello, se suma el hecho de que algunas instituciones de protección, en ocasiones, les crean pautas de de ependencia debido a una concepción inadecuada de los objetivos con los que ha de trabajar con el joven. Así pues, hasta hace relativamente poco tiempo, a los sistemas de protección españoles se les presentaba un problema bastante grave a la hora generar procesos de autonomía en sus jóvenes tutelados. Para ello, cada comunidad autónoma ha ido diseñado su propio programa de desinstitucionalización de forma que el joven se pueda ir acomodando a procesos normalizadores tanto en su vida laboral como en la personal y social. Estos programas, aunque diferentes entre sí, tienen elementos que los hacen afines y que propician que se puedan unificar en unos pocos modelos de intervención de los que se da cuenta en este artículo.
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[ES] Investigación exploratoria sobre las competencias profesionales de los vigilantes de seguridad en centro de menores con medidas judiciales de Canarias (muestra de 73 vigilantes), con el objetivo de delimitar las competencias profesionales básicas y la especialización de este colectivo de trabajadores. A partir de los resultados hemos realizado el perfil competencial-profesional para el vigilante de seguridad con una formación asociada, agrupando las competencias en 5 grandes grupos: preventivas, intervención, registro documental, tecnológicas y personales.
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[ES] El trabajo que presentamos intenta aportar que la Comunicación no Verbal puede ser un instrumento a tener en cuenta en el proceso de la comunicación en su conjunto y donde se intenta medir, a través de un cuestionario (CUVALECORME), la valoración de la comunicación no verbal como herramienta de trabajo en la mediación familiar. Para la elaboración y desarrollo de este estudio, hemos conformado un marco teórico-conceptual con la aportación de diferentes autores que han tratado y analizado el lenguaje corporal. Citamos entre otros, a Parkinson (2005), Mehabian (1972), Cabana (2003), Günter (1995), Pinazu y Musitu (1993), Mucchiello (1998), Berlo (1969), Watzlawick (1974), Polaino y Martínez (1990) y Hervés (1998). Los resultados obtenidos muestran, a pesar de las limitaciones teóricas y metodológicas, una línea de trabajo que nos permiten señalar posturas a favor de la Valoración de la Comunicación no Verbal como Herramienta de Trabajo en la Mediación Familiar. De dichos resultados destacamos el obtenido en el total de niveles de valoración del CUVALECORME, donde el 78,9% de opinión consideran a la Comunicación no Verbal como una Herramienta de Trabajo en la Mediación Familiar, frente a un porcentaje del 21,1% de opiniones desfavorables.
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[ES] La delincuencia de menores constituye un fenómeno social que sensibiliza y moviliza a la opinión pública y, especialmente, a los medios de comunicación. La prensa, en este sentido, adquiere la responsabilidad de exponer este discurso informativo en sus dimensiones reales y debe hacer todo lo posible, para que los derechos y deberes de los menores infractores sean conocidos y discutidos por el público receptor, y formando de este modo, un auténtico debate público en la agenda política insular. Los acontecimientos o sucesos violentos protagonizados por menores, o en los que estos resultan víctimas, impactan porque generan conmoción social y garantizan la atención mediática. La selección informativa efectuada por los rotativos de tirada provincial ha coadyuvado a construir en la sociedad canaria una percepción deformada sobre el sistema de gestión de la justicia penal juvenil, influyendo sobremanera en actitudes y comportamientos tales como el surgimiento generalizado de las oposiciones vecinales contra la instalación, construcción o reforma de los centros de ejecución de medidas judiciales.
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[ES] La crisis económica en la que nos vemos inmersos, nos ha hecho que nos marquemos como objetivo del trabajo dar una visión de la vulnerabilidad dentro del marco de la educación social especializada y concretamente del campo de la inadaptación social del niño, joven, adulto y personas de tercera edad, como grupos vulnerables. Describimos las diferentes dimensiones de vulnerabilidad (trabajo, capital humano, debilitamiento de los recursos productivos, relaciones sociales, y relaciones familiares). Hablamos de los niveles formativos bajos de las personas que no finalizan la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y la Formación Profesional como sujetos con alto nivel de vulnerabilidad. También nos centramos en los sujetos privados de libertad, diferenciando el Marco Penal de Justicia Juvenil del Marco Penal de Adultos y por último reflexionamos sobre la necesidad de salir reforzados de la crisis, tanto los profesionales como los grupos vulnerables de un modo resiliente.
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[ES] El fenómeno del maltrato de hijos hacia padres y otros ascendientes se ha incrementado en los últimos años, como consecuencia de los cambios operados en la familia y en general en los valores que predominan en nuestra sociedad. Las conductas son muy variadas y pueden abarcar desde un insulto ocasional hasta el destrozo del mobiliario, el sometimiento de la voluntad de los progenitores o las agresiones físicas habituales. La respuesta a estas conductas debe ser temprana, siendo recomendable acudir a la ayuda de psicólogos y educadores, así como a los servicios sociales y en especial a los programas de intervención familiar diseñados específicamente para menores infractores. Cuando los hechos constituyen delito es necesario aplicar medidas que se adapten al perfil de estos menores y contemplen terapias proyectadas sobre las relaciones familiares. Entre estas medidas judiciales destaca la de convivencia con grupo educativo. Su efectividad dependerá mucho de la implicación de los mismos padres perjudicados
Las drogas en los centros de iniciacion profesional: aportaciones de algunos estudios del País Vasco
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[ES] Entre las diferentes medidas para prevenir el abandono escolar destacan hoy los Programa de Cualificación Profesional Inicial. Sin embargo, la complejidad de la adolescencia y de la problemática de sus conductas de riesgo invita a reflexionar sobre su sentido y alcance de estas, entre las que resalta el consumo problemático de diferentes drogas. Este artículo aporta datos de algunos estudios realizados con la población atendida en los Centros de Iniciación Profesional (CIP) en el País Vasco, con la mirada puesta en la atención educadora.
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[ES] El trabajo que presentamos presenta una línea pedagógica jurídica educativa, garantista de los derechos y deberes de los jóvenes con medidas judiciales en la aplicación del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 15 de enero Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor. Se orienta en la buena praxis y aplicación del Reglamento, realizando una combinación de la experiencia, de los marcos legales de Justicia Juvenil y de Instituciones Penitenciarias.
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[ES] Este estudio sigue las líneas de trabajo de De la Guardia Romero y Kñallinsky Ejdelman (2007), Rodrigo y Palacios (2008) y Gento Palacios (1994), en otros autores Los objetivos de esta investigación son dos: Averiguar la percepción de los docentes en relación a la participación de los padres y madres en la escuela y conocer la visión de los docentes respecto a las familias en situación de riesgo psicosocial. Los resultados obtenidos giran en torno a la mayor participación de los padres y madres en los colegios privados concertados, asimismo, destacamos cómo los resultados demuestran que el profesorado de los centros públicos, a diferencia de los de los centros concertados, muestran mayor grado de acuerdo con el concepto de participación como toma de decisiones en la elaboración y desarrollo del proceso educativo. Por otro lado, es importante destacar de los resultados, según la visión del profesorado, la baja implicación de las familias en situación de riesgo psicosocial en el aprendizaje de sus hijos e hijas.
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[ES] En este módulo se aborda la intervención social en familias con menores en situación de riesgo desde una orientación integradora, que tiene como eje fundamental la familia en su entorno. Se realiza una aproximación al Programa de Educación Familiar que se articula desde los servicios sociales municipales, y que tiene por objeto la intervención con familias en situación de riesgo que presentan dificultades y/o no son competentes para preservar la unidad familiar. Se analiza el contexto y la petición de ayuda que la familia realiza, haciendo hincapié en la interacción que se establece entre las familias y los servicios que las atienden.