20 resultados para Políticas, planes y programas

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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El propósito central es demostrar si en Guatemala existen políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos de los migrantes, en situación "regular" o "documentada", así como el tratamiento que reciben los migrantes en calidad "irregular" o "indocumentados, tomando en cuenta que el país reúne las tres categorías: origen, tránsito y destino. Para lograr este propósito se ha tenido a la vista tres objetivos principales que se resumen en: a) Conocer las políticas y acciones de las instituciones de gobierno así como de las Organizaciones no Gubernamentales conocidas comúnmente como ONG, dedicadas a la protección de los derechos de los migrantes, b) Hacer un examen de la situación de los derechos humanos de los migrantes y la normatividad internacional y nacional, c) Examinar los resultados de las acciones de gestión gubernamental en el área bilateral y multilateral, con el fin de asegurar un respeto a los derechos de los migrantes guatemaltecos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y México. Por los razonamientos anteriores, la tesis se concentra en analizar la situación de los migrantes "documentados" e "indocumentados en Guatemala y su paso por México así como su situación Estados Unidos, estableciendo una relación directa entre los instrumentos nacionales e internacionales, también entre las acciones de los gobiernos frente a los constantes abusos, malos tratos, violaciones sexuales, humillaciones, torturas, persecución, detención, secuestros e incluso asesinatos, entre otros hechos, que merecen especial atención. En Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo hay una creciente ola de migrantes, pero a la vez los Estados han establecido mecanismos cada vez más represivos, llegando al extremo de la criminalización, un prejuicio peligroso contra un migrante "ilegal" o "indocumentado" al tratarlo como "criminal" o "terrorista". Para Guatemala, el tema de los migrantes en otros países es de fundamental importancia por el aporte económico que brindan a través de sus remesas, por ello, se presenta una sección de conclusiones y recomendaciones al gobierno de Guatemala con el fin de reforzar, incluso de reformular políticas que alivien los sufrimientos de los migrantes que transitan por el país y a la vez que logre plantear planes y programas objetivos hacia México y Estados Unidos en su relación bilateral. También se quiere aportar con el medio profesional, académico y estudiantil.

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Entre 1982 e inicios del actual mileno, las políticas sociales en América Latina, y la región andina en particular, estuvieron inspiradas en el Consenso de Washington, y guiadas por tres ideas dominantes: a) el mecanismo fundamental de reducción de la pobreza es la promoción del crecimiento económico, b) la inversión en educación y salud debe contar con una alta participación del sector privado, y c) se deben implementar transferencias condicionadas de dinero y programas asistenciales para los más pobres (Solimano, 2005). Estas líneas se insertaron en una política económica que buscó la minimización de la intervención del Estado en la economía, la promoción de mecanismos de mercado para el crecimiento y la apertura comercial internacional. En general, el crecimiento económico de la región fue mínimo e inestable, la pobreza mantuvo niveles persistentes y la inequidad social se profundizó, aunque se registraron avances moderados en educación y salud. A partir de mediados de la década anterior, se observan dos cambios fundamentales. Por una parte, la región retoma un crecimiento económico relativamente sostenido, basado en la expansión de sus exportaciones de bienes primarios y en una mejora sustancial en los términos de intercambio. Adicionalmente, cambia la concepción de las políticas sociales en muchos países, y el nuevo enfoque se basa en un aumento significativo de la inversión pública en educación, salud y seguridad social, en la aceptación más amplia de un enfoque universal de las políticas sociales basadas en la noción de derechos, y en la consolidación de programas de transferencias monetarias condicionadas. Los resultados alcanzados durante los últimos 10 años son alentadores en términos de reducción de pobreza, aumento de la equidad social y mejoras en educación, salud y empleo. Estos avances, al parecer, se registran en la mayor parte de los países, y la orientación política de sus gobiernos no juega un rol importante como factor diferenciador. Desafortunadamente, el escenario positivo para el crecimiento económico de la región comienza a agotarse, principalmente como resultado del menor impulso económico en China, la reducción del crecimiento de la economía mundial y del menor dinamismo en la demanda de ciertas materias primas, que ha conducido a una nueva declinación en los términos de intercambio. Los resultados alcanzados por la región en términos de diversificación económica son muy poco alentadores, y en varios países han aparecido manifestaciones importantes de descontento social e inestabilidad económica. Este artículo analiza, en el caso de los países andinos, los resultados sociales alcanzados a partir de 2004, su relación con la orientación política de sus gobiernos, y sus perspectivas de continuidad bajo un nuevo escenario internacional menos favorable. Se analiza con mayor profundidad la experiencia ecuatoriana.

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El presente trabajo describe el proceso de reubicación del comercio minorista del sector de Ipiales en el centro histórico de Quito, a partir de dos relatos: el primero, el relato oficial del FONSAL y del Municipio de Quito que narran una versión del proceso, mostrándonos en ella los marcos interpretativos de este tipo de memoria. El otro, es la versión que sobre esta medida de reubicación ha quedado en la memoria de los comerciantes, la percepción de los resultados del mismo y algunos elementos culturales de este grupo social de la ciudad de Quito. A partir de este diálogo de fuentes, se examinarán algunas dinámicas de la memoria oficial representadas en los bienes patrimoniales del centro histórico, junto con la disputa por la herencia que representa el centro histórico por parte de distintos actores sociales, gubernamentales, locales e internacionales, interesados en la intervención cultural del mismo. Están consideradas, además, las distintas percepciones del proceso de modernización y reestructuración del centro histórico y los resultados del proceso de reubicación del comercio minorista.

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En el Ecuador, la Industria de la Construcción, la Industria del Bienestar Humano en la presente década acusa un notable crecimiento y desarrollo, se espera que en los próximos años este crecimiento sea mayor y más sostenido considerando la intervención en esta actividad de financistas institucionales como es el caso del IESS, Mutualismo, Bancos Privados, múltiples Cooperativas y el fortalecimiento del Banco Ecuatoriano y el Ministerio de la Vivienda así como visionarios del sector privado. La presente investigación, que hoy con mucho beneplácito presentamos a los profesionales del país, permite diseñar y mantener sencilla y práctica guía que facilite y estandarice los procesos administrativos y contables, tanto en el desarrollo de obra como en oficina, a fin de que las empresas constructoras y constructores del país realicen sus actividades de forma eficiente y coordinada, que les permite llevar un optimo control a sus procesos constructivos, obtengan información eficiente que guíe el control sobre la calidad del avance de obra Vs. Los aspectos financieros. La utilización de los procedimientos descritos en este libro ayudará al constructor al cumplimiento de planes y programas en fortalezcan la toma de decisiones de manera ágil, organizada y enmarcada en su planificación.

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El artículo se propone realizar un análisis del estado de la Universidad en situación de periferia dentro del actual proyecto capitalista y circunscrito a un "estudio de caso". Se trata de poner en evidencia las estrategias de un diseño "espectral" -bajo la apariencia de generalización de la igualdad democrática globalizada- que mantiene y profundiza las diferencias. Para ello se opera tanto en la dimensión académica como en la económica, apelando finalmente a una deontología que colabore en la concreción de las transformaciones buscadas.

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En el mes de noviembre, se emitieron las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, donde se hace un fuerte llamado de atención al Estado ecuatoriano para que rectifique sus políticas inmigratorias a fin de que se adecuen al marco constitucional y a la Convención Internacional de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, de la cual el Ecuador es parte. Estas recomendaciones deben ser asumidas por el Estado ecuatoriano y exigidas desde las instancias correspondientes y por las personas en movilidad a quienes se les están vulnerando sus derechos.

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Las Islas Galápagos son mucho más que los títulos y reconocimientos que les han traído popularidad en el ámbito mundial. Detrás de esta imagen de naturaleza casi “prístina”, se encuentran unas islas habitadas cuya dinámica social desborda muchas veces lo esperado. Las comunidades humanas asentadas en las Islas afrontan diversas problemáticas, las mismas que no son aleatorias sino producto de un modelo de desarrollo inequitativo que ha sido impulsado desde diferentes instancias (nacionales e internacionales). El establecer la relación que se da entre el diseño de políticas públicas y el desencadenamiento de conflictos socioambientales en las Islas, es la tarea que nos ocupa a lo largo de esta investigación. En el primer capítulo, analizaremos cómo la conformación de un imaginario externo a las Islas constituye la causa de muchos de los problemas presentes, pues choca con las aspiraciones locales que enfatizan en conseguir un mayor grado de desarrollo. En el segundo capítulo, nos enfocamos en el rol del Estado Ecuatoriano a lo largo del siglo XX, con la creación del Parque Nacional, la posterior provincialización de las Islas y las consecuencias de esta doble figura. Nuevas fuentes de conflicto se enmarcan dentro de un débil marco de gobernanza local y nacional. En el tercer capítulo, evidenciamos lo señalado con el análisis de un caso específico como es la designación del Director del Parque Nacional Galápagos. Para finalizar, realizamos una breve síntesis de lo estudiado y delineamos alternativas que podrán ser consideradas por los actores locales para enfrentar estos nuevos desafíos.

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La presente tesis analiza las principales estrategias de comunicación y movilización social a nivel nacional e internacional desarrolladas por la Asamblea de Afectados por Texaco y el Frente de Defensa de la Amazonía del Ecuador, FDA, en su lucha por la justicia ambiental frente al desastre causado en la Amazonía por la empresa petrolera estadounidense Texaco, actualmente Chevron. La explotación petrolera, iniciada en Ecuador en 1967, se produce en el marco de la búsqueda ilimitada de recursos naturales para alcanzar el denominado “desarrollo”, que ahora es cuestionado desde varios sectores. Esta actividad ha causado enormes impactos sociales y ambientales en las poblaciones cercanas a la explotación petrolera. Para enfrentar situaciones como éstas, un grupo de pobladores de las provincias de Sucumbíos y Orellana en la Amazonía ecuatoriana, en representación de 30.000 indígenas y campesinos migrantes, demandó a la petrolera Chevron, antes Texaco, para exigir la limpieza, reparación y restauración de los daños causados durante el período de explotación petrolera desde 1964 hasta 1990. Los pobladores, que forman parte de la Asamblea de Afectados por Texaco y del Frente de Defensa de la Amazonía, han utilizado diversas estrategias de comunicación en su enfrentamiento a la poderosa transnacional Chevron, la segunda empresa más grande de petróleo en los Estados Unidos. También se han relacionado con el movimiento ecologista a nivel nacional e internacional, logrando la solidaridad y la movilización social en los países del Norte, especialmente en Estados Unidos. La lucha y la persistencia de los y las indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana sin duda constituyen un aporte para quienes día a día trabajan por alcanzar la justicia global.

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Como académico y como persona que vive en condición de invidencia, me he sentido comprometido a estudiar expresiones culturales pensadas desde narrativas de personas en situación de discapacidad. Son narrativas que posibilitan la construcción de renovadores imaginarios, y ponen en escena las capacidades artísticas y creativas que compensan las dificultades físicas, sensoriales e intelectuales que una discapacidad significa. Así, busco reflexionar acerca de los paradigmas construidos en relación a las discapacidades, desde 1982 hasta el 2013. El primer capítulo sistematiza las políticas estatales entorno a las discapacidades, a partir de 1982 (año en que se publica la Ley de Protección al Minusválido) hasta el 2007 (cuando se genera un renovado hito en el paradigma de las discapacidades); y del 2007 al 2013, época que supone un punto de inflexión con la política estatal Ecuador Sin Barreras,expresada en la Misión solidaria Manuela Espejo. En el segundo capítulo, mi investigación adquiere un aliento testimonial interpretativo. Recojo tres experiencias de producción cultural pensadas desde el contexto de las personas con discapacidad. Son experiencias que permiten pensar a las personas con discapacidad como generadoras de cultura, afianzan el sentido de agenciamiento cultural que posesionan otras narrativas en la producción cultural, trastoca el sentido clásico de la diversidad entendida únicamente desde el posicionamiento de género o de lo étnico, e incorpora el tema de la discapacidad como elemento fundante para su reflexión teórica. Finalmente, el tercer capítulopropone lineamientos para pensar en el diseño de una política cultural, que incentive las capacidades creativas y artísticas de las personas en situación de discapacidad. El objetivo es convertir a la diversificación cultural en el pedestal primordial para alcanzar un equilibrado desarrollo social.

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La calidad de la educación es un tema de interés en las sociedades actuales, porque de ella depende la calidad de vida que se espera para los seres humanos. Desde 1945, luego de haber vivido dos Guerras Mundiales, los países concluyeron que: la paz mundial era extremadamente frágil; cada guerra cobraba más vidas humanas, destruía poblados y sus expresiones de arte y cultura, quebrantaba las economías y atentaban contra el bien común y la naturaleza humana; por lo que acordaron que el camino más certero para lograr la paz es la educación integral de sus ciudadanos. Estas vivencias devastadoras promovieron la generación de organismos internacionales que apunten al mismo objetivo, y busquen soluciones para encarar el bien común. Se crearon las oficinas de la ONU, UNESCO y OEI; y los mandatarios y delegados de los países participantes de estas oficinas, acordaran los objetivos, planes y programas que contribuyan a lograr una educación de calidad. Como parte de las acciones en pro de la educación de calidad, los países incluyeron en sus Cartas Magnas y en las respectivas Leyes de Educación, que la educación debe de ser de calidad para todos y todas los ciudadanos. Para la elaboración de esta tesis se seleccionaron tres países Chile, Colombia y Ecuador, dado que los modelos de organización para el cuidado de la calidad educativa, y el trabajo que realiza la supervisión (conocida en los países como Inspectoría o de Asesores y Auditores Educativos) son similares. El tema de estudio es concreto, ya que se aborda lo que hacen los tres países por el cuidado de la calidad de la educación, desde la perspectiva de sus ministerios de educación y aún más concreto, desde la supervisión. La mayor fuente bibliográfica son documentos oficiales e informes de los resultados de logros educativos.

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La situación que presentan niños/as con cáncer en Ecuador y sus dificultades en el ejercicio del Derecho a la Educación no es un fenómeno nuevo. Desde el año 2009 diversos planes y políticas institucionales han intentado generar una protección de situaciones de vulneración. No obstante, un análisis de la situación posibilita evidenciar que hay desprotección en el ámbito de la educación y ausencia de coordinación entre políticas educativas y de salud. De esta manera, el desarrollo de este trabajo tiene como finalidad aportar en la visibilización en el Ecuador de un fenómeno que se caracteriza por la escasez de estudios, estadísticas y programas de intervención. Para este objetivo, se analizan diversas normativas y referencias sobre la materia en Ecuador y, además, se realiza un grupo focal con padres, madres y abuelas de niños con cáncer. Se concluye que el acceso y ejercicio al derecho a la educación en niños/as con enfermedades catastróficas requiere de la modificación de disposiciones educativas que dificultan este ejercicio y de la conexión entre diversas instituciones estatales. Es indispensable capacitar a toda la comunidad educativa así como desarrollar equipos interdisciplinarios que aborden adecuadamente las necesidades especiales de estos niños.

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El análisis de la relación derechos humanos (DDHH), en particular los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y las políticas públicas es fundamental para la concreción de los derechos, y estos no sean solamente contenidos de carácter meramente declarativo. El enfoque de derechos implica la distinción entre un derecho y una necesidad. Mientras las necesidades no tienen valor de obligación y no se pueden demandar su cumplimiento por parte del Estado, los DDHH tienen una base legal y exigible local e internacionalmente. Mientras los DDHH se relacionan con el SER, las necesidades se relacionan con el TENER, y esto implica un marco temporal acotado y no necesariamente sustentable en el tiempo. El enfoque de derechos no concierne a un gobierno específico o a una corriente política sino que configura una obligación por parte del Estado de honrar la dignidad humana. En este sentido el aparato del Estado tiene las competencias, posibilidades y mandato de implementar políticas y programas para garantizar la calidad de vida de los habitantes. En América Latina, los Estados han firmado y ratificado los instrumentos fundamentales internacionales en materia de protección de DDHH, y por lo tanto están obligados a proteger, garantizar y promover los DDHH de la población. La protección y promoción de estos derechos pueden encontrar una vía efectiva a través de las políticas públicas. Analizar la vinculación del enfoque de derechos en las políticas públicas es pues el objetivo de este artículo, de manera de contribuir íntegramente con este enfoque desde el diagnóstico y diseño de las respuestas e iniciativas estatales.

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Este estudio explora la relación entre derechos humanos, migración y políticas migratorias en el contexto de la globalización. Para ello ubica y problematiza algunas tensiones y paradojas contenidas en estos discursos. Aborda la propuesta de los derechos humanos, las formas de conocimiento de la migración y la globalización como campos complejos, conflictivos y en constante construcción. La relación entre derechos, la capacidad de regulación del Estado y la ciudadanía son espacios de disputa de sentidos; por ello, lugares privilegiados de la lucha política y de emancipación de los derechos humanos. Considera la migración como el desplazamiento residencial —de la reproducción cotidiana de la existencia— de un socio-espacio a otro. Desde el enfoque de derechos humanos, supone el reconocimiento de la libertad de tránsito y residencia establecidos en el Sistema Internacional de los derechos humanos. Sin embargo, lo dicho entra en tensión debido a la acción reguladora de los Estados que se caracteriza por la selección de inmigrantes desde intereses estatales y no desde la garantía de los derechos; lo que afecta la construcción del Estado social de derecho. Aborda, como se menciona anteriormente, las políticas migratorias entendidas como el resultado de las luchas políticas en torno a la gestión de los flujos migratorios; los cambios en la convivencia social provocados por la migración; y las relaciones de los Estados involucrados en estos procesos. Revisa los principales instrumentos de protección de los derechos humanos a nivel internacional, regional (europeo y americano), y nacional (español y ecuatoriano). Evidencia, así, la concordancia en torno al principio de no discriminación, de las libertades fundamentales, de la seguridad e integridad personal y de cierta ambigüedad respecto de la libertad de tránsito y residencia. Analiza las principales medidas normativas adoptadas por España y Ecuador durante el período 1998-2005, las mismas que expresan una lógica selectiva restrictiva, pues dan prioridad a los intereses económicos-laborales del Estado español, al control policíaco de la migración irregular y a las medidas de retorno; todo ello menoscaba la garantía de los derechos humanos de la población ecuatoriana inmigrante. Por su parte, las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano son reactivas, puntuales y de subordinación a los lineamientos dados desde España. Finalmente, ubica tensiones, debates y plantea desafíos a ser repensados con la finalidad de comprender la migración como un derecho humano; considerando esta postura como la base más adecuada para la formulación e implementación de políticas migratorias y como parte de la promoción de los derechos humanos dentro de un horizonte cuyo sentido sea la construcción de sociedades que convivan con equidad y justicia.