21 resultados para Pueblo en armas

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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La Defensoría del Pueblo en Ecuador se consolida como la Institución a nivel nacional, llamada a proteger y tutelar los derechos humanos, de la naturaleza y de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior. Además, participa en el control de las entidades y organismos del sector público y particulares. Este mandato se encuentra establecido en la Constitución vigente, su carácter garantista le ha dotado de un nuevo contexto de actuación, incluyendo en su contenido las atribuciones principales dentro de las cuales surge la vigilancia del Debido Proceso. Por tratarse de una atribución exclusiva de la Defensoría del Pueblo e interesante en el ámbito jurídico ecuatoriano, la presente Tesis procura realizar un acercamiento al desarrollo y tratamiento de esta competencia, para lo cual se inicia con un breve recorrido en los orígenes de la Institución a nivel general, intentado esbozar las fuentes que dieron lugar a su aparecimiento. Posteriormente se profundiza en el estudio de la Institución a nivel nacional para ir descubriendo la plataforma en la que se ha desarrollado la vigilancia defensorial, el tratamiento que ha recibido, la importancia que obtuvo desde su incorporación en el texto constitucional y, las limitaciones que ha enfrentado para funcionar de manera eficaz. Finalmente, se destaca la relación que existe entre Corte Constitucional y Defensoría del Pueblo, consagrándose como verdaderas garantías de los derechos fundamentales. No obstante, se evidencia que existen divergencias entre ambas Instituciones provenientes del ejercicio de la atribución de vigilancia del debido proceso en sede constitucional, debiendo ser superadas a través del trabajo conjunto y coordinado en pro de los derechos fundamentales.

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Constituye una investigación que comprende en primer lugar un recuento histórico de lo que ha sido esta institución desde su creación hace más de doscientos años en Suecia y su posterior expansión en casi toda Europa, hasta llegar a España. Es desde este país, España, donde comenzó a trasladarse la idea de instituir la Defensoría del Pueblo en algunos países latinoamericanos, pero de forma diferente a como había sido concebida en sus inicios: el Defensor del Pueblo es entendido como un garante de los Derechos Humanos, es más, hasta se convierte en sí mismo en una garantía constitucional reconocida en muchas legislaciones y constituciones. Por medio de un estudio comparativo de las experiencias de la Defensorías del Pueblo en países como Argentina, Bolivia, Venezuela, Perú y Colombia, se aborda el tema central de esta investigación que es precisamente evaluar y comparar el funcionamiento de esta institución en nuestro país luego de más de diecisiete años de reconocimiento constitucional. Finalmente, se realizará, a modo de conclusión, una evaluación de la misión de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, como garante de los derechos humanos y como garantía constitucional. Igualmente, se incluirán los desafíos que tiene la Defensoría del Pueblo dentro de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia.

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El presente trabajo de investigación busca realizar un acercamiento interpretativo de las bandas de pueblo en el Ecuador como agrupación ícono dentro de la cultura popular e historia musical de nuestro país. Entonces, es fundamental plantear una reflexión acerca de los procesos que han dado lugar a una intensa dinámica entre la herencia cultural-musical de los pueblos ancestrales de Ecuador, los elementos culturales impuestos desde Europa, y los aportes de la cultura afroecuatoriana, elementos en permanente tensión que han configurado un escenario de disputa de sentido entre lo que las élites han construido como “culto” y la producción simbólica del pueblo. A partir de este contexto, el presente estudio permite reflexionar sobre la cultura popular, su capacidad para asimilar, incorporar y resignificar, contenidos simbólicos impuestos desde una posición de poder por parte de la cultura dominante, transformándose así misma permanentemente como una forma de resistir, impugnar e insurgir. Para entender esto, es necesario plantear un recuento histórico que posibilite tener una mirada de las batallas simbólicas que han estructurado a las bandas de pueblo como eje de la fiesta popular, religiosidad, y elemento central en el ciclo de vida de las personas de los sectores populares. Así, este análisis de las bandas permite poner en evidencia los procesos culturales, pasados y presentes, que dan como resultado la riqueza y diversidad de la cultura popular ecuatoriana. Finalmente, acercarse a las bandas de pueblo a implicado en el presente trabajo, un esfuerzo interpretativo de procesos actuales en el que las tradiciones se ven expuestas a lo moderno y mediático, primero en un escenario complejo de exclusión, pero luego como un canal que permite nuevas formas de interacción y consumo de lo simbólico dando cuenta de la absoluta vigencia de lo tradicional en tiempos modernos. Por eso sin la menor duda se afirma que las bandas de pueblo son el alma de la fiesta.

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El escenario caucano expresa en toda su complejidad el problema agrario y la resistencia del campesinado a la expulsión hacia los centros urbanos, determinada por la evolución de la gran propiedad territorial. Se mantiene latente el problema de los campesinos sin tierra y persisten reductos de alzados en armas. Coexisten sectores y movimientos sociales y políticos diversos, como el Movimiento campesino del Macizo Colombiano y las organizaciones indígenas, cuyas luchas, conquistas y reivindicaciones se han prolongado por dos siglos.

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El fenómeno migratorio en Bolivia, sea la interna o la externa, está rodeada de niveles intolerables de discriminación y exclusión. La migración interna, como fenómeno de masas es el resultado de la Revolución de 1952, cuando las masas alzadas en armas terminaron sin el poder, pero imponiendo la Nacionalización de Minas, el Voto Universal y en especial la Reforma Agraria. Miles de "indios" (2), quechuas o aymaras como consecuencia de ese extraordinario momento histórico se hacen presentes en las ciudades de manera notoria y gradual.

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Entre los años 1980 y 2000 el Perú vivió un episodio de violencia política, un conflicto armado interno sin precedentes, que dejó un doloroso saldo de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, detenciones injustas, graves crímenes y violaciones a los derechos humanos. Ha sido el episodio de violencia interna más cruento y prolongado de toda la historia de la República; este conflicto fue desatado por grupos alzados en armas (Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru MRTA) y el estado, que puso en manifiesto varios desencuentros y brechas de todo orden, brechas que albergaron profundo dolor en la sociedad. Se llevaron a cabo diversas acciones, omisiones y violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana; factores que desencadenaron una crisis moral y política de graves consecuencias, que el país necesita reparar, lo cual requiere la aplicación de la sanción efectiva a los responsables de las violaciones. La violencia política enfrentó a peruanos que de una manera u otra fueron partícipes en este escenario de violencia, unos mas que otros; según el grado de vulnerabilidad e indefención propio de las condiciones económicas y sociales, que se originaron en brechas insalvables, terminando por destruir el tejido social, la base productiva material, la organización familiar y la infraestructura publica, provocando así la pérdida de acceso a servicios estatales, la institucionalidad pública y la afección a la salud mental de casi todos los peruanos.

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El estudio tiene como propósitos relacionar la participación ciudadana como marco general y la consulta previa como uno de sus manifestaciones puntuales que ponen en ejercicio el derecho de participación, el de la información disponible, permite la exigibilidad de los derechos ambientales por parte de la ciudadanía, veedora del cuidado del ambiente, patrimonio e interés público; estudiar algunos elementos para la comprensión del alcance de la normativa legal, constitucional y la contenida en instrumentos internacionales, que resaltan el rol de la participación directa del pueblo en el proceso de adopción de decisiones públicas que afecten al entorno y cuyo fin es el respeto al derecho colectivo a vivir en un ambiente ecológico y equilibrado; adicionalmente contribuir u orientar una adecuada normativa que recoja los criterios y mecanismos de la participación ciudadana y consulta previa a ser adoptados por las autoridades que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, coordinados por el Ministerio del Ambiente, a fin dar cuenta con el mandato constitucional referido a la consulta en materia ambiental, y salvaguardar la seguridad jurídica y la gobernabilidad de la gestión publica en este campo. En este sentido mi reflexión aborda en el primer capitulo temas sobre el medio ambiente, los factores causantes del deterioro ambiental, y el cuidado del medio ambiente como una obligación de todos y todas. En el segundo capitulo enfoca el significado de la democracia, la participación ciudadana como ejercicio democrático, el ejercicio de este derecho contenido en instrumentos internacionales, y el alcance de la participación ciudadana y la consulta previa en la Constitución y más normativa interna. En el tercer capitulo aborda el carácter de la consulta previa, analizaré cual es su propósito, quienes deben ser consultados, cuando procede la consulta previa, su procedimiento, la construcción de la decisión y su obligatoriedad y la vigilancia ciudadana. El análisis de este trabajo ha sido realizado desde una visión sociológico-jurídica, que equivale a que la interpretación y aplicación de la norma no puede realizarse por la simple vía del mero razonamiento deductivo, sino que es preciso una comprensión apropiada de las distintas realidades y necesidades sociales, que respondan a contextos económicos, políticos, culturales, costumbres y convicciones e inspirada en principios como la justicia, la equidad y el bienestar colectivo y social.

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Desarrolla un panorama del trabajo de la Defensoría del Pueblo en sus ejes de protección y promoción de derechos. En materia de protección presenta cifras de las atenciones brindadas a nivel nacional y provincial, destacando aquellas peticiones que tienen alcance nacional. En promoción de derechos presenta los procesos de educación y formación, investigación, incidencia y transparencia. Presenta los informes temáticos desarrollados y el resultado del monitoreo defensorial respecto de la información pública.

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La justicia transicional es implementada en sociedades donde se han producido graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, las experiencias internacionales de superación de conflictos armados o de dictaduras evidencian la aplicación de algunos postulados de la justicia transicional, justamente a partir de estas prácticas surgen elementos aplicables al caso del conflicto armado colombiano. Las leyes de amnistía se convierten en un instrumento de la justicia transicional, que aplicando lo aprendido en otros países puede contribuir en la consecución de la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, la paz y la reconciliación de la sociedad colombiana, no siendo la unigénita herramienta jurídica a implementar en un proceso de transición. Esto coloca de presente la necesidad de utilizar simultáneamente diversos instrumentos en el marco de la justicia transicional, que como en el caso colombiano, pueden contribuir en la superación del conflicto armado y en las etapas posteriores a la desmovilización de los grupos alzados en armas, logrando que sea un proceso integral hacia la paz.

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El neoconstitucionalismo nos enmarca dentro de una nueva propuesta de Estado constitucional de derechos y justicia, idea que nos permite comprender que como nunca antes en la historia del constitucionalismo ecuatoriano, múltiples derechos vinculados con la participación social han sido reivindicados y reconocidos como una novedad en la Constitución de Montecristi. Entre estos derechos se encuentra el de resistencia, necesario e insustituible para que el pueblo de forma individual o colectiva pueda ejercer el derecho innato de defensa ante la arbitrariedad y abuso de los poderes públicos o privados y también para utilizarlo como “un medio directo de participación del pueblo en la política.” En esta tesis reviso como sería entendida por la sociedad ecuatoriana la invocación del derecho a la resistencia en el marco sistemático de la Constitución del 2008 y señalo que una comprensión sobre unos límites débiles del derecho a la protesta, podría llevarnos a pensar que existiría un conflicto de derechos constitucionales en las diferentes manifestaciones de actos de resistencia colectiva, mismos que podrían haber sido zanjados con la aplicación de normas infraconstitucionales en la sustanciación de diferentes procesos penales; de ahí la importancia de que los operadores de justicia dejen de lado un criterio de solución estándar al momento de resolver los casos en los que se ha invocado este derecho constitucional, y de que consideren también que podría existir una trilogía en el ejercicio de la resistencia colectiva, pues la protesta social sería entendido como un medio para la invocación de este derecho, ya que la resistencia al ser entendida como un derecho de participación en el marco constitucional actual, podría considerarse como el fin de estos actos colectivos de protesta. Finalmente en este planteamiento, los actos de resistencia colectiva encontrarían protección no solo constitucional sino internacional porque existiría una conexidad de éstos con los derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación.

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«La soberanía reside en el pueblo». En este precepto descansa el sistema democrático; sin embargo, en sociedades con una elevada desigualdad social, la participación del pueblo en la toma de decisiones mediante canales institucionales es casi inexistente. Las acciones colectivas y los movimientos sociales surgen, en estos contextos, como la única oportunidad de quienes han sido excluidos del debate político para hacer escuchar su voz. La protesta social ha conseguido en Ecuador la inclusión o ampliación de derechos en la Constitución y la ley, detener la agenda neoliberal e inclusive revocar de facto el mandato a tres presidentes de la república. La participación popular no institucional en la conducción de los asuntos públicos fue reconocida en la Constitución mediante el derecho a la resistencia. Sin embargo, la otra cara es la criminalización de la protesta. Sucesivos gobiernos han utilizado al derecho penal como herramienta de amedrentamiento y desmovilización de los movimientos sociales. El presente trabajo analiza la interrelación del derecho a la resistencia y la criminalización. En él se defiende que la constitucionalización del derecho a la resistencia genera consecuencias jurídicas que alteran el sistema de fuentes del derecho, la aplicación del derecho penal e inclusive la forma en que se conciben los conceptos de participación política y democracia.

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De acuerdo con el historiador boliviano Fernando Cajías, con la conquista no se produjo el encuentro de dos mundos, sino de tres; el tercero fue el africano. Lamentablemente, en el caso afroboliviano, este encuentro significó la negación de sus derechos humanos porque ni siquiera su nombre conservaron y, peor aún, su idioma, fueron tratados como objetos o animales y no como seres humanos. Hace 183 años que Bolivia es una República y en sus entrañas acogió a sus hijos afrobolivianos; pero el ejercicio de la colonialidad del poder enquistado en las mentes de la élite y pueblo boliviano, los mantuvieron en la clandestinidad de los Yungas, “sin derecho ni siquiera a abrir la boca para reclamar sus derechos” de acuerdo al testimonio de Benjamín Inofuentes. Después de tantos años sin ser reconocidos constitucionalmente ni aparecer en la historia oficial de Bolivia, recién ahora, en el siglo XXI, con la realización de la Asamblea Constituyente el año 2006, son reconocidos con plenos derechos igual que los otros bolivianos. Es así que, la tesis constituye un esfuerzo por mostrar el proceso de reconocimiento de derechos humanos de los afrobolivianos en la realización de la Constituyente en Bolivia, con especial atención en su participación, los logros que alcanzaron después de una intensiva movilización. Realicé este proceso a partir de entrevistas y diálogos con dirigentes y actores sociales involucrados en la Asamblea Constituyente y un análisis exhaustivo de los documentos que existen. En cada capítulo si bien hago referencia a autores, privilegio la voz de los afrobolivianos como un intento de promover su visibilización positiva, por eso, expongo los derechos humanos y a su interior los derechos colectivos desde la concepción y vida cotidiana de ellos. Así mismo, planteo una serie de acciones afirmativas que constituyen una opción pertinente para que los afrobolivianos ejerzan sus derechos humanos.

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El empleo de las lenguas indígenas y el español en las aulas escolares es un desafío que no ha podido ser resuelto en los años que tiene de funcionamiento la Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador. Las razones para que esto sea así no se encuentran solamente en el ámbito educativo y en sus enfoques teóricos y metodológicos, sino también en los sentidos profundos de las relaciones que se dan entre la oralidad de las lenguas ancestrales y la escritura como un fenómeno propio del español. Partiendo de estas premisas se decidió tomar muestras del habla y la escritura de un grupo de maestros y alumnos de una escuela bilingüe de la provincia del Napo, y se las analizó a la luz de enfoques teóricos de análisis del discurso, pensando en que la explicación a lo que sucede visiblemente en el ámbito de la Educación Intercultural Bilingüe está atravesado por las relaciones entre oralidad y escritura. La característica de oralidad de las lenguas indígenas las determina para sus usos y funciones y las pone en contradicción con la otra vertiente idiomática de la sociedad ecuatoriana, que es el español. El análisis que se presenta en este trabajo nos da una panorámica de ciertos rasgos y características de un dialecto kichwa, así como de los de una variedad de español, lo que se ponen en relación con el entramado social en el que se desarrolla la vida cotidiana de los hablantes escogidos para la investigación. El resultado es una aproximación a lo que podría ser una línea de análisis que pretende contribuir a explicar las dificultades que tienen los docentes para impartir sus clases en kichwa (y también en español), al provenir de una matriz civilizatoria en la que no existieron ni la escritura ni la educación escolarizada. Se deja planteada de esta manera la problemática de la adaptación positiva de las lenguas y culturas ancestrales al sistema educativo del país, dentro de un marco de respeto a sus características propias y a su derecho a existir como parte de los orígenes de todos los ecuatorianos.

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Este trabajo estudia la cultura política peruana durante un periodo muy concreto de la historia de este país, el comprendido entre los años 2000 y 2002. Dicho de otra manera, nuestro estudio abarca el periodo de transición posterior a la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori. La tesis está dividida en tres capítulos. El primer capítulo del trabajo está centrado en las representaciones que dentro de la cultura popular encontramos respecto de la sociedad peruana y su estructura. Dentro de este panorama, el concepto pueblo es un elemento clave, a cuyo estudio están dedicadas buena parte de las páginas de este capítulo. En el segundo capítulo se centra en el concepto democracia y su recepción en los sectores populares. Como parte de esta tarea, se presta atención, a otros conceptos conexos, tales como corrupción, participación y fiscalización. El objetivo de este capítulo es delinear y discutir los principales referentes incluidos en las representaciones populares del sistema político peruano. Para ello contamos con fuentes procedentes de diversas áreas del Perú. El tercer capítulo plantea un marco geográfico más reducido: la selva norte de Perú. Se trata, en este caso, de acercarnos al modo cómo los problemas del centralismo y la descentralización son percibidos en una región periférica de Perú. Como temas secundarios, pero relacionados de manera difícil de separar, se encuentran cuestiones como los modelos de autoridad legítima o la relación entre unas regiones y otras dentro del país. Finalmente, el quinto y último capítulo de este trabajo tiene su origen en las observaciones realizadas durante la campaña electoral que precedió a las elecciones presidenciales de abril del año 2001.

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A lo largo del siglo XIX, concretamente desde 1830, el país requirió de un símbolo identificatorio que lo identifique del resto de las naciones del continente. El estudio analiza el proceso de configuración del escudo de armas del Ecuador caracterizado por las constantes transformaciones que se instrumentalizaron al calor de los acontecimientos políticos de los regímenes de turno así como de las influencias de los escudos de la naciones vecinas. Tras las respectivas descripciones iconográficas identificaremos las rupturas y las continuidades en su diseño y las consecuentes intensionalidades que se encubren detrás de su composición. Explora además las dificultades que se presentaron a la hora de trasladar los decretos y resoluciones legislativas a la obra plástica tangible por las diversas concepciones de los artistas. Tranformaciones configurativas que serán indagadas a través de monedas, papel sellado, sellos postales así como de la fotografía y demás medios de comunicación social y liturgias. La investigación presenta cuatro capítulos que coinciden con períodos políticos predominantes. El primero denominado Los escudos del predominio floreano entre 1830 y 1845, el segundo, La mirada integradora del escudo marcista entre 1845 y 1860, un tercero La larga indefinición del símbolo a partir del escudo instituído por el régimen garciano entre 1861 y 1900 y uno final El escudo gráfico de la revolución alfarista, desde 1900 hasta 1911.