El papel de las Fuerzas Armadas en las crisis de febrero de 1997 y enero de 2000

La ola de redemocratización en América Latina, acaecida en los años ochenta, implicaba que los militares aceptaban subordinarse al poder civil, sobre la base de su distanciamiento, entre otros, de la escena política. Sin embargo, el Ecuador no ha sido ejemplo de ello. En las coyunturas políticas de febrero de 1997 y enero de 2000 –cuyos desenlaces fueron las caídas de Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad, respectivamente-, las Fuerzas Armadas se convirtieron en actores centrales de la crisis y en los responsables de resolverla. A partir de la reconstrucción de los sucesos de 1997 y 2000 y el análisis del desempeño de los diversos actores políticos, el presente trabajo establece cómo, sea por medio del arbitraje o abiertamente a través de un golpe de estado, las Fuerzas Armadas tutelan el sistema político vigente en el Ecuador.

Rastros y rostros del poder en la provincia de Pasto: primera mitad del Siglo XIX "Leales a sí mismo"

“RASTROS Y ROSTROS DEL PODER EN LA PROVINCIA DE PASTO‐SIGLO XIX” trata de inquirir y configurar analíticamente el singular tema y trama del poder en la Provincia de Pasto (región suroccidental de la actual República de Colombia) en los albores del siglo XIX; en el contexto y coyuntura de los procesos de desestructuración del régimen colonial y estructuración del régimen republicano. Considerando, particularmente, la postura diferenciada de la “nobleza” pastusa frente a las opciones autonomistas, independentistas y republicanas que le valieron para la posteridad el estigma de “realistas” e “ignorantes”. Sospechando de los argumentos estigmatizadores se discurre sobre la posibilidad, por una parte, de hallar en los “nobles” pastusos una latente y subrepticia ambición de girar alrededor de un polo de desarrollo diferente, de acuerdo a lo recomendado por su tradición y las circunstancias geográficas, históricas y políticas; de entender la expectativa de los pastusos por disponer, para su mayor “progreso”, de su propia formación socio política y hasta su propia soberanía territorial con sus organismos propios en lo civil, en lo eclesiástico y en lo militar, incluyendo sus propias contradicciones y conflictos; al mismo tiempo, considerando, que fue la familia semiextendida de “nobles pastusos”, con su legado y entramado familiar y parental, con sus redes sociales y políticas, con su prestigio y sus honores, con sus posesiones agrarias y su comercio, con su membrecía y organización territorial y con sus posiciones en el gobierno local, con relativas excepciones, la estructura y estrategia primordial de poder y confrontación. Que, sin embargo, paradójicamente, dentro de esta tradición y estrategia de unidad consanguínea o familiar indiscutible, el poder, los procesos y los acontecimientos históricos y políticos estuvieron movidos por la escisión parental, agitada por intereses materiales y pasiones, privilegios, honores y otras intimidades particulares, correspondientes a la “herencia inmaterial” o capital relacional (nombre, status, honra, estimación social, que ni se pesa, ni se mide, ni se tasa) de los linajes y familias.

Elementos constitucionales relacionados con la prueba en el proceso civil

El presente trabajo de investigación se aproxima a realizar un análisis detallado de los elementos constitucionales y límites de la prueba, supuesto que establece los pilares sobre las cuales se apoya la tutela judicial efectiva, el debido proceso y por consiguiente, la seguridad jurídica, además, estos supuestos son la base de un Estado garantista que reconoce varias garantías, como una forma de materializar y guiar el poder de administrar justicia. En la actualidad el ámbito procesal civil presenta un problema en la praxis pues advierte falta de diligencia en la sustanciación de los procesos, a pretexto de coordinación entre funciones surge un escenario que supone injerencia en las decisiones judiciales en los procesos, generando inseguridad jurídica. Sin tratar de caer en reduccionismos la seguridad jurídica afianza la certeza del derecho que no es sino, además, la paz y el orden social en el marco jurídico. Ya los cauces que rigen el garantismo quedaron iniciados con la constitucionalización de la tutela judicial efectica, el debido proceso para la aplicación de las garantías o normas que más se ajusten a los derechos vigentes, sin embargo, queda mucho por hacer para alcanzar una efectiva materialización de la seguridad jurídica. Le corresponde a la legislación procesal civil realizar los cambios para una adecuada aplicación del derecho, precisando que ella es fundamental para el correcto funcionamiento del Estado Constitucional de Derechos y Justicia actual. Además constituye una precondición para la aplicación imparcial, formal y material del Derecho. El Sistema Jurídico vigente evidencia la supremacía constitucional como eje central de manera que existe una directa vinculación del juez a la misma. Este fenómeno jurídico judicial arroja consecuencias relevantes para la tutela judicial efectiva en un Estado garantista.