El ingreso del Ecuador a la OMC: simulacro de negociación

El autor a través de la sistematización del proceso de negociaciones -el análisis del contexto mundial, las características del sistema político ecuatoriano, la conformación de la estructura de la negociación y la dinámica decisoria- arriba a tres conclusiones: en primer lugar, que la condicionalidad implícita en los programas de reestructuración de la deuda externa y los programas de ajuste de la economía son de tal naturaleza que a la apertura externa y la liberalización de la economía ecuatoriana se anticipan y superan a las normas librecambistas de la OMC convirtiendo a las negociaciones en un simulacro. En segundo lugar, que las negociaciones reproducen las características del sistema político nacional, convirtiéndose en un proceso excluyente, cerrado y poco transparente, conducido desde la opción ideológica neoliberal del grupo negociador. Y, en tercer lugar, que la falta de sistematización de esta experiencia, el anacronismo y burocratismo institucional y la formulación “reactiva” de la política exterior convierten a la actual negociación para la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en un calco: desde la disputa interburocrática entre los ministerios de Comercio y de Relaciones Exteriores para presidir las negociaciones, hasta la exclusión deliberada de actores importantes de la “sociedad civil”, y la ausencia de mecanismos de participación.

Las políticas sociales en la integración regional: estudio comparado de la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones

Desde principios de la década pasada se experimentan importantes cambios en el ámbito internacional, se conforman bloques económicos y comerciales en diferentes regiones del mundo. Varios tipos de integración regional se desarrollan con la intención implícita de asegurar el crecimiento económico de sus Estados miembros. Sin embargo, el crecimiento económico por si mismo no es suficiente para asegurar el bienestar social de la mayoría de la población. En este sentido es indispensable, no solamente desarrollar políticas sociales a nivel nacional, sino también a nivel comunitario para acompañar la integración económica. El propósito del estudio realizado por René Lauer consiste en presentar y analizar las políticas sociales de las instituciones comunitarias de la Unión Europea -UE- y de la Comunidad Andina de Naciones -CAN-, a fin de definir la dimensión social de ambos procesos de integración. A lo largo del libro se analizan los principales elementos que determinan la dimensión social de tales procesos, como por ejemplo el crecimiento económico, el nivel de integración, la tradición del Estado de bienestar y la ubicación del proceso de integración en el sistema político-económico mundial, para establecer las diferencias que existen entre la UE y la CAN. Respetuoso del sistema económico en vigencia, el autor llega a la conclusión que el crecimiento económico y el desarrollo de la dimensión social comunitaria son indispensables para garantizar el éxito económico y político de un proceso de integración regional.

La Institución Política Informal de la Destitución Presidencial: el caso ecuatoriano, 1997-2005

Las instituciones políticas informales pueden tener mayor peso que las formales. La destitución presidencial en el Ecuador, el fenómeno político más dramático de los últimos diez años, es un ejemplo de ello. Los últimos tres presidentes democráticamente electos han sido destituidos, removidos de su cargo de manera extra constitucional mediante resoluciones del Congreso Nacional. Este mecanismo de la destitución presidencial es más complejo que una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso; la protesta popular ciudadana y las Fuerzas Armadas también son claves en su funcionamiento. El modelo general que se sigue es: protesta popular movilizada por un detonante, como una crisis política o económica; la resolución legislativa que depone al Ejecutivo; y el arbitraje final de las FFAA. Se analizará esta nueva institución bajo tres argumentos: 1) la destitución presidencial en el Ecuador tiene una lógica propia; 2) la multiplicidad de actores ha fortalecido su mecanismo de funcionamiento; y 3) esta institución es distinta de los fenómenos sucedidos en el resto de la región. Usando el marco conceptual del institucionalismo histórico, este trabajo establece los orígenes de la inestabilidad presidencial en el Ecuador. Después, analiza la innovación institucional implícita en su surgimiento del patrón de la destitución presidencial, enfocándose en la pugna política y económica entre las elites del país al principio de los años noventa. De ahí, explica cómo los diversos actores e intereses convergen para asegurar la reproducción de la institución. Finalmente, se compara el caso ecuatoriano con los otros casos de destitución en la región, encontrando diferencias en su desempeño.

La reforma judicial en el contexto de la reforma del estado peruano

La Constitución de 1993, en forma implícita ha determinado que el Poder Judicial (PJ), Ministerio Público (MP), Tribunal Constitucional (TC), Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Academia de la Magistratura (AMAG) y Jurado Nacional de Elecciones (JNE) formen parte de un Sistema de impartición de Justicia. Sistema que en las actuales circunstancias, producto a actos de corrupción generalizado que encontraron una salida de escape con la captura del Vocal Supremo Provisional Eduardo Palacios Villar, ha generado un debate en el Congreso de la República , Corte Suprema de la República y el Ejecutivo para establecer los mecanismos necesarios para una nueva reforma judicial. Sin embargo cuando se aborda la problemática de la reforma judicial, sólo se considera al PJ y en menor medida al MP, sin considerar que parte de la problemática del sector responde a las acciones de otras instituciones. Por ejemplo, la provisionalidad de los magistrados se debe en gran medida a la acción directa del CNM, la cual no ha nombrado magistrados en plazas de tanta importancia como es la Corte Suprema de la República y la Fiscalía Suprema. Adicional a la provisionalidad, es posible considerar otros factores como la lentitud procesal, la excesiva carga procesal, elevados niveles de corrupción en todos los ámbitos y una magistratura que no genera confiabilidad por emitir fallos contradictorios (que llegan a cuestionar inclusive la misma capacidad intelectual de los mismos magistrados) o ajenos a una predictibilidad mediana; lo cual en conjunto genera un nivel de aprobación que no supera el 15% de aceptación. Sin embargo uno de los grandes problemas que enfrenta una eventual reforma del SIJ es la estructura de la carrera de la magistratura, la cual según nuestra propia constitución y leyes orgánicas del PJ y MP es de régimen abierto, lo cual genera inconvenientes en una estructura de desarrollo socio económico nacional. Por ello es necesario que la reforma judicial que se pretenda iniciar aborde la reforma de las leyes orgánicas del PJ, MP, y CNM para efectos de definir los marcos generales de una carrera pública en la magistratura, que permita la operatividad de funciones en las instituciones y no genere los vacíos y provisionalidad existentes en la actualidad.

Justicia, vigencia y eficacia del régimen internacional de patentes

La normativa relativa a las patentes de invención ha rebasado las fronteras de los Estados nacionales. Lo que se entiende como invención (regulado de manera implícita al menos), la materia patentable, las excepciones a la patentabilidad, la duración del período de explotación exclusiva que se le concede al inventor sobre su obra producto del intelecto (estándar mínimo, no puede ser inferior), lo que se entiende como explotación, los conceptos de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial (regulados de manera implícita al menos), constituyen preceptos uniformes vigentes para la humanidad toda. La afirmación contenida en el párrafo anterior se la debe entender con ciertos límites. Por ejemplo, los distintos Estados pueden excluir como materia patentable al material biológico (con excepción de los micro organismos), ciertos aspectos de la institución de la licencia obligatoria quedan a la libre elección de los Estados, incluso el optar por establecerla, los distintos Estados pueden regular por sobre los acuerdos “mínimos” logrados, etc. Aspectos de importancia, pero no los definitivos a la hora de configurar la protección concedida a las patentes de invención, su objeto y alcance. Por ejemplo, el principio que manda a que se concedan patentes sin importar el ámbito de la tecnología en que sea aplicable la invención, es inequívocamente universal (existe margen para excepciones, reguladas claro). Lo anterior se logró por la aprobación del Acuerdo ADPIC, las siglas en español del acuerdo global que rige la materia, vigente en el mundo entero (aquello es inminente e irrefutable). Este convenio en su segunda década de vigencia ha conseguido efectivamente homologar las más dispares legislaciones a nivel mundial y dar pie al actual régimen global, que este estudio critica. Bajo este escenario queda corto cualquier trabajo que al abordar el tema se refiera únicamente a lo interno, ya que las regulaciones al respecto trascendieron este ámbito. Es así que en un intento por construir un sistema justo, objetivo que constituye el fin último de la Ciencia Jurídica, este trabajo propone modificar las regulaciones globales sobre la materia. Se reconoce para el efecto, por supuesto, la necesidad de evitar distorsiones en el mercado internacional de bienes intangibles, por lo cual se debe ratificar la homologación y universalidad de la normativa sobre las patentes de invención. Es así que contemplando una normativa universal, utilizando como punto de partida el Acuerdo ADPIC, se plantea que la duración de la protección otorgada por una patente de invención, al nacional de cualquier país, dentro de un determinado Estado dependa de la capacidad económica de los habitantes del mismo (correctivo principal). Básicamente cambiará el hecho de que todos los Estados miembros estén obligados a otorgar 20 años de protección, con la introducción de un sistema en que el plazo de protección que otorgue un determinado Estado, tenga relación a la capacidad económica de sus habitantes. Es decir, cada quien según su capacidad. Le corresponderá al organismo multilateral que rige la materia determinar los distintos plazos que otorgarán los diversos Estados, tomando en cuenta la capacidad de sus habitantes, en aplicación de parámetros constantes. Se debe tener en cuenta que, dado el estado actual de las comunicaciones, los productos del intelecto en general y las invenciones de manera particular, benefician a la humanidad toda sin distingo del país o región. Por lo tanto, es deber de toda la humanidad el alentar su creación y difusión, eso si, dentro de la capacidad de cada Estado parar hacerlo.

Políticos, militares y ciudadanos: un análisis de las caídas presidenciales en Ecuador (1997-2005)

De 1997 a 2005 tres presidentes ecuatorianos democráticamente elegidos fueron removidos de sus cargos. En ninguno de los tres casos se observó el procedimiento formal –juicio político– constitucionalmente establecido; por el contrario, las destituciones presidenciales involucraron a un conjunto de actores sociales, políticos y militares; las crisis fueron consecuencia de una serie de escándalos públicos; estuvieron seguidas de movilizaciones populares que condujeron a la destitución presidencial por parte del Congreso, y, en todos los casos, las Fuerzas Armadas cumplieron el papel de árbitro. Las semejanzas en el comportamiento y expectativas de los diversos actores dan cuenta del surgimiento de la destitución presidencial como institución política informal, con su propia lógica, normas y reglas. A partir del marco conceptual del institucionalismo histórico, este estudio establece los orígenes de la inestabilidad presidencial en el Ecuador; en su parte central, analiza la innovación institucional implícita en el surgimiento de un patrón de destitución presidencial, e identifica algu - nos factores que permiten diferenciar el caso ecuatoriano de otros observados en la región. En suma, la obra analiza los desempeños de la democracia en el Ecuador, deteniéndose en las brechas existentes en tre los arreglos institucionales formales y los de carácter informal, lo que en definitiva permite una cabal comprensión del proceso político ecuatoriano.

Los conceptos jurídicos indeterminados: el término mercadería en la Convención de Viena sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías

Esta investigación versa sobre el estudio de los conceptos jurídicos indeterminados y la Convención de Viena de 1980, sobre “Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías”, y tiene como propósito establecer la significación explícita o implícita podría tener el término ‘mercadería, desde el análisis crítico de la teoría jurídica de los conceptos jurídicos indeterminados. En primer lugar, a través del estudio y análisis de esta teoría, fundamentada en los principales criterios de los expertos en el tema. La indeterminación es un rasgo definitorio del propio concepto de derecho, por lo que a veces puede pasar por un problema de simple interpretación, o un simple caso de argumentación jurídica, sin general interés por un estudio minucioso de sus causas, motivos y efectos. Posteriormente nos remitiremos al estudio de la Convención de Viena de 1980 desde su aspecto histórico y su innegable trascendencia frente al comercio internacional, así como a la “mercadería” y su presencia como concepto jurídico indeterminado en ella contenido. Y, terminamos el presente trabajo con el análisis del término ‘mercadería’ ya desde los diversos significados que este puede generar, a partir de su uso en el tráfico jurídico, a partir de la doctrina vertida por expertos en el tema y la jurisprudencia que emanan los órganos capaz de generar criterios vinculantes para determinar pautas o significados puntuales sobre términos vagos o lagunas en el derecho. Como último punto abarcaremos el estudio de las opciones de resolución en la teoría jurídica: la tesis de la respuesta correcta y la discrecionalidad judicial y teoría de la norma como marco.

La memoria como escenario: la cárcel y el movimiento insurgente Alfaro Vive Carajo

El presente ensayo es un trabajo de la memoria social sobre el movimiento Alfaro Vive Carajo (AVC) que trascendió durante la década de los 80 en la escena política nacional a partir de acciones armadas poco o nada usuales. El documento reflexiona sobre el olvido intencionado que se ha hecho, tanto desde la historiografía como desde el estudio de la política del país, respecto a este actor social. Al recordarlo, se contextualiza el panorama de las insurgencias en América Latina y el Ecuador, lo que deja ver su protagonismo e incidencia en el presente, ya que el AVC construyó una identidad que se irradia en diversos escenarios, incluso en el de sus oponentes más visibles, como el del Partido Social Cristiano, pues fue durante el gobierno de León Febres Cordero, su máximo líder hasta hoy, que se instauró una política de terror desde el Estado para controlar a la oposición, a nombre de “combatir a la subversión”. Este aspecto, influyó en lo que posteriormente sería la emergencia indígena en el Ecuador, específicamente, porque aquel escenario canalizó un ambiente social dispuesto al diálogo entre la sociedad civil y el Estado. La transición que vivió el país durante la década de los 80 hace del AVC un actor político que incidió en el protagonismo de los movimientos sociales con un interés democrático, antes que de lucha de clases, como el movimiento de mujeres, de derechos humanos e indígena. No se trata de un antecedente cronológico que evolucionó de una forma a otra, sino de un referente que de manera paralela y desde diferentes políticas se cruzaron. El ensayo además introduce reflexiones relacionadas a la manera de narrar la memoria colectiva, ya que hace del testimonio la voz del documento, es decir, resalta la subjetividad de quien relata, no sólo por la proximidad con la experiencia referida, sino también por su agenda política implícita. Es una voz que camina en los trayectos paralelos de la ficción que transforma en lenguaje aspectos, cualidades y valores de la realidad que la ciencia describe, argumenta y demuestra. Por otro lado, el hablar del pasado se lo hace desde la cárcel, porque fue allí donde se develaron, en parte, las identidades clandestinas de los “subversivos”. La cárcel interpeló de forma imperativa y esto permitió poner al descubierto la manera de actuar de la organización clandestina, sobre todo, de ciertos liderazgos que se configuraron y dieron a conocer sus mejores performatividades. Trabajo de la memoria colectiva que deja abierto la articulación de otras voces.

El papel de las políticas sociales en la integración regional: un estudio comparativo de las políticas sociales en la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones.

Desde principios de la década pasada se experimentan importantes cambios en el ámbito internacional, se conforman bloques principalmente económicos y comerciales en diferentes regiones del mundo. Varios tipos de integración regional se desarrollan con la intención implícita de asegurar el crecimiento económico de sus Estados miembros. Sin embargo, últimamente aumenta la convicción entre políticos e académicos que el crecimiento económico por si mismo no es suficiente para asegurar el bienestar social de la mayoría de la población. En este sentido es indispensable, no solamente desarrollar políticas sociales a nivel nacional, sino también a nivel comunitario para acompañar la integración económica. El propósito del presente estudio consiste en presentar y analizar las políticas sociales de las instituciones comunitarias de la Unión Europea, UE, y de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, a fin de definir la dimensión social de ambos procesos de integración. A lo largo del trabajo se van a analizar los principales elementos que determinan la dimensión social de tales procesos, como por ejemplo el crecimiento económico, el nivel de integración, la tradición del Estado de bienestar y la ubicación del proceso de integración en el sistema político-económico mundial, para establecer las diferencias que existen entre la UE y la CAN. En la UE la dimensión social comunitaria se constituyó de manera progresiva y complementaria a las políticas sociales nacionales, pero está limitando su campo de acción cada vez más a las políticas de empleo, respetando el desempleo como una preocupación central de muchos de sus habitantes. En la CAN el compromiso político con la integración regional es altamente retórico y frente a la ausencia de recursos financieros y de sólidos sistemas de asistencia social a nivel de los Estados miembros la dimensión social comunitaria es casi inexistente. Resulta que el crecimiento económico y el desarrollo de la dimensión social comunitaria son indispensables para garantizar el éxito económico y político de un proceso de integración regional.

Adaptación de un marco metodológico para la medición del riesgo operativo generado por puntos vulnerables de tecnologías de información con un enfoque de auditoria basado en riesgos en el Ecuador

A lo largo de los últimos años se ha tomado conciencia de la importancia que reviste la gestión de riesgos para un gobierno corporativo fuerte. Las organizaciones se sienten bajo presión y deben identificar todos los riesgos de negocio que enfrentan: sociales, éticos, ambientales, financieros y operativos; además de explicar cómo los gestionan para lograr un nivel aceptable. Mientras tanto, se ha extendido el uso de los enfoques de gestión de riesgos para todas las empresas a medida que las organizaciones reconocen sus ventajas. Las personas llevan a cabo actividades de gestión de riesgos para identificar, evaluar, gestionar y controlar todo tipo de eventos o situaciones. Estos pueden variar abarcando desde tipos de riesgo para proyectos únicos o estrictamente definidos, como por ejemplo: los riesgos de mercado, hasta amenazas y oportunidades que debe afrontar la organización como una sola unidad. La naturaleza del negocio bancario como tal, lleva implícita la misión y el deber de administrar adecuadamente el riesgo. Las crisis financieras ocurridas en varios países, incluido el Ecuador, pusieron en evidencia la importancia de saber manejar los riesgos asociados a este sector y a estar alertas ante la fragilidad de los sistemas de medición y control de riesgos. Este estudio tiene como finalidad convertirse en un aporte cualitativo y técnico sobre las debilidades detectadas a través de la identificación de puntos vulnerables en las tecnologías de información y aquellas que hacen referencia específicamente a la gestión tecnológica como tal, que incrementa actualmente el riesgo operativo en las instituciones financieras, utilizando como guía de trabajo un enfoque de riesgos conforme lo requiere la norma, la legislación ecuatoriana y las mejores prácticas establecidas por el Comité de Basilea.

Pensamiento Qulla. La insurgencia de la intelectualidad aymara contemporánea

El presente trabajo de tesis emerge a partir de la necesidad de reflexionar en torno al pensamiento teórico y político de los intelectuales aymaras contemporáneos. Básicamente procuramos averiguar las temáticas y las lógicas argumentativas de los mismos, así como una serie de razones en las que, entendemos, persiste y resiste, así sea de manera implícita y, sobre todo, subterránea, una visión propia (qulla) del mundo y de la vida. De ahí que, y más aún desde el contexto sociocultural y la experiencia política de los pueblos y movimientos indígenas, asumamos que la intelectualidad aymara se constituye en y por una praxis fundamentalmente política. También intentamos desarrollar una aproximación a las principales y específicas características políticas e intelectuales de los pensadores aymaras, quienes están produciendo un corpus de textos cada vez más interesantes y, a la vez, complejos. Estos trabajos están dando lugar a una diversidad de posicionamientos teóricos, políticos y epistemológicos, y cuya comprensión pretendemos desarrollarla tanto desde una perspectiva inter(trans)disciplinaria como desde una lectura “densa” o, mejor aún, desde las propias y radicales significaciones históricas, políticas y culturales del pueblo qulla. Nos interesa entonces percibir y entender que la experiencia y la militancia política (activismo) de la intelectualidad aymara emergen desde un lugar propio de enunciación: el ayllu y las correspondientes territorialidades, organizaciones y movimientos indígenas. También, entendemos que son los procesos de insurgencia andina los que generan las condiciones de posibilidad para el desarrollo de las funciones políticas e intelectuales de los pensadores aymaras, así como el despliegue de sus capacidades críticas y creativas. La producción intelectual y el discurso político aymaras están, en consecuencia, profundamente comprometidos con los diversos ciclos de las luchas y movilizaciones indígenas. Asumimos que así y sólo así podemos entender los sentidos básicos de la discursividad aymara contemporánea y también hacer explícita la dimensión teórica, política y epistemológica de la misma, además de hacerlo desde el propio contexto de la historia, cultura y sociedad andinas: el pueblo qulla.

Solidaridad étnica y capital social: el caso de los comerciantes migrantes kichwa-Otavalo en Madrid y La Compañía (Estudios)

En el análisis sobre migrantes, en general, y sobre migrantes descritos como grupos étnicos, en concreto, se tiende a presuponer un tipo de “solidaridad étnica” dentro de sus redes sociales. Esta suposición da por sentado que todos los que se definen como “indígenas” disponen y disfrutan de un capital social basado en la solidaridad. En este artículo se toma el caso de comerciantes migrantes kichwa-otavalo tanto para indagar la suposición de que la etnicidad es la fuente del capital social colectivo y, por tanto, de la solidaridad, como para cuestionar si esta actúa implícita en las cadenas y redes de migrantes, las cuales suelen ser equiparadas a su capital social.

El control judicial de la actividad discrecional de la administración pública en el Ecuador

Antiguamente se consideraba que la facultad discrecional de la administración estaba exenta de control, lo que constituía, sin lugar a dudas, un privilegio a favor de los gobernantes, quienes podían actuar de manera arbitraria y contra ley, sin resquemor alguno. Frente a esta situación de inseguridad jurídica y abuso del poder, la humanidad siempre luchó por evitar y disminuir el abuso del poder, y es así como llegamos al denominado Estado de Derecho, que propugna la sumisión de todas las actuaciones del Estado a la Constitución y la ley, es decir, nada puede quedar fuera o exento de control. Allí se concibió como necesaria la facultad discrecional de la administración para tomar decisiones oportunas, pero no como una antítesis de la facultad reglada, sino también como una prerrogativa legal. Este cambio de concepción de la facultad discrecional de la administración, lleva implícita otra consecuencia y dice relación a la pregunta de ¿cómo pueden los jueces hacer un control judicial pleno de las actividades derivadas de la potestad discrecional de la administración? El tema que se pone en la palestra para su discusión ha sido objeto de múltiples escritos, foros académicos, debates interminables y mucha tinta derramada, pero aún no existe una posición consolidada y unificada respecto de cómo hacer ese control, en lo único en que todos coinciden es en la circunstancia de que los actos administrativos dictados en ejercicio de una facultad discrecional de la administración, son perfectamente impugnables. Para lograr un control pleno de las actividades administrativas, se hace indispensable el reconocimiento de una jurisdicción contencioso administrativa plenaria y universal, integrada por jueces independientes, imparciales y competentes, que conciban su labor de control efectivo, sin escudarse en subterfugios, ya sea para dejar de resolver o negar demandas de manera sistemática en casos discrecionalidad. Tal situación resulta inconcebible con el actual marco constitucional en vigencia, que determina la obligación de fallar no solo sobre normas sino también sobre principios, lo que permite a los jueces ampliar sus fronteras, superar el criterio de que la jurisdicción contencioso administrativa es exclusivamente revisora e impide que se deje sin tutela judicial efectiva a ningún ciudadano.