19 resultados para Recursos naturales-Tamaulipas-Protección-Legislación

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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A partir de un artículo de Jorge Castañeda, en el cual se hace una distinción entre izquierda moderada y moderna e izquierda populista, Espinosa analiza la situación en la región andina –Bolivia, Ecuador y Venezuela–. De acuerdo con el autor, algunos hechos indicarían que la izquierda populista es un fenómeno pasajero que empieza a perder fuerza.

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El planeamiento del autor hace referencia a como el ordenamiento territorial y el control –estatal, comunal o privado– de los recursos estratégicos del país serán el tema central de debate en la Asamblea Constituyente de Bolivia. Garcés pasa revista a las propuestas de las organizaciones y del gobierno boliviano y finaliza señalando que será un desafío para la Asamblea y para el gobierno de Morales tomar en cuenta los planteamientos de las organizaciones indígenas y campesinas del país.

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Este escrito, pretende poner en evidencia la falta de límites jurídicos a la actual política económica extractiva en los países de la comunidad andina (CAN), actividad impulsada por los actuales gobiernos, quienes sin duda dan mayor importancia al modelo de desarrollo capitalista que a su propia riqueza ambiental, cultural y social; factores gravemente amenazados por el neoextractivismo que recientemente ha generado diferentes tensiones y disputas a nivel jurídico-ambiental; por tanto, esta investigación invita a reflexionar sobre este tipo de problemáticas y sobre la necesidad de cambiar la perspectiva materialista y consumista que envuelve actualmente a nuestra sociedad. En este sentido, se abordará la evolución histórica del Derecho Internacional Ambiental, con el fin contextualizar estos principios en los ordenamientos jurídicos de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia y así dilucidar los problemas que existen en estos países frente a la falta de protección de sus recursos naturales, provocados por la escasez de garantías legales y la permisividad que existe por parte de los gobiernos en lo que a minería y problemas ambientales respecta. Se describe además de forma genral las diferentes dificultades legales que el extractivismo ha generado en cada país analizado, pues cada uno cuenta con particularidades ambientales y normativas que hace difícil abordar a profundidad cada problemáticas en esta investigación, sin embargo se plantean diferentes estrategias que los estados deberían conocer y aplicar para reducir el impacto socio-ambiental que está generando la actual política económica. Cabe resaltar que en esta tesis no se abordarán perspectivas políticas ni sociológicas, pues se limita a realizar un análisis jurídico de los posibles problemas que tendría la legislación actual frente al neoextractivismo (minería a gran escala), que afecta los diferentes territorios biodiversos que se encuentran en inminente peligro por los proyectos económicos que estos gobiernos desean implementar.

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El Fondo Noruego del Petróleo es un fondo constituido para salvaguardar los ingresos de la explotación de los recursos naturales no renovables para las futuras generaciones. Es utilizado como un Fondo de macro estabilización, y sus recursos son manejados de forma tal, que no afectan la economía interna. Este Fondo en la actualidad es un ejemplo mundial de eficiencia, transparencia y de políticas inteligentes, sobretodo para las economías productoras de petróleo que dependen enteramente del mismo y de los vaivenes de la economía mundial. En esta tesis haremos un estudio del FONDO, sus políticas y gerencia; veremos en que invierte para asegurar bajo riesgo y altas ganancias. Asimismo acompañaremos la investigación con las políticas utilizadas para el manejo de los recursos del FONDO las cuales han probado ser exitosas. En Venezuela como país petrolero mono productor, es necesario un mecanismo que salvaguarde los ingresos para el futuro, y que transforme los actuales en un beneficio verdadero para la población. Brevemente analizaremos la realidad venezolana como campo fértil para la adaptación del FONDO y veremos los beneficios que puede traer este al país. Considero esta investigación un gran aporte, ya que poco a poco el petróleo se esta agotando, la dependencia de este en el mundo es cada vez menor y nuestros lideres por años han demostrado incapacidad en el manejo de estos recursos.

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El presente trabajo busca replantear el sistema económico del Ecuador, analizando las políticas cambiaria, financiera, monetaria y fiscal. Haciendo énfasis en la política fiscal del Ecuador se esboza una breve propuesta de normativa tributaria para enfrentar el déficit que caracteriza nuestras arcas fiscales, que se inclina por el despilfarro y la inexistencia de planes serios de estructuración macroecónomica. Varios intentos de reforma económica han quedado sin efectos positivos, e incluso ocasionaron dos revocatorias de mandato presidencial, en los años 1997 y 2000, por la grave conmoción interna y social que causaron por efectos de la crisis que afectó a los bolsillos de los ecuatorianos. La huída de capitales por la imposición del impuesto a la circulación de capitales, el bajo precio del petróleo que caracterizó estos años y el desgobierno en que vivimos agravó la crisis. No es hora entonces de lamentarnos, sino de tomar nuevos bríos para enfrentar la crisis, aportar con ideas y soluciones innovadoras que ayuden a combatir la pobreza e implanten el desarrollo sostenido y sustentable en el Ecuador, tantas veces propugnado. El impuesto único a la renta por acceso a los recursos naturales, es una fórmula que deriva del análisis realizado en el presente trabajo, para buscar los recursos monetarios que compongan los ingresos fiscales del Estado, derivados de actividades que generan recursos por el uso exclusivo de los recursos naturales y por el acceso que concede el Estado a sus recursos, que no siendo valorados en el presente deben ser la base para entender la depreciación futura que alcanzan estos bienes, ocasionando el agotamiento de nuestros recursos no renovables. De esta manera, no solo se pretende valorar la renta obtenida por el uso exclusivo de estos recursos en el futuro, sino que se dirijan los recursos monetarios a propender al sostenimiento de los hábitats en donde se generan estos recursos: la protección de la Amazonía.

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El dinámico crecimiento de los flujos comerciales, así como la preocupación por la protección de los recursos naturales han dado lugar al aparecimiento de un fuerte debate sobre los efectos que provoca la producción y el comercio de un bien sobre los recursos naturales. Como una forma de compatibilizar las aspiraciones de protección ambiental y crecimiento comercial, los países aplican una serie de medidas que van desde regulaciones y normas ambientales hasta instrumentos de mercado como impuestos, certificaciones y sellos ambientales. Si bien, aún no se conoce con precisión la efectividad de tales medidas en la protección del medio natural, es evidente que las mismas están provocando cambios en los procesos de producción y comercialización de un bien. En el caso del Ecuador, en tanto el sector privado busca ingresar a los exigentes mercados internacionales y cumplir con las condiciones ambientales exigidas, éste se ve obligado a adaptarse a las regulaciones ambientales internacionales, a incorporar tecnología ambientalmente limpia y a replantear sus condiciones de competitividad. Este libro inicia con un análisis de las relaciones comerciales entre América Latina y los países industrializados: Estados Unidos y la Unión Europea. Posteriormente aborda los vínculos entre comercio internacional y protección ambiental, para finalmente analizar los efectos de las regulaciones ambientales en la producción y comercio de banano y flores del Ecuador y la respuesta del sector privado frente a estas medidas.

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Con anterioridad a la vigente Constitución de 1999, no existía una consagración a texto expreso en el Ordenamiento Jurídico Venezolano del derecho subjetivo al Ambiente. Por el contrario, la protección del ambiente era entendida- más bien- desde una visión económica de los recursos naturales como un deber de Estado. Partiendo pues de esa perspectiva constitucional, el régimen jurídico ambiental venezolano se encontraba disperso en una multiplicidad de Leyes y normas de carácter sub-legal (decretos y resoluciones), que desde una perspectiva sectorial contribuían a la preservación del ambiente. Ahora bien, dado que muchas de estas Leyes permanecen aún vigentes, hasta tanto no se de cumplimiento a lo establecido en la Disposición Transitoria Sexta del texto constitucional vigente.

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La realización de proyectos de protección ambiental y de control de contaminación en Venezuela ha estado inscrita en un marco legal sujeto a cambios importantes, y ya se ha anunciado que vienen otros. Si bien es cierto que este fenómeno no es exclusivo del caso venezolano, no es menos cierto que, en el caso de este país, esta situación ha tenido gran incidencia en la manera de abordar dichos proyectos. La preocupación internacional, por el impacto ambiental causado por la aceleración de las actividades de industrialización en el mundo a partir de la segunda guerra mundial, tiene menos de treinta y cinco años. La Primera Conferencia sobre Ambiente y Desarrollo, convocada por la Organización de las Naciones Unidas, tiene lugar en Estocolmo, Suecia, en 1972. El Primer Congreso Internacional de Ecología se celebra en La Haya, Holanda, en 1974. Los resultados de esta actividad, en el caso de Venezuela, comienzan a sentirse en 1976, cuando se promulga la Ley Orgánica del Ambiente, y en 1977, cuando se crea el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables, MARNR. Sin embargo, las primeras regulaciones que requieren inversiones en adecuación, y que establecen plazos de cumplimiento, aparecen hacia 1985, acompañadas de decretos con incentivos positivos, de naturaleza financiera y fiscal.

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Este trabajo tiene que propósito evidenciar las tensiones existentes en la vigencia de los derechos humanos, particulamente el de participación, y las políticas que se implementan en el marco de un modelo de desarrollo que se sustenta en la extracción de recursos naturales. A pesar del reconocimiento en la normativa nacional e internacional de mecanismos de participación, como la consulta ambiental y la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas, se evidencia que estos no están realmente diseñados para influir en las decisiones que toma el Estado respecto a programas extractivos, y más bien se subordinan a los intereses del desarrollo, noción que aunque tome diversos nombres, sigue teniendo como sustento ideológico el crecimiento económico y la mercantilización de la naturaleza. La actividad minera en el país no ha sido hasta ahora relevante, sin embargo está tomando un gran impulso una vez que la actividad minera ha sido catalogada como estratégica para el país. El primer proyecto minero a gran escala de explotación de cobre y bajo la modalidad de cielo abierto, es el denominado Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, que es objeto de estudio en esta tesis, y a partir del cual se pretende evidenciar los límites prácticos del derecho de participación que se hace referencia en el párrafo anterior. La promulgación de la Constitución del 2008, trajo consigo expectativas respecto al ejercicio de derechos, así como también en relación a un progresivo cambio del paradigma de desarrollo, sin embargo la expedición de una nueva Ley de Minería, la demanda de inconstitucionalidad de la misma por parte de organizaciones indígenas y ecologistas, y la respuesta que dio la Corte Constitucional, no presagian el mejor escenario para la vigencia de los derechos humanos de las personas y pueblos afectados por el proyecto Mirador, y otros proyectos mineros que ya se están promoviendo. El propósito de este trabajo es alentar un debate crítico de los derechos humanos, que a su vez propicien la generación de propuestas y alternativas a la noción de desarrollo imperante.

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Este trabajo de investigación, pone de relieve el papel fundamental que la Amazonia como Bosque Húmedo Tropical desempeña y especialmente la Biodiversidad que en ella se encuentra, especialmente los Productos Forestales No Maderables. No obstante a tener una riqueza incalculable para ser explotada y manejada sosteniblemente, no reciben la atención suficiente de parte de los Gestores de la Política tanto Ambiental como de acceso a los Recursos Naturales. La Amazonia considerada como un Bosque Tropical, alberga una variedad de Productos No Maderables, cuyo valor es inconmensurable. En los Países en Desarrollo, especialmente el Perú, existen más de 80,000 especies de plantas conocidas y que pueden ser explotadas y comercializadas para muchos usos, sin embargo no se le están dando la debida importancia, lo que ayudaría a muchos pobladores de la Zona Amazónica a aliviar sus problemas de subsistencia, generación de empleo e ingresos, comercialización sostenible y una mejor distribución de los beneficios. Hay evidencia la presencia de plantas medicinales en la Producción de Productos Farmacéuticos a nivel Mundial, y que por lo tanto existe demanda de plantas con principios activos; tenemos a los Estados Unidos, Comunidad Europea, Japón entre otros. El Mercado se encuentra en expansión y el Perú tendría la oportunidad de abastecer esta demanda creciente, siempre y cuando exista voluntad e integración de los Organismos encargados y responsables, para que este tesoro escondido, no sea mal explotado, como ha ocurrido con la Quina, oriunda del Perú, y que hoy el 90 % es manejada por Indonesia. De otro lado, se sabe, que actualmente a nivel mundial, se discute mucho sobre los alcances y el acceso de los recursos genéticos, tanto multilateralmente, como a nivel Andino, los convenios, están allí, para ser discutidos, desde el Convenio de Diversidad Biológica, hasta los Convenios y Leyes Regionales y Locales; lo que queda claro es que, los recursos diversos de la Amazonia, son una alternativa de Desarrollo Sostenible, siempre y cuando se emplee las estrategias adecuadas y con Leyes firmes y Apertura de Liberalización de Mercado.

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Ante el surgimiento de dificultades para garantizar un adecuado y suficiente abastecimiento energético, se ha desarrollado a nivel mundial varias opciones de fuentes de energía, entre las que se puede contar a los biocombustibles que son producidos a partir de materia orgánica. Las voces que alientan el fomento de biocombustibles a nivel mundial y local provienen del sector púbico y privado, no obstante varios ambientalistas denuncian lo destructivo de su desarrollo en los ámbitos ambientales y alimenticios en esencia. Está investigación tiene como propósito entender la situación actual de la industria de los Biocombustibles en Ecuador -con énfasis en el etanol a partir de la caña de azúcar-, identificar a los principales actores del ámbito privado y público involucrados, así como conocer el rol actual del sector público. Es importante conocer lo que se encierra al interior de la naciente industria de biocombustibles en Ecuador, pues al ser un producto primario, y al recordar los efectos negativos dejados por la serie de productos primarios que en su momento sustentaron el desarrollo del Ecuador, el estudio, podría apreciarse importantes señales que ayuden a controlar posibles impactos negativos más aún si se perciben afecciones a la seguridad alimentaria, al ambiente y a la capacidad de reproducción de la población trabajadora(involucrada) por efectos un control oligopólico de la cadena de producción.

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Las redes de telecomunicaciones móviles han experimentado un crecimiento vertiginoso en los últimos años, logrando niveles de penetración y demanda que han sobrepasado los pronósticos más optimistas. La implementación de redes de telecomunicaciones móviles depende de manera indispensable de la utilización de un recurso natural estratégico, como es el espectro radioeléctrico. El modelo tradicional de planificación centralizada para la gestión y administración de este recurso, ha sido paulatinamente desplazado por otros modelos basados en los conceptos de eficiencia económica, como es el denominado mercado secundario del espectro, u otros más modernos que promueven el libre acceso de la población a este recurso natural. La evolución de los mecanismos para administrar y gestionar el espectro ha sido posible gracias a la investigación y desarrollo de nuevas técnicas en la utilización de este recurso, que han logrado desplazar la demanda desde los servicios tradicionales de voz hacia servicios más atractivos como los de mensajería corta SMS, acceso a Internet móvil, acceso a redes sociales, geo-posicionamiento y otros que continúan incrementando el interés de la población en utilizar las redes móviles y, obviamente los ingresos de los operadores móviles. El mercado de las telecomunicaciones móviles ofrece la posibilidad cierta de introducción de nuevos operadores, para lo cual es necesario establecer mecanismos regulatorios que permitan la utilización eficiente de los recursos naturales y de la infraestructura necesaria para prestar estos servicios.Una de los problemas fundamentales en el ingreso de nuevos operadores en el mercado, es la escasez de espectro radioeléctrico, que imposibilita el otorgar títulos habilitantes para que nuevos operadores de telecomunicaciones móviles ingresen en el mercado. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y regulatorio, permite nuevos modelos de gestión de este recurso fundamental para el ingreso de nuevos actores en el mercado, la compartición de segmentos de espectro, la liberación de bandas de frecuencias para que sean utilizadas por todo el público, impulsa el ingreso de los denominados Operadores Móviles Virtuales. En esta Tesis se analizarán de manera fundamental las barreras regulatorias que deberían eliminarse para que se produzca el ingreso efectivo de nuevos operadores móviles virtuales en el mercado, proponiendo modificaciones regulatorias en los temas relacionados con la administración y gestión de dos elementos fundamentales: el espectro radioeléctrico y las infraestructuras necesarias para la implementación de las redes de telecomunicaciones de los nuevos operadores.

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Esta investigación tiene como objetivo analizar la ventaja de la administración y explotación petrolera en el Campo Sacha, por parte de Operaciones Río Napo Compañía de Economía Mixta, ORNCEM, como estrategia de inversión, para lo cual se hace un análisis del: marco jurídico en el que se encuentra inmersa esta contratación; el rendimiento en la producción de acuerdo al contrato de servicios específicos; tipo de inversión (maquinaria) que la empresa utiliza en la extracción; y, se mide el nivel de producción en el Campo Sacha, mediante la cuantificación del petróleo extraído. En la primera parte, se realiza un resumen del manejo del petróleo a partir de 1972 hasta la actualidad, así como también se describe la política petrolera aplicada por los gobiernos, desde la administración del doctor Oswaldo Hurtado hasta la administración del economista Rafael Correa. En la segunda, se analiza el entorno jurídico en el contexto de los recursos naturales especialmente del petróleo, en el marco de la Ley de Hidrocarburos y de la Constitución de la República del Ecuador. Y en la tercera, se analiza la producción en el campo Sacha, adjudicada a ORNCEM mediante el contrato de servicios específicos y de acuerdo a sus dos contratos modificatorios. Se concluye con algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta y que llaman a la reflexión cuando se proponen y ejecutan contratos cuyo beneficio no es el mejor para el país.

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Las Zonas Francas son áreas de territorio nacional delimitado y autorizado por el Presidente de la República mediante decreto, sujetos a regímenes de carácter especial determinados por Ley, en temas de comercio exterior, aduanera, tributaria, financiera, de capital y laboral, existiendo varios tipos de zonas como las comerciales, industriales, de servicios, turísticas y especiales, estas zonas tienen como ventaja de atraer inversiones, crear empleos y generar ingresos con divisas extranjeras promoviendo las inversiones extranjeras, esperando también inversiones extranjeras directas en temas de transferencia de tecnologías. Las Zonas Francas en el Ecuador estuvieron vigentes hasta el año 2010, regida por la Ley de Zonas Francas, aprobada por el ex Presidente Rodrigo Borja y publicada en 1991, siendo estas cambiadas en diciembre del 2010 reformándolas a Zonas Especiales de Desarrollo Económico. (ZEDES), las zonas francas tenían una estructura basada en administraciones reguladas por el Consejo Nacional de Zonas Francas (COZANOFRA), además estas deberían ubicarse en zonas o áreas deprimidas del país, para impulsar su desarrollo. En la actualidad con el nuevo Código de la Producción existen la Zonas Especiales de Desarrollo Económico, en la que prevalece el aprovechamiento de recursos naturales para la expansión productiva y la generación de empleo, con fines desconcentradores, caracterizado por ser un instrumento para impulsar la economía a corto plazo de estas áreas, así Las ZEDES serán destinos aduaneros donde se buscará desarrollar las actividades de logística, transferencia de tecnología y diversificación de exportaciones cuya autorización es por un plazo de 20 años prorrogables una vez cumplidas las respectivas evaluaciones, estas no son un instrumento de ventaja comparativa sino que potencia las ya existentes.

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El tema del calentamiento global y sus consecuencias pone en el orden del día la discusión sobre la protección y el control de la región amazónica al mismo tiempo que cuestiona la posibilidad del desarrollo sostenible bajo el capitalismo. En Brasil, Lula defiende la Amazonía en palabras, pero en los hechos impulsa una política económica que tiene como prioridad la entrega de los recursos naturales al capital nacional e internacional. ¿A quién interesa la conservación de la Amazonía brasileña?