149 resultados para vigencia

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Desarrolla un análisis exegético del delito político, razón ésta por lo que constituimos como base fundamental una estructura, que partiendo de lo semántico y conceptual, se articula con la doctrina, para luego ir modulándose con lo filosófico, sociológico y político, lo cual dará como resultado el entronizamiento de las tres teorías básicas: objetiva, subjetiva y mixta o ecléctica. Como antecedente diseñamos un escenario temático que realiza un estudio hermenéutico de Derecho Penal, Constitucional y Ciencia Política, base determinante para más allá profundizar el sendero intrincado y enmarañado de lo que constituye nuestro propósito y objetivo, siempre buscando que no sea fruto del azar o de una acción providencial. Abordar el estudio del delito político y la amnistía, implica deslizarse en el médano o en una duna, sin más armas que las ideas firmes sobre la justicia, para hacerles frente desde el plano ideológico a los enemigos de la libertad y la democracia, trilogía que se constituye en un dogma, cuyo corolario hace de estos valores, verdaderos paradigmas, los mismos que de acuerdo a la axiología jurídica son el propósito y fin del Estado Social Democrático de Derecho y Constitucional. El delincuente político irrumpe en el escenario social, el instante en que se vulneran y transgreden los principios básicos de convivencia, provocando desajustes y desequilibrios que afectan la dignidad humana, originando inconformidad, cuyas connotaciones se suelen canalizar a través de expresiones sociales como la resistencia, la rebelión, la revolución y el terrorismo, temas que son debidamente analizados en los capítulos pertinentes. En el Ecuador, los temas del delito político y la amnistía no han sido debidamente tratados, razón por la cual, a la luz de las diferentes corrientes que se esgrimen, formulamos un estudio que se concreta en principios y proyecciones de nuestra realidad. En conclusión definimos que el cambio estructural de una sociedad organizada es producto del ejercicio de la soberanía popular, pilar fundamental en el que descansa el Estado como principio político-democrático, ejerciéndoselo a través del poder constituyente que se consumará con la creación del texto constitucional.

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La política petrolera privilegia los ingresos económicos y margina los derechos ambientales y sociales de la población en las zonas petroleras. Ilustra el análisis de la entrega de licencias que contravienen los derechos establecidos: contrato en el bloque 20 y la explotación en la costa ecuatoriana; a esto se suma los numerosos y graves casos de derrame de petróleo. El gobierno implementa un programa de reparación ambiental y social entre el Ministerio del Ambiente y Petroecuador, pero falta tomar decisiones fuertes para no ampliar más la frontera petrolera y para aplicar verdaderos procesos de reparación integral, tal como lo estipula la Constitución. Es urgente la derogatoria del Decreto Ejecutivo 1040, que reglamenta la participación social, por ser inconstitucional.

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La Constitución de 2008 contiene importantes avances en derechos colectivos, ambientales y de la naturaleza. Con la aprobación de la Ley de Minería (y de la Ley de Seguridad Pública) se profundiza el modelo extractivista como parte del modelo primario exportador, contraviniendo el mandato constitucional. Falta una institucionalidad que proteja estos derechos. Es muy preocupante la criminalización de la protesta, entre otros casos se destacan: cierre de Acción Ecológica, 26 juicios contra el dirigente Rodrigo Aucay, Familia Belezaca Vintimilla, comunidades shuar de Nankintza, protestas en el Pangui, comunidades de Quimsacocha, cierre de la Voz de Arutam. La CONAIE demandó la inconstitucionalidad de la Ley de Minería. Se demanda la garantía de derechos, entre éstos el de la resistencia.

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La normativa relativa a las patentes de invención ha rebasado las fronteras de los Estados nacionales. Lo que se entiende como invención (regulado de manera implícita al menos), la materia patentable, las excepciones a la patentabilidad, la duración del período de explotación exclusiva que se le concede al inventor sobre su obra producto del intelecto (estándar mínimo, no puede ser inferior), lo que se entiende como explotación, los conceptos de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial (regulados de manera implícita al menos), constituyen preceptos uniformes vigentes para la humanidad toda. La afirmación contenida en el párrafo anterior se la debe entender con ciertos límites. Por ejemplo, los distintos Estados pueden excluir como materia patentable al material biológico (con excepción de los micro organismos), ciertos aspectos de la institución de la licencia obligatoria quedan a la libre elección de los Estados, incluso el optar por establecerla, los distintos Estados pueden regular por sobre los acuerdos “mínimos” logrados, etc. Aspectos de importancia, pero no los definitivos a la hora de configurar la protección concedida a las patentes de invención, su objeto y alcance. Por ejemplo, el principio que manda a que se concedan patentes sin importar el ámbito de la tecnología en que sea aplicable la invención, es inequívocamente universal (existe margen para excepciones, reguladas claro). Lo anterior se logró por la aprobación del Acuerdo ADPIC, las siglas en español del acuerdo global que rige la materia, vigente en el mundo entero (aquello es inminente e irrefutable). Este convenio en su segunda década de vigencia ha conseguido efectivamente homologar las más dispares legislaciones a nivel mundial y dar pie al actual régimen global, que este estudio critica. Bajo este escenario queda corto cualquier trabajo que al abordar el tema se refiera únicamente a lo interno, ya que las regulaciones al respecto trascendieron este ámbito. Es así que en un intento por construir un sistema justo, objetivo que constituye el fin último de la Ciencia Jurídica, este trabajo propone modificar las regulaciones globales sobre la materia. Se reconoce para el efecto, por supuesto, la necesidad de evitar distorsiones en el mercado internacional de bienes intangibles, por lo cual se debe ratificar la homologación y universalidad de la normativa sobre las patentes de invención. Es así que contemplando una normativa universal, utilizando como punto de partida el Acuerdo ADPIC, se plantea que la duración de la protección otorgada por una patente de invención, al nacional de cualquier país, dentro de un determinado Estado dependa de la capacidad económica de los habitantes del mismo (correctivo principal). Básicamente cambiará el hecho de que todos los Estados miembros estén obligados a otorgar 20 años de protección, con la introducción de un sistema en que el plazo de protección que otorgue un determinado Estado, tenga relación a la capacidad económica de sus habitantes. Es decir, cada quien según su capacidad. Le corresponderá al organismo multilateral que rige la materia determinar los distintos plazos que otorgarán los diversos Estados, tomando en cuenta la capacidad de sus habitantes, en aplicación de parámetros constantes. Se debe tener en cuenta que, dado el estado actual de las comunicaciones, los productos del intelecto en general y las invenciones de manera particular, benefician a la humanidad toda sin distingo del país o región. Por lo tanto, es deber de toda la humanidad el alentar su creación y difusión, eso si, dentro de la capacidad de cada Estado parar hacerlo.

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El autor relee algunas propuestas culturales de los ensayos de Montalvo. Comienza por defender el rasgo de la polémica, en cuanto una herramienta estética y ética: la emplea con afán literario –en el mismo estilo de Sarmiento, González Prada, entre otros– y también como escritor vinculado a la política militante, para incentivar así a una audiencia poco letrada. En su pensamiento, señala oscilaciones entre ideas europeizantes, hispanoamericanistas y claramente latinoamericanistas. Hay coincidencias entre Montalvo y Pedro Henríquez Ureña al pensar lo latinoamericano, su noción se mueve entre aquella de lo nacional y del sujeto popular (vínculos con Martí y Bello). Considera a la nación como una totalidad cooperativa, en una propuesta anticolonial, de carácter republicano: donde prevalecieran la libertad de opinión, la fraternidad, y la democracia. Analiza las ideas de Montalvo sobre las masas populares, destacando el rasgo humanista en las acepciones de civilización y barbarie (que sería lo opuesto a la paz que se obtiene por el respeto y no por el miedo a los gobernantes o a la Iglesia). Montalvo aboga por la creación de un pueblo virtuoso a partir del trabajo y de un equilibrio entre la razón y los placeres, justifica la necesidad de la ilustración popular y de que un héroe guíe al pueblo (no que lo esclavice). Sin embargo, al momento de definir las clases sociales significativamente no considera las nociones de casta. Al referirse al pueblo afro, vuelve a sostener que es la esclavitud la que los coloca en una situación inferior, insistiendo en que no existe una inferioridad innata.

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Luego de ubicar a Ángel F. Rojas entre los ensayistas de temas literarios de su generación, la autora sustenta la vigencia del crítico lojano. Más allá de que no exista, en el siglo XX, ningún otro estudio de similar alcance sobre la novela ecuatoriana, plantea que los méritos de esta obra radican en los criterios de periodización empleados, en que los juicios emitidos se sustentan en criterios estéticos, y en que jerarquiza las obras de acuerdo a su valor literario, no se trata de crítica impresionista o biografista, ni sesgada negativamente por consideraciones ideológicas. Rojas incluye, entonces, tres rasgos propios de la moderna crítica literaria: el deslinde, el establecimiento de jerarquías y la emisión de juicios sustentados en la literaturidad de las obras. Un buen número de las conclusiones del autor mantiene actualidad, igual ocurre con la significación de muchas de ellas en el canon del país. El texto de Rojas inicia la moderna crítica literaria ecuatoriana, y mantiene su lugar referencial entre los estudios de la novela en este país.

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La conflictividad debido a la expansión petrolera se está ampliando a otras zonas del país; todas las provincias costeras tienen concesiones petroleras sobre sus territorios y están en la mira de los planes de exploración sísmica. La expansión de la frontera petrolera sigue en el país, con las consiguientes consecuencias sociales, ambientales y culturales, en un clima de impunidad persistente. Algunas empresas se han marchado del país durante el año 2010, después de generar daños sin reparación. Las que quedan se teme que igualmente dejarán muerte y destrucción.

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Con el propósito de que los tres capítulos de esta investigación mantengan una secuencia coherente, el primero de ellos empieza señalando ciertos antecedentes históricos relativos a los derechos de autor que finalmente desembocaron en el Convenio de Berna de 1886. Posteriormente, procura establecer líneas de enlace entre el Convenio de Berna y la Convención Universal de 1952 y las actuales normas interna y comunitaria sobre derechos de autor, así como con la ley interna de 1976, sin dejar de lado algunas consideraciones teóricas acerca de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. En el segundo capítulo, la presente tesis se aproxima a las principales disposiciones internacionales sobre derechos de autor como las siguientes: la Convención de Washington de 1946, la Convención de Roma de 1961, el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor de 1996 y el ADPIC, en lo relativo a derechos de autor. El tercer y último capítulo se adentra en el objetivo primordial de este trabajo investigativo que es el análisis comparativo entre la Ley de Derechos de Autor de 1976 y las normas interna y comunitaria sobre esta misma materia actualmente en vigencia. Para este cometido se formularán precisiones de los posibles cambios, en unos casos, y la incorporación, en otros, que se han sucedido en temas tales como el ámbito de protección, la ausencia de formalidades, el objeto y los titulares de los derechos de autor, los derechos morales y patrimoniales, los programas de ordenador, las sociedades de gestión colectiva y las acciones y procedimientos.

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Con el propósito de que los tres capítulos de esta investigación mantengan una secuencia coherente, el primero de ellos empieza señalando ciertos antecedentes históricos relativos a los derechos de autor que finalmente desembocaron en el Convenio de Berna de 1886. Posteriormente, procura establecer líneas de enlace entre el Convenio de Berna y la Convención Universal de 1952 y las actuales normas interna y comunitaria sobre derechos de autor, así como con la ley interna de 1976, sin dejar de lado algunas consideraciones teóricas acerca de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. En el segundo capítulo, la presente tesis se aproxima a las principales disposiciones internacionales sobre derechos de autor como las siguientes: la Convención de Washington de 1946, la Convención de Roma de 1961, el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor de 1996 y el ADPIC, en lo relativo a derechos de autor. El tercer y último capítulo se adentra en el objetivo primordial de este trabajo investigativo que es el análisis comparativo entre la Ley de Derechos de Autor de 1976 y las normas interna y comunitaria sobre esta misma materia actualmente en vigencia. Para este cometido se formularán precisiones de los posibles cambios, en unos casos, y la incorporación, en otros, que se han sucedido en temas tales como el ámbito de protección, la ausencia de formalidades, el objeto y los titulares de los derechos de autor, los derechos morales y patrimoniales, los programas de ordenador, las sociedades de gestión colectiva y las acciones y procedimientos.

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Preocupado por la tarea educativa, fruto de mi experiencia docente de algunos años, decidí realizar esta investigación, pues considero que la enseñanza de la literatura se encuentra impregnada de criterios y práctica tradicionales, transmisora y consumista de conocimientos y, en algunos casos, se la concibe como meramente informativa y acumulativa, que hace que el alumno pierda la motivación y gusto por la lectura, no desarrolle la capacidad de imaginar, interpretar y criticar; experiencias ricas, que solo le proporciona el acercamiento y lectura de la obra literaria. Por tal razón, el objeto central de nuestra investigación es el estudio y análisis de la propuesta pedagógica de Aurelio Espinosa Pólit para la enseñanza de la Literatura, reflexiones que me ha permitido determinar su plena vigencia. Se trata de un estudio desde una lectura diferente, desde una perspectiva pedagógica, que permite estar en constante diálogo entre la visión que tiene el autor y una visión contemporánea (la del investigador) acerca de cómo debería ser la enseñanza de la literatura. Su propuesta pedagógica incluye: planteamientos teóricos acerca de la literatura y su enseñanza, una postura estética y ética vinculada con la crítica literaria. Todo su pensamiento teórico y pedagógico se encuentra plasmado a lo largo de toda su obra escrita y minuciosamente desarrollada en Dieciocho Clases de Literatura, obra central de nuestra investigación. Los beneficiarios directos del trabajo serán los maestros y alumnos de literatura. La información obtenida permitirá profundizar los conceptos teóricos acerca de la literatura, proponer una guía didáctica básica, principios y niveles de una buena lectura, reflexionar sobre la importancia y vigencia de las obras de los clásicos y modernos; comprender mejor la utilidad de la literatura en la formación de valores estéticos y éticos en los estudiantes. En este sentido, considero que el papel del profesor es decisivo para llevar exitosamente la enseñanza de la literatura, pues el estudiante -razón, principio y fin de la educación- se beneficia en la medida en que los maestros se preparen, actualicen y perfeccionen una nueva práctica en la enseñanza de la literatura.

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Cualquier decisión que afecte a la seguridad social del puerto principal y comprometa sus fondos, no sólo afecta a los afiliados de Guayaquil, sino a toda esa importante ciudad y al país en su conjunto. El ahorro social contenido en las arcas del Seguro Ecuatoriano es un recurso vital, de cuya solidez depende buena parte de la construcción y sostenimiento de los derechos sociales y la seguridad colectiva de la población derecho habiente.

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Evidencia las consecuencias de la aplicación de la política petrolera impulsada por la reforma de la Ley de Hidrocarburos que incluye la entrega de campos maduros a empresas privadas; la décima ronda de licitaciones para entregar campos marginales y la décimo primera ronda de licitaciones para concesionar los bloques del sur de la Amazonía, lo que conlleva violaciones de los derechos de las poblaciones que residen en los campos de explotación y amenazan a nuevas poblaciones. Estas poblaciones, principalmente los pueblos indígenas desarrollan luchas de resistencia en defensa de su territorio y su cultura.

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El género político periodístico contestatario, ligado a los sectores de izquierda, muestra que está vigoroso a pesar de que su producción enfrenta las dificultades que presenta un sistema social hegemónico construido de acuerdo a determinados poderes políticos, económicos y simbólicos. Esta hegemonía, acusada de generar desigualdades sociales, es precisamente una de las fuentes de las publicaciones contestatarias, sin importar que dentro de los gobiernos sus actores integren las nóminas de grupos revolucionarios de izquierda. Es decir, que la vigencia del género contestatario obedece y gira en torno a la aplicación de políticas antipopulares o de amenazas al goce de plenas libertades que reclaman los sectores subalternos. Los periódicos En Marcha y El Pueblo, voces contestatarias impresas, durante la campaña electoral de enero y febrero del 2013, cumplieron su papel, el primero en contra y el segundo a favor del candidato oficialista. Ha sido necesario realizar un análisis de contenido de cada uno de los textos publicados por estos dos periódicos para identificar a los sujetos que más simpatía o aversión han generado a los editores de estos impresos. Los discursos descalificadores publicados contra los rivales políticos y la opinión mezclada con la información, entre otras cualidades de lo contestatario, también han servido para trazar una línea de separación entre este género y los textos emitidos por la prensa comercial que hace oposición a un gobierno. En síntesis, el género contestatario sigue vigente mientras existan hegemonías producidas por grupos de poder, sin importar su origen o ideología política.