33 resultados para canción protesta

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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El propósito de esta investigación es adentrarse en la historia de un pasado reciente de los países latinoamericanos y particularmente del Ecuador, a través de la canción social. Quizás el canto es el mejor reflejo de una época marcada por la lucha y la confrontación social. El presente trabajo constituye un primer acercamiento al estudio de la Nueva Canción, género musical que marcó la América Latina de los años sesenta, setenta y ochenta. La Nueva Canción recupera la riqueza de la música popular y de raíz folclórica, con una visión diferente sobre los seres humanos y del mundo que les rodea; música y canto se convierten en mensajeros de una visión ideológica y política que busca transformar la estructura de la sociedad. Obreros, campesinos, estudiantes, indígenas pobladores barriales, son los sujetos de este canto que, de manera vital, expresa el sentir de los pueblos que anhelan justicia social, libertad y democracia. La Nueva Canción nace en las universidades y llega a plazas, fábricas, teatros, campos y ciudades, acompaña a los estudiantes en las movilizaciones; a los obreros y trabajadores en las huelgas y tomas de fábricas, a los indígenas en la defensa de la tierra, a los pobladores que luchan por una vivienda digna; a los candidatos de la izquierda marxista, en la difusión de sus programas de gobierno y propuestas políticas.

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El presente trabajo de investigación se aboca a realizar un análisis comparativo entre las jornadas de protesta e insurgencia social sucedidas en Argentina y Ecuador, enmarcadas en el contexto político, económico, social y cultural que configuró el neoliberalismo en ambos países. Para el caso argentino, el análisis de la protesta e insurgencia social se delimita a los días que transcurren del doce al veinte de diciembre de 2001, durante los cuales se radicaliza la conflictividad social que provoca la caída del gobierno conducido por Fernando De la Rúa. Para el caso ecuatoriano, esta indagación se centra en los días de intensa movilización social que van del trece al veinte de abril de 2005, la cual propicia la salida del gobierno representado por Lucio Gutiérrez. A partir de una introducción a la teoría de la acción colectiva, la aproximación comparativa entre ambos casos se realiza a través de las categorías de la protesta social: estructura de oportunidades políticas, ciclos de protesta y repertorios de acción colectiva.

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La protesta social que Argentina vivió el pasado diciembre concentró el repudio de la nación hacia el modelo económico vigente, originado en el agudo proceso de degradación paulatina de los derechos sociales de la población. La sostenibilidad de la democracia reclama urgente atención sobre tres cuestiones: la violencia política, la fragilidad institucional y los derechos sociales, que guardan una estrecha relación entre sí. De como se encare su solución dependerá la vida democrática regional en los próximos años.

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Las rebeliones de los últimos tiempos tienen rasgos propios, algunas al borde de asumir las características de la desobediencia civil, un tipo de resistencia contra reglas institucionales o políticas públicas mantenidas injustamente por una mayoría electoral. Estas responden a estrategias de "señoreaje", concepto que patentiza la dureza de los obstáculos que se interponen no sólo a la construcción de una nueva democracia sino también a la búsqueda de una democracia capitalista "normal".

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Realiza un recuento de los intentos de criminalización de la protesta social en el país, para lo cual se abordan las actuaciones de los últimos Gobiernos desde el retorno a la democracia y las acciones del actual régimen en torno a este tema, que recurren a la Ley de Seguridad Nacional ante las luchas sociales y procesos de resistencia. Analiza los casos y situaciones más relevantes y los efectos de la vigencia de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Evidencia el viraje hacia la derecha del actual gobierno y su no apertura al diálogo con los movimientos sociales.

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Desarrolla el marco conceptual de la criminalización de la protesta social, estableciendo los diferentes niveles que comprende, desde los luchadores sociales hasta toda la población en distintos países llegando a una estrategia de dominio de espectro completo que el imperio desarrolla dentro de la guerra asimétrica, una de las formas de expresión de las guerras de cuarta generación. Plantea resistir a esa estrategia desde el otro sentido común de persistir en la lucha, fortaleciendo lazos comunitarios.

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Analiza la brecha entre la Constitución garantista de derechos, las resoluciones de la Asamblea Constituyente de amnistías a defensores de derechos humanos y de la naturaleza y la política de criminalización de acciones de resistencia. Presenta los ámbitos en que se manifiesta la criminalización, y la configuración de un patrón de represión y criminalización desde el Estado y/o empresas o personas particulares ante la profundización del modelo extractivista de la naturaleza.

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Analiza la relación entre las políticas de ajuste y la escalada autoritaria del gobierno español con su tendencia a criminalizar y judicializar la protesta social orientada a su domesticación, a fin de regular sus movimientos y encauzar sus apariciones, atentando contra las libertades cívicas, incluyendo el derecho a manifestación y reunión. Devela que el aparato represivo franquista nunca fue desmontado. Plantea ante la restructuración del capitalismo la desestructuración de su hegemonía, haciendo visible su violencia cotidiana.

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El último tramo de la historia ecuatoriana evidencia la confrontación abierta entre dos mundos, vinculando dialécticamente al oprimido y al opresor: los pueblos y nacionalidades indígenas y los afrodescendientes frente a una sociedad mestiza dominante. No se trata solo de un problema de exclusión y asimetrías, sino también del desconocimiento sobre cómo superar la triple agresión de la que son víctimas los primeros: el despojo, la discriminación y el desprecio. La cultura dominante ha propugnado por la integración de los pueblos indígenas, para que estos asuman los códigos de conducta, de consumo y de intelección del mundo propios de la sociedad occidental. Aunque muchos indígenas van acogiendo tales patrones por una dinámica de sobrevivencia, en general se resisten a la asimilación cultural y a la pérdida de sus respectivas identidades. Ello se puso de presente con el levantamiento de junio de 1990, que marcó el inicio de un proceso orientado a la liberación de los pueblos indígenas. En el campo de las percepciones sociales, ese acontecimiento representa el inicio del tránsito de una visión racializada de lo indígena, al reconocimiento de la existencia de culturas diferentes. En efecto, la lucha del movimiento indígena en las últimas décadas se desarrolla en el marco de la recuperación o reafirmación de sus identidades y para ello, construyó formas complejas de organización y de interpelación al proyecto de configuración del Estado-nación. Estas formas de interpelación le dan sentido y constituyen el eje en torno al cual gira toda la trama de relaciones entre el Estado y las nacionalidades indígenas del Ecuador, frecuentemente tensas y conflictivas (Guerrero, 2000; Bretón, 2001; Carroll, 2002; Beck y Mijeski, 2001).

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El propósito del presente trabajo es realizar una lectura interpretativa sobre un nuevo sentido de ciudadanía conformado en el levantamiento de abril de 2005, dilucidando sus alcances y los límites de tal categoría, teniendo como objeto de estudio a los medios de comunicación impresos: El Comercio y El Universo. Enfocando los hechos desde aristas como: las narraciones históricas de los mismos, a través de los discursos de los medios referidos más arriba, describiendo las caracterizaciones del movimiento de abril, además de los actores políticos en los escenarios sociales y el resultado de sus agendas en función de constituir o reforzar la ciudadanía. Siendo necesaria la indagación en los aspectos discursivos de los medios impresos de comunicación, y cómo estos posicionan, primeramente: los sentidos de ciudadanía en el imaginario quiteño y segundo: la conformación de un dispositivo de refuerzo de la categoría en la ciudad de Guayaquil. Observándose igualmente, las fronteras y alcances desempeñado por los medios impresos en la coyuntura de abril, y que por su propia dinámica se convierten en formadores de opinión pública, enunciando a esta como constructo mediático, pero con intereses de una clase concreta. Un aspecto angular de este trabajo, será el análisis de la cultura y sus repertorios, sean estos materiales y simbólicos utilizados por los actores en abril de 2005; contextualizando y exponiendo los dispositivos de control social a través del gusto, la creación del asco como forma de distinción; inquiriendo sobre las ideas acerca del forajidismo y sus demarcaciones: simbólicas y territoriales, conjuntamente con nociones de racialización de la protesta, el primitivismo como forma de convivencia con el Estado, a fin de catalogar a las acciones políticas dentro de esta institución.

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El feminismo, en su afán de explicar cómo se han constituido las diferencias jerárquicas entre varones y mujeres, cómo se reproducen y transforman a lo largo de la historia y en las diversas culturas, ha creado nuevas y diferentes categorías teóricas e instrumentos metodológicos, entre ellos, surge el género como una categoría analítica que revela patrones de incorporación social, económica, política y cultural en base a diferencias sexuales, resultantes de construcciones sociales, definidas a partir de las características anatómicas diferenciadas femeninas y masculinas. A través de esta noción se puede visibilizar y analizar las relaciones de desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del convivir social, que están determinadas por condiciones y posiciones diferentes, jerarquizadas y caracterizadas por la exclusión. Entender al género como categoría implica considerarlo como una herramienta analítica de análisis sociocultural, pero no en el sentido de afirmación universal, sino como objeción y acusación pública, de debate, protesta, procedimiento y juicio.

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Las instituciones políticas informales pueden tener mayor peso que las formales. La destitución presidencial en el Ecuador, el fenómeno político más dramático de los últimos diez años, es un ejemplo de ello. Los últimos tres presidentes democráticamente electos han sido destituidos, removidos de su cargo de manera extra constitucional mediante resoluciones del Congreso Nacional. Este mecanismo de la destitución presidencial es más complejo que una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso; la protesta popular ciudadana y las Fuerzas Armadas también son claves en su funcionamiento. El modelo general que se sigue es: protesta popular movilizada por un detonante, como una crisis política o económica; la resolución legislativa que depone al Ejecutivo; y el arbitraje final de las FFAA. Se analizará esta nueva institución bajo tres argumentos: 1) la destitución presidencial en el Ecuador tiene una lógica propia; 2) la multiplicidad de actores ha fortalecido su mecanismo de funcionamiento; y 3) esta institución es distinta de los fenómenos sucedidos en el resto de la región. Usando el marco conceptual del institucionalismo histórico, este trabajo establece los orígenes de la inestabilidad presidencial en el Ecuador. Después, analiza la innovación institucional implícita en su surgimiento del patrón de la destitución presidencial, enfocándose en la pugna política y económica entre las elites del país al principio de los años noventa. De ahí, explica cómo los diversos actores e intereses convergen para asegurar la reproducción de la institución. Finalmente, se compara el caso ecuatoriano con los otros casos de destitución en la región, encontrando diferencias en su desempeño.

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La Constitución de 2008 contiene importantes avances en derechos colectivos, ambientales y de la naturaleza. Con la aprobación de la Ley de Minería (y de la Ley de Seguridad Pública) se profundiza el modelo extractivista como parte del modelo primario exportador, contraviniendo el mandato constitucional. Falta una institucionalidad que proteja estos derechos. Es muy preocupante la criminalización de la protesta, entre otros casos se destacan: cierre de Acción Ecológica, 26 juicios contra el dirigente Rodrigo Aucay, Familia Belezaca Vintimilla, comunidades shuar de Nankintza, protestas en el Pangui, comunidades de Quimsacocha, cierre de la Voz de Arutam. La CONAIE demandó la inconstitucionalidad de la Ley de Minería. Se demanda la garantía de derechos, entre éstos el de la resistencia.

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La participación en la Constitución de 2008 es un elemento fundamental de la organización estatal, pero los instrumentos participativos no son suficientes para concretarla. No se toma en cuenta que el espacio participativo no puede nacer desde las leyes sino a partir de formas de acción política que modifiquen los esquemas tradicionales de toma de decisiones. Se confunde el espacio de lo público con el estatal, la estructura participativa no es otra cosa que aparato de estado. La experiencia: participación vigente en el papel; temas de interés colectivo pasan por la representación o la protesta (casos de trampolín político); nuevas leyes con la falta de participación; y fortalecimiento de un poder personal y autoritario, que no deja espacio para ejercicios democráticos o participativos.