25 resultados para Principios de acentuación griega
em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar
Resumo:
El contenido de protección dispuesto, tanto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, como en el Protocolo de 1967, deja a los países partes, la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para la implementación y garantía del goce y ejercicio del derecho, dentro de cada una de sus jurisdicciones, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, lo que implica la promulgación de leyes o reglamentos, la creación del (los) órgano (s) administrativos competentes para recibir, estudiar y decidir las solicitudes de reconocimiento del estatuto y el respeto al ejercicio de recursos tanto administrativos, como jurisdiccionales en protección del derecho. En este sentido, el ordenamiento jurídico venezolano, consagró en su Constitución nacional el derecho al refugio o asilo en su artículo 69 y estableció mediante la Promulgación de la Ley Orgánica sobre refugio y asilo los mecanismos estatales para dar aplicación a sus contenidos, mediante la creación, de la instancia administrativa competente para decidir las solicitudes de reconocimiento del estatuto de refugiado (a), denominada “Comisión Nacional para los Refugiados”, así como, el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado (a).
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El presente trabajo investigativo, está orientado al estudio de la evolución del principio de legalidad y el principio de reserva de ley tributario, dentro del constitucionalismo ecuatoriano, para lo cual me he apoyado en las diecinueve Constituciones del Ecuador, que van desde el año de 1830 hasta la vigente, 2008. Antes de iniciar el estudio sobre la evolución de estos dos principios de legalidad y de reserva de ley, se ha creído conveniente definirlos para determinar diferencias y similitudes entre ellos, tomando en cuenta que muchos doctrinarios han establecido que al hablar sobre el principio de legalidad y de reserva de ley no existe diferencia alguna. También se ha realizado el estudio concerniente a la evolución del principio de legalidad tributario y el de reserva de ley (1830-1979), no se ha visto la necesidad de hacerlo de Constitución en Constitución, porque sus disposiciones eran exactamente iguales, sino se ha elaborado en base a los cambios significativos que tuvieron las constituciones sobre el contenido de los principios. Además, se ha efectuado un cuadro de todas las constituciones del Ecuador con los puntos que a mi criterio son los más importantes sobre el régimen tributario; y particularmente sobre los referidos principios. Para terminar, se ha resaltado las diferencias existentes entre la Constitución de 1998 con la de 2008, en cuanto a los principios de legalidad y de reserva de ley.
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En todos los problemas y conflictos ambientales y en el ejercicio de las políticas de desarrollo hay implícito un sentido de arrasamiento; no sólo de la naturaleza sino del conjunto de derechos. El primero el de la vida, pero igualmente el de la salud, el de la alimentación, el del trabajo; y, desde otra óptica, aquellos otros que son definidos como derechos de los pueblos: el derecho al desarrollo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y, con cuanta frecuencia, también el derecho a la paz. Todo se arrasa en conjunto y de ahí la importancia creciente de demandar el cumplimiento de los derechos medioambientales, a sabiendas que se confronta la voluntad de poderosos intereses privados y multinacionales. Todos los derechos que tienen que ver con la soberanía, el manejo del territorio y el derecho a la vida tienen estrecha relación con el ambiente; adicionalmente hay varias menciones en nuestra legislación que reconocen el derecho a un medio ambiente sano, que garantizan la salud de la gente y la conservación de la naturaleza. Hay suficientes fundamentos legales para la protección del medio ambiente, el problema es que estos no se cumplen, se sustituyen o son subordinados a otros.
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El objetivo principal de este trabajo investigativo se centra en explicar cómo los principios de subsidiariedad y proporcionalidad aparecen en el ámbito comunitario europeo. Con este fin trataremos la naturaleza jurídica de estos principios, sus antecedentes histórico-filosóficos y jurídicos, y acompañaremos la teoría con algunos ejemplos que permitan apreciar de qué manera se desempeñan estos principios en la práctica comunitaria. En el presente trabajo analizaremos la cuestión del reparto y regulación del ejercicio de competencias entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y el papel determinante que el principio de subsidiariedad está llamado a desempeñar en este aspecto. Asimismo, indagaremos acerca de los órganos políticos y jurisdiccionales a quienes se les encomienda velar por su correcta aplicación. Sobre la base de los elementos teóricos y el modelo práctico de funcionamiento del principio de subsidiariedad en la Comunidad Europea, a través de la presente investigación se propondrá las bases de un esquema de subsidiariedad en la Comunidad Andina, en calidad de una nueva norma básica jurídicamente vinculante y a través de la cual por primera vez en la Comunidad Andina, exista una delimitación clara de los tipos de acciones que pueden llevarse a cabo dentro de las competencias compartidas entre la Comunidad Andina y sus Países Miembros.
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Si bien los redactores de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías no establecieron de manera expresa los métodos para adelantar la operación hermenéutica de este instrumento, sí previeron algunos principios que, en líneas generales, configuran un “sistema autónomo de interpretación” –acorde con las exigencias de su naturaleza internacional–, que se traduce en una operación de lógica jurídica que tiene por objeto determinar el alcance y sentido de los términos utilizados por la Convención y de los contratos que suscriban las partes. Este trabajo procura examinar el carácter internacional de la Convención, la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación, y la de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. En la segunda parte se analizan los criterios previstos en la Convención para la interpretación específica de las declaraciones y los actos realizados por las partes.
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Este estudio pretende ser un acercamiento a un texto que es, a la vez, una sátira y un pasquín escrito en 1808 y que, en la actualidad, se encuentra en el Archivo General de Indias en Sevilla.l En el texto se detallan la vida y milagros de don Pedro Alcántara Bruno, un abogado que estuvo muy ligado a los gobernadores de Guayaquil entre 1788 y 1810. El pasquín que es objeto de nuestro análisis no es una gran obra literaria, pero nos permite acercarnos a una sociedad que tiene muchas similitudes con la de la actualidad, a pesar de haber pasado casi dos siglos. Al final de este análisis hemos trascrito íntegramente todo el texto.
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El ensayo analiza los cambios jurídicos y sociales que experimentaron las mujeres durante los años posteriores a la Revolución Liberal de 1895. La mayoría de las mujeres pioneras en la vida pública del Ecuador provinieron de las clases sociales media y alta. El estudio se concentra en los casos de María Luisa Gómez de la Torre, profesora y la única mujer participante en la fundación del Partido Socialista del Ecuador, y Matilde Hidalgo de Prócel, primera mujer graduada de médico, primera en sufragar en una elección y en obtener un escaño en el Congreso. El artículo indaga si estos cambios institucionales fueron el resultado de una concesión del poder o de una lucha social desde abajo.
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Si consideramos que el objetivo primordial del nuevo Sistema Nacional de Contratación Pública, según lo determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es generar un cambio en la contratación aplicando entre otros los principios de transparencia y publicidad, adquiriendo bienes y servicios de mejor calidad, a menor precio y en el menor tiempo, fomentando la demanda interna de bienes y servicios para diversificar la producción nacional, impulsando la economía local, la libre ciencia, vigencia tecnológica, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa, es importante analizar que incidencia tienen estos principios, particularmente en los procesos de licitación, puesto que éstos son los procesos de contratación que representan mayor inversión de fondos del Estado. Dentro de este contexto, los principios de transparencia y publicidad se constituyen en medios para proteger la integridad de las actuaciones de la Administración Pública, es decir, su aplicación se traduce en mecanismos para cumplir con los valores y bases de toda democracia y para evitar la temida corrupción. Por lo que, en el presente trabajo se ha realizado un análisis de la injerencia de estos principios de transparencia y publicidad en los procesos licitatorios, partiendo de un análisis histórico de las normas de contratación pública en el Ecuador, para posteriormente realizar un estudio comparativo con la ley vigente.
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El presente trabajo, presenta un análisis que determina cual el medio para la iniciación de un proceso de armonización de normas especiales referentes a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en los Países miembros de la Comunidad Andina y tiene como fin último convertirse en una guía para la elaboración de una norma comunitaria de protección de los derechos de los consumidores y usuarios del acuerdo sub-regional andino. Es conforme dichos objetivos que el presente trabajo se inicia con un estudio de los principios de la doctrina respecto a los derechos de los consumidores y usuarios; y cuales derechos fundamentales se encuentran consagrados actualmente frente al desarrollo científico, tecnológico y sus efectos en los consumidores y usuarios. Posteriormente se elabora un estudio de las normas vigentes de los Países miembros de la Comunidad Andina, estudio del que derivan las relativas diferencias respecto a la normativa vigente en los países miembros del acuerdo, el mismo que llevó a estudiar normas genéricas como las elaboradas por Consumers International y Naciones Unidas. Asimismo se revisaron los procesos de implementación de normas comunes respecto a los derechos de los consumidores y usuarios en la Unión Europea y el Mercado Común del Sur, haciendo evidente la necesidad de iniciar el proceso de armonización de la normativa referente a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en la Comunidad Andina. Estableciéndose, las conclusiones del trabajo y determinándose la necesidad de establecer un proceso de armonización normativa entre los países miembros del acuerdo, proceso que frente a la experiencia de otros acuerdos de integración debe ser llevado a cabo por etapas, a través de la implementación de los derechos fundamentales de los consumidores dentro del marco normativo del acuerdo regional andino.
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Este trabajo trata sobre la interpretación y posibles alcances de los principios que en materia de comunicación contiene nuestra Carta Fundamental, especialmente: libe.rtad de expresión, derecho a la comunicación y derecho a la información. El análisis, en este sentido, pretende vincular estos grandes principios y las instituciones que ellos contemplan, a la problemática de la información, vista como conjunto de procesos institucionalizados socialmente, con miras a su adecuado tratamiento legal, y discutir particularmente acerca de la conveniencia de establecer controles regulatorios que aseguren su contribución a un equilibrado desarrollo social. Este propósito analítico lo encaramos desde dos planos: uno que examina a los sujetos de derechos que se perfilan en las instituciones constitucionales y que participan en los procesos informativos como productores-emplazadores, o como destinatarios de la información. En el primer caso se hallan los medios de comunicación, quienes resultan ser, en sociedades complejas, aquellas instituciones que juegan un papel principal en el desarrollo de los intercambios comunicativos dentro de un espacio público. En el segundo caso se hallan los públicos, a quienes relacionaremos con la idea de ciudadanía. A estos sujetos se agrega el Estado como organización garante de un estado de derecho. Desde un segundo plano, precisamos objetivar los procesos informativos a partir de la forma en que los principios constitucionales perfilarían un cierto espacio comunicativo y dentro de él, estos procesos. Este punto es de especial interés, dado que la forma en que puede concebirse una regulación a partir de la libertad de expresión, por un lado, o del derecho a la comunicación y a la información, por otro, podrían acusar ciertas tensiones, tomando en cuenta especialmente que la objetivación de los procesos informativos permite develar cómo se producen dentro de un contexto de condicionamientos externos e ínternos.
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El presente trabajo tiene por finalidad evidenciar la ruptura existente entre los principios, derechos y garantías relativos al trabajo que consagra tanto la Constitución Política de la República, como acuerdos y convenios internacionales, por una parte; y, por otra, la legislación secundaria que ha sido expedida en el Ecuador desde inicios de los años 90, a espaldas de la Constitución y, que en la práctica restringen derechos y garantías laborales, por lo cual, en muchos casos han sido declaradas inconstitucionales. Este proceso de reducción de derechos y garantías laborales se justifica, según su defensores, en el supuesto de que el trabajo es un bien escaso que debe ser distribuirlo mejor manera; y, que es necesario reformar el rígido esquema laboral para poder agilitar la contratación y despido de la mano de obra, dejando que operen las fuerzas del mercado, pues, según ellos, los principios de tutela y continuidad de la relación laboral son un óbice en la generación de empleo y para atraer inversión extranjera; pretendiendo, de esta forma, volver más competitiva a la producción nacional, para que el País se inserte en la economía mundial globalizada. Sin embrago, se ha podido evidenciar que la reducción de derechos y garantías laborales no genera estos efectos, por el contrario, agudiza la brecha entre pobres y ricos, pudiendo generar estallidos sociales.
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La presente tesis se enmarca en el área gerencial, y pretende servir como una base teórica que ayude en la gestión gerencial de todos aquellos que buscan la transformación de empresas, instituciones y organizaciones que deseen en el siglo XXI, liderar los sectores del ámbito de acción en que cada una se desenvuelve para beneficio del país. Considero como muy importante este tema porque en el Ecuador debemos iniciar el camino seguido antes por otros países que hoy se desarrollan, progresan y lideran en el mundo; para que trabajando con mayor intensidad y orientados en una forma diferente de hacer las cosas, podamos servir como herramienta base de la transformación, que lleve a nuestro país a un definitivo progreso sostenido en beneficio de las futuras generaciones. Voy primero a definir claramente los conceptos básicos de Gerencia, Liderazgo, Principios para que tengamos claro el marco de referencia del presente trabajo haciendo un recuento del por qué de cada uno de ellos, como se enmarca el tema en el trabajo gerencial diario, con qué herramientas debemos contar para poder ejecutar este trabajo, donde se puede aplicar, como hacerlo, con quien hacerlo, y finalmente para quien ejecutar el programa de transformación gerencial, con orientación de liderazgo y principios. Pienso que los ejecutivos y personas involucradas en la toma de decisiones desde niveles básicos hasta los más altos niveles de una organización, deben hacerlo con una visión de futuro, un saber hacia donde caminar, para estar alineados exactamente con el éxito que se quiere alcanzar y que signifique el 5 éxito del Ecuador, en la confianza de que este país tiene todo para triunfar, y hoy nos resta comenzar a caminar, para cada día estar más cerca del final.
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El objetivo central de este trabajo es analizar la relación existente entre los principios de la contratación pública y el procedimiento dinámico de la Subasta Inversa tipificada en la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En el primer capítulo se desarrollan conceptualmente, y con un ligero análisis de su vinculación con la Subasta Inversa, a los principios de la contratación pública, para culminar refiriéndonos al contrato administrativo, que debe suscribirse al concluir con la adquisición de bienes o servicios. En el segundo capítulo nos adentramos ya a lo que es la Subasta Inversa como tal, explicando sus antecedentes, base legal, así como las ventajes y desventajas que encontramos al aplicar este procedimiento contractual; lo cual está directamente vinculado con lo que se analiza en el capítulo tercero en donde se estudian las clases de Subasta Inversa que prevé la nueva Ley de Contratación Pública. Culminamos este trabajo, haciendo un análisis crítico sobre la relación que existe entre los principios de la contratación pública y el procedimiento de la Subasta Inversa, lo cual tiene como propósito final, el de definir finalmente si los principios analizados y estudiados se presentan o son aplicables durante el desarrollo de este procedimiento precontractual, como es la Subasta Inversa.
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El objetivo principal de la presente investigación es conocer la transformación que el impuesto de patente ha sufrido desde el momento de su creación hasta nuestros días, y en ese sentido, evidenciar su evolución histórica en relación con los principios de capacidad contributiva y de legalidad. Para lograr este objetivo, hemos dividido la investigación en tres capítulos. El primero, referente a los aspectos generales del impuesto que devela sus elementos esenciales como el hecho generador, sujetos, la cuantificación relacionada con la base imponible y la tarifa, las exenciones, deducciones y el período de causación. El segundo capítulo trata específicamente de un análisis de los principios de legalidad y capacidad contributiva en base al desarrollo normativo experimentado en este impuesto; para lo cual hemos visto conveniente de entrada, aludir dichos principios en un plano conceptual, para de allí evidenciar su desarrollo en el marco normativo aplicable en la esfera municipal. En el tercer capítulo nos adentramos en la historia y buscamos conocer el origen y evolución del impuesto de patente en el Ecuador con breves antecedentes también en los tiempos anteriores a la república. En ese ejercicio investigativo, auscultamos las fuentes normativas de este impuesto que se han venido generando, y procedemos a analizar cada una de las Leyes de Régimen Municipal a partir del año de 1966 hasta el actual Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización –COOTAD-, estableciendo los avances y retrocesos respecto a las regulaciones de este impuesto.
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Este trabajo analiza de forma conjunta los factores económicos y políticos que están impulsando y sosteniendo el nuevo regionalismo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a principios del siglo veintiuno A través de este análisis establecemos los parámetros teóricos que rigen tras el accionar del regionalismo andino actual y respondemos a la pregunta: ¿Qué significa exactamente regionalismo andino desde el enfoque de economía política internacional en medio del regionalismo de principios del siglo XXI? El enfoque de economía política internacional nos ayudará a analizar el objeto de estudio y a responder a la pregunta, en primer lugar, a partir de un panorama general que delimite el fenómeno del regionalismo andino entre los términos geográfico, no geográfico, voluntario y no voluntario. Este panorama será la base sobre la que se sustentarán las tres variables que consideramos clave en nuestro análisis: el diseño de las instituciones regionales andinas, el contexto internacional, las estructuras domésticas de cada uno de los países miembros del Acuerdo subregional andino. En resumen, el análisis del panorama general y los tres pilares que nos ayudará a sustentar unas conclusiones en las que caracterizaremos teóricamente el modelo regional andino de principios del siglo XXI.