Movilidad transfronteriza de la población Colombo-Ecuatoriana: desafíos políticos, institucionales y jurídicos desde la perspectiva ecuatoriana

El presente trabajo tiene como propósito determinar ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los actores locales ante las barreras jurídicas que se imponen en los procesos de integración transfronteriza?, para lo cual se analizará el proceso de integración colombo-ecuatoriano, direccionado hacia la movilidad transfronteriza de personas, lo cual tiene una repercusión en los ámbitos económico, político y social. Para llevar adelante esta acometida se aborda un análisis de la normativa comunitaria andina en especial las decisiones relacionadas con la temática fronteriza, así como las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a la integración y la movilidad humana. Se aborda un estudio de cómo el diseño de las políticas de integración transfronteriza ha sido ejecutado desde una perspectiva centralista; lo cual ha generado la falta de participación de la sociedad civil y gobiernos locales en la implementación de normativa transfronteriza; y, cómo bajo la política de seguridad se han implementado barreras jurídicas que no permiten el libre tránsito de personas en países miembros de la Comunidad Andina. Los principales temas abordados en la tesis los podemos sintetizar en: la conceptualización de fronteras y su operación en los procesos de integración, para lo cual se aborda un estudio de las políticas de integración transfronteriza desde una perspectiva centralista, y una redefinición del concepto de fronteras; las Zonas de Integración Fronteriza existentes en el ámbito de la Comunidad Andina; los límites jurídicos al libre tránsito de personas, bienes, servicios y capitales; abordándose de manera especial la implementación del pasado judicial para ciudadanos colombianos en el Ecuador.

Políticos, militares y ciudadanos: un análisis de las caídas presidenciales en Ecuador (1997-2005)

De 1997 a 2005 tres presidentes ecuatorianos democráticamente elegidos fueron removidos de sus cargos. En ninguno de los tres casos se observó el procedimiento formal –juicio político– constitucionalmente establecido; por el contrario, las destituciones presidenciales involucraron a un conjunto de actores sociales, políticos y militares; las crisis fueron consecuencia de una serie de escándalos públicos; estuvieron seguidas de movilizaciones populares que condujeron a la destitución presidencial por parte del Congreso, y, en todos los casos, las Fuerzas Armadas cumplieron el papel de árbitro. Las semejanzas en el comportamiento y expectativas de los diversos actores dan cuenta del surgimiento de la destitución presidencial como institución política informal, con su propia lógica, normas y reglas. A partir del marco conceptual del institucionalismo histórico, este estudio establece los orígenes de la inestabilidad presidencial en el Ecuador; en su parte central, analiza la innovación institucional implícita en el surgimiento de un patrón de destitución presidencial, e identifica algu - nos factores que permiten diferenciar el caso ecuatoriano de otros observados en la región. En suma, la obra analiza los desempeños de la democracia en el Ecuador, deteniéndose en las brechas existentes en tre los arreglos institucionales formales y los de carácter informal, lo que en definitiva permite una cabal comprensión del proceso político ecuatoriano.

Discriminación de género y percepciones de la sexualidad entre los aspirantes, cadetes, instructores y autoridades en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro y la Escuela de Policía General Enríquez Gallo

El análisis de las discriminaciones sobre sexualidad y género dentro de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL) y la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo (ESPOL), ayudará a conocer y entender cómo se han producido y reproducido los discursos referentes a este tema, así como la manera en que este tipo de percepciones y actuaciones se hacen visibles en la convivencia diaria dentro de estas instituciones. También, se analizará el proceso del ingreso de grupos GLBT (gays, lesbianas, bisexuales y transexuales) en estas dos instituciones; adicionalmente, el conocimiento que se puede obtener de los grupos GLBT en el Ecuador permitirá comprender mucho más la sexualidad y el género en un ámbito militar y policial que representa el “orden”, la “rectitud” y la “valentía”. En el capítulo I, desde la perspectiva de género junto con los estudios de la sexualidad se planteará el enfoque aproximativo de esta investigación, para indagar sobre la discriminación y cómo se la ha tratado en el Ecuador. En el capítulo II se menciona sobre el poder masculinista que se relaciona que con el poder practicado en estas instituciones, y cómo este poder actúa respecto a la orientación sexual y al género. En el capítulo III se hace una descripción de lo obtenido en la investigación en las dos instituciones, con respecto a prácticas, usos, y rituales que practican en la convivencia diaria. La pregunta principal que se responde a través del análisis de estas instituciones es: ¿qué tipo de discriminaciones de género y sexuales existen entre los aspirantes, cadetes, instructores y autoridades en la ESMIL y la ESPOL? El enfoque metodológico es de corte cualitativo, con técnicas de observación del proceso de admisión, charlas sobre valores y clases académicas que reciben los cadetes, además de la instrucción o ejercicios físicos, y ceremonias internas de las dos instituciones. Se realizaron entrevistas en profundidad a los instructores, autoridades y aspirantes de las dos instituciones, que tienen relación y trato cercano con los cadetes desde primer año.

Vigencia del género político contestatario en los periódicos impresos nacionales En Marcha y El Pueblo

El género político periodístico contestatario, ligado a los sectores de izquierda, muestra que está vigoroso a pesar de que su producción enfrenta las dificultades que presenta un sistema social hegemónico construido de acuerdo a determinados poderes políticos, económicos y simbólicos. Esta hegemonía, acusada de generar desigualdades sociales, es precisamente una de las fuentes de las publicaciones contestatarias, sin importar que dentro de los gobiernos sus actores integren las nóminas de grupos revolucionarios de izquierda. Es decir, que la vigencia del género contestatario obedece y gira en torno a la aplicación de políticas antipopulares o de amenazas al goce de plenas libertades que reclaman los sectores subalternos. Los periódicos En Marcha y El Pueblo, voces contestatarias impresas, durante la campaña electoral de enero y febrero del 2013, cumplieron su papel, el primero en contra y el segundo a favor del candidato oficialista. Ha sido necesario realizar un análisis de contenido de cada uno de los textos publicados por estos dos periódicos para identificar a los sujetos que más simpatía o aversión han generado a los editores de estos impresos. Los discursos descalificadores publicados contra los rivales políticos y la opinión mezclada con la información, entre otras cualidades de lo contestatario, también han servido para trazar una línea de separación entre este género y los textos emitidos por la prensa comercial que hace oposición a un gobierno. En síntesis, el género contestatario sigue vigente mientras existan hegemonías producidas por grupos de poder, sin importar su origen o ideología política.

Análisis de las prácticas de mujeres docentes universitarias en entornos con discursos masculinizantes

El presente trabajo de investigación busca responder a través del estudio de un entorno académico específico, ¿cómo las mujeres docentes universitarias llevan a cabo las prácticas sociales, académicas y laborales en un entorno con discursos masculinizantes?, considerando así que histórica y culturalmente la sociedad y todos los entornos políticos, económicos y académicos están atravesados por una visión masculinizante del mundo que se refleja a través del lenguaje. El objetivo primordial consiste en develar las prácticas de las mujeres docentes universitarias por medio del análisis de su percepción, su sentir y su actuar ante estos discursos y comprender la manera que las mujeres docentes usan el lenguaje en sus prácticas respecto a la relación poder – discursos masculinizantes en el entorno académico y laboral, para finalmente interpretar las formas de interacción y las prácticas de resistencia de las mujeres docentes a través de la construcción simbólica de lo femenino y lo masculino en el entorno académico. Con este fin se utiliza una metodología con enfoque cualitativo con las técnicas de la entrevista a profundidad y la observación participante, utilizando como muestra a diversas mujeres docentes universitarias pertenecientes a la misma institución educativa. Para la investigación de campo se tomó como referencia el contexto de una universidad privada del Ecuador cuyo nombre real permanecerá anónimo debido a la protección de las personas informantes. Los resultados obtenidos permiten promover una concienciación a nivel educativo de las estructuras androcéntricas y discursos masculinizantes que desequilibran las relaciones de género en la institución universidad.

Interpretación y aplicación de la sentencia C-577 de 2011 frente al matrimonio entre personas del mismo sexo en Colombia

En Colombia el reconocimiento de los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgenero e Intergenero (LGBTI) encuentra su punto de partida en la Constitución Política de 1991. Durante los primeros años de su vigencia hasta el 2007, la Corte Constitucional como órgano encargado de su interpretación, definió los derechos individuales de las personas LGBTI a partir de principios como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la prohibición de discriminar y el pluralismo. Con la expedición de la sentencia C-075 de 2007 inicia una nueva fase en la movilización de esta comunidad; por primera vez se le reconocen efectos jurídicos a las uniones conformadas por personas del mismo sexo, declarando sus derechos en la esfera de pareja, pero limitándolos al negar su estatus de familia. En el año 2011 el estudio de las parejas de personas de igual sexo dentro del ordenamiento jurídico colombiano cambia radicalmente. Mediante la sentencia C-577 de 2011, el alto tribunal declaró que estas uniones constituyen una forma de familia y por lo tanto tienen derecho a formalizar su vínculo mediante una figura jurídica de orden contractual que les brinde un margen de protección más amplio que el de la unión marital de hecho. El acceso al matrimonio civil igualitario por parte de las parejas integradas por personas del mismo sexo constituye actualmente uno de los temas más debatidos en Colombia. La discusión es significativa porque confronta el modelo tradicional de familia, pareja y matrimonio asociado con la heterosexualidad y la reproducción; adicionalmente evidencia los límites que configuran la noción de lo humano, del sujeto de derechos y de la igualdad como principio condicionado a cualidades de orden mayoritario.

El negocio del VIH/SIDA: patentes farmacéuticas ¿para qué y para quién?

¿Para qué y para quién son las patentes farmacéuticas? Son algunas de las interrogantes que este libro responde tomando en cuenta el fortalecimiento de las patentes farmacéuticas en la OMC y sus impactos sobre el acceso a medicamentos para el VIH/ SIDA. Las patentes farmacéuticas se hallan en medio de importantes transformaciones políticas en el marco de la globalización neoliberal y, por su carácter excluyente, están condicionando tanto la investigación y desarrollando nuevos fármacos, como la libre circulación de medicamentos genéricos. A pesar de que existen ciertas facilidades para que los países del Sur puedan definir políticas nacionales que prioricen la salud pública por sobre los intereses comerciales. Operativizar estas disposiciones no es un asunto fácil: varios determinantes políticos, económicos y tecnológicos inciden sobre los limitados márgenes que los gobiernos del Sur tienen para emitir una licencia obligatoria. A pesar de lo anterior; en el mundo de las patentes, las licencias obligatorias son un mecanismo que debe y puede ser utilizado en favor de la salud pública. El libro analiza la primera solicitud de licencia obligatoria sobre un medicamento para el VIH/SIDA en el Ecuador, y termina con una serie de reflexiones sobre la necesidad de expandir las oportunidades para el acceso a medicamentos para el VIH/SIDA.

La situación del refugio en Venezuela: derechos humanos, Estado y condiciones de vida

A partir del año 1986, Venezuela se adhiere al Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de 1967, y lo publica en la Gaceta Oficial de la República Nº 33.503, de fecha 2 de julio de 1986, por lo cual, las normas sobre refugio consagradas en dicho instrumento y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951(1), adquieren plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico desde 1986, con obligación para el Estado de adoptar la terminología y mecanismos internos necesarios para la aplicación de las normas consagradas en dicho instrumento. En este sentido, el camino de protección de los derechos de los refugiados en Venezuela a transitado desde un espacio meramente normativo, de reconocimiento de derechos contenidos en Convenios del Derecho Internacional de los Refugiados (2), lo que ha supuesto, la regulación constitucional (3), pasando por la vigente ley orgánica interna (4) y el recientemente promulgado reglamento general en la materia (5), todo lo cual, integra actualmente el marco normativo interno de protección de refugiados (as), en Venezuela, hasta llegar a la situación actual en la que nos encontramos con la instalación formal del órgano administrativo designado para el estudio y tramitación de las solicitudes de refugio, denominado "Comisión Nacional para los Refugiados"

Los reglamentos autónomos y el principio de competencia normativa en la constitución política de la República del Ecuador

A partir de la reforma y codificación constitucional de 1998, realizado por la autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente de 1997, se introdujo el principio de competencia en la Constitución ecuatoriana, determinando así la regulación de ciertas materias por ley orgánica, ciertas por ley ordinaria y ciertas por actos normativos con categoría normativa inferior a la ley. El mencionado principio de competencia tiene relevancia desde que ya no se aplica a rajatabla el principio de jerarquía que hasta antes de dicha codificación se utilizaba con mucha frecuencia cuando existían problemas de contradicciones normativas, ya que las normas jurídicas en general estaban perfectamente jerarquizadas, sin dar pábulo a confusiones sobre la aplicación de las normas. Evidentemente la Constitución ecuatoriana no determina expresamente la aplicación del principio de competencia, es más, en el artículo 272 de la Constitución se trata de jerarquizar el ámbito normativo, pero sucede que esto no es así, ya que no se puede interpretar la Constitución de manera absoluta y en contra de si misma. Es por lo dicho que en derecho constitucional existen mecanismos y métodos propios de interpretación constitucional como es el método tópico que en suma nos dice que a la constitución hay que interpretarla en función de los principios de unidad de la Constitución, concordancia práctica, corrección funcional, función integradora y fuerza normativa de la Constitución, que se explicarán ampliamente en el desarrollo de la tesis y mediante el cual llegaremos a la conclusión que la Constitución ecuatoriana determina claramente el principio de competencia. Es debido precisamente a este problema de interpretación de la Constitución, que en los actuales momentos, con este nuevo principio introducido en la constitución ecuatoriana, ha llevado a que el Congreso Nacional trate de regular mediante ley (sea esta orgánica u ordinaria) materias que la constitución ha asignado a otros órganos del Estado, lo que se traduce en una evidente arbitrariedad por parte del legislativo sobre potestades que la Constitución no le ha asignado, contrariando así el principio de legalidad consagrado en el artículo 119 de la Constitución que determina: “Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y lo funcionarios públicos no podrá ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y la ley...”. La importancia de este tema desde el punto de vista académico es interesante desde que la aplicación del principio de competencia no es una invención ecuatoriana, es así que este principio de origen francés con la V República de 1958 es tomado en sistemas como el español, el chileno, el colombiano entre otros ya han determinado claramente la aplicación de este principio por sobre el principio clásico de jerarquía, determinando en su jurisprudencia que la creación y aplicación de la norma se la realiza en virtud de las competencias que la Constitución de cada país ha determinado a los órganos del poder público respectivos. Por último, la importancia social de este tema es evidente ya que el Congreso Nacional ecuatoriano utilizando un concepto ya superado, como es el de que la soberanía radica en ellos, pretende arbitrariamente regular materias que no le competen, provocando así una confusión en los operadores de la norma, como son la administración pública, los jueces y los administrados, utilizando el criterio de que una ley y mejor aun que una ley orgánica se aplica por sobre el resto del ordenamiento jurídico inferior en aplicación del principio de jerarquía y no del principio de competencia vigente a partir de la codificación y reforma constitucional de 1998.

Desarrollo y minería en el Ecuador: un análisis del derecho de participación en el Proyecto Mirador

Este trabajo tiene que propósito evidenciar las tensiones existentes en la vigencia de los derechos humanos, particulamente el de participación, y las políticas que se implementan en el marco de un modelo de desarrollo que se sustenta en la extracción de recursos naturales. A pesar del reconocimiento en la normativa nacional e internacional de mecanismos de participación, como la consulta ambiental y la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas, se evidencia que estos no están realmente diseñados para influir en las decisiones que toma el Estado respecto a programas extractivos, y más bien se subordinan a los intereses del desarrollo, noción que aunque tome diversos nombres, sigue teniendo como sustento ideológico el crecimiento económico y la mercantilización de la naturaleza. La actividad minera en el país no ha sido hasta ahora relevante, sin embargo está tomando un gran impulso una vez que la actividad minera ha sido catalogada como estratégica para el país. El primer proyecto minero a gran escala de explotación de cobre y bajo la modalidad de cielo abierto, es el denominado Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, que es objeto de estudio en esta tesis, y a partir del cual se pretende evidenciar los límites prácticos del derecho de participación que se hace referencia en el párrafo anterior. La promulgación de la Constitución del 2008, trajo consigo expectativas respecto al ejercicio de derechos, así como también en relación a un progresivo cambio del paradigma de desarrollo, sin embargo la expedición de una nueva Ley de Minería, la demanda de inconstitucionalidad de la misma por parte de organizaciones indígenas y ecologistas, y la respuesta que dio la Corte Constitucional, no presagian el mejor escenario para la vigencia de los derechos humanos de las personas y pueblos afectados por el proyecto Mirador, y otros proyectos mineros que ya se están promoviendo. El propósito de este trabajo es alentar un debate crítico de los derechos humanos, que a su vez propicien la generación de propuestas y alternativas a la noción de desarrollo imperante.

Derecho comunitario y ius commune americano: dos asignaturas pendientes para las ciencias jurídicas de nuestro continente (Tema Central)

La conformación de un derecho supranacional comunitario y de un derecho común supletorio para nuestro continente es una asignatura pendiente de la que puede ocuparse la ciencia jurídica. En el presente artículo, tras ofrecer un marco teórico conceptual sobre el Derecho comunitario y presentar el estado actual de los diversos esquemas y procesos regionales y subregionales de integración en nuestro hemisferio, se proponen una serie de perspectivas (interdisciplinarias) y de temas (políticos, jurídicos y económicos) sobre lo que tendría que reflexionar la ciencia jurídica –academia y foro– americana, para adelantar los contenidos de este nuevo ordenamiento jurídico.

Crisis y tendencias económicas en el Ecuador de Rafael Correa: informe de coyuntura

Desde fines del año pasado, ocho años de administración de la bonanza parecían sucumbir precipitadamente ante la obligada gestión de la austeridad. Esta vez todo hace pensar que la crisis económica no será como la de 2009, cuando un problemático semestre siguió a dos años de esplendoroso desafío a cualquier sombra de disciplina fiscal. Inmediatamente vino la recuperación. En ese entonces todavía quedaban reservas monetarias provenientes de los ahorros obligados por la ortodoxia neoliberal. A pesar de ambas cosas -tanto de las reservas remanentes como de la corta duración de la crisis-, el año 2009 se recuerda aún como el período de más baja popularidad en ocho años de gobierno: la valoración positiva de la gestión gubernamental llegó a casi el 50% de aprobación cuando el promedio en años posteriores ha superado el 70%.

“En busca de la chispa en la pradera”. El sujeto revolucionario en el pensamiento de la intelectualidad orgánica de izquierda en el Ecuador durante el período 1975- 1986

Esta tesis indaga qué fue el sujeto revolucionario para la intelectualidad orgánica de la izquierda ecuatoriana en el período comprendido entre 1975 y 1986. Se parte de la existencia de interpretaciones diversas y divergentes del tema, tanto para las corrientes comunistas (PCE, MRT), las socialistas (PSE, PSRE); las maoístas (PCMLE), las nacionalistas (AVC, MPL) y las guevaristas (MIR). El corte temporal escogido (1975-1986) comienza con: I) la declaratoria de la Primera Huelga Nacional del FUT el 13 de noviembre de 1975, y el ascenso de la lucha de clases encabezada por el movimiento obrero; y culmina con: II) el decaimiento de los proyectos devenidos, de una u otra forma, del campo de la revolución (descabezamiento de AVC, liquidación de otras formas de subversión como MPL y OPM, extinción del PSRE, consolidación de la línea electoral en la mayor parte de los partidos de izquierda –como el PSE, el PCMLE y el PCE–, disgregación del MIR en varias fracciones, desaparición del MRT), y el ascenso de formas de lucha no clasistas con el advenimiento de los denominados movimientos sociales. Se entiende a los intelectuales orgánicos como la expresión de un ‘intelectual colectivo’ (el Partido para Gramsci) que abandera una determinada tendencia políticaideológica, integrada en un particular contexto histórico y social. En esta línea, los partidos analizados representan la voz de una intelectualidad de carácter colectivo. La ‘categoría’ sujeto revolucionario, hace referencia a actores sociales específicos que actúan, dinamizan y se crean en una determinada conflictividad. No se aborda al sujeto revolucionario como algo acabado, sino más bien como una creación particular, que se forja en el terreno de la lucha de clases concreta. A nivel de la estructura metodológica se establece un diálogo entre las preguntas: ¿cómo se pensó al sujeto revolucionario en la tradición marxista internacional? (capítulo uno), y ¿cómo se pensó el sujeto revolucionario en la izquierda ecuatoriana del período 1975-1986? (capítulo dos). Con la finalidad de determinar las tesis y puntos de vista convergentes de cada una de las tradiciones partidarias estudiadas (capítulo tres), agrupándose al sujeto revolucionario pensado desde la izquierda en las siguientes figuras o denominaciones: I) el militante revolucionario; II) el pueblo; III) la población sufragante; IV) el proletariado como clase obrera industrial; y, V) el proletariado como sujeto negativo.

Análisis de los cambios normativos en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos, planteados en la Constitución del 2008 y en la Ley de Aguas del 2014: a la luz de dos visiones de gestión, la pública y la comunitaria

Dado que el problema central de los recursos hídricos en el Ecuador y en el mundo es un problema relacionado fundamentalmente con la gestión del agua, en esta tesis se reflexiona sobre dos enfoques de gestión, desde lo público - estatal y desde lo comunitario, y se analiza cómo estos enfoques se concretan en la Constitución y en la Ley de Aguas del Ecuador. En el Ecuador, durante la época de aplicación de las políticas de ajuste estructural (década de los 80) se desarrollaron políticas de ajuste hídrico orientadas a establecer un modelo de gestión del agua basado en el mercado, que no resolvieron el problema de la gestión de los recursos hídricos y por el contrario profundizaron las condiciones de inequidad en el acceso y distribución del agua. Posteriormente, en los últimos años se ha impuesto un modelo de gobernabilidad donde lo que impera es el fortalecimiento del poder estatal para gestionar los recursos hídricos. Desde las organizaciones sociales vinculadas a la gestión del agua se fueron gestando procesos de movilización social y surgieron propuestas para recuperar el sentido del agua como un bien común, que no puede ser considerado como una mercancía sujeta a las reglas del mercado y que debe ser gestionado colectivamente. En la formulación de la nueva Constitución y de la Ley de Recursos Hídricos se evidencia una permanente tensión entre una visión de gobernabilidad que implica imponer el rol del Estado en la gestión del agua, frente a una visión de gobernanza que supone una cooperación con la sociedad civil. El presente trabajo está basado en el análisis e interpretación de las disposiciones jurídicas de la Constitución del 2008 y de la Ley de Recursos Hídricos aprobada en el 2014. Sin embargo, no es un análisis puramente jurídico - legal, de eso ya se han encargado otros estudios, sino más bien en este caso se trata de una reflexión desde una perspectiva sociológica y política a partir fundamentalmente del análisis de fuentes secundarias. En el desarrollo de la tesis y en las conclusiones se plantea la posibilidad y las ventajas de llevar a la práctica un modelo de cogestión de los recursos hídricos, que combine roles y responsabilidades tanto públicas como comunitarias.