149 resultados para Cuestión social de la infancia
Resumo:
Prólogo de Alicia Bárcena.
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Los derechos de la infancia y adolescencia con discapacidadHasta hace poco, los niños y niñas con discapacidad eran escondidos, objeto de burlas y, en muchos casos, víctimas de violencia. Esta situación ha mejorado gracias a algunos cambios en la concepción de la discapacidad y a la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de 23 países de la región.
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Entornos saludables: deudas pendientes que afectan a la infancia y la adolescencia.En esta nueva edición, resaltamos el derecho de niños, niñas y adolescentes a entornos saludables, con énfasis en el acceso adecuado a agua potable y saneamiento, tanto en diagnóstico como en políticas. Es nuestro aporte a los desafíos planteados por la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Convención sobre los Derechos del Niño.
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Hay un consenso entre académicos y practitioners sobre la existencia de una relación positiva entre más y mejor infraestructura y crecimiento económico. Respecto del fenómeno más amplio del desarrollo, la literatura ha procurado desentrañar los nexos teóricos y las regularidades empíricas entre la infraestructura con la productividad, por un lado, pero también con la inclusión social y la equidad, por otro. La infraestructura efectúa diferentes aportes. El capital de infraestructura no es homogéneo y tampoco lo es su efecto sobre los aspectos distributivos. El agua y el saneamiento tienen un nexo particular con la salud de la población en general, con la mortalidad infantil, con la salud de los infantes, su capacidad de aprendizaje y de adquisición de destrezas laborales. En materia de transporte, la reducción de costos y tiempos tiene un impacto económico directo en actividades económicas de producción, distribución doméstica e internacional. Pero también tiene dicha infraestructura un rol que cumplir en lo social y distributivo al reducir accidentes fatales y heridos graves en los sectores naturalmente más vulnerables a los mismos, que son los pobres. Bajo el paraguas general de la infraestructura, se pueden incorporar una serie de instalaciones que permiten la prestación de determinados servicios, algunos con muy fuertes inversiones de capital fijo, unos domiciliarios y otros que no lo son necesariamente, pero que comparten en común la existencia de redes (de transporte, de cableado, de cañerías) y un fuerte concurso de capital físico y tecnología, así como la necesidad de mantenimiento periódico con fuertes inversiones.
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Incluye bibliografía.
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La centralidad que ocupan los niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de los programas de transferencias ha sido documentada en las sucesivas evaluaciones que observan el impacto de estas políticas en múltiples indicadores de bienestar infantil. Sin embargo, los estudios que profundizan en los procesos ocurridos a partir de la puesta en marcha de los programas en las familias beneficiarias son bastante más escasos. En particular, todavía se conoce poco sobre el efecto específico de las condicionalidades sobre el bienestar infantil y sobre el grado en que las condicionalidades facilitan u obstaculizan el cumplimiento de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Este documento avanza sobre esta interrogante en dos partes. En los primeros dos capítulos se sintetiza la literatura regional e internacional para dar cuenta de los dos niveles (normativo y empírico) de debate asociados al uso de condicionalidades en los programas de transferencias. A partir del capítulo III se presentan los resultados de una investigación sobre uso de condicionalidades en un caso concreto: el Programa de Asignaciones Familiares del Uruguay.
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Este documento se propone realizar una estimación de los costos e impactos de extender la cobertura y mejorar la calidad en materia de transferencias monetarias a los adultos mayores y a las familias con hijos menores de edad para los países de América Latina y el Caribe.
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Prólogo de Alicia Bárcena
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Este trabajo se enmarca en el debate clásico de principios del siglo XX entre los campesinistas y los descampesinistas. Con el propósito de actualizar la problemática a partir de un estudio concreto, en este artículo se analiza una muestra de familias rurales del departamento de Salavina, situado en la provincia de Santiago del Estero, que es uno de los departamentos en que se concentraría buena parte de las explotaciones agropecuarias campesinas de la provincia. El análisis se basa en la hipótesis de que la noción de campesinado resulta inadecuada —vaga, imprecisa— para comprender la naturaleza social de ese conjunto de familias rurales. Por el contrario, se considera que las nociones propias del materialismo histórico —como los conceptos de obreros con tierras, semiproletarios y pequeña burguesía rural— permiten aproximarse con mayor precisión al ser social de las familias que son objeto de este estudio. Para llevar a cabo el análisis propuesto se utilizan datos extraídos del Formulario de Caracterización Familiar del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER), correspondientes al año 2009.
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La CEPAL, con el apoyo de la Fundación W.K. Kellogg, ha identificado y analizado 4.800 experiencias de innovación social provenientes de América Latina y el Caribe, recogidas en cinco ciclos anuales de concurso. Tras visitarlas en el terreno y ser evaluadas por el Comité de Notables, se seleccionaron 25 ganadoras consideradas las más innovadoras y con mayor impacto en el desarrollo social de la región. El objetivo de este libro es poner estas innovaciones y sobre todo su capacidad de mejorar las condiciones de vida de todas y todos los habitantes de la región, al servicio de grupos más amplios de la población. No hay duda de que su aplicación masiva será un aporte al anhelado cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio, cuya fecha límite es 2015, solo faltan cinco años. El desafío pendiente para la región es convertir en políticas públicas estas iniciativas exitosas en el combate a la pobreza y el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales.
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Este Panorama Económico y Social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es una contribución de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a la Cuarta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), (Quito, enero de 2016).
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Este trabajo sugiere algunas rutas alternativas de protección para las poblaciones rurales de Colombia, pensadas desde la caracterización de las familias, sus dinámicas heterogéneas, los riesgos diversos que enfrentan y sus principales necesidades. presenta las principales tendencias demográficas en Colombia, en particular de la población rural, donde se destaca la importancia de considerar las dinámicas poblacionales para la construcción de mejores alternativas de protección. Y aporta una clasificación de las diferentes estructuras familiares y de la actividad productiva principal a la que se dedican sus miembros activos. Posteriormente, se precisa el concepto de protección social y se presentan sus principales elementos, para abordar en una aproximación al estado actual de la protección social en Colombia y a las principales estrategias —formales o informales— a las que recurren los hogares rurales para protegerse. Se exponen las razones por las cuales los instrumentos existentes no han sido efectivos y finalmente, se ofrecen algunos elementos para la construcción de rutas de protección para la población rural, así como su clasificación en algunas tipologías básicas. Una versión preliminar fue presentada al Consejo Directivo de la Misión para la Transformación del Campo, cuyos comentarios enriquecieron este trabajo.
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Las pequeñas comunidades rurales de la Región de Aysén, Chile, evidencian una variedad de formas y tipos de capital social. La forma específica de capital social que predomina ha evolucionado según cambios en el contexto nacional y la progresiva integración comunicacional. Tras haber sido ejemplo de cooperación comunitaria, las comunidades rurales enfrentaron el desafío de relacionarse con actores sociales de mayor poder, en el escenario ampliado de la sociedad civil regional. En muchos casos, este cambio conllevó una menor autonomía y la captura de facciones comunitarias en cadenas de clientelismo. Sin embargo, en 2012 emergió el movimiento “Tu problema es mi problema” para enfrentar la marginación percibida en sus relaciones asimétricas con el gobierno central. Este evento masivo de desobediencia civil se basó en tres formas de capital social y marcó la emergencia de una ciudadanía de alcance regional, cumpliendo una de las condiciones para una descentralización plenamente democrática.
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El estudio multidimensional de la pobreza ha ganado espacio en diversos ámbitos en la última década. Por un lado, en el ámbito académico han evolucionado los desarrollos conceptuales sobre el bienestar de los individuos y sus dimensiones, y, de la mano de ello, la construcción de mediciones que las toman en cuenta. Por otro lado, algunos países han avanzado en las mediciones multidimensionales como medidas oficiales de pobreza, o están avanzando en consensos para llevarlas a cabo con el objetivo de orientar las políticas públicas. Además, en diversos países se utiliza el enfoque multidimensional en diferentes estudios elaborados por los gobiernos, aun cuando no tengan el estatus de mediciones oficiales. En Uruguay, si bien la medida oficial de pobreza es la monetaria, cada vez existen más estimaciones complementarias, elaboradas tanto en la academia como en el Estado, que incorporan otras dimensiones (Arim y Vigorito, 2007; mides, 2013; Castillo y Colombo, 2014). De hecho, la reducción de la pobreza monetaria tornó más importantes estas medidas multidimensionales en el diseño de las políticas sociales, porque dan cuenta de privaciones específicas en determinados grupos de población y dimensiones, lo que permite mejorar la focalización.