183 resultados para PENSIONES
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Las consecuencias sociales del envejecimiento son múltiples y suele admitirse que una de ellas es el aumento de la carga que pesa sobre la población activa, especialmente en el contexto de creciente urbanización como es el de Uruguay. La gran mayoría de los jubilados trabaja ante la recepción de pensiones insuficientes para vivir. El envejecimiento de la población se ha visto agravado por la enorme emigración selectiva que compromete a personas en edad activa. Sin embargo, se observan transformaciones importantes en el país que remiten al enorme aumento de la tasa de participación femenina y al aumento de las familias extensas, como dos mecanismos para hacer frente a las condiciones de vida. Estos cambios tienden a fortificar el papel de los ancianos como suplentes de los padres en el hogar.
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El trabajo compara dos programas de transferencias no contributivas a personas mayores (PTNCPM) en México: uno local (el Programa de la Pensión Alimentaria del Distrito Federal, creado en 2001) y otro nacional (el Programa 70 y Más, impulsado en 2007). Se documenta el proceso de envejecimiento de la población en los países de la Región Norte de América Latina y el Caribe; se revisan los principales instrumentos internacionales sobre los derechos de las personas mayores, así como los marcos jurídicos de ambos programas; se propone una guía para el análisis de los PTNCPM desde un enfoque de derechos, y se lleva a cabo una comparación sobre la base de diversas variables. Entre los hallazgos principales del trabajo se encontraron modificaciones de los criterios de elegibilidad: el programa nacional dejó de lado la universalidad para iniciar un proceso de focalización en 2012; la cobertura alcanzó el 100% en ambos casos y se redujo a casi 60% en el programa nacional y a 82% en el local; las prestaciones monetarias directas e indirectas en el caso local duplican las del nacional; en éste hay un sesgo de género favorable a los varones, mientras que en aquél es favorable a las mujeres; la sostenibilidad financiera está asegurada por ley sólo en el programa local; el presupuesto asignado como porcentaje del PIB es del doble en el caso local con respecto al nacional; y la capacitación de tomadores de decisiones, cuadros medios y personal operativo es fundamental para el mejoramiento y ampliación de los programas. Se concluye que el enfoque de derechos garantiza la institucionalidad y sostenibilidad de los programas, además de un ingreso mínimo universal que promueve la cohesión social.
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