8 resultados para Receptores de quimiocinas

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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El presente trabajo tiene como objetivo demostrar cómo los conflictos en materia de inversiones sometidos al arbitraje internacional se refieren cada vez más a medidas y políticas de carácter público adoptadas por los Estados receptores de la inversión, para este fin se examinan las tendencias que ha recibido el tratamiento a la inversión extranjera desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, las obligaciones y derechos constantes en los Acuerdos Internacional de Inversión actuales cuyas normas de trato a la IED y procedimientos de resolución de conflictos se hallan estandarizados. De la misma manera se revisan las directrices del arbitraje internacional; las deficiencias en las reglas procesales generales aplicadas a éste método y los principios de acceso a la jurisdicción del CIADI. Por otro lado se trata de analizar de forma rápida tres procesos arbitrales en los cuales ha intervenido el Estado Ecuatoriano como demandado. De esta forma se puede evidenciar como la capacidad reguladora y controladora del Estado se ha visto limitada en la toma de decisiones nacionales referentes a reglas de tratamiento de la IED, y medidas ambientales, fiscales y sociales, principalmente porque afectan de forma directa o indirecta al inversionista, y además porque la nueva red mundial de tratados internacionales sobre inversión establecen normas que son de obligatorio cumplimiento de los Estados.

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El objetivo de este artículo es abordar dentro de un contexto general aspectos relacionados con las migraciones, la globalización y los derechos humanos en la región latinoamericana. En ese sentido, se pretende destacar que las migraciones son positivas tanto en los países de destino como de origen. En los países receptores se constituyen en un componente importante para los procesos de desarrollo económico, según la sectorización y dinámica de sus economías y de conformidad con el proceso de globalización que se está viviendo, como en los países de origen, en razón del envío de remesas que significa un aporte importante para sus familias que viven en condiciones

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El “enfoque de Derechos” constituye un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que está basado normativamente en principios y estándares internacionales de Derechos Humanos y operacionalmente dirigido a respetarlos, protegerlos y satisfacerlos. Ahora bien, a pesar de ciertos avances en materia de reconocimiento de derechos o la incorporación en los últimos años de cierta retórica dederechos” en las políticas sociales aún queda un largo camino por recorrer en la implementación de esta perspectiva (tanto en la región como en particular en la argentina). Todavía persisten un esquema político caracterizado por oferta de beneficios asistenciales, multiplicidad de programas otorgados discrecionalmente y bajo lógica de clientelismo político, soluciones basadas en el supuesto de la “responsabilización individual” por parte de los receptores de las políticas, falta de participación de los sectores vulnerables en la construcción de la política, permanente re-denominación de viejos programas, falta de control y accountability y con falencias en materia de información pública (tanto en términos de producción como de acceso). En este marco, este trabajo se propone primero indagar sobre algunos de los principios que deben guiar políticas públicas pensadas en términos del “enfoque de Derechos”. Luego, se señalan algunos aspectos que pueden ser útiles a la hora de comprender por que este enfoque dista de implementarse en la argentina. Cabe destacar que a fin de iluminar los diferentes puntos se tomarán como referencias ejemplos extraídos de programas sociales de transferencia de ingreso implementados en Argentina y que se convirtieron en respuestas estatales protagónicas a partir de la crisis de 2001-2002.

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Durante los últimos años las exportaciones no tradicionales han sufrido un incremento significativo, mientras que las exportaciones tradicionales han sufrido reducciones, teniendo como principales destinos a los EE.UU. y la CAN, siendo los países que conforman el bloque regional los principales receptores de producción industrial. Que en el caso del intercambio con Ecuador se realiza en su mayoría por vía terrestre a través del puente internacional de Rumichaca, que en los tres años anteriores ha tenido una participación promedio del 28% de las exportaciones terrestres de Colombia. El país posee una guerrilla que data de entre 1948 y 1966, a raíz de la violencia partidista, con el tiempo ha adquirido posiciones importantes en algunas zonas y han desplazado su accionar hacia aquellas que les pueden brindar ventajas en su accionar frente al estado: cada uno de los frentes posee tareas especificas en pro de la organización general. Hay además presencia de grupos de autodefensa cuya localización coincide con los grupos guerrilleros debido a su naturaleza y estos a su vez coinciden con la presencia de cultivos ilícitos en los departamentos que se unen por la vía panamericana, lo cual lleva a establecer la existencia de una relación estrecha entre los beneficios obtenidos por los grupos al margen de la ley y la actividad del narcotráfico. Por la aplicación del Plan Colombia y los nexos entre narcotráfico y grupos al margen de la ley, los recursos del primero son empleados en realizar acciones en contra de los segundos que afectan en forma reducida los procesos de intercambio entre las dos naciones por la interiorización de los costos como externalidades de los procesos económicos en territorio colombiano.

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Los tratados bilaterales sobre promoción y protección recíproca de inversiones (TBIs) tienen dos grandes objetivos: uno concreto e inmediato, el otro vago y mediato. Primero, estos acuerdos brindan garantías al inversor extranjero respecto del tratamiento que el Estado receptor otorgará a sus proyectos. Segundo, la firma de estos tratados pretende atraer más inversión extranjera a los países signatarios. El esquema de los TBIs, por lo tanto, se sustenta en la creencia de que los flujos de capitales extranjeros son afectados por la incapacidad institucional de los potenciales estados receptores. Estos tratados servirían para remediar esta falencia. Desde una perspectiva de política económica, no obstante, los beneficios para los países receptores son motivo de grandes discusiones. El presente trabajo busca ampliar este debate, analizando en qué medida los TBIs ayudan a los estados receptores a desarrollar las instituciones adecuadas para sus democracias y sus economías de mercado.

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Uno de los libros más leídos por los hispanoamericanos desde mediados del siglo XIX, es el Manuel de urbanidad, de Manuel Antonio Carreño. Hasta hace pocas décadas, fue texto de lectura obligatoria en la mayoría de las escuelas hispanohablantes de Latinoamérica. La familiaridad con el libro y con su autor, alimentó la creencia de que Carreño era nativo de la patria de origen de cada uno de esos receptores. El impacto que produjeron los consejos para orientar el desempeño de sus receptores en el espacio público, marcó la oferta de este letrado decimonónico desde el instante que apareció la obra. Sin lugar a dudas, el manual está señalado como un fenómeno editorial del continente, imposible de ignorar en nuestros días.

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A partir del año 2009, la cooperación energética, en particular, ha ubicado al Ecuador entre los cuatro principales receptores de financiamiento e inversión de China en América Latina. La relación en términos políticos y económicos ha sido presentada por los gobiernos de ambos países como una relación de cooperación y “mutuos beneficios”, basada en principios de igualdad, no interferencia, y complementariedad energética. Sin embargo, mucho se ha cuestionado el actuar de China en Ecuador y los reales beneficios o desafíos que están detrás de estas relaciones de “cooperación”. Encausado en la misión de diversificar la matriz energética, el Ecuador se ha vuelto hacia China para obtener financiación a través del Eximbank de China y el Banco de Desarrollo de China. De entre los muchos proyectos emblemáticos financiados y construidos por China, en este estudio se analizarán a profundidad los tres más importantes hasta la fecha tanto por su magnitud como por la inversión requerida: Coca Codo Sinclair (1500MW), Sopladora (487 MW), y Minas San Francisco (270MW). La investigación girará en torno a los procesos de negociación y financiación, así como a la construcción de las centrales y las discusiones medioambientales, tecnológicas y laborales que se han presentado.

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In the last decade, the presence of China in Latin America has been characterized by a model of economic cooperation based on pragmatic principles of complementarity and mutual benefits. Latin America is presented as a “paradise” of natural resources and expanding markets, while China stands as the main financier and investor in the region. In this scenario, particularly since 2009, Ecuador has become one of the top recipients of Chinese funding and investment, mainly in strategic sectors such as energy and infrastructure. The presence of China in the country has been the subject of extensive discussions about the true benefits and costs behind its model of economic cooperation.