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Las condiciones en que se desenvuelve la sociedad han cambiado. Los principios de democracia y derechos de las personas, además del explosivo desarrollo de las comunicaciones, han fomentado los deseos de participación ciudadana en muchos ámbitos reservados antes solo a las esferas del Estado. Ello se refleja también en la actitud de los usuarios de servicios públicos, quienes ya no aceptan recibir cualquier tipo de atención de parte de los entes encargados; por el contrario, los usuarios ejercen una creciente presión sobre ellos, demandando mejores servicios a cambio de las tarifas pagadas. Los organismos viales no escapan a esta tendencia. Ya no pueden mantener su tradicional aislamiento frente al público y a los usuarios, en asuntos como la toma de decisiones o la rendición de cuentas de los resultados alcanzados. A esto se agrega que actualmente no basta con proveer redes viales, sino que se necesita una gestión que asegure mejores niveles de servicio, aceptables para usuarios cada vez más exigentes. Es así que el estilo habitual de manejar las vías se ha tornado insatisfactorio y nuevas actitudes se están abriendo paso. Paulatinamente se esboza una apertura a los intereses y opiniones de los usuarios, quienes cada vez más son considerados interlocutores válidos y participantes en la gestión. Este significativo cambio, del cual hay numerosas manifestaciones en diversos países, incluidos los latinoamericanos, promete transformar profundamente la forma de manejar las vías públicas. Las innovaciones son recientes y muchas se encuentran aún en estado embrionario. Las medidas concretas que se han ensayado o propuesto son muy variadas y abarcan un gran espectro. No se pueden predecir aún las dimensiones y alcances que llegará a tener su evolución, ni qué aspectos lograrán afianzarse como prácticas habituales, pero las transformaciones están en marcha. Este artículo pretende reseñar los principales cambios que se están registrando y las nuevas perspectivas que se han abierto a los usuarios.

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En septiembre de 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas deberán comprometerse con un nuevo conjunto de ambiciosos objetivos mundiales para una nueva era de desarrollo sostenible. Lograr dichos objetivos requerirá un esfuerzo conjunto sin precedentes por parte de los gobiernos a todos los niveles, la sociedad civil y el sector privado, y millones de decisiones y acciones a nivel individual. Para su consecución, los Objetivos de Desarrollo Sostenible requerirán un marco de seguimiento y rendición de cuentas y un plan de ejecución. El plan de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible deberá contener el firme compromiso de aprovechar las oportunidades de la revolución de los datos, con el fin de apoyar a los países más necesitados de recursos y para dar al mundo un impulso sin precedentes hacia un nuevo mundo de datos por el cambio.

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El objetivo de esta evaluación del desempeño ambiental del Perú es precisamente ayudar al país a evaluar los avances logrados en la consecución de sus objetivos ambientales, enriquecer y asegurar la constancia del diálogo de políticas y promover una mayor rendición de cuentas y una concientización más profunda entre los actores que contribuyen al desarrollo económico y social. Las 66 recomendaciones que se incluyen en este estudio están enfocadas en algunos de los principales desafíos del país en materia ambiental.