La valoración de la prueba, en la motivación de una sentencia en la legislación ecuatoriana

Respecto a la valoración de la prueba, en nuestro sistema de justicia, se establece en el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil que: “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas.” Con este artículo nuestro legislador establece que la prueba debe ser valorada por el Juez con estricto sentido de la lógica y de la razón, de conformidad con los principios de la sana crítica, mismos que deberán estar integrados por las reglas de la lógica y la experiencia de los jueces. En nuestra legislación no se impone al juez el resultado de la valoración de la prueba, pero sí le impone el camino, el medio concreto, el método de valoración y éste no es otro que el de la razón y la lógica como elementos de todo juicio, es así que la Constitución Política de nuestro país, para controlar que efectivamente el Juez exponga su valoración de la prueba, y exponga sus fundamentos de hecho y derecho presentados en el proceso, estable en su Art. 76 numeral 7, literal L que: Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas y principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.” Con la motivación se pretende que las personas encargadas de la administración de la justicia demuestren que la decisión tomada en determinada causa, es legal y racionalmente justificada sobre la base de aquellos elementos que la fundamentan.

El modelo de gestión del Régimen Jurídico de la Propiedad de la Tierra en las comunas del Distrito Metropolitano de Quito

El presente trabajo académico de investigación trata sobre el reconocimiento constitucional de la propiedad de los territorios comunales ancestrales existentes en el Distrito Metropolitano de Quito en relación con la problemática del ordenamiento y control urbanístico debido a que históricamente han estado excluidos de los modelos de gestión territorial por reunir unas características distintas al modelo de propiedad individual. Esta exclusión se evidencia en la falta de un cuerpo jurídico normativo en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito que establezca criterios sobre la aplicación del Derecho Urbanístico en las comunas ancestrales. El abordaje temático se realiza en tres capítulos. En el primero se muestra el proceso de conformación de las comunas ancestrales como procesos históricos de resistencia socio cultural que han obtenido el reconocimiento de que al Ecuador selo defina como un país unitario pero diverso en aplicación de los principios de plurinacionalidad e interculturalidad. Posteriormente, se examinanlosprincipales aspectos del Derecho Urbanístico existente en el modelo de gestión territorial ecuatoriano caracterizado por el principio de descentralización, recogido teóricamente en la normativa ecuatoriana pero polémico en la aplicación práctica; y, la participación protagónica de los sujetos sociales en la gestión pública. Para finalmente, vincular la teoría analizada con la realidad territorial comunal aportando a través de la generación de sugerencias prácticas en la solución de los principales problemas urbanísticos que se recogen en un proyecto de ordenanza metropolitana.

Transformación de la legitimidad política en las autoridades indígenas del Municipio de Turco (Departamento Oruro-Bolivia) entre 2007 – 2010

La presente investigación titula la “Transformación de la legitimidad política en las autoridades indígenas del municipio de Turco (departamento, Oruro-Bolivia) entre 2007 – 2010”. Lo cual aborda las nuevas formas de legitimación en las que están inmersos las autoridades aymaras y su relación con las autoridades del municipio, donde se expresa la combinación de legitimidad, entre la gestión comunal de la autoridad aymara con la gestión estatal ejercida por el municipio. Sin embargo, yendo más allá de esas afirmaciones encontramos, un conjunto de factores internos y externos que han transformado la naturaleza interna del ayllu. Donde el hilacata como autoridad del ayllu, sus responsabilidades se van ampliando hacia otros ámbitos, como ser, proyectos de desarrollo, fiscalización, etc. Los conflictos sobre la posesión legítima de la tierra surgen a raíz de que muchos poseedores, comunarios, no viven en el ayllu como ocurrían antes, sino muchos emigraron hacia las áreas urbanas. Además otro elemento que coloca en entredicho a la autoridad aymara es la valoración diferenciada a su trayectoria política. Las autoridades que provienen del ayllu tienden a gozar de mayor reconocimiento, que aquellas autoridades residentes que retornan de las ciudades. Lo cual significa para los comunarios, desconfianza, y menor grado de legitimidad política. En relación a los factores externos, encontramos la actitud de algunas autoridades residentes que tienen dificultades en mantener un diálogo con los comunarios. Además se observa la misma realidad en los comunarios residentes que con su ausencia influyen en la agudización de tensiones por la posesión legítima de la sayaña. Ante este panorama la legitimidad de la autoridad aymara tiene que ver con la combinación entre un ejercicio comunal y estatal.

Plan de Manejo de Conflictos Socioambientales en las comunidades indígenas de la zona norte de la Provincia de Esmeraldas: comunidad Awá

La presente investigación analiza el conflicto y la identidad en la lucha por la tierra, desde la comprensión de las lógicas culturales frente a la tierra. Permitiendo entender las motivaciones simbólicas de cada grupo frente a la tierra y sobre todo valorar el hecho de que existen grupos para quienes la tierra tiene un valor más allá de lo económico y monetario. Su valoración radica en que se constituye en un espacio de vida y reproducción socio cultural para el grupo que lo habita. Existe un conflicto de carácter étnico, ambiental y económico. Es decir, los intereses entre la adjudicación del territorio en donde se desarrolla las actividades de extracción, explotación, venta y comercialización de maderera, la conservación del medio ambiente y los derechos territoriales de la población Awá. Las actividades madereras, palmicultora y minera se han caracterizado por ser altamente contaminantes, por ser un motor de colonización y por haber provocado numerosos conflictos no sólo en la zona, sino a nivel nacional. Las principales amenazas sobre la integridad del territorio vienen por parte de las empresas madereras y palmicultoras. Ya que el territorio Awá posee la última extensión de bosque primario que queda en la costa del Ecuador. Como la madera, se está terminando en otras partes, los intereses de los grandes industriales madereros van hacia la madera que se tiene en esta zona. El resultado de las negociaciones todavía no se ha dado, por cuanto se espera respuesta por parte de entidades públicas que reconozcan el derecho de la comunidad Awá que tiene su territorio en disputa como en conservar sus recursos naturales y redistribuir sus ingresos a toda la comunidad. Finalmente, la investigación demuestra que un manejo adecuado del conflicto, es decir entre iguales, con metodologías participativas, permitirá soluciones adecuadas además, es posible ir creando procesos sociales basados en el respecto mutuo y la interculturalidad.