13 resultados para RIGTHS GUARANTEES

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Las recientemente promulgadas constituciones ecuatoriana y boliviana imponen nuevos paradigmas en lo que concierne a la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, y como no podía ser de otra manera, lo hacen igualmente con respecto a las garantías que los tutelan. Este artículo analiza las tensiones que se generan en la denominada aplicación directa de la Constitución y sus significaciones en el plano operativo (obligaciones para jueces y demás autoridades y funcionarios públicos), realiza un estudio de las garantías jurisdiccionales en Ecuador en comparación con las previstas en Bolivia, y advierte de los peligros que implica una interpretación errada de la naturaleza de estas acciones.

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The point of departure for these reflections is life, since its protection is the central purpose encouraging the defense of human rights and of public health. Life in the Andes has an exceptional diversity. Particularly in Ecuador, my country, this diversity constitutes a characteristic sign that is expressed in two main forms: natural megadiversity and multiculturalism. Indeed, Ecuador’s small territory synthesizes practically all types of lifezones that exist on Earth, having received the gift of high average rates of solar energy and abundant nutritional sources, which have facilitated the natural reproduction of countless species that show their beautiful vitality in the variety of ecosystems that compose the Andean mountain range, the tropical plains, the Amazon humid forests, and the Galapagos Islands. But besides being a highly biodiverse country, it is also a plurinational and multi-cultural society, in which the activity of human beings, organized into social conglomerates of different historical and cultural backgrounds, have formed more than a dozen nations and peoples. Regrettably this natural and human wealth has not been able to bear its best fruits due to the violent operation of a deep social inequity – unfortunately also one of the highest in the Americas—which conspires against life and is reproduced in national and international inequitable relations. This structural inequity has changed its form throughout the centuries and currently has reached its highest and most perverse level of development.

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El autor comenta la vocación de historiador de Alfredo Pareja Diezcanseco, resaltando sus fortalezas: la narratividad de los textos y la presentación humana de los personajes. Menciona, asimismo, que su límite radica en haber renunciado expresamente a los instrumentos metodológicos de análisis, lo que conduce a una interpretación maniquea sobre un tema central de la historia reciente del país, la polémica liberal-conservadora. Por otro lado, el autor resalta la vocación democrática de Pareja Diezcanseco. Su defensa de la soberanía nacional y la democracia lo ubican entre los forjadores de la nación ecuatoriana, por su preocupación en reflexionar sobre la identidad, sobre el mestizaje y su función en la construcción del país, su insistencia en la defensa y consolidación de la democracia se radicalizaron con el tiempo, como lo muestran su crítica de las dictaduras, su defensa de las garantías políticas, y sus postulados de cierta reforma social.

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El presente trabajo se inscribe en el debate acerca del conflicto entre los principios constitucionales de información y protección del honor en el terreno del delito flagrante. se trata de la tensión sobre la situación judicial de las personas aprehendidas o capturadas y el actuar de los medios de comunicación, en la emergente corporativización de la Política criminal (seguridad pública) por la agenda periodística. Es una reflexión de cómo el periodismo y las garantías de los detenidos no comulgan alrededor del principio de presunción de inocencia, en donde el metamensaje de la noticia penal buscaría asilo en el populismo legislativo.

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Debido al reciente reconocimiento en la Constitución ecuatoriana de 2008 de los afroecuatorianos como un grupo con derechos colectivos a sus territorios ancestrales, el Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights and Justice ha dirigido un estudio legal sobre la política relacionada con los derechos territoriales de las comunidades rurales afroecuatorianas. El estudio incluye el trabajo de una delegación de investigadores que visitaron Quito, Esmeraldas y el Valle del Chota en la primavera de 2009. Este reporte está basado en información colectada en reuniones llevadas a cabo en Ecuador, entre delegados del Centro Rapoport y los miembros de la comunidad afroecuatoriana, activistas, académicos y oficiales del Estado. El reporte examina la situación que enfrentan comunidades afroecuatorianas rurales y su lucha por los derechos territoriales.

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Este artículo analiza la supremacía de la Constitución, en el escenario boliviano, frente al resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. Se estudia de manera particular a los tratados internacionales –en particular aquellos que forman parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos– en relación al debate sobre su jerarquía en el ordenamiento jurídico boliviano y, en particular, frente a la Constitución. Finalmente, se precisa la jerarquía que le corresponde a las normas propias de los pueblos indígenas, originarios y campesinos en el ordenamiento jurídico boliviano.

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Las causas por las cuales se puede decretar el estado de emergencia han variado en el tiempo según las circunstancias de cada época y de cada país. Dichas situaciones de emergencia pueden obedecer a causas naturales o humanas. Pueden producirse por fenómenos físicos o climatológicos, por conmociones interiores, ataques exteriores, o incluso por desequilibrios económicos o sociales sectoriales o generales. Y, para hacer frente a estos estados excepcionales, el derecho internacional ha delimitado una serie de principios que deben ser respetados por los gobiernos locales.

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La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha fortalecido y mejorado el sistema multilateral de comercio, surgido en los años siguientes al final de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de garantizar la libre competencia entre los países miembros, eliminar las barreras al comercio internacional y permitir cada vez más el acceso de las empresas y de los consumidores a los mercados extranjeros de bienes y servicios.

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Under the format of this conference, to convey the possibilities for health impact assessment of Latin American Critical Epidemiology, sometimes referred to under the tautological designation of “social epidemiology”, I will try to sum up in the next few minutes some reflections based on them.

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Se analiza el tema del estatus de los afrodescendientes libres en las sociedades esclavistas más pobladas de América, desde el punto de vista de los derechos políticos y sociales de súbditos y ciudadanos. Con la carta de libertad, los antiguos esclavos y sus descendientes libres adquirieron teóricamente los mismos derechos y obligaciones que la población blanca eurodescendiente. Sin embargo, por razones de “seguridad pública” y de “mantención del orden establecido”, en la práctica, se establecieron restricciones y privilegios para mantener la distancia social entre blancos y afrodescendientes. Desde una perspectiva comparada se estudian Brasil, Cuba y los Estados Unidos, las tres sociedades esclavistas más notorias en América durante el siglo XIX, y se examina este proceso tomando como objetos de análisis los derechos de libre movimiento, el acceso a la enseñanza superior, el sufragio y la propiedad.

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Los tratados bilaterales sobre promoción y protección recíproca de inversiones (TBIs) tienen dos grandes objetivos: uno concreto e inmediato, el otro vago y mediato. Primero, estos acuerdos brindan garantías al inversor extranjero respecto del tratamiento que el Estado receptor otorgará a sus proyectos. Segundo, la firma de estos tratados pretende atraer más inversión extranjera a los países signatarios. El esquema de los TBIs, por lo tanto, se sustenta en la creencia de que los flujos de capitales extranjeros son afectados por la incapacidad institucional de los potenciales estados receptores. Estos tratados servirían para remediar esta falencia. Desde una perspectiva de política económica, no obstante, los beneficios para los países receptores son motivo de grandes discusiones. El presente trabajo busca ampliar este debate, analizando en qué medida los TBIs ayudan a los estados receptores a desarrollar las instituciones adecuadas para sus democracias y sus economías de mercado.

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Este artículo versa sobre los impuestos municipales y metropolitanos a la transferencia de dominio de bienes inmuebles en el contexto ecuatoriano como parte de la tributación local, y examina con un enfoque teórico los elementos cardinales de esta específica imposición, así como de aspectos formales y de gestión, a remolque del marco normativo vigente. En esta línea se exponen algunas inconsistencias del régimen jurídico de la materia con el correlativo planteamiento de varios supuestos que podrían considerarse para la depuración del régimen en cuestión.

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The contents of this article analyze the right to private property after the decision of the Inter-American Court of Human Rights in the case “Salvador Chiriboga vs. Ecuador”. The author´s concern is the fact that this case represents the most expensive sentence inside the Inter-American protection system due to the violation of the right to private property (art. 21.2 AC); judicial guarantees (art. 8.1 AC) and judicial protection (art. 25.1 CA). This subject has special relevance since Ecuador is facing a judicial reform process and it is necessary to consider that the diffusion of this decision among judges could prevent the commission of the same mistakes; specially, those related to denial of justice as it occurred in the present case study.