Eficiencia y funcionalidad en la adjudicación de puestos para integrar la Función Legislativa del Ecuador

Con el propósito de aportar al análisis académico y político sobre el sistema electoral más adecuado que permita mejorar la calidad de la representación parlamentaria en el Ecuador, presento este trabajo. Con el fin de contar con elementos conceptuales se estudian los conceptos generales de sistemas electorales y sus componentes esenciales, esto es, la división de las circunscripciones electorales, así como las fórmulas de asignación de escaños parlamentarios y los efectos políticos que ocasionan. No es posible diseñar una propuesta sin tener un diagnóstico de la realidad local, por eso realizo una evaluación del sistema electoral aplicado en el Ecuador desde el retorno a la democracia y los efectos ocasionados con especial énfasis en la desproporcionalidad de la representación parlamentaria. Finalmente realizo una propuesta que considero podría contribuir a mejorar la calidad de la representación que produzca como efectos una mejor calidad legislativa y fiscalizadora que legitime a la institucionalidad parlamentaria y responda en forma eficaz al fortalecimiento de la democracia. Inicié este trabajo con la idea de proponer la elección de diputados en distritos uninominales con mayoría absoluta a doble vuelta; luego del estudio he llegado a concluir que conviene más un sistema mixto, esto es, deistritos uninominales o binominales que den origen a la representación territorial y distritos plurinominales más grandes que las provincias, es decir, distritos regionales conformados por la agregación de varias provinicas equiparables en su población, o en una circunscripción única nacional. La nueva constitución no supera los defectos del sistema electoral y por su condición reglamentarista no permite desarrollar un sistema electoral mixto.

La Función Judicial y la nueva Constitución Política de la República (Tema Central)

Este artículo examina la estructura de la Función Judicial en la vigente Constitución Política de la República, se anotan los problemas que se han presentado a partir de 1998 en que entró en vigencia la Carta Fundamental y se insinúan algunas posibles reformas en orden a alcanzar una organización de la Función Judicial que supere las falencias detectadas.

Democracia, motín y función policial (Tema Central)

En este artículo se tratará de determinar si la historia que se vivió en el Ecuador el 30 de septiembre de 2010 puede considerarse como “motín”, “un intento de golpe de Estado” o una “propuesta laboral”. Por otro lado se habla sobre la democracia, referida a la participación activa del ciudadano, como también de las instituciones públicas y privadas que deben encontrarse en estricto apego a los derechos fundamentales. En virtud de la antes mencionada democracia, se consigue el “orden público”, en el que la función policial es de gran importancia, debido a que ella tiene la misión de buscar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos.

Responsabilidad de dar cuenta del desempeño de la función jurisdiccional (Tema Central)

En esta presentación abordaré tres asuntos, fundamentalmente. la primera cuestión a la que quisiera referirme es la de por qué dar cuenta, que en ocasiones puede considerarse obvia pero no lo es tanto, el segundo punto enfocará los contenidos respecto a los cuales quien ejerce una función jurisdiccional debe dar cuenta, finalmente, abordaré el asunto de la trascendencia o relevancia que socialmente alcanzan el cumplir y el incumplir con esta responsabilidad. Una puntualización aclaratoria: cuando me refiero a quienes ejercen función jurisdiccional, incluyo en ello tanto a jueces como a fiscales. Aunque en esta reunión se enfoca específicamente el caso de los jueces, dado que los integrantes del Ministerio Público también ejercen función jurisdiccional –especialmente en el caso de aquellos países donde se ha introducido el proceso penal reformado–, el abordaje del tema que propongo también los comprende.

Evaluación de la conveniencia del outsourcing tecnológico para Pymes en Quito en función del tamaño y tipo de empresa

La presente investigación es una herramienta de apoyo gerencial frente a la toma de decisiones en lo referente a la administración de la infraestructura tecnológica de cualquier Pyme al determinar la conveniencia de la contratación de outsourcing en función del tamaño y tipo de empresa y analizada desde las perspectivas estratégica, financiera y legal. Se empieza analizando los antecedentes y estadísticas de las TIC en las empresas de Quito, así como el marco legal, marco conceptual y elementos metodológicos de investigación y evaluación. Seguidamente se investiga a una muestra de empresas con departamento de sistemas propio para inferir sus principales funciones, actividades y responsabilidades, evaluar la generación de valor, determinar sueldos promedio del sector a nivel local y la capacidad de producción. Posteriormente se investiga a una muestra de empresas que ofrecen outsourcing tecnológico en Quito para determinar servicios ofertados, costos, base para facturación y escalas de precios. A continuación se ensambla y procesa la información generada anteriormente para evaluar financiera, estratégica y legalmente la conveniencia del outsourcing tecnológico. Finalmente se concluye que el tipo de Pyme no es relevante para el análisis de conveniencia, sino únicamente el tamaño expresado en el número de equipos, y que bajo esta óptica, el outsourcing es conveniente cuando el número de equipos es menor a 90 y no es igual o ligeramente menor a la capacidad máxima de producción de 1 o 2 técnicos.

La Función Judicial antes y después del referéndum

Analiza las reformas y cambios que implicó para el modelo de la Función Judicial previsto en la Constitución de Montecristi, el referéndum convocado con el nombre de enmiendas, por el Presidente de la República con el aval de la Corte Constitucional, que conllevó la transformación de la integración del Consejo de la Judicatura; alerta sobre su nexo con los poderes políticos, señalando que es una situación regresiva e incoherente con la Constitución y con los principios del Estado constitucional de derechos y justicia y supone un peligro para los derechos y garantías constitucionales.

Los derechos de sindicalización, huelga y negociación colectiva: su posible aplicación en la función pública ecuatoriana

La relación entre empleados públicos y los órganos del estado ha ido evolucionando notablemente sobre todo en las últimas décadas, hasta el punto que ya no puede decirse que son solamente que estos empleados son un instrumento del Estado para el cumplimiento de sus fines, sino sujetos de derechos no solo subjetivos sino también de aquellos que reconocen los convenios internacionales y la Constitución de la República para el sector laboral en general. En efecto, la Organización Internacional del Trabajo, a través de los convenios 87 y 98 y posteriormente con la expedición de los convenios 151 y 154 reconoce expresamente la aplicación de los derechos colectivos para los empleados públicos, que implica entre otras cosas la posibilidad de asociarse y consecuentemente negociar condiciones de empleo e incluso ejercer el derecho de huelga, lo que trastoca el carácter estatutario que tiene el régimen de la Función Pública. Si bien este tema ya ha sido tratado con mayor profundidad en otros países en donde se han incorporado en sus legislaciones mecanismos de participación directa de los empleados en las decisiones de la Administración Pública, en el Ecuador no ha sido profundamente discutido, por lo que es necesario generar un análisis crítico de esta temática, para que pueda ser motivo de debate jurídico.

La inaplicabilidad del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) en los procesos de impugnación de los actos administrativos de las empresas públicas creadas por Decreto Ejecutivo

Las Empresas Públicas creadas mediante Decreto Ejecutivo se encuadran dentro del Derecho Público y su principal objetivo es el manejo de sectores estratégicos y prestación de servicios públicos. A pesar de la importancia que tiene este tipo de empresas dentro del quehacer diario del Estado en la gestión y administración pública, a éstas tras el pronunciamiento del Procurador General del Estado en el año 2010 (Oficio de Absolución de Consulta No. 00146 de 22 de diciembre de 2010), por no ser parte de la Función Ejecutiva, no les es aplicable el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), norma de carácter general que regula la Administración Pública, lo que ocasiona que varios ámbitos a ser desarrollados por estas empresas queden desamparados y faltos de normativa, entre ellos los procesos de impugnación de los actos administrativos. La importancia del tema radica en el hecho de que el ERJAFE determina los procesos administrativos fundamentales, entre los que se encuentran los procesos de impugnación de actos administrativos, para el correcto desenvolvimiento de la Administración Pública, por lo que la imposibilidad de aplicar esta normativa es crítica y genera inseguridad, tanto para las Empresas Públicas como para sus administrados. Este trabajo busca realizar un análisis de la problemática que aqueja a las Empresas Públicas creadas mediante Decreto Ejecutivo, al momento de atender los procesos de impugnación de los actos administrativos, por la imposibilidad de aplicar el ERJAFE y por no contar con una norma supletoria que subsane este vacío legal, traduciéndose así en inseguridad jurídica para los administrados.

El procedimiento administrativo disciplinario de la Función Judicial desde la perspectiva constitucional

La presente investigación académica analiza el procedimiento administrativo disciplinario de la Función Judicial desde el punto de vista constitucional para verificar si en cada una de sus etapas procedimentales se está cumpliendo con las garantías constitucionales del debido proceso y para verificar si los legitimados del procedimiento disciplinario: servidores judiciales sumariados, el órgano administrativo con potestad disciplinaria, los denunciantes, testigos, entre otros, aplican adecuadamente el procedimiento administrativo disciplinario. Para responder a estos cuestionamientos, previamente se analizarán temas doctrinarios como: el Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Administrativo Disciplinario; el procedimiento administrativo disciplinario y sus principios rectores; la Constitución como fundamento del procedimiento disciplinario; las garantías constitucionales del debido proceso aplicables al procedimiento administrativo disciplinario para finalmente emplear los elementos doctrinarios y los elementos jurídicos en el procedimiento administrativo disciplinario específicamente de los funcionarios judiciales.

Análisis dogmático y normativo de la potestad sancionadora y el principio de proporcionalidad en la Función Judicial

Con la entrada en vigencia de la Constitución del 2008 en lo concerniente a la organización de la administración de justicia. se dio un giro radical, pues se impuso el nacimiento de una nueva Función Judicial acorde a la nueva concepción del Estado. Este cambio radical daría lugar para que el legislativo dicte una ley que establece los principios, sienta las bases de la organización de los diferentes organismos que integran la Función Judicial, concebida como una unidad, y determina las normas a las cuales han de someter su actuación quienes intervienen en el proceso judicial. El ejercicio de la potestad sancionadora reconocida constitucionalmente y el reconocimiento del poder para el establecimiento de sanciones a determinadas conductas consideradas como lesivas al ordenamiento jurídico, son unos de los asuntos que también se desarrollan en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y es a partir del análisis de esas normas, de la doctrina y la jurisprudencia que pretendo determinar con mi estudio los rasgos esenciales que definen el ejercicio de la potestad sancionatoria disciplinaria del órgano de control de la Función Judicial y establecer si el procedimiento administrativo sancionador previsto en el Código Orgánico funciona en estricta observancia de los derechos y garantías previstos en la Constitución de la República, particularmente en lo concerniente al principio de proporcionalidad, en cuanto se trata de un principio que permite evitar los excesos o abusos de poder que podrían provenir del empleo indiscriminado de la facultad discrecional atribuida al órgano de control y garantizar que exista una debida proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la sanción impuesta. En otras palabras, el objetivo de esta tesis es realizar un análisis dogmático y normativo del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria del órgano de control de la Función Judicial y su sujeción al principio de proporcionalidad. Para tal efecto, he realizado una tarea de recopilación y análisis de algunos textos doctrinarios en materia administrativa, entre los que juegan un rol preponderante las elaboraciones de Carlos Bernal Pulido, Juan Carlos Casaggne, Javier Vidal Perdomo, los mismos que por su precisión técnica, me han proporcionado una clara orientación para mi estudio.

La función del fiduciario, su responsabilidad y alcance en la figura del fideicomiso mercantil de garantía

Este trabajo investigativo denominado la función del fiduciario, su responsabilidad y alcance en la figura del fideicomiso mercantil de garantía presenta una visión real respecto al verdadero papel que debe cumplir el fiduciario durante todo el proceso de constitución y ejecución de un fideicomiso mercantil de garantía; dicha función incluye el análisis de la responsabilidad del fiduciario y su alcance dentro de esta modalidad de fideicomiso. El objetivo principal de esta tesis es brindar a sus lectores ciertos parámetros generales y específicos respecto a las consecuencias del actuar del fiduciario en el fideicomiso mercantil de garantía. El alcance de esta investigación consiste en un estudio del fideicomiso mercantil de garantía que va desde una orientación teórica (antecedentes del fideicomiso, conceptos básicos y análisis legal del fideicomiso) hasta el estudio de un caso práctico (análisis de la estructuración legal de un contrato de fideicomiso mercantil de garantía) para llegar a plantear criterios que permitan establecer cuál es la responsabilidad del fiduciario y el alcance de la misma en este tipo de fideicomisos. Sin duda, dentro de esta investigación se utilizan métodos deductivos e inductivos, así como herramientas normativas, ya que; dentro de esta investigación fue necesario analizar las nuevas reformas legales establecidas en el año 2014 para el fideicomiso mercantil de garantía, las cuales delimitaron en cierta forma la aplicación de esta figura en el Ecuador. Con el análisis de las reformas legales, se concluye como se puede utilizar esta figura legal en Ecuador y cuáles son las desventajas que se generaron en esta modalidad de fideicomiso a partir de dichas reformas. Finalmente, la tesis brinda un aporte para los sujetos intervinientes del contrato de fideicomiso mercantil de garantía en lo que respecta a: las obligaciones; su responsabilidad; alcance y; función que como sujeto activo tiene el fiduciario en este tipo de contratos y que en ciertos casos constituye una responsabilidad de medio pero en otros casos es una responsabilidad de resultados.