129 resultados para SOCIEDAD CIVIL
Resumo:
La generación de información sociodemográfica de inicios del siglo XXI enfrenta retos significativos producto de la variedad de temas y enfoques a abordar que, a su vez, derivan de los cambios sociales y políticos y de las nuevas demandas que imponen diferentes sectores de la población. En la actualidad, la información no solo constituye una herramienta técnica, sino también un recurso político en pro de la realización de derechos, que contribuye a la democracia y al buen gobierno. Por este motivo, las instituciones del Estado, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil plantean demandas crecientes de información tendiente a visualizar, por ejemplo, la situación de la mujer y los problemas de género o las condiciones de vida de grupos históricamente excluidos, como los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Además de contribuir a la definición de políticas más efectivas y pertinentes, la disponibilidad de más y mejor información también pone a disposición de los diferentes usuarios un instrumento de utilidad para que puedan ejercer grados crecientes de participación y control respecto de las acciones que llevan a cabo los Estados y sus organismos. . En este contexto, Notas de población No. 89 presenta siete artículos que dan respuestas concretas a las nuevas demandas de información, como la identificación de grupos étnicos en los censos de población, las potencialidades de los registros vitales para realizar perfiles epidemiológicos diferenciados o para evaluar políticas públicas y aplicaciones novedosas para el análisis longitudinal mediante el uso de encuestas de hogares que, en principio, fueron diseñadas para el análisis de corte transversal.
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The World Summit for Social Development, held in Copenhagen, Denmark, from 6 to 12 March 1995, brought together a large number of heads of State and Government and official representatives from States Members of the United Nations and culminated in the adoption of the Copenhagen Declaration on Social Development and the Programme of Action of the World Summit for Social Development. These two documents —the first containing policy statements, the other dealing with their practical application— imply commitments at the national, regional and international levels. Barely two years have passed since this summit was held, too short a period to permit an evaluation of the impact of the actions that the Latin American and Caribbean Governments set out to undertake. On the other hand, most of the countries were already implementing a variety of official policies related to the great objectives of the World Summit for Social Development. Al reunirse ahora los países miembros de la CEPAL para examinar, por vez primera, los avances hacia la aplicación de los resultados de la Cumbre,1 la Secretaría ha centrado su estudio en tres aspectos. Primero, en examinar, desde la óptica latinoamericana y del Caribe, la situación actual en materia de pobreza, empleo e integración social, los principales temas de la Cumbre. Segundo, en el ámbito de las políticas, en reseñar las tendencias que resultan más relevantes para el cumplimiento de los compromisos antes mencionados. Tercero, en proponer algunas orientaciones adicionales sobre el contenido y alcance de las políticas tendientes a facilitar el pleno cumplimiento futuro de dichos compromisos. Se procura con ello orientar el debate de los gobiernos y de la sociedad civil en América Latina y el Caribe acerca de cómo se están instrumentando en la región los compromisos de la Cumbre de Copenhague.
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Los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) de América Latina han mostrado importantes avances en los últimos años (por ejemplo, reflejado en el mayor número de proyectos evaluados, y en el incremento de los costos unitarios de los proyectos aprobados). No obstante los avances y esfuerzos, se advierten ciertas áreas donde se deberían seguir fortaleciendo a estos organismos. Por ejemplo, los marcos institucionales aún presentan debilidades para darle sustento institucional a los SNIPs, el acceso de la información por parte de la sociedad civil es aún incipiente, se debe ampliar el uso de los precios sociales en la evaluación de proyectos, y el capital humano requiere de una capacitación continua. Estos y más resultados se desprenden de la encuesta realizada durante el primer semestre de 2014 a los miembros de la Red de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (Red SNIP) creada en el año 2010 con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de estos organismos, a través del intercambio de experiencias, documentos e información estadística, entre otros mecanismos de cooperación.
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En septiembre de 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas deberán comprometerse con un nuevo conjunto de ambiciosos objetivos mundiales para una nueva era de desarrollo sostenible. Lograr dichos objetivos requerirá un esfuerzo conjunto sin precedentes por parte de los gobiernos a todos los niveles, la sociedad civil y el sector privado, y millones de decisiones y acciones a nivel individual. Para su consecución, los Objetivos de Desarrollo Sostenible requerirán un marco de seguimiento y rendición de cuentas y un plan de ejecución. El plan de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible deberá contener el firme compromiso de aprovechar las oportunidades de la revolución de los datos, con el fin de apoyar a los países más necesitados de recursos y para dar al mundo un impulso sin precedentes hacia un nuevo mundo de datos por el cambio.
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Incluye Bibliografía
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El objetivo del presente documento es analizar cómo los principales actores (el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional) han encarado el problema de la violencia que afecta a la juventud centroamericana desde un enfoque preventivo. Asumiendo que existen múltiples factores de riesgo que intervienen en las dinámicas de las violencias que afectan a la juventud, se analiza cómo estos actores han promovido (aunque no siempre de manera explícita) factores de protección que contribuyan a prevenir el aumento de esta variedad de violencias.
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Las pequeñas comunidades rurales de la Región de Aysén, Chile, evidencian una variedad de formas y tipos de capital social. La forma específica de capital social que predomina ha evolucionado según cambios en el contexto nacional y la progresiva integración comunicacional. Tras haber sido ejemplo de cooperación comunitaria, las comunidades rurales enfrentaron el desafío de relacionarse con actores sociales de mayor poder, en el escenario ampliado de la sociedad civil regional. En muchos casos, este cambio conllevó una menor autonomía y la captura de facciones comunitarias en cadenas de clientelismo. Sin embargo, en 2012 emergió el movimiento “Tu problema es mi problema” para enfrentar la marginación percibida en sus relaciones asimétricas con el gobierno central. Este evento masivo de desobediencia civil se basó en tres formas de capital social y marcó la emergencia de una ciudadanía de alcance regional, cumpliendo una de las condiciones para una descentralización plenamente democrática.
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años. Esta nueva hoja de ruta presenta una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que incluye temas altamente prioritarios para la región, como la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. El conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a esta Agenda ayuda a evaluar el punto de partida de los países de la región y a analizar y formular los medios para alcanzar esta nueva visión del desarrollo sostenible, que se expresó de manera colectiva y quedó plasmada en la Agenda 2030. Los ODS también son una herramienta de planificación para los países, tanto a nivel nacional como local. Gracias a su visión a largo plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación. La Agenda 2030 es una agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro. Al ser ambiciosa y visionaria, requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad y del Estado para su implementación. Por lo tanto, se invita a los representantes de los Gobiernos, la sociedad civil, el ámbito académico y el sector privado a apropiarse de esta ambiciosa agenda, a debatirla y a utilizarla como una herramienta para la creación de sociedades inclusivas y justas, al servicio de las personas de hoy y de futuras generaciones.
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La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas marca un hito en los derechos humanos de las mujeres, la paz y la seguridad al constituir el primer instrumento de dicho Consejo que exige a las partes en conflicto que los derechos de las mujeres sean respetados. La resolución reconoce el impacto diferenciado y desproporcionado que los conflictos armados y situaciones de inseguridad tienen sobre las mujeres, especialmente la violencia de género, subrayando la importancia de la contribución de las mujeres en los procesos de resolución y prevención de conflictos, así como en la consecución de la paz y el desarrollo sostenible en contextos democráticos. Este programa de formación promueve un mayor conocimiento de la Resolución 1325 y otras resoluciones conexas en América Latina y el Caribe, de modo que la incorporación de la perspectiva de género en la paz y la seguridad sea un compromiso y una tarea crecientemente asumida por los gobiernos de la región. El objetivo es capacitar a personas de diferentes sectores: público, academia y sociedad civil, a la vez que promover el diálogo y el fortalecimiento de capacidades para el trabajo intersectorial que requieren las políticas para la igualdad. La metodología y el contenido del programa, que se estructura en módulos temáticos, fueron desarrollados en la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con apoyo del UNFPA, y responden a la realidad y las necesidades específicas de formación en esta materia que tiene América Latina.