La corrupción, mecanismos de participación ciudadana y control social; y, el Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción del Ecuador

La presente investigación tiene como objeto analizar si el Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción de Ecuador, elaborado por la Función de Transparencia y Control Social, es o podría convertirse en una herramienta adecuada para combatir la corrupción y qué mecanismos, actividades, programas y políticas servirían para lograrlo. La tesis abarca en el primer capítulo el marco conceptual sobre lo que significa la corrupción, el análisis de sus causas y consecuencias para sentar las bases de una definición que sirva de fundamento teórico durante la investigación. En el desarrollo se resalta el alcance de la lucha contra la corrupción en el Ecuador, el marco jurídico actual haciendo énfasis en los principales instrumentos internacionales que se han suscrito como país en dicha materia y, el papel de la Función de Transparencia y Control Social. El segundo capítulo aborda la manera cómo se intenta combatir la corrupción mediante la participación ciudadana y el control social, en especial se detallan a profundidad los mecanismos que servirían de herramientas para que la ciudadanía se convierta en un actor fundamental para frenar la corrupción. El tercer capítulo explica cómo se construyó y cuáles son los elementos del Plan Nacional de Lucha y Prevención contra la Corrupción, que es la guía más importante con la que cuenta el país en la actualidad para dirigir y articular la lucha contra la corrupción. El cuarto capítulo enfoca la medición de la corrupción, cuyo sistema constituye una falencia del Plan y, a partir de ese análisis, propone una serie de indicadores que constituyen una hoja de ruta para alcanzar ese objetivo. En la parte final expone las conclusiones y las recomendaciones.

Límites y posibilidades para las políticas públicas de regulación de los flujos migratorios: el caso de Guatemala 2000-2008

El propósito central es demostrar si en Guatemala existen políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos de los migrantes, en situación "regular" o "documentada", así como el tratamiento que reciben los migrantes en calidad "irregular" o "indocumentados, tomando en cuenta que el país reúne las tres categorías: origen, tránsito y destino. Para lograr este propósito se ha tenido a la vista tres objetivos principales que se resumen en: a) Conocer las políticas y acciones de las instituciones de gobierno así como de las Organizaciones no Gubernamentales conocidas comúnmente como ONG, dedicadas a la protección de los derechos de los migrantes, b) Hacer un examen de la situación de los derechos humanos de los migrantes y la normatividad internacional y nacional, c) Examinar los resultados de las acciones de gestión gubernamental en el área bilateral y multilateral, con el fin de asegurar un respeto a los derechos de los migrantes guatemaltecos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y México. Por los razonamientos anteriores, la tesis se concentra en analizar la situación de los migrantes "documentados" e "indocumentados en Guatemala y su paso por México así como su situación Estados Unidos, estableciendo una relación directa entre los instrumentos nacionales e internacionales, también entre las acciones de los gobiernos frente a los constantes abusos, malos tratos, violaciones sexuales, humillaciones, torturas, persecución, detención, secuestros e incluso asesinatos, entre otros hechos, que merecen especial atención. En Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo hay una creciente ola de migrantes, pero a la vez los Estados han establecido mecanismos cada vez más represivos, llegando al extremo de la criminalización, un prejuicio peligroso contra un migrante "ilegal" o "indocumentado" al tratarlo como "criminal" o "terrorista". Para Guatemala, el tema de los migrantes en otros países es de fundamental importancia por el aporte económico que brindan a través de sus remesas, por ello, se presenta una sección de conclusiones y recomendaciones al gobierno de Guatemala con el fin de reforzar, incluso de reformular políticas que alivien los sufrimientos de los migrantes que transitan por el país y a la vez que logre plantear planes y programas objetivos hacia México y Estados Unidos en su relación bilateral. También se quiere aportar con el medio profesional, académico y estudiantil.

Políticas sociales con perspectiva de derechos. La agenda pendiente en Argentina

El “enfoque de Derechos” constituye un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que está basado normativamente en principios y estándares internacionales de Derechos Humanos y operacionalmente dirigido a respetarlos, protegerlos y satisfacerlos. Ahora bien, a pesar de ciertos avances en materia de reconocimiento de derechos o la incorporación en los últimos años de cierta retórica de “derechos” en las políticas sociales aún queda un largo camino por recorrer en la implementación de esta perspectiva (tanto en la región como en particular en la argentina). Todavía persisten un esquema político caracterizado por oferta de beneficios asistenciales, multiplicidad de programas otorgados discrecionalmente y bajo lógica de clientelismo político, soluciones basadas en el supuesto de la “responsabilización individual” por parte de los receptores de las políticas, falta de participación de los sectores vulnerables en la construcción de la política, permanente re-denominación de viejos programas, falta de control y accountability y con falencias en materia de información pública (tanto en términos de producción como de acceso). En este marco, este trabajo se propone primero indagar sobre algunos de los principios que deben guiar políticas públicas pensadas en términos del “enfoque de Derechos”. Luego, se señalan algunos aspectos que pueden ser útiles a la hora de comprender por que este enfoque dista de implementarse en la argentina. Cabe destacar que a fin de iluminar los diferentes puntos se tomarán como referencias ejemplos extraídos de programas sociales de transferencia de ingreso implementados en Argentina y que se convirtieron en respuestas estatales protagónicas a partir de la crisis de 2001-2002.

Políticas públicas, derechos humanos y el acceso a la vivienda digna

El análisis de la relación derechos humanos (DDHH), en particular los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y las políticas públicas es fundamental para la concreción de los derechos, y estos no sean solamente contenidos de carácter meramente declarativo. El enfoque de derechos implica la distinción entre un derecho y una necesidad. Mientras las necesidades no tienen valor de obligación y no se pueden demandar su cumplimiento por parte del Estado, los DDHH tienen una base legal y exigible local e internacionalmente. Mientras los DDHH se relacionan con el SER, las necesidades se relacionan con el TENER, y esto implica un marco temporal acotado y no necesariamente sustentable en el tiempo. El enfoque de derechos no concierne a un gobierno específico o a una corriente política sino que configura una obligación por parte del Estado de honrar la dignidad humana. En este sentido el aparato del Estado tiene las competencias, posibilidades y mandato de implementar políticas y programas para garantizar la calidad de vida de los habitantes. En América Latina, los Estados han firmado y ratificado los instrumentos fundamentales internacionales en materia de protección de DDHH, y por lo tanto están obligados a proteger, garantizar y promover los DDHH de la población. La protección y promoción de estos derechos pueden encontrar una vía efectiva a través de las políticas públicas. Analizar la vinculación del enfoque de derechos en las políticas públicas es pues el objetivo de este artículo, de manera de contribuir íntegramente con este enfoque desde el diagnóstico y diseño de las respuestas e iniciativas estatales.

El tema de los indicadores en las políticas públicas de derechos humanos-propuestas para su conceptualización y abordaje.

El concepto tradicional de políticas públicas las define como “programas de acción de una autoridad pública o el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público” o como las acciones y omisiones del Estado, que pretenden interpretar las demandas de la sociedad e incidir en la vida de los ciudadanos. Partiendo de ahí, proponemos como concepto de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos (ddhh) a la articulación racional de acciones y omisiones del Estado, y sus resultados, basadas en: las obligaciones contraídas voluntariamente por los Estados a través de distintos instrumentos de ddhh y la definición participativa de los principales problemas y necesidades por parte de la población; así como en su participación en el diseño, monitoreo y evaluación. El presente trabajo es una propuesta para la conceptualización y abordaje de los indicadores de ddhh como herramientas de las políticas públicas con enfoque de ddhh.

Programas de transferencia de ingresos. ¿Más condicionalidades y menos derechos para madres pobres?

Desde fines de los años noventa, en América Latina se comenzaron a implementar una serie de programas sociales de transferencia de ingresos condicionados. Dichos programas han tenido entre sus principales objetivos el apoyo a las familias para mejorar sus condiciones de vida y la inversión en “capital humano” a través de las responsabilidades asumidas por sus beneficiarios en la asistencia en salud y educación. Asimismo, se caracterizan por incorporar el lenguaje de “derechos humanos”, exigir condicionalidades y otros elementos modernizantes que los diferencia de sus antecesores. Estos programas de transferencia de ingresos, no debe oscurecer la perspectiva aquí adoptada: la consideración de que la pobreza se profundizó en América Latina por razones macroeconómicas vinculadas a opciones de política que exceden ampliamente la débil institucionalidad característica de los programas asistenciales. A partir de este enfoque el presente artículo se propone analizar tres experiencias en materia de programas sociales de transferencias de ingresos: el Programa Familias para la inclusión Social (en adelante: Programa Familias) –de Argentina-, Oportunidades (ex Progresa) –de México-, y el Programa Puente –de Chile- como ejemplos de programas de transferencias monetarias condicionadas a las madres de familias. Algunas de las preguntas que guiarán el análisis son las siguientes: ¿En qué medida estos programas garantizan el ejercicio de derechos por parte de su población destinataria? ¿Qué consecuencias tiene que sean mayoritariamente las mujeres las titulares de los “beneficios”? ¿Qué puntos de encuentros y diversidades se pueden establecer entre los casos? ¿Existen efectos “no queridos”, “no deseados”? Si es así ¿cuáles son y cómo se manifiestan?

Cómo mejorar la competitividad a través de programas de mejoramiento continuo y el uso del Balanced Scorecard.© Caso: Grunenthal Ecuatoriana Cía. Ltda.

Grunenthal Ecuatoriana Cia. Ltda. es una empresa que ha ocupado un elevado nivel de competitividad durante veinticinco años en el país, razón por la cual se hace indispensable desarrollar una propuesta de mejora continua que permita ajustar las actividades y procesos a una mayor efectividad sostenible en el tiempo. Caso contrario dadas las condiciones económicas del país el futuro empresarial se tornará incierto. El presente trabajo de investigación está destinado a determinar los lineamientos, políticas y normas que una organización debe seguir o establecer dentro de su plan estratégico de mejoramiento continuo. Además permitirá medir la gestión realizada por las diferentes áreas o departamentos de la organización a través del cuadro de mando integral. Y principalmente determinar como lograr una Organización de Calidad a través del uso del cuadro de mando Integral como herramienta de medición de gestión.

Las políticas de ayuda al desarrollo de los miembros de la OCDE

El propósito de este trabajo es realizar un análisis de las políticas de Ayuda Bilateral al Desarrollo de los países miembros del CAD - OCDE desde la implementación de dicha institución, luego del término de la Segunda Guerra, hasta la década actual, teniendo en cuenta las condiciones históricoeconómicas de su evolución.

Políticas sociales y cambio social en América Latina y la Región Andina: alcances y perspectivas

Entre 1982 e inicios del actual mileno, las políticas sociales en América Latina, y la región andina en particular, estuvieron inspiradas en el Consenso de Washington, y guiadas por tres ideas dominantes: a) el mecanismo fundamental de reducción de la pobreza es la promoción del crecimiento económico, b) la inversión en educación y salud debe contar con una alta participación del sector privado, y c) se deben implementar transferencias condicionadas de dinero y programas asistenciales para los más pobres (Solimano, 2005). Estas líneas se insertaron en una política económica que buscó la minimización de la intervención del Estado en la economía, la promoción de mecanismos de mercado para el crecimiento y la apertura comercial internacional. En general, el crecimiento económico de la región fue mínimo e inestable, la pobreza mantuvo niveles persistentes y la inequidad social se profundizó, aunque se registraron avances moderados en educación y salud. A partir de mediados de la década anterior, se observan dos cambios fundamentales. Por una parte, la región retoma un crecimiento económico relativamente sostenido, basado en la expansión de sus exportaciones de bienes primarios y en una mejora sustancial en los términos de intercambio. Adicionalmente, cambia la concepción de las políticas sociales en muchos países, y el nuevo enfoque se basa en un aumento significativo de la inversión pública en educación, salud y seguridad social, en la aceptación más amplia de un enfoque universal de las políticas sociales basadas en la noción de derechos, y en la consolidación de programas de transferencias monetarias condicionadas. Los resultados alcanzados durante los últimos 10 años son alentadores en términos de reducción de pobreza, aumento de la equidad social y mejoras en educación, salud y empleo. Estos avances, al parecer, se registran en la mayor parte de los países, y la orientación política de sus gobiernos no juega un rol importante como factor diferenciador. Desafortunadamente, el escenario positivo para el crecimiento económico de la región comienza a agotarse, principalmente como resultado del menor impulso económico en China, la reducción del crecimiento de la economía mundial y del menor dinamismo en la demanda de ciertas materias primas, que ha conducido a una nueva declinación en los términos de intercambio. Los resultados alcanzados por la región en términos de diversificación económica son muy poco alentadores, y en varios países han aparecido manifestaciones importantes de descontento social e inestabilidad económica. Este artículo analiza, en el caso de los países andinos, los resultados sociales alcanzados a partir de 2004, su relación con la orientación política de sus gobiernos, y sus perspectivas de continuidad bajo un nuevo escenario internacional menos favorable. Se analiza con mayor profundidad la experiencia ecuatoriana.

Análisis de las políticas educativas del Ministerio de Educación en relación con las metas establecidas por el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

Este trabajo de investigación es un estudio comparativo entre las metas del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV) y los proyectos educativos que conforman el Plan Anual de Inversiones del Ministerio de Educación, documento que se desarrolla para cumplir con las políticas educativas que se vienen ejecutando y de manera directa o indirecta, alcanzar las metas establecidas en el PNBV. Los 12 objetivos planteados por el Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017, fueron analizados en función de las metas y estrategias establecidas para cada objetivo. Con este análisis se buscó relacionarlos con los programas y proyectos que conforman el Plan Anual de Inversiones de la Cartera de Educación. En este trabajo se resalta el papel del Ministerio de Educación, que recuperó la rectoría de su gestión, fundamentándose en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su reglamento general, en el que se establece que la Autoridad Nacional es la encargada de formular la política nacional de educación, así como su normativa y supervisar la aplicación y cumplimiento de la LOEI. Cabe señalar que este trabajo permite evidenciar la relación que tiene el PNBV, con los proyectos educativos del Ministerio de Educación que constituye la concreción de las políticas educativas a través del Plan Anual de Inversiones y sus resultados.