A favor de la democracia y la inclusión social

El conflicto político que vive Venezuela ha limitado la discusión del problema clave que nos afecta desde hace más de una década: la pobreza y la exclusión. La aprobación de un modelo de seguridad social garantista, solidario y apegado a la Constitución es una de las condiciones fundamentales para promover y lograr la inclusión social.

Crecimiento económico e inclusión social: la experiencia peruana reciente y el nuevo gobierno constitucional (Coyuntura)

El Perú está en un buen camino de crecimiento y de inclusión social; en la experiencia peruana se está demostrando que ambos objetivos pueden marchar complementaria y convergentemente. En las próximas décadas los esfuerzos deberán orientarse a las reformas de segunda y de tercera generación y al incremento de la eficiencia y competitividad.

Programas de transferencia de ingresos. ¿Más condicionalidades y menos derechos para madres pobres?

Desde fines de los años noventa, en América Latina se comenzaron a implementar una serie de programas sociales de transferencia de ingresos condicionados. Dichos programas han tenido entre sus principales objetivos el apoyo a las familias para mejorar sus condiciones de vida y la inversión en “capital humano” a través de las responsabilidades asumidas por sus beneficiarios en la asistencia en salud y educación. Asimismo, se caracterizan por incorporar el lenguaje de “derechos humanos”, exigir condicionalidades y otros elementos modernizantes que los diferencia de sus antecesores. Estos programas de transferencia de ingresos, no debe oscurecer la perspectiva aquí adoptada: la consideración de que la pobreza se profundizó en América Latina por razones macroeconómicas vinculadas a opciones de política que exceden ampliamente la débil institucionalidad característica de los programas asistenciales. A partir de este enfoque el presente artículo se propone analizar tres experiencias en materia de programas sociales de transferencias de ingresos: el Programa Familias para la inclusión Social (en adelante: Programa Familias) –de Argentina-, Oportunidades (ex Progresa) –de México-, y el Programa Puente –de Chile- como ejemplos de programas de transferencias monetarias condicionadas a las madres de familias. Algunas de las preguntas que guiarán el análisis son las siguientes: ¿En qué medida estos programas garantizan el ejercicio de derechos por parte de su población destinataria? ¿Qué consecuencias tiene que sean mayoritariamente las mujeres las titulares de los “beneficios”? ¿Qué puntos de encuentros y diversidades se pueden establecer entre los casos? ¿Existen efectos “no queridos”, “no deseados”? Si es así ¿cuáles son y cómo se manifiestan?

Frente de Artistas Intramuros

Abrir las puertas de las unidades penitenciarias y adentrarse intramuros para efectuar programas de prevención de conductas delictivas, implica una mirada que pueda abarcar, por un lado el marco socio-histórico que conllevó a la efectivización de este tipo de instituciones cerradas y totalizantes y por otro lado la conciencia de saber que estamos tratando con producciones polarizantes sociales. Esto es, intentar “correrse” de preconceptos culturales como: bueno-malo, normal-anormal, legal-ilegal, adecuado-inadecuado, adentro-afuera. Direccionándonos como agentes de cambio, multiplicadores y personas desestigmatizantes; proporcionando desde ese lugar, la posibilidad de una verdadera socialización integral, que implique la propia aceptación del ser, enmarcado dentro del sistema social, borrando las barreras del adentro y el afuera, como línea divisoria entre sujeto-no sujeto. Abrir estas puertas para efectuar programas de prevención, implica tener claro que al salir de ellas, debimos haber logrado, primero integrar estas instituciones al aparato productivo, integrándolas de esta forma a la maquinaria social; segundo haber logrado el pasaje en las personas allí detenidas de sujetos de la exclusión en sujetos de derecho y tercero, la incorporación en ellos, de herramientas que les permitan transformarse no sólo en activistas de su propio proyecto de vida, sino en agentes multiplicadores de inclusión social, a través de la transformación de pautas culturales existentes.

Integración regional y democratización de la comunicación

Tanto por la dinámica del contexto que persiste en tendencias que refuerzan los intercambios desiguales en el mercado internacional y las brechas sociales en nuestra región, así como por las dinámicas nacionales que están transformando positivamente las condiciones de desarrollo en nuestra región encarando políticas de transformación productiva e inclusión social, la integración se ha convertido en el camino para que nuestro continente transite de la periferie al centro de decisiones de las políticas mundiales. En América Latina y el Caribe se vive un regionalismo de nueva generación, caracterizado por su carácter multidimensional, dinamizador de derechos supranacionales, enriquecedor de las políticas nacionales; y sistematizador de las conquistas de los esquemas subregionales y regionales. Está compuesto de manera combinada por esquemas de integración, mecanismos de cooperación y sistemas multilaterales remozados. Cuatro dinámicas caracterizan el funcionamiento del regionalismo latinoamericano y caribeño en la actualidad: 1) la creación de estadios superiores de integración como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC); 2) el reacomodo de los bloques subregionales ya existentes, como la CAN y MERCOSUR, o regionales como el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM, por sus siglas en inglés); 3) el surgimiento de esquemas de cooperación con afinidad o alineamiento, como el ALBA y la Alianza del Pacífico; y 4) una exigencia de remozamiento de los sistemas multilaterales con mayor presencia en la región. En este contexto, la democratización de la comunicación tiene como desafíos principales: 1) contribuir a la unidad continental; 2) democratizar los sistemas de integración con la participación ciudadana; y 3) construir una cultura de integración.

Relaciones económicas equilibradas: el caso de las redes productivas de Tungurahua

Una comparación entre las tres provincias ubicadas en la Sierra centro del Ecuador muestra que Tungurahua destaca por una menor proporción de población rural pobre, con más capacidad de consumo y con mayor igualdad social que la población rural de Chimborazo y Cotopaxi (Larrea et al. 2011). Otra comparación a nivel regional muestra que la economía de Tungurahua se caracteriza por una más dinámica actividad económica, una más amplia diversificación sectorial y por una estructura productiva más basada en pequeños y medianos emprendimientos. Finalmente, un tercera mirada comparativa indica que Ambato, la capital provincial de Tungurahua, desempeña una serie de funciones en la articulación de la economía hacia dentro y fuera del territorio que las capitales provinciales de Cotopaxi y Chimborazo –Latacunga y Riobamba, respectivamente– no cumplen. Tungurahua depende de dos aspectos fuertemente imbricados. Por un lado, la concentración de la producción agrícola y manufacturera dentro de los confines del territorio genera mayores tasas de crecimiento. Por el otro, las estructuras productivas espacial y socialmente desconcentradas al interior del territorio aseguran un grado mayor de inclusión social y de participación económica. En la primera sección nos interesa analizar cómo los factores estructurales (los llamaremos también factores “duros”), fuera del alcance inmediato de la sociedad territorial, tales como la localización geográfica y los costos de transporte, han aportado a la concentración económica, es decir, a la creación de una economía de aglomeración. Argumentamos en seguida, sin embargo, que los factores duros no pueden dar más que una respuesta parcial a la pregunta sobre las razones de la dinámica territorial y su configuración espacial. Algo que los factores duros no explican más que marginalmente, son las estructuras sociales que definen el funcionamiento interno del aparato económico territorial. Siempre existe un grado de libertad de acción que en el caso de Tungurahua fue aprovechado para desconcentrar la economía, dispersarla en las zonas rurales y basarla predominantemente en pequeños y medianos emprendimientos. Para explicar este segundo aspecto, nos serviremos de un conjunto de factores (los llamaremos “blandos”) que subrayan el proceso de construcción social de la economía. Concluimos con algunas reflexiones sobre la relación entre los factores duros y blandos, y sus consecuencias sobre posibles políticas públicas proactivas para reducir la pobreza rural en Latinoamérica.

Análisis comparativo de la experiencia de participación ciudadana que ejecutan la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi y Encuentro Ciudadano Cantonal de Otavalo, en el periodo 2005‐2009

¿Las experiencias de participación ciudadana ejecutadas en Cotacachi y Otavalo, en el período 2005‐2009, previo al nuevo marco político y constitucional ecuatoriano, han fortalecido la relación Sociedad‐Estado?, es el cuestionamiento al que refiere el presente documento, cuando las administraciones municipales de estos dos cantones iniciaron el referido proceso, alineados a la filosofía de inclusión social y ampliación democrática, conceptos abanderados por los denominados gobiernos locales “alternativos” , liderados por el Movimiento Pachakutik. A la luz de algunas aproximaciones teóricas en torno a la participación ciudadana: mecanismos, institucionalidad, autonomía, capacidad política y gestión social, se establece un debate con el ejercicio del proceso en los dos cantones, a fin de obtener un balance de la implementación y fortalecimiento de espacios ampliados de discusión y toma de decisiones; así como el grado de involucramiento, reconocimiento e identificación de la ciudadanía con éstos. En esa línea, interesa visualizar que caracteriza a la experiencia participativa de los cantones que se estudia; su incidencia en la generación de políticas públicas, su grado de sostenimiento aún en condiciones adversas a las de su nacimiento, el nivel organizativo de la sociedad civil, lo que posibilita un análisis comparativo del ejercicio de esta práctica, cuando la normativa vigente no clarificaba ni exigía el impulso a la participación ciudadana.

Rompiendo barreras. Propuesta de atención integral a las discapacidades

Esta obra es una propuesta para la protección integral de los derechos de las personas en situación de discapacidad mediante los centros de atención del Estado. Presenta los diferentes enfoques que los Estados y la sociedad han adoptado a lo largo de la historia para atender a las personas con discapacidad; además, muestra el proceso y los resultados obtenidos en una investigación realizada en los centros de protección para discapacitados (CEPRODIS) de Quito, Cuenca y Loja, sobre el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y, por último, propone un plan detallado, con la metodología y las herramientas necesarias, para el fortalecimiento en la atención a las discapacidades desde los enfoques de inclusión social y de protección integral de derechos, considerando a la discapacidad como una situación. Con estos elementos, este libro se convierte en una herramienta de orientación para las políticas públicas con respecto a los centros de atención a personas con discapacidad, y un insumo importante para la reflexión y toma de conciencia de la ciudadanía en torno al rol que debe cumplir para romper las barreras que provocan la exclusión social.

O serviço social na promoção da saúde de jovens e adolescentes no Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia

Este artículo tiene como objetivo examinar promoción de la salud en la escuela, en particular en la educación profesional. Se supone que este es un trabajo pionero, ya que los estudios existentes en Brasil sobre el trabajo social en promoción de la salud en las redes de formación profesional federales todavía están incompletos. El texto está construido en dos secciones. En la primera tiene que ver con la educación para la salud con un enfoque preventivo, como resultado del concepto de salud, presentado por el Instituto Brasileño de Reforma Sanitaria, y fortalecido por la Ley Orgánica de Salud y Servicios Sociales de papel en este contexto. Y en las conversaciones de la sección segunda y definitiva sobre la inclusión de la educación sanitaria en el Centro Federal de Educación Tecnológica de Bahía (CEFET-BA), Salvador a través de proyectos piloto "CEFET-BA y el Día Mundial para la Prevención del SIDA "y" El CEFET-BA y el Día Nacional de la Salud ", sistematizada por el Servicio Social desde 2004. En conclusión, se presenta la proposición de que la educación sanitaria en CEFET-BA / Sede se producen de manera permanente y no puntual, el proyecto apoyado por el Ministerio de Salud en colaboración con el Ministerio de Educación para la Salud y Prevención en las Escuelas".

La letra pequeña del contrato social. Legitimidad del poder, resistencia popular y criminalización de la defensa de los derechos

«La soberanía reside en el pueblo». En este precepto descansa el sistema democrático; sin embargo, en sociedades con una elevada desigualdad social, la participación del pueblo en la toma de decisiones mediante canales institucionales es casi inexistente. Las acciones colectivas y los movimientos sociales surgen, en estos contextos, como la única oportunidad de quienes han sido excluidos del debate político para hacer escuchar su voz. La protesta social ha conseguido en Ecuador la inclusión o ampliación de derechos en la Constitución y la ley, detener la agenda neoliberal e inclusive revocar de facto el mandato a tres presidentes de la república. La participación popular no institucional en la conducción de los asuntos públicos fue reconocida en la Constitución mediante el derecho a la resistencia. Sin embargo, la otra cara es la criminalización de la protesta. Sucesivos gobiernos han utilizado al derecho penal como herramienta de amedrentamiento y desmovilización de los movimientos sociales. El presente trabajo analiza la interrelación del derecho a la resistencia y la criminalización. En él se defiende que la constitucionalización del derecho a la resistencia genera consecuencias jurídicas que alteran el sistema de fuentes del derecho, la aplicación del derecho penal e inclusive la forma en que se conciben los conceptos de participación política y democracia.