166 resultados para Trânsito urbano
em Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL)
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Durante el decenio de los años 1980, muchas de las economías latinoamericanas se encontraron en una situación de profunda crisis, tipificada por altas tasas de inflación, un alto endeudamiento y tasas de crecimiento económico bajas, nulas o negativas. Problemas de esa naturaleza habían ocurrido antes, por ejemplo, en los años 1930, y en aquellos momentos la reacción de las autoridades a cargo de las políticas macroeconómicas condujo a un aumento en el papel del Estado, proteger la producción doméstica de la competencia extranjera y reglamentar la economía. Frecuentemente, la intervención del Estado alcanzó al sector transporte urbano, mediante, por ejemplo, el control férreo de las tarifas de los sistemas de tranvías, muchas veces operados por empresas de capital extranjero. El control tarifario condujo al debilitamiento financiero de las empresas, las que cayeron en los brazos abiertos de los gobiernos nacionales o municipales.
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La congestión de tránsito no es un fenómeno nuevo en las ciudades latinoamericanas, pero se ha agudizado en los años recientes. No conviene eliminarla sino reducirla. Para muchos economistas y planificadores del transporte, la tarificación vial por medios electrónicos representa la mejor alternativa, ya que hoy existe una tecnología adecuada para su implementación, pero la experiencia revela que debido a consideraciones de orden político, conviene más comenzar a enfrentar la congestión del tránsito urbano con medidas de control más sencillas. Como punto de partida en el corto plazo, una tarificación vial sencilla pareciera ser la alternativa más atractiva; por otra parte, las experiencias de Londres, durante más de 20 años, y de Santiago de Chile, por más de seis años, señalan la presencia de obstáculos sociopolíticos hacia la aplicación de esta opción. Hay más apoyo político para las medidas de control de estacionamientos, cuya explicación, en parte, reside en que las autoridades competentes carecen de facultades para restringir la cantidad de estacionamientos disponibles a automovilistas de ingresos elevados e influyentes, quienes contando con estacionamientos en las cercanías de sus oficinas, provocan gran parte de la congestión. En América Latina, la propensión al uso de los taxis también reduce la eficiencia de las medidas dirigidas a los estacionamientos, porque los taxis congestionan, pero no se estacionan.En suma, el problema de la congestión no se resuelve tomando medidas inocuas. El momento ha llegado para adoptar políticas más audaces; es decir, medidas que al menos ejerzan control sobre los estacionamientos que hasta ahora han quedado fuera del alcance de las autoridades y, preferentemente, adoptar sistemas sencillos de tarificación vial.
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A pesar del desplome de muchas empresas puntocom y de la poca penetración del comercio electrónico en la región, las transacciones electrónicas son cada vez más frecuentes en los países de América Latina y el Caribe. En el ámbito del transporte, la incorporación paulatina de la tecnología para apoyar los procesos y el intercambio de flujos monetarios entre los participantes, ha permitido otorgarles una mayor versatilidad, seguridad y flexibilidad. En el transporte público, estas iniciativas se concentran en los cobradores automáticos y dispensadores de tarjetas de prepago. En el tránsito urbano, en los monederos electrónicos para el control y pago del tiempo de estacionamiento, en tarificación vial, los telepeajes permiten otorgar mayor agilidad al proceso de recaudación, especialmente en las autopistas y concesiones urbanas. En el transporte marítimo, cada día son más frecuentes las transferencias electrónicas para el pago de importes aduaneros y derechos portuarios.Dada la importancia y el interés que concita este tema, la Unidad de Transporte ha comenzado el estudio de estas materias, publicando recientemente el documento Sistemas de cobro electrónico de pasajes en el transporte público, LC/L.1752-P/E, Julio de 2002, sobre el cual se basa la presente edición del boletín.
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El transporte urbano en las mayores urbes consume alrededor de un 3½% del PIB regional, una fracción inflada por la incidencia de la congestión de tránsito. Al costo de la congestión en términos de pérdida de eficiencia económica, hay que sumarle sus consecuencias negativas para la coherencia social, puesto que el fenómeno, causado por los relativamente adinerados automovilistas, aumenta los tiempos de viajes y, quizás de mayor consideración, hacen subir el valor de los pasajes que tienen que pagar los usuarios del transporte colectivo. Poseer un auto es uno de los frutos del progreso humano; ocuparlo en condiciones de congestión o contaminación aguda es un mal social.
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