36 resultados para Social democracia

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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El conflicto político que vive Venezuela ha limitado la discusión del problema clave que nos afecta desde hace más de una década: la pobreza y la exclusión. La aprobación de un modelo de seguridad social garantista, solidario y apegado a la Constitución es una de las condiciones fundamentales para promover y lograr la inclusión social.

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El artículo ofrece una reflexión sobre la génesis histórica de la ciudadanía en el contexto de la modernidad; señala los nexos con la constitución de los estados nacionales, y el lugar que tuvo la educación en la creación de comunidades políticas conformadas por ciudadanos libres. El estudio destaca, en primer lugar, las profundas modificaciones que ha sufrido la ciudadanía a lo largo del siglo XX y, en segundo lugar, la necesidad de que la historiografía de la educación incorpore otros enfoques analíticos además de la teoría liberal, que ha ejercido una amplia influencia. Esta renovación analítica contribuirá con herramientas teóricas y metodológicas que permitan reelaborar la categoría de ciudadanía, para comprender mejor los procesos históricos de los últimos siglos, así como las expectativas planteadas a comienzos del siglo XXI.

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En esta investigación realizo un análisis respecto del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo, derecho que está contemplado en la Constitución, a fin de determinar su nivel de ejercicio por parte de la sociedad civil y su respeto, garantía y cumplimiento por parte del Estado. Se considera al derecho a la participación social en el procedimiento legislativo como una de las expresiones de la vigencia de una democracia participativa y deliberativa, garante de la adecuación material de la legislación a la Constitución. Luego de la presentación de los marcos doctrinario, constitucional, legal y reglamentario, analizo el procedimiento legislativo adoptado en la tramitación de una muestra de proyectos de ley en materia de derechos humanos, tramitados por la Asamblea Nacional, AN, en el período comprendido entre octubre de 2010 y noviembre de 2011. Del análisis, evidencio las limitaciones del procedimiento adoptado en la mayoría de las comisiones especializadas permanentes u ocasionales de la AN y planteo alternativas para lograr la vigencia del derecho a la participación social en la creación legislativa del derecho.

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El conflicto, factor consubstancial de la vida social y referente primordial de la información, la opinión y la interpretación noticiosas, ha visto modificarse su naturaleza y expresiones en la democracia. En este cuadro, el periodismo, especialmente el latinoamericano, está afectado por la erosión de sus mapas cognitivos. De lo que se trata ahora es de reinventar los papeles que tradicionalmente se asignaba a los medios y a los informadores tomando en consideración las peculiaridades de la conflictividad democrática y el desafío central de la región consistente en construir democracia con desarrollo.

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“La comunicación para el desarrollo ha seguido un itinerario de parentescos no resueltos en la teoría y de experiencias más intuitivas que sistemáticas en la práctica”. Así introdujimos un trabajo anterior: Imágenes e Imaginarios de la Comunicación – Desarrollo, que recuperamos en esta nueva aproximación a las relaciones entre Comunicación y Desarrollo, en la perspectiva de ir cerrando brechas en las deudas del desarrollo con la sociedad y de la comunicación con el desarrollo. Dos modelos dan cuenta de estas relaciones con concepciones distintas de desarrollo, de proyectos de sociedad y de comunicación: 1) Los Modelos de Difusión que cobijan a la Comunicación de Desarrollo y a la Comunicación de Apoyo al Desarrollo; y 2) los Modelos de Participación, donde ubicamos la Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático y la Comunicación – Desarrollo o Comunicación con Desarrollo. La legitimación del Vivir Bien o Suma Qamaña, o Buen Vivir o Sumaj Kausay como paradigma y como base de políticas nacionales de desarrollo en países latinoamericanos, complejiza aún más las relaciones entre comunicación y proyectos de sociedad, puesto que se rompe con las concepciones tradicionales de desarrollo equivalente a modernización y progreso, con una apuesta por la vida en armonía espiritual, social y con la naturaleza. La comunicación debe entonces repensarse en sus sentidos; en sus formas de producción, circulación y apropiación; así como en sus marcos normativos que sustentan las formas de propiedad y de producción, para contribuir a construir –participativamente- estas sociedades del post-desarrollo que renuevan la utopía de democratizar la comunicación para democratizar la sociedad.

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La Constitución de 2008, menciona 86 veces la palabra “participación”. El presidente Rafael Correa ha dicho repetidas veces que busca construir una “democracia verdaderamente representativa y mucho más participativa”.1 El objetivo de este artículo es describir algunos de los mecanismos institucionales previstos por el Gobierno de la “revolución ciudadana” para promover en la práctica esa participación a nivel nacional2 y mostrar alguna evidencia disponible sobre su funcionamiento concreto en los últimos años. Por “participación ciudadana” entenderemos en este artículo exclusivamente los mecanismos por los cuales los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos son convocados para influir en la toma de decisiones del poder público. No consideraremos los mecanismos electorales convencionales; es decir, ni el voto para elegir representantes, ni la convocatoria a plebiscito o referéndum. Tampoco consideraremos “participación” al derecho de los ciudadanos a presentar individual o colectivamente sus quejas, opiniones o sugerencias a las instituciones públicas. Esa posibilidad se encuentra más bien incluida, en lo que a nosotros concierne, en el derecho de petición o de expresión.

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El diseño de las funciones del Estado, en el marco del régimen liberal caracterizado por la representación política, ha sido profundamente criticado, desde una perspectiva de índole jurídica y política. Sin embargo, a partir de la vigente Constitución ecuatoriana se han producido cambios significativos en el diseño institucional, los cuales han generado una profunda discusión teórica y normativa sobre la vigencia de paradigmas constitucionales tan antiguos como la tripartición de poderes o la forma de democracia. Sin embargo, esta aparente dicotomía entre tipos de democracia, en nuestro caso la representativa y la participativa, no ha permitido, examinar los avances, retrocesos en la implementación de unas instituciones democráticas en el Ecuador. Es por ello necesario analizar dentro de los cambios constitucionales, a la nueva Función de Transparencia y Control Social, en especial al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En especial la facultad de designar a las máximas autoridades del Estado. Finalizado el presente estudio, estaremos en la capacidad de establecer si la nueva forma de designación de las máximas autoridades, unida al novedoso esquema institucional del Estado ecuatoriano se convierten en un aporte a la consolidación del proceso democrático en nuestro país.

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Realiza un recuento de los intentos de criminalización de la protesta social en el país, para lo cual se abordan las actuaciones de los últimos Gobiernos desde el retorno a la democracia y las acciones del actual régimen en torno a este tema, que recurren a la Ley de Seguridad Nacional ante las luchas sociales y procesos de resistencia. Analiza los casos y situaciones más relevantes y los efectos de la vigencia de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Evidencia el viraje hacia la derecha del actual gobierno y su no apertura al diálogo con los movimientos sociales.

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Pretende investigar si las propuestas dadas por distintos actores de la población ecuatoriana sobre autonomías regionales, provinciales, municipales o locales, en el marco de búsqueda de un nuevo modelo de organización y administración del Estado, ayudarían a democratizar la sociedad, permitiendo el acceso de personas y grupos sociales a las instancias de participación y decisión de la gestión pública. Se concreta al estudio de las principales propuestas autonómicas que se han hecho en el Ecuador, las motivaciones que las inspiran, su viabilidad y las consecuencias que podrían tener en la vida del Estado. Para ello, se abordan concepciones claras sobre el significado de autonomías, descentralización, desconcentración; formas de Estado y de gobierno, y los alcances del término democracia, todo ello dentro del contexto económico-social y político del país en la hora actual, y, en este marco, se formulan diferentes propuestas. Entendida la democracia como la conjunción armónica del principio de representación con el de participación ciudadana, la autora pretende demostrar que un proyecto autonómico y descentralizador bien concebido puede contribuir a encontrar salidas a la crisis que soporta el Estado, por caminos que conduzcan a la consolidación y amplificación de la democracia, no como fin, sino como medio para construir un modelo de sociedad que procure mejores condiciones de vida y bienestar a la mayoría de la población ecuatoriana.

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La protesta social que Argentina vivió el pasado diciembre concentró el repudio de la nación hacia el modelo económico vigente, originado en el agudo proceso de degradación paulatina de los derechos sociales de la población. La sostenibilidad de la democracia reclama urgente atención sobre tres cuestiones: la violencia política, la fragilidad institucional y los derechos sociales, que guardan una estrecha relación entre sí. De como se encare su solución dependerá la vida democrática regional en los próximos años.

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Las rebeliones de los últimos tiempos tienen rasgos propios, algunas al borde de asumir las características de la desobediencia civil, un tipo de resistencia contra reglas institucionales o políticas públicas mantenidas injustamente por una mayoría electoral. Estas responden a estrategias de "señoreaje", concepto que patentiza la dureza de los obstáculos que se interponen no sólo a la construcción de una nueva democracia sino también a la búsqueda de una democracia capitalista "normal".

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El mundo está atravesando una transición de una sociedad industrial, que giraba en torno del trabajo como fuerza y valor, hacia una sociedad del conocimiento, cuyo núcleo es la información y la capacidad para manejarla y producirla. Esta transformación, que tiende a darse a escala global, ha sido impulsada fundamentalmente por los cambios producidos en el plano de la tecno-economía, cuyos actores primordiales son las transnacionales y los científicos y profesionales de la información. En el plano de la política, que no alcanza a dar respuesta a estos cambios, han cumplido un rol importante los nuevos movimientos sociales, que desplazaron la centralidad de los partidos políticos y de los movimientos sociales clásicos, como los sindicatos.

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La procedencia de la gobernabilidad, la democracia y los derechos humanos, se plantean comúnmente como un hecho dado, que no admite duda. Como si se tratase de elementos indisolublemente ligados entre sí, sobre los cuales no vale argumentar, debiéndonos restringir a buscar los mecanismos más adecuados para su consolidación y difusión. Como si se tratase de elementos políticamente asépticos. Por ello, pocos se preguntan sobre ¿cuál es el objetivo que persiguen?, ¿a qué tipo de gobernabilidad y democracia nos referimos?; ¿en el marco de qué formación económica y social nos ubica esa especie de asepsia política?; ¿cuál es el papel que juegan en el desarrollo histórico de la humanidad? El presente análisis tratará de explicar esas interrogantes.

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A lo largo de la década de los 90, numerosos países de América Latina y el Caribe vivieron el inicio de un nuevo ciclo de protestas sociales que, en cuestionamiento de las políticas neoliberales imperantes, fue protagonizado en gran medida por movimientos sociales y populares distintos de aquellos que habían ocupado la escena de la contestación social en décadas pasadas. Esta irrupción en la ciudadela de la gobernabilidad política neoliberal de los sectores sociales más castigados por la aplicación de este recetario (campesinos e indígenas, los sin trabajo y sin tierra, los trabajadores y sectores urbanos empobrecidos) no sólo abrió nuevos horizontes de futuro -agrietando la hegemonía del pensamiento único- sino que significó también el desarrollo de una intensa experimentación democrática, de reconstitución de alternativas societales, de reapropiación social de lo público y revitalización y ampliación de la autonomía que caracterizaron la emergencia de estos movimientos.

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A lo largo de la década de los 90, numerosos países de América Latina y el Caribe vivieron el inicio de un nuevo ciclo de protestas sociales que, en cuestionamiento de las políticas neoliberales imperantes, fue protagonizado en gran medida por movimientos sociales y populares distintos de aquellos que habían ocupado la escena de la contestación social en décadas pasadas. Esta irrupción en la ciudadela de la gobernabilidad política neoliberal de los sectores sociales más castigados por la aplicación de este recetario (campesinos e indígenas, los sin trabajo y sin tierra, los trabajadores y sectores urbanos empobrecidos) no sólo abrió nuevos horizontes de futuro -agrietando la hegemonía del pensamiento único- sino que significó también el desarrollo de una intensa experimentación democrática, de reconstitución de alternativas societales, de reapropiación social de lo público y revitalización y ampliación de la autonomía que caracterizaron la emergencia de estos movimientos.