La arqueología contemporanea del Ecuador: 1970-1993 (Estudios)

El objeto de la presente ponencia es analizar el desarrollo de la Arqueología, en los últimos 25 años, desde dos perspectivas importantes: la organización en el Ecuador de la arqueología como disciplina, y los logros de la arqueología contemporánea en la reconstrucción del pasado aborigen. Por consiguiente, no se contempla aquí una revisión bibliográfica de la producción científica de los últimos 25 años, sino más bien una evaluación de las cuestiones o problemas culturales que ha abordado la ciencia arqueológica en el período mencionado. El balance tiene dos facetas: por un lado, un sentimiento de satisfacción por el robustecimiento teórico metodológico del quehacer arqueológico en el país y, por otro, un sentimiento de profundo pesimismo por la arqueología nacional que atraviesa la crisis más grave de su historia.

No todo lo que brilla es oro: conflictos socio ambientales alrededor de dos proyectos de minería a gran escala en el Ecuador

Ecuador está a las puertas de la minería a gran escala, después de seis años de una fase de exploración intensa. Sin haber empezado la etapa de explotación, se han creado varios conflictos socioambientales alrededor de los recursos naturales, entre la sociedad civil, el gobierno y las empresas transnacionales. En este ensayo examinaré dos casos de estudio en detalle. Son los proyectos más cercanos de la fase de exploración y los que han creado mayores conflictos socioambientales alrededor de ellos: 1) El caso de Quimsacocha, es un proyecto minero que busca explotar un yacimiento de oro a través de una mina a nivel subterráneo por parte de la empresa canadiense IAMGOLD, en el páramo, de la Provincia del Azuay. 2) El caso de “El Mirador”, una propuesta de explotación de un yacimiento de cobre, a cielo abierto, de la empresa canadiense “Corriente Resources”, en la Cordillera del Cóndor, en la frontera con el Perú. Este ensayo analiza ambos casos dentro del marco teórico de los conflictos socioambientales, y pregunta si los programas de responsabilidad social corporativos de las empresas mineras son suficientes para reducir los conflictos entre la sociedad civil y las empresas transnacionales por el control de recursos naturales, o si es necesaria una fuerte presencia del gobierno nacional.