15 resultados para aleitamento materno exclusivo

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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La relación entre la salud y el medio geográfico ha sido convencionalmente enfocada de un modo restrictivo. El "medio geográfico" y la "sociedad" tienen espacio y tiempo, y se transforman continuamente, no como esferas aisladas sino como expresiones de un mismo mundo. La naturaleza gracias a su permanente transformación dio lugar a la aparición de la sociedad,su más acabado producto. Lo social es una manifestación superior y altamente compleja de lo natural, que se desenvuelve en un espacio que puede denominarse el medio geográfico o las condiciones naturales externas. Al aparecer la vida social, el medio geográfico se vuelve un medio natural transformado por el hombre, "humanizado" o social. Muchas veces se piensa que la geografía es un espacio estático, que existe únicamente como una inmensa base natural de la vida social, ligada a ésta sólo por relaciones externas, ecológicas, y sobre la cual puede distribuirse físicamente la enfermedad. Se expone una síntesis de los aspectos relevantes de la geografía de la salud materno-infantil en la formación social ecuatoriana.

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La reforma a la Ley Reformatoria a la Ley Notarial, publicada en el Registro Oficial No 406 del 28 de noviembre del 2006, entrega a los notarios ecuatorianos nuevas atribuciones, en los actos de jurisdicción voluntaria. Un tema que surge a discusión es si los notarios ejercen jurisdicción voluntaria de forma plena, o está limitada a ciertos actos. Las variantes doctrinarias de si existe jurisdicción voluntaria son abordadas desde distintas ópticas sin que ninguna de las teorías de su naturaleza alcance unanimidad, por lo que al no estar justificada teóricamente, países vecinos no incorporan esta institución en sus legislaciones procesales. Al ser analizada a profundidad son evidentes sus inconsistencias que ha hecho que todo el talento humano designado para la resolución de conflictos de intereses deba ocupar su valioso tiempo para asuntos, en los que, existiendo un acuerdo previo, se lo tramite con un procedimiento muy similar a los asuntos contenciosos. Por ello propongo un análisis comparativo entre el procedimiento que realiza el juez como el notario identificando cada una de las fases que cumplen ambos funcionarios, haciéndose evidentes las ventajas de que todos los asuntos de jurisdicción voluntaria sean resueltos exclusivamente por el notario. La diferencia de procedimientos en el ejercicio de la jurisdicción voluntaria, respecto de lo que ejecuta el juez y notario, permite identificar las diferencias que básicamente son formales, desde la demanda respecto de la petición, del acta notarial en relación a la sentencia, ha hecho que la gran cantidad de actos de jurisdicción voluntaria retarden el despacho de las causas contenciosas. Por lo que proponer los fundamentos que hacen factible el ingreso en nuestra legislación procesal civil y notarial, de los actos no contenciosos, cuyo procedimiento y resolución de esos actos debería ser de conocimiento exclusivo de los notarios, implicaría una reforma sin precedentes en nuestro país que contribuiría a agilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos ecuatorianos. Mi desempeño como notario público del cantón Quito, además siendo operador de la Función Judicial, me permiten reflexionar si verdaderamente existe la jurisdicción voluntaria y sobre todo si la misma está limitada a ciertos actos, para los notarios. Entonces la reforma debería emprenderse por la eliminación de la jurisdicción voluntaria y su reemplazo por los actos no contenciosos en el Código de Procedimiento Civil y la Ley Notarial. Por lo que la eventualidad de que un asunto no contencioso 5 se transforme en controvertido no constituye problema para emprender en la reforma que justificaré en el desarrollo del presente trabajo. Ya que de ocurrir se establece un procedimiento único para los casos en los que se produzca resolviendo de esta forma la eventualidad antes referida. En el evento de que no exista acuerdo para llevar a cabo un acto no contencioso ante el notario, en consecuencia ante un juez de lo civil, se debería seguir el mismo procedimiento para los asuntos no contenciosos que se convirtieron en controvertidos, más la obligación constitucional y procesal de realizar la citación al demandado.

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La realización de proyectos de protección ambiental y de control de contaminación en Venezuela ha estado inscrita en un marco legal sujeto a cambios importantes, y ya se ha anunciado que vienen otros. Si bien es cierto que este fenómeno no es exclusivo del caso venezolano, no es menos cierto que, en el caso de este país, esta situación ha tenido gran incidencia en la manera de abordar dichos proyectos. La preocupación internacional, por el impacto ambiental causado por la aceleración de las actividades de industrialización en el mundo a partir de la segunda guerra mundial, tiene menos de treinta y cinco años. La Primera Conferencia sobre Ambiente y Desarrollo, convocada por la Organización de las Naciones Unidas, tiene lugar en Estocolmo, Suecia, en 1972. El Primer Congreso Internacional de Ecología se celebra en La Haya, Holanda, en 1974. Los resultados de esta actividad, en el caso de Venezuela, comienzan a sentirse en 1976, cuando se promulga la Ley Orgánica del Ambiente, y en 1977, cuando se crea el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables, MARNR. Sin embargo, las primeras regulaciones que requieren inversiones en adecuación, y que establecen plazos de cumplimiento, aparecen hacia 1985, acompañadas de decretos con incentivos positivos, de naturaleza financiera y fiscal.

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En el Ecuador existe un proceso histórico de concentración y acaparamiento del agua. La política de ajuste estructural llevó a que empresas de servicios de agua potable sean privatizadas. La constitución del 2008 modificó el marco normativo para el agua en el país, se reconoce el derecho humano al agua, los derechos de la naturaleza, el manejo exclusivo público y comunitario y su no privatización. El proceso de reorganización institucional y de construcción de la nueva propuesta de ley de aguas impulsada en el año 2009, se realizó sin la participación real de organizaciones del agua y los usuarios. La movilización social definirá como el alcance de las normas pueden generar cambios reales para la vida de los pueblos.

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El fenómeno migratorio presenta actualmente varias dimensiones de análisis y una multiplicidad de políticas públicas emanadas desde los Estados nacionales y organismos internacionales ubicados en distintas regiones del planeta. A los conocidos factores causantes de las migraciones, como la pobreza, el desempleo, la reducción de expectativas de desarrollo y las catástrofes naturales, se pueden añadir guerras y violencias producidas por una gran variedad de actores armados que operan en contextos territoriales tan disímiles políticamente como lejanos geográficamente. Los estudios sobre temas que conectan áreas migratorias con factores de seguridad, más que una moda, constituyen actualmente un espacio novedoso de reflexión académica, investigación aplicada y debate político para las distintas disciplinas sociales que desde variados enfoques teóricos y metodológicos influyen en el diseño de políticas públicas para los Estados y las sociedades. En América Latina, por ejemplo, los análisis sobre seguridad nacional, que son los más generalizados, están dejando de ser un terreno exclusivo de investigación para estamentos militares, policiales o judiciales para convertirse en un campo deliberativo donde participan múltiples actores sociales e institucionales; de hecho, resultaría difícil negar que, hoy por hoy, muchos ámbitos de la política exterior, la economía regional y la gestión pública local se encuentran profundamente vinculados a los temas de seguridad porque existen complejas relaciones entre estos campos y porque en ellos intervienen una serie de factores particulares y generales, nacionales como internacionales que afectan a la población en conjunto.

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La autora revisa tres novelas que leen la Historia bajo nuevos planteamientos y que proponen otro sentido de heroicidad. La tragedia del Generalísimo, de Denzil Romero, evoca al criollo ilustrado Francisco de Miranda, teórico de los procesos de Independencia. Riera enfatiza las cualidades casi divinas del héroe, sus dudas y excentricidades, su paso de la defensa del realismo al de la causa americana. Mientras llega el día, de Juan Valdano, mira a la Independencia desde una visión contrahegemónica. Riera rescata la noción de que los eventos de 1810, en Quito, no fueron manifestación del nacionalismo criollo, sino de un heterogéneo colectivo social y cultural, el mestizo, que buscaba superar viejos agravios. La biografía Bolívar. Delirio y epopeya, de Víctor Paz, juega con el mito sin alejarse de las fuentes historiográficas. La autora reflexiona sobre los rasgos que definirían al Libertador: cordura-delirio, lucidez-locura, sobre la idea de la emancipación como deseo de posesión de tierras, otorgado por el derecho de nacimiento y negado por la herencia de la sangre. El protagonismo entonces no sería exclusivo de Bolívar, aunque este perviva como paradigma cultural, capaz de legitimar actuales presupuestos de de-colonialidad.

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Las leyes son la expresión de los intereses de grupos económicos o sociales que en un momento determinado del desarrollo social se encuentran a disposición del Estado. Nuestro país, tradicionalmente, ha estado dirigido por grupos económicos que han emitido, a través de sus representantes en el poder Legislativo y en el poder Ejecutivo, leyes a favor casi exclusivo de sus intereses y que en su mayoría no han respondido a las necesidades de la sociedad. Éstas se han reformado gracias a la lucha de los sectores sociales oprimidos y desfavorecidos en el reconocimiento legal de ciertos beneficios. Uno de los objetivos de la Ley de Equidad Tributaria es conseguir una reforma de carácter integral para el Impuesto a la Renta, que cumpla el principio de equidad entre los ecuatorianos respecto a la distribución del ingreso público que genera su recaudación, y el cumplimiento de dicha obligación tributaria. Reformar para que exista mayor cumplimiento por parte del contribuyente, y un mejor control por el lado de la administración tributaria. Por ello, el presente trabajo está destinado a identificar cuál es la incidencia que tiene el Impuesto a la Renta a partir de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en las sociedades ecuatorianas. Se analiza cada uno de los artículos reformados sobre Impuesto a la Renta de Sociedades, y cuán beneficiosa resulta su aplicación. Para comprender mejor el tema de investigación se desarrollaron cuatro capítulos. El capítulo uno define los artículos reformados sobre Impuesto a la Renta de Sociedades y una síntesis general del procedimiento que tuvo la reforma. El capítulo dos analiza cada ley reformada que tiene incidencia en el Impuesto a la Renta de Sociedades, su cambio con relación a la ley vigente hasta el año 2007, objetivo, aplicabilidad y efecto. El capítulo tres analiza a tres sociedades en las que se observará la apreciación que tienen respecto de la reforma; los datos estadísticos de recaudación del Impuesto a la Renta desde el año 2005 hasta el año 2009 sobre los cuales se fundamenta la reforma para determinar su viabilidad. Finalmente, el capítulo cuatro concluye y recomienda el tema de investigación planteado y desarrollado.

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El presente trabajo busca replantear el sistema económico del Ecuador, analizando las políticas cambiaria, financiera, monetaria y fiscal. Haciendo énfasis en la política fiscal del Ecuador se esboza una breve propuesta de normativa tributaria para enfrentar el déficit que caracteriza nuestras arcas fiscales, que se inclina por el despilfarro y la inexistencia de planes serios de estructuración macroecónomica. Varios intentos de reforma económica han quedado sin efectos positivos, e incluso ocasionaron dos revocatorias de mandato presidencial, en los años 1997 y 2000, por la grave conmoción interna y social que causaron por efectos de la crisis que afectó a los bolsillos de los ecuatorianos. La huída de capitales por la imposición del impuesto a la circulación de capitales, el bajo precio del petróleo que caracterizó estos años y el desgobierno en que vivimos agravó la crisis. No es hora entonces de lamentarnos, sino de tomar nuevos bríos para enfrentar la crisis, aportar con ideas y soluciones innovadoras que ayuden a combatir la pobreza e implanten el desarrollo sostenido y sustentable en el Ecuador, tantas veces propugnado. El impuesto único a la renta por acceso a los recursos naturales, es una fórmula que deriva del análisis realizado en el presente trabajo, para buscar los recursos monetarios que compongan los ingresos fiscales del Estado, derivados de actividades que generan recursos por el uso exclusivo de los recursos naturales y por el acceso que concede el Estado a sus recursos, que no siendo valorados en el presente deben ser la base para entender la depreciación futura que alcanzan estos bienes, ocasionando el agotamiento de nuestros recursos no renovables. De esta manera, no solo se pretende valorar la renta obtenida por el uso exclusivo de estos recursos en el futuro, sino que se dirijan los recursos monetarios a propender al sostenimiento de los hábitats en donde se generan estos recursos: la protección de la Amazonía.

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Children may be at higher risk than adults from pesticide exposure, due to their rapidly developing physiology, unique behavioral patterns, and interactions with the physical environment. This preliminary study conducted in Ecuador examines the association between household and environmental risk factors for pesticide exposure and neurobehavioral development. We collected data over 6 months in the rural highland region of Cayambe, Ecuador (2003–2004). Children age 24–61 months residing in 3 communities were assessed with the Ages and Stages Questionnaire and the Visual Motor Integration Test. We gathered information on maternal health and work characteristics, the home and community environment, and child characteristics. Growth measurements and a hemoglobin finger-prick blood test were obtained. Multiple linear regression analyses were conducted. Current maternal employment in the flower industry was associated with better developmental scores. Longer hours playing outdoors were associated with lower gross and fine motor and problem solving skills. Children who played with irrigation water scored lower on fine motor skills (8% decrease; 95% confidence interval 9.31 to 0.53), problem-solving skills (7% decrease; 8.40 to 0.39), and Visual Motor Integration test scores (3% decrease; 12.00 to 1.08). These results suggest that certain environmental risk factors for exposure to pesticides may affect child development, with contact with irrigation water of particular concern. However, the relationships between these risk factors and social characteristics are complex, as corporate agriculture may increase risk through pesticide exposure and environmental contamination, while indirectly promoting healthy development by providing health care, relatively higher salaries, and daycare options.

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To identify and describe the sociodemographic and nutritional characteristics associated with neurobehavioral development among young children living in three communities in the northeastern Andean region of Cayambe-Tabacundo, Ecuador. Women in the study communities who had a child 3 to 61 months of age completed a questionnaire about maternal and child health and sociodemographic characteristics. The Ages and Stages Questionnaire (ASQ) was directly administered to 283 children by two trained interviewers. Growth measurements and a hemoglobin finger-prick blood test were obtained in 2003–2004. Prevalence of developmental delay was calculated, and associations between child development and maternal, child, and household characteristics were explored. High frequencies of developmental delay were observed. Children 3 to 23 months old displayed delay in gross motor skills (30.1%), and children 48 to 61 months old displayed delay in problem-solving skills (73.4%) and fine motor skills (28.1%). A high frequency of both anemia (60.4%) and stunting (53.4%) was observed for all age groups. Maternal educational level was positively associated with communication and problem-solving skills, and monthly household income was positively associated with communication, gross motor, and problem-solving skills. The results suggest a high prevalence of developmental delay and poor child health in this population. Child health status and the child’s environment may contribute to developmental delay in this region of Ecuador, but sociodemographic factors affecting opportunities for stimulation may also play a role. Research is needed to identify what is causing high percentages of neurobehavioral developmental delay in this region of Ecuador.

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El proceso de modernización del Estado, iniciada en el primer lustro de los años 90 bajo lineamientos de la Ley de Modernización del Ecuador, dio lugar al concepto de rentabilidad social, caracterizada principalmente por promover el acceso del mayor número de ecuatorianos a los servicios públicos básicos. Dicha ley habilitó al Estado ecuatoriano para delegar a empresas mixtas o privadas, la prestación de los servicios públicos, entre ellos los de telecomunicaciones, utilizando mecanismos legales reconocidos por el derecho administrativo e implementado por el Poder Ejecutivo del Ecuador. Es así, que la Ley Especial de Telecomunicaciones en 1992, habilitó al Estado para otorgar concesiones al sector privado para la prestación de varios servicios de telecomunicaciones, por lo que, en 1993, la Superintendencia de Telecomunicaciones creada por dicha ley, suscribió contratos de concesión con la compañías privadas COnECEL S.A. y OTECEL S.A., autorizándoles a operar servicios de telefonía móvil celular con cobertura limitada dentro del territorio nacional ecuatoriano por un período de 15 años. Posteriormente, una nueva constitución política de la República del Ecuador expedida en 1998, facultó al Estado la explotación racional de los bienes de su dominio exclusivo, de manera directa o con la participación del sector privado, lo cual motivó también una nueva reforma a la Ley Especial de Telecomunicaciones para que el Consejo nacional de Telecomunicaciones instituya el régimen de libre competencia en todos los servicios de telecomunicaciones prestados en nuestro país.

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El modelo elaborado a través de una investigación sobre gestión integral constituye un referencial valido para las empresas, contribuye con información que pueden fortalecer la productividad e incrementar la rentabilidad siempre que tenga un adecuado control y seguimiento del modelo. Con los antecedentes descritos se hace necesario establecer un modelo de control de cumplimiento de la estrategia y visión de la gestión de la empresa que evite redundancias y promueva la alineación hacia el mismo objetivo, por lo que se ha considerado necesario implementar un Balanced SoreCard para el control y tratamiento de la gestión, confortado además con la Economía del Conocimiento el cual describe las barreras organizacionales para el éxito del modelo. El BSC se justifica aún más al conocer que hoy en día las empresas tienen la necesidad de integrar sus sistemas de gestión mediante la alineación de la estrategia con la operación empresarial. Sin embargo una de las características de los sistemas actuales es el cumplimiento exclusivo de la norma, por lo tanto los esfuerzos se orientan en forma aislada, situación que corrige la implementación del Cuadro de Mando Integral.

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Convencionalmente, los fenómenos internacionales han sido tratados como un problema casi exclusivo de los Estados nacionales. Las múltiples transformaciones (económicas, políticas, sociales, culturales), profundizadas a finales del siglo XX, implicaron cambios para la disciplina de las relaciones internacionales. Entre otros aspectos, se amplió el abanico de actores relevantes para la disciplina, en virtud de la capacidad de influir en los asuntos internacionales que adquirieron actores públicos de orden subnacional, local o regional, pero también de actores privados y, en general, de la sociedad civil. Este libro discute la condición de actores internacionales de los gobiernos no centrales (GNC) y la posibilidad de que estos desarrollen una especie de «política exterior de Estado local» que no desafíe las prerrogativas exclusivas del gobierno central, pero que se dis tancie de la simple participación internacional ad hoc. Desarrolla un análisis del caso de Bogotá DC (2001-2013), a partir de dos variables: agenda política e institucionalización para la internacionalización, y aplica un modelo de cuantificación discreta sobre el nivel de participación internacional que ha alcanzado la ciudad. Los resultados señalan la importancia creciente de las actividades paradiplomáticas de los GNC, y la necesidad de innovación institucional para una internacionalización estratégica.