36 resultados para pensión de jubilación

em Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL)


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La aparición de las cuentas individuales como mecanismo de financiamiento substitutivo o parcial de los sistemas de pensiones de la seguridad social y su significativa expansión en América Latina, y más tarde en algunos países de Europa del Este, abrió un interesante y no pocas veces acalorado debate sobre los objetivos, alcances y principios inherentes a su funcionamiento. Uno de los objetivos explícitos de estas reformas fue mejorar los niveles de suficiencia de las pensiones; es decir, la relación entre los montos de las pensiones y los salarios con base en los cuales se pagan las contribuciones. Pero ello continúa siendo un tema muy polémico entre los defensores y detractores de las cuentas individuales. El concepto tasa de reemplazo hace referencia a la relación entre el nivel de la pensión y el nivel de ingresos con que se realizaron las aportaciones a lo largo del ciclo laboral del individuo. La aproximación utilizada habitualmente para calcularlas compara los salarios cotizables previos a la jubilación con los montos de pensión disponibles tras el retiro y es el considerado en este trabajo para favorecer la comparación internacional de los resultados y el uso de las bases de datos disponibles. Pero el presente análisis no versa sobre las tasas efectivas de reemplazo a escala individual que obtendrían quienes están o estarán recibiendo beneficios, ya que ellas, al depender de las características y trayectorias individuales de las personas seleccionadas, no serían representativas de las pensiones que brinda el sistema en su conjunto para la población meta establecida en una ley de seguridad social. Para indagar en el perfil de las tasas que los sistemas de pensiones ofrecen al conjunto de la población, el presente estudio las simula para diferentes países, bajo diferentes escenarios. Utiliza como unidad de análisis al individuo, por medio de una medición teórica prospectiva de largo plazo que captura datos transversales promedios, combina las principales características individuales del grupo cubierto y evalúa la sustitución de los ingresos de los trabajadores asalariados, en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay según los factores determinantes de las tasas. Estos factores determinantes son múltiples: económicos, socio-demográficos y programáticos, es decir, relativos al diseño, organización financiera y régimen administrativo de los sistemas de pensiones. Dichos factores en su interacción generan resultados muy distintos en cada país por sector económico, género, edad, nivel de ingreso etc. Se trata de identificarlos y de captar la relevancia y la magnitud de su incidencia.

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El trabajo compara dos programas de transferencias no contributivas a personas mayores (PTNCPM) en México: uno local (el Programa de la Pensión Alimentaria del Distrito Federal, creado en 2001) y otro nacional (el Programa 70 y Más, impulsado en 2007). Se documenta el proceso de envejecimiento de la población en los países de la Región Norte de América Latina y el Caribe; se revisan los principales instrumentos internacionales sobre los derechos de las personas mayores, así como los marcos jurídicos de ambos programas; se propone una guía para el análisis de los PTNCPM desde un enfoque de derechos, y se lleva a cabo una comparación sobre la base de diversas variables. Entre los hallazgos principales del trabajo se encontraron modificaciones de los criterios de elegibilidad: el programa nacional dede lado la universalidad para iniciar un proceso de focalización en 2012; la cobertura alcanzó el 100% en ambos casos y se redujo a casi 60% en el programa nacional y a 82% en el local; las prestaciones monetarias directas e indirectas en el caso local duplican las del nacional; en éste hay un sesgo de género favorable a los varones, mientras que en aquél es favorable a las mujeres; la sostenibilidad financiera está asegurada por ley sólo en el programa local; el presupuesto asignado como porcentaje del PIB es del doble en el caso local con respecto al nacional; y la capacitación de tomadores de decisiones, cuadros medios y personal operativo es fundamental para el mejoramiento y ampliación de los programas. Se concluye que el enfoque de derechos garantiza la institucionalidad y sostenibilidad de los programas, además de un ingreso mínimo universal que promueve la cohesión social.