168 resultados para GOBIERNO LOCAL - MÉXICO


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El trabajo compara dos programas de transferencias no contributivas a personas mayores (PTNCPM) en México: uno local (el Programa de la Pensión Alimentaria del Distrito Federal, creado en 2001) y otro nacional (el Programa 70 y Más, impulsado en 2007). Se documenta el proceso de envejecimiento de la población en los países de la Región Norte de América Latina y el Caribe; se revisan los principales instrumentos internacionales sobre los derechos de las personas mayores, así como los marcos jurídicos de ambos programas; se propone una guía para el análisis de los PTNCPM desde un enfoque de derechos, y se lleva a cabo una comparación sobre la base de diversas variables. Entre los hallazgos principales del trabajo se encontraron modificaciones de los criterios de elegibilidad: el programa nacional dejó de lado la universalidad para iniciar un proceso de focalización en 2012; la cobertura alcanzó el 100% en ambos casos y se redujo a casi 60% en el programa nacional y a 82% en el local; las prestaciones monetarias directas e indirectas en el caso local duplican las del nacional; en éste hay un sesgo de género favorable a los varones, mientras que en aquél es favorable a las mujeres; la sostenibilidad financiera está asegurada por ley sólo en el programa local; el presupuesto asignado como porcentaje del PIB es del doble en el caso local con respecto al nacional; y la capacitación de tomadores de decisiones, cuadros medios y personal operativo es fundamental para el mejoramiento y ampliación de los programas. Se concluye que el enfoque de derechos garantiza la institucionalidad y sostenibilidad de los programas, además de un ingreso mínimo universal que promueve la cohesión social.

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En años recientes el gobierno mexicano se ha comprometido a cumplir ambiciosas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, un análisis de las reformas en el sector energía de 2008 revela que en las medidas adoptadas no está definido adecuadamente el papel que tendrán las dos empresas estatales del sector, PEMEX y la CFE, en la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. México se ha beneficiado de los dos monopolios estatales en el sector energía a lo largo de los años. La cobertura de electricidad de casi el 95% alcanzada por la CFE en los años noventa y la contribución de un tercio a los ingresos estatales por PEMEX son los logros clave que han sido posibles por conducto de los monopolios de energía. Funcionando dentro de un marco exclusivo, pareciera de vez en cuando que los dos monopolios moldean las políticas de estado para satisfacer sus propias necesidades. La ausencia de un marco regulatorio adecuado para el sector energía no impidió al gobierno comprometerse a reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020. Hay un incremento de conciencia en México sobre la necesidad de bajar la emisión de gases de efecto invernadero y de cambiar la canasta energética del país que depende en 91% de los combustibles fósiles, incrementando la participación de las fuentes renovables de energía. Sin embargo, la reforma de 2008 falló en modificar la estructura monopólica de las dos compañías del sector, debido a que las iniciativas de las leyes relativas al cambio climático fueron promulgadas dentro del marco monopólico existente.